El ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Carlos Cuerpo, ha anunciado este lunes que el Gobierno está negociando con la Comisión Europea para tratar de “flexibilizar” las condiciones e hitos fijados por las instituciones comunitarias para poder recibir el total de los fondos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En una comparecencia en el Congreso, Cuerpo ha explicado que “de cara a los próximos meses” el Ejecutivo trabaja en “una nueva adenda” con la idea de “simplificar” los hitos para que las transferencias se ejecuten antes de agosto de 2026, que es la fecha en la que está prevista la finalización de la aplicación del citado plan.

Ante la Comisión Mixta para la Unión Europea de la Cámara Baja, Cuerpo ha añadido que la citada adenda con la que se está trabajando con las instituciones comunitarias es un “elemento de flexibilización”, pero “sin disminuir en la ambición” de las medidas acordadas. En respuesta a la portavoz del PP que le ha preguntado por el citado añadido, el ministro ha insistido que busca “agilizar para poder utilizar al máximo las cuantías” previstas. Se trata, ha dicho, de un “esfuerzo” que espera “que cristalice en los próximos días” y que “las inversiones se adapten” a la realidad territorial española. Cuando esté cerrada, se ha comprometido, además, a explicarla también en el Congreso.

Cuerpo se ha mostrado, no obstante, muy optimista y ha destacado “el liderazgo de España en la implementación de los fondos de recuperación”, que han permitido una “mejora” y un “impacto muy positivo para la economía española”. También ha anunciado que el Gobierno ya ha aprobado préstamos asociados a los fondos europeos por valor de más de 6.900 millones de euros y prevé aumentar esa cifra en 5.100 millones adicionales en proyectos futuros ya identificados. Cuerpo ha añadido que de los 79.854 millones de euros asignados a España en transferencias ya se han resuelto 58.787 millones. De esa cuantía, más de un 40% ha ido a parar a microempresas y pymes.

Asimismo, el ministro ha explicado que la Administración General del Estado es la que más fondos ha convocado y con la mayor tasa de resolución (72%), seguida de las comunidades autónomas (67%) y las entidades locales (65%).

En verano, España recibió una transferencia de 23.000 millones de euros que, tal y como ha recalcado el ministro, es “el mayor pago realizado a un Estado miembro”. “Esto permite situar a España como líder a nivel de desembolso en materia de transferencias”, ha añadido, que “se dan sobre la base del cumplimiento de hitos y objetivos”. La valoración general que hace el Ejecutivo es que “el impacto del plan” ha permitido “recuperar” la economía de la crisis generada por la pandemia de forma “mucho más ágil y rápida” que en la recuperación de la crisis financiera de la década pasada. 

Las previsiones de crecimiento

Cuerpo ha añadido, asimismo, que “el plan de recuperación ha supuesto un instrumento de apoyo esencial para explicar el crecimiento económico” de España que, según ha dicho, mantiene “un carácter equilibrado” y se ha basado “en una política fiscal contracíclica que ha supuesto la protección a los trabajadores”. Todo ello, ha añadido, “se ha conseguido pese al complejo contexto internacional” y la “situación de desaceleración” de algunos de los socios europeos más relevantes. “El cumplimiento del plan ha sido esencial para el relanzamiento de la economía española. Nos está permitiendo cuadrar el círculo: crecer, de manera robusta y con un elemento de responsabilidad fiscal, reduciendo ratio de deuda sobre PIB”, ha añadido.

También ha anunciado el ministro que el Gobierno, “de la mano de los últimos datos que mantienen el pulso de crecimiento”, va a actualizar su cuadro macro para 2025 “elevando las previsiones hasta el 2,9%”. Precisamente este mismo lunes, apenas unos minutos antes de que comenzara la comparecencia de Cuerpo, la Comisión Europea anunciaba la elevación de las previsiones de crecimiento de la economía española al 2,9%, frente al 2,6% que había previsto en mayo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha elevado este martes su previsión de crecimiento para la economía española en 2025 en dos décimas, hasta el 2,6%, y mantiene a nuestro país a la cabeza en las perspectivas entre las grandes economías.

Del informe 'Perspectivas Económicas' publicado este martes se desprende que España más que duplicará el avance del PIB de la eurozona (1,2%) en 2025 y que será exactamente el doble para 2026. La OCDE ha modificado a la baja ambos registros para la zona euro en una décima respecto de junio.

La OCDE mantiene el crecimiento en 2025 para Francia e Italia en el 0,6% y lo recorta en una décima para Alemania al 0,3%. Para 2026, estima que Alemania acelerará al 1,1%, una décima menos que lo delineado hace tres meses, mientras que Francia se quedará en el 0,9% ya pronosticado e Italia se estancará en el 0,6%, una décima menos.

El organismo prevé que la inflación en España se anote este ejercicio y el siguiente los mismos incrementos que el PIB, un 2,6% y un 2%, dos y una décima más también que lo augurado en junio. La subyacente para 2025 cerrará en el 2,3%, sin cambios, para retroceder al 1,9% en 2026, una décima menos.

Los datos de precios arrojan un diferencial desfavorable para España respecto de sus socios, puesto que la inflación quedará cinco décimas por encima del dato de la eurozona en 2025 y una en 2026. Sin embargo, la distancia se vuelve positiva para España en términos de variable subyacente al quedar una décima por debajo de la lectura media de la eurozona para los dos años.

El 'think tank' de las economías desarrolladas ha destacado que el crecimiento económico a nivel mundial se ha revelado “más resiliente de lo anticipado” durante la primera mitad de 2025, especialmente en los países emergentes.

“La producción industrial y el comercio se vieron respaldados por la anticipación de los aumentos arancelarios. Las fuertes inversiones relacionadas con la inteligencia artificial impulsaron los resultados en Estados Unidos y el apoyo fiscal en China compensó el lastre de los obstáculos comerciales y la debilidad del mercado inmobiliario”, indica la OCDE.

El PIB mundial se desacelerará gradualmente del 3,2% de 2025 al 2,9% en 2026 a medida que esta producción industrial anticipada cese y los aranceles, con su consiguiente incertidumbre, acaben reduciendo el comercio y los flujos inversores.

En cuanto a los Estados Unidos, el organismo estima que el crecimiento anual del PIB se ralentizará del 2,8% en 2024 al 1,8% en 2025 y al 1,5% en 2026, ya que el fuerte crecimiento de la inversión en los sectores de alta tecnología se verá más que compensado por los aranceles y la caída de la inmigración neta.

La entidad destaca que la tasa media de aranceles de EEUU se elevó al 19,5% en agosto, su mayor nivel desde 1933. Los plenos efectos de estos gravámenes estarían pendientes de materializarse dado que las empresas están absorbiéndolos en sus márgenes, aunque estarían ya afectando al consumo y el empleo.

Por su parte, China se anotará una mejora del PIB del 4,9% en 2025 y del 4,4% en 2026, dos y una décima más, respectivamente. Desde la OCDE achacan este desgaste al agotamiento de la producción industrial anticipada, así como a la entrada en vigor definitiva de las trabas al comercio y al menor efecto procíclico de la fiscalidad.

Se prevé que la inflación disminuya en la mayoría de las economías del G-20 a medida que se modere el crecimiento y se alivien las presiones del mercado laboral. La tasa general disminuirá del 3,4% de 2025 al 2,9% de 2026 en las economías del G-20, al tiempo que la subyacente dentro de los países ricos de dicho grupo se mantendrá prácticamente estable en el 2,6% en 2025 y el 2,5% en 2026.

Importantes riesgos

La OCDE alerta de los “importantes riesgos” que sigue encarando el panorama macro, en concreto, en forma de mayores aranceles bilaterales, repuntes de inflación, problemas de deuda o una corrección “sustancial” de las Bolsas. Asimismo, ha avisado de la “volátil valoración” de los criptoactivos y de su creciente interconexión con la banca tradicional.

Por el contrario, dar marcha atrás con las restricciones al comercio y un desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial más rápido de lo esperado podría impulsar el crecimiento.

La organización con sede en París ha recomendado a los países miembros cooperar dentro del orden comercial existente para reforzar su transparencia en paralelo al abordaje de las cuestiones de seguridad económica.

También ha animado a los Estados a ser “disciplinados” en materia fiscal con vistas a crear 'colchones anticrisis' y a ejecutar reformas estructurales que relancen el PIB, los estándares de vida y aprovechen todos los beneficios que la IA tiene que ofrecer.

La OCDE ha instado también a los bancos centrales a “permanecer vigilantes” y a “actuar con decisión” en caso de verse amenazada la estabilidad de precios. Igualmente, ha roto una lanza a favor de la no injerencia política en el funcionamiento los institutos emisores.

“Siempre que las expectativas de inflación se mantengan bien ancladas, las reducciones de los tipos de interés deberían continuar en las economías en las que se prevé que la inflación subyacente se modere hacia el objetivo”, ha indicado la institución multilateral.

“Mantener la independencia de los bancos centrales preservará la credibilidad de la política monetaria y reducirá la volatilidad y la persistencia de la inflación”, ha añadido.

La nueva previsión de la OCDE para España está en línea con la estimación que el organismo formado por el club de 38 países desarrollados lanzó el pasado mes marzo, cuando pronosticó un crecimiento del 2,6%, como ahora, sin asumir entonces la imposición de aranceles entre Estados Unidos y la UE. Un pronóstico que el organismo rebajó en junio al 2,4%, como consecuencia de la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ahora, la OCDE vuelve a fijar esa previsión del 2,6% para este ejercicio. Para 2026, la organización multilateral ajusta al alza en sus nuevas previsiones su proyección en una décima, situándola en el 2%.

La nueva estimación de crecimiento de España de la OCDE está casi en línea con las nuevas previsiones del Gobierno español, que la semana pasada elevó en una décima, hasta el 2,7%, y está en línea con la última revisión del Banco de España, que también pronosticó la semana pasada un crecimiento del 2,6% para este ejercicio.

El Ministerio de Asuntos Económicos destaca que, con estas nuevas previsiones de la OCDE, “España volverá a liderar el crecimiento entre las economías avanzadas en 2025, a pesar del contexto de incertidumbre geopolítica y comercial”.

El departamento de Carlos Cuerpo destaca que la previsión del 2,6% para el PIB español “triplica la proyección para el conjunto de la zona del euro y duplica la de la UE, según los últimos datos de la Comisión Europea”.

Estas proyecciones no recogen la revisión de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) del pasado viernes, que, entren otros ajustes, ha elevado el crecimiento del PIB de España en 2024 tres décimas, hasta el 3,5%, principalmente por un mayor avance de la inversión de lo calculado inicialmente.

“El crecimiento del PIB seguirá impulsado por un notable dinamismo del consumo y la inversión. A su vez, la previsión es que el crecimiento del empleo siga siendo compatible con incrementos de la productividad”, ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. “Tiene que ir bien la economía española para que podamos ser capaces de reforzar el estado del bienestar y que el crecimiento llegue al día a día de los ciudadanos”, ha añadido.

Si la reducción de la jornada laboral hizo subir los decibelios entre el Ministerio de Trabajo y la patronal este verano, el invierno ha traído un enfrentamiento a pecho descubierto entre Yolanda Díaz y el ala socialista del Gobierno. En el equipo de la vicepresidenta segunda han sacado el calendario y, con la negativa de Economía a tramitar de urgencia la medida para que llegue cuanto antes al Consejo de Ministros, no les salen las cuentas. De hecho, fuentes de este departamento temen que, de ir por la vía ordinaria, la medida no llegue a implantarse en 2025, como marca el acuerdo de coalición.

Yolanda Díaz personalizó el pasado viernes la dilación en el ministro económico Carlos Cuerpo. “Es casi de mala persona decir no a reducir la jornada media hora al día”, afirmó. Desde Economía respondieron que trabajan “para que sea una realidad lo antes posible, teniendo en cuenta la realidad parlamentaria”. Las costuras de la coalición se abrieron aún más este martes, después de que Trabajo solicitase que el acuerdo con los sindicatos se tramitara de urgencia a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

El objetivo de Trabajo era que el texto llegase cuanto antes al Consejo de Ministros y, de ahí, diera el salto al trámite parlamentario. Pero Economía señaló que “dada su trascendencia e importancia ha dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la CDGAE”, algo que fuentes gubernamentales emplazan al próximo día 27.

¿Son dos semanas razón suficiente para seguir elevando el tono? Voces cercanas a Díaz aseguran que el PSOE lleva meses dilatando el trámite en el Consejo de Ministros. De hecho, aseguran que la vicepresidenta ya pidió que comenzasen los trabajos antes de las vacaciones de verano y que no obtuvo respuesta. Pero no solo eso, de seguir la vía ordinaria, la medida deberá contar con informes de los Ministerios de Hacienda, Economía y Seguridad Social —las tres carteras en manos socialistas—, así como del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado y pasar dos veces por el gabinete del presidente.

En el mejor de los casos, si los informes no se retrasan, algo que no es del todo inusual y que, en la práctica, congela las iniciativas, desde Trabajo calculan que la medida no llegaría al Congreso, al menos, hasta el segundo periodo de sesiones, que comienza en septiembre. Y la reducción de la jornada laboral semanal máxima, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, debe tramitarse como un proyecto de ley, que, entre la negociación parlamentaria con los grupos y los periodos de enmiendas puede alargarse más allá del medio año, ya entrado el 2026.

Fuentes de Economía señalan, sin embargo, que el hecho de que la tramitación hasta el Consejo de Ministros no sea de urgencia, una vez que llegue al Congreso puede activarse esa urgencia. De hecho, el PSOE y Sumar controlan tanto la Mesa del Cámara como la Comisión de Trabajo. “Tenemos total predisposición a que se avance y se consiga”, insisten. El ministro Cuerpo afirmó este mismo miércoles que está dando “prioridad absoluta a este proyecto”.

Sin embargo, fuentes de Trabajo critican que el PSOE quiere introducir en el texto acordado con los sindicatos, que Yolanda Díaz ha calificado como “sagrado”, las peticiones de la patronal, tras once meses de negociaciones con la CEOE y Cepyme. En concreto, se refieren a la corrección del concepto de parcialidad y el plazo.

La primera discrepancia, según la vicepresidencia, radica en cómo aplicar la reducción de la jornada laboral a las, sobre todo, trabajadoras con contratos parciales. Trabajo y los sindicatos acordaron que se mantuvieran las jornadas y se recalculase el salario sobre el nuevo precio por hora, más elevado, de una jornada completa. Economía querría que se redujese la jornada la parte correspondiente, manteniendo el salario. Además, tal y como adelantó hace unos días elDiario.es, el equipo de Cuerpo habría trasladado a la vicepresidenta a mediados de diciembre su disposición a que la medida se vaya introduciendo cuando caduquen los convenios en vigor, lo que podía atrasar su implantación definitiva varios años. Esta era una petición clara de la patronal.

Desde el equipo de Díaz no se cierran a introducir cambios en el texto acordado con los sindicatos. Incluso los líderes de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, reconocieron en la firma que era posible que se cambiaran algunos aspectos durante la tramitación parlamentaria, pero no antes. “Ni (Nadia) Calviño se atrevió a tanto”, dijo la vicepresidenta la semana pasada, porque la ex ministra de Economía daba las batallas durante el diálogo social, pero no tras las rúbricas.

Sordo y Álvarez ya advirtieron entonces que, desde el “respeto a la democracia” y a las “aportaciones legítimas” de los grupos parlamentarios, los sindicatos estarían atentos a posibles “bloqueos” en el Parlamento. En ese caso, señalaron, prevén “movilizaciones”. Este mismo miércoles, Álvarez ha pedido a “todos los miembros” del Ejecutivo “rigor” al hablar de la reducción de jornada y ha recordado que es una medida que demandan dos de cada tres trabajadores.

Trabajo, en conversaciones con Junts

El argumento que esgrimen estos días los ministros socialistas del Gobierno es la “realidad parlamentaria”. “Forma parte del acuerdo de investidura y, por tanto, las formaciones políticas que dieron respaldo al presidente del Gobierno conocían esta medida”, dijo este miércoles Díaz. Desde Trabajo indican que la medida cuenta con el apoyo de todas las formaciones de izquierdas, del PNV y que están trabajando con Junts, de quien nadie pone en duda su impredecibilidad, pero se preguntan qué apoyos tenía atados el ministro Bolaños para la ley de eficiencia procesal, que salvó gracias a una negociación in extremis con Podemos, al borde de la votación.

Desde Trabajo insisten en el respaldo social a la medida estrella de Díaz, la única que le permite en los últimos tiempos sacar cabeza, tras el mazazo electoral que supusieron los resultados de las europeas para Sumar y que terminaron con su dimisión al frente del partido. Hasta el PP se ha mostrado dispuesto a debatir sobre el tema si es fruto de un acuerdo “entre todo”. Esto es, de los empresarios.

Pese a la tensión, en el equipo de Díaz no dudan de que acabará cumpliéndose el acuerdo. De no ser así, dicen, no sería Sumar quien rompa la coalición. De hecho, a la espera de que Pedro Sánchez, que en noviembre dijo que se aprobaría la medida en esta legislatura, se pronuncie sobre el conflicto entre su ministro y su vicepresidenta segunda, citan otros choques desde que Sumar y antes Unidas Podemos están en el Gobierno, como las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, el real decreto de igualdad retributiva, la reforma laboral o la ley de vivienda, que terminaron salvándose.

La reducción de la jornada laboral sin rebaja de salario fue la medida estrella de la campaña electoral de Sumar y el pilar con el que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quiere construir el legado político de su cartera en esta segunda legislatura. Eso explica en parte la dureza con la que este viernes arremetió contra el ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, en quien personifica la batalla con el PSOE para sacar adelante esta medida. 

La ministra de Trabajo ha aparcado su estrategia de no hacer ruido dentro de la coalición del Gobierno ante los movimientos que le llegan desde Economía para frenar la velocidad que le quiere imprimir a la tramitación de la reducción de la jornada a 37 horas y media, una vez acordada en el seno del diálogo social con los sindicatos. 

Las negociaciones entre las dos partes del Gobierno se han tensado en las últimas semanas por dos asuntos principales, según contó elDiario.es a finales de diciembre. Por un lado, la fecha de entrada en vigor de la aplicación de la medida y, por otro, cómo afecta el recorte de la jornada de trabajo a los contratos a tiempo parcial.

Yolanda Díaz insiste en que el acuerdo de gobierno se tiene que cumplir. Es decir, que la ley tiene que estar aprobada antes de que termine 2025, tal y como firmaron ambas fuerzas en el acuerdo de legislatura que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo gobierno de coalición. 

Para poder lograrlo en tiempo y forma, la tramitación de la ley no debería tardar en ponerse en marcha. Por eso desde Trabajo están presionando al PSOE para poder aprobar el texto en Consejo de Ministros cuanto antes. Si el Gobierno pretende cumplir los términos del acuerdo, la norma deberá aprobarse por la vía de urgencia en las próximas semanas para que pueda quedar convalidada por las Cortes antes de que termine el año. 

Pero Economía maneja otros tiempos y plantea que la aplicación pueda retrasarse más allá de 2025, por ejemplo en los casos de convenios colectivos ya firmados, hasta el final de su vigencia, como reclamaba la patronal, lo que podría demorar el recorte de jornada varios años más, algo a lo que se resisten en Trabajo.

Aunque las negociaciones se desarrollan de manera más o menos discreta, unas declaraciones de Cuerpo esta semana en la Cadena Ser enfadaron a la ministra de Trabajo. El titular de Economía pidió “seguir trabajando para encontrar un texto equilibrado” y elaborar “un plan de acompañamiento para que las empresas sean capaces de digerir este cambio y de hacerlo de forma sostenida”. Un plan, dijo, con medidas que ayuden a las empresas a aumentar su productividad. 

“El ministro Cuerpo lo que está diciendo y lo ha puesto por escrito es primero que se posiciona del lado de la patronal y quiere retrasar la entrada en vigor y no cumplir el acuerdo y segundo [...] que el elemento de parcialidad sea eliminado de ese acuerdo, es decir golpear a las trabajadoras españolas”, lamentó la vicepresidenta segunda en una entrevista en RNE este viernes. “Tengo por escrito lo que quiere el PSOE: atacar los derechos de las mujeres en nuestro país. Cuestionar hoy la parcialidad en España es golpear a las mujeres trabajadoras. Que las mujeres que son dependientas, reponedoras o que trabajan en la hostelería no puedan tener los mismos derechos que tiene el resto de trabajadores”, redundó. 

En esa misma conversación, casi monográfica sobre la reducción de la jornada, Díaz dijo en varias ocasiones no entender por qué un ministro socialista, elegido por un partido que acaba de aprobar en sus bases ideológicas una reducción de la jornada más ambiciosa que la que se está trabajando, se opone a una medida como esta. La ministra elevó tanto el tono que estuvo a punto de calificar de “mala persona” al ministro. “Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día, es casi de mala persona decirle a los trabajadores que no a reducir la jornada media hora al día”, señaló. 

Tras estas palabras, la parte socialista del Gobierno, a través del Ministerio de Economía, trasladó que la medida es “una prioridad” y afirmó que trabajará para que sea una realidad “lo antes posible”. El departamento de Carlos Cuerpo, añadió: “Teniendo en cuenta la realidad parlamentaria y el éxito de reformas pasadas, como la laboral, ambiciosas en sus objetivos y equilibradas en su diseño”.

La apostilla va dirigida a uno de los grandes problemas que está teniendo el Gobierno para sacar medidas adelante en esta legislatura, la complejidad parlamentaria que deja pocas alternativas si Junts, por ejemplo, se sale de la ecuación. Díaz, de hecho, suele apelar al PP cuando habla de esta medida que, según recuerda, cuenta con gran aceptación dentro del electorado de la derecha.

En el entorno de Díaz no entienden por qué el PSOE posterga una medida como esta bajo el argumento de que necesita apoyos parlamentarios cuando la mayoría de las normas que han salido del Gobierno se han aprobado en Consejo de Ministros antes de tener atados los apoyos en el Congreso. Por eso que están pidiendo a su socio enviarla cuanto antes a Las Cortes. 

Yolanda Díaz defendió este viernes que la norma cuenta con amplio apoyo parlamentario, toda vez que es una medida que apoyan “tres de cada cuatro” españoles, sin importar el partido al que voten. De hecho, la ministra está ya hablando directamente con Carles Puigdemont para tratar de atar el apoyo de sus siete diputados a la reforma, que no da en absoluto por perdida. 

Vuelve la pelea entre Economía y Trabajo

Este nuevo enfrentamiento entre ministerios trae reminiscencias de las grandes batallas entre socios de la pasada legislatura. Yolanda Díaz solía chocar con Nadia Calviño cuando la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones se sentaba al frente de la cartera de Economía con rango de vicepresidenta primera. Hace justo un año, ambas ministras acababan de cerrar una disputa por el subsidio de desempleo similar a la que se produjo con las negociaciones por la subida del salario mínimo o durante la tramitación de la reforma laboral. 

Cuerpo fue secretario de Estado durante la etapa de Calviño al frente de Economía y ahora que ha asumido las riendas del ministerio los choques se vuelven a repetir a pesar del cambio de nombres. De fondo está la disputa sobre la forma de entender la gestión económica de dos fuerzas con visiones diferentes. 

“Ni Calviño se atrevió a tanto”, dijo este viernes la líder de Sumar en el Gobierno, que reprochaba al ministro querer saltarse un acuerdo con los sindicatos, que consideró “sagrado”. “Vuelvo a ser la única a la que se le invaden las competencias”, se quejaba también la vicepresidenta después de que el ministro se expresara esta semana sobre el salario mínimo. Pese a los palos en la rueda, argumentó Díaz en esa entrevista, el PSOE presumirá más tarde de esa medida.

“Me iba a cargar España con los ERTE, con la reforma laboral… y hoy presumen del salario mínimo. Con la reducción de la jornada va a pasar lo mismo”, defendió. 

Una semana después de confrontar públicamente a cuenta de los 112 millones de euros, destinados a la creación de plazas públicas en escuelas infantiles, que la Junta de Andalucía devolvió al Estado, el Gobierno andaluz y el Ejecutivo central han vuelto a confrontar a cuenta del uso de los fondos públicos.

En esta ocasión, el origen del rifirrafe está en los fondos europeos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este viernes en Sevilla que Andalucía ha ejecutado entre el 48 y el 49% de los Fondos de Recuperación, diez puntos menos que la media autonómica. Casi de inmediato ha tenido réplica de la Consejera de Hacienda, Carolina España, quien ha asegurado este viernes que Andalucía había activado el 81% de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) o Next Generation para el periodo 2021-2026 hasta el 30 de junio de este año.

La nueva discrepancia se produce en un contexto de tensión creciente por la financiación autonómica, marcado en la última semana por el reproche público del Gobierno español a la Junta por los fondos europeos destinados a la escuela infantil pública y el anuncio de que la Junta prepara nuevas bajadas de impuestos. De fondo, lo que late son las tensiones entre el Gobierno y varias comunidades autónomas (las gobernadas por el PP, pero también Castilla-La Mancha) a cuenta de las repercusiones de la “financiación singular” pactada entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, y asumida por la ministra María Jesús Montero.

El ministro pide “un paso más”

El ministro Cuerpo ha reclamado este viernes al Gobierno andaluz que dé “un paso más” en el gasto de los fondos europeos que tiene asignados, destacando que su grado de ejecución está bastante por debajo de la media autonómica.

Cuerpo, que ha hecho estas declaraciones en el turno de preguntas de un desayuno-coloquio en Sevilla organizado por la Fundación Cámara de Comercio, ha instado a la región andaluza a “seguir avanzando para aumentar la ejecución de los fondos asignados a la comunidad”. Además, ha reclamado en su reflexión “una gestión lo más eficiente del presupuesto y de los fondos, en este caso en particular, de los fondos europeos”, un planteamiento que ha situado “a nivel estatal, pero también las comunidades autónomas”.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha replicado casi de inmediato en una nota de prensa distribuida a los medios. España sostiene que de los 3.682 millones de euros recibidos hasta ahora ya se ha movilizado de 2.975 millones de euros. Un ritmo de ejecución “adecuado”, según la consejera, “teniendo en cuenta que tenemos de plazo hasta 2026 para realizar las inversiones”. “No va a quedar un euro sin gastar”.

España ha remarcado que los fondos estructurales 2014-2020 “se han invertido en su totalidad” y que los correspondientes al marco 2021-2027 “también avanzan, a pesar de que no existen aún los aplicativos informáticos para poder certificarlos”. También ha apuntado a los supuestos problemas de aplicación de los fondos. “El diseño que el Gobierno de la Nación ha dado al Plan de Recuperación, Transformación, y Resiliencia es poco flexible y lento”, ha dicho.

España ha recalcado el hecho de que “las comunidades autónomas sólo tenemos asignado un 30% del total de las transferencias directas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que la UE destina España. La mayor parte del MRR lo gestiona directamente el Gobierno central a través de los PERTE”, y ha denunciado un supuesto agravio en el reparto de los MRR o fondos Next Generation, por cuanto “ha recibido una cantidad muy por debajo de la media”.

El Gobierno ha confirmado su veto a la oferta pública de adquisición (opa) de la compañía húngara Ganz-Mavag sobre el 100% de Talgo. En una de sus primeras decisiones tras el parón estival, el Ejecutivo argumenta que esta “empresa estratégica” opera en un sector “clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial” y que autorizar la operación “conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público”. 

El veto a esta operación valorada en 630 millones de euros, sobre la que planea la sombra de Vladímir Putin, busca “defender los intereses de nuestro país y la seguridad nacional de España”, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Y se veía venir desde que en marzo, la víspera de que se hiciera oficial la opa, el ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzase que haría “todo lo posible” para hacerla descarrilar. 

La oferta, en efectivo, implicaba una contraprestación de 5 euros por cada acción de Talgo. Conllevaba una prima del 41% sobre su cotización en el semestre previo a su presentación. Tenía el decidido apoyo de los principales accionistas del grupo, entre los que están dos de las familias más ricas de España, los Oriol y los Abelló. Deseosos de hacer caja, los principales socios de Talgo, encabezados por el fondo estadounidense Trilantic, han planteado por escrito que la propuesta húngara garantiza el empleo en Talgo y preserva su “Españolidad”, con mayúsculas.

La decisión del Ejecutivo se ampara en el denominado escudo antiopas que puso en marcha el Gobierno en 2020, tras la irrupción del coronavirus, para poder frenar operaciones corporativas hostiles del exterior. No había precedentes hasta ahora de un veto a una operación de esta envergadura con esa herramienta. La decisión se ha apoyado en un dictamen de la Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía cuyos detalles se desconocen, ya que se basa en información clasificada. 

Según El País, informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Seguridad Nacional han alertado de la conexión de ese grupo húngaro con el régimen de Putin y con personajes cercanos al ultraderechista primer ministro de Hungría, Víktor Orban, actual presidente de turno de la UE, cuya cercanía con Rusia es conocida. 

Otro aspecto clave para justificar ese veto sería el acceso a las tecnologías críticas de Talgo, su sistema de cambio de vía automático, que permite a sus trenes de alta velocidad rodar por diferentes países y facilitaría a Rusia la logística militar en plena guerra con Ucrania.

Sin embargo, fuentes del sector aseguran que Moscú tiene a su disposición desde hace años esa tecnología, que Talgo patentó inicialmente en 1966 y se volvió de dominio público en 1987; que la protección de sus sucesivas mejoras ha expirado; que, para fines militares, la aplicación requiere soluciones adaptadas al transporte de mercancías, donde Talgo no opera. Y que es la estatal española Adif la que lleva tiempo suministrando esa tecnología a Ucrania.

De lo que no hay duda es de la vinculación de Ganz-MaVag con Orbán. Un 45% del consorcio está en manos de un fondo de inversión del gobierno húngaro. El otro 55% es de la compañía ferroviaria de Hungría Magyar Vagon, controlada por empresarios de la cuerda del presidente, y que fue aliada de la rusa Transmashholding (THM) antes de la invasión de Ucrania. La relación se rompió cuando la UE y EEUU empezaron a imponer sanciones a Rusia. Los informes clasificados apuntarían a que el grupo ruso y el húngaro siguen manteniendo conexiones informales. 

El cabeza visible de la operación húngara en España es el empresario András Tombor, asesor de Defensa del primer gobierno de Orbán entre 1998 y 2002. Tombor no ha negado esas relaciones con Rusia desde que presentó la opa. Pero ha asegurado que se cortaron casi en su totalidad tras la invasión y solo se mantuvieron para completar determinadas entregas. 

Los informes clasificados que maneja el Ejecutivo pondrían en solfa esa tesis. Algunas fuentes apuntan que la veintena de acreedores de Talgo, entre ellos el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que preside la exvicepresidenta Nadia Calviño, descartaron esa relación cuando en febrero realizaron una due dilligence de la operación para autorizar un eventual cambio de control de la compañía y otorgar las preceptivas dispensas (waivers, en el argot financiero) para todos los préstamos y líneas de crédito dispuestas a Talgo. 

Las mismas fuentes apuntan que esa documentación se puso a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que no va tener que autorizar el folleto de la opa tras el veto, aunque no está claro si va a tener que tomar una decisión para dejar sin efecto la opa si el oferente no renuncia formalmente a ella.

Batalla judicial

Magyar Vagon ha asegurado que va a tomar “todas las acciones legales a su alcance”, tanto en España como en la UE, para defender su oferta, que, asegura, cumple “todos los requisitos legales vigentes”. En su punto de mira está esa decisión del Gobierno, los funcionarios que la han hecho posible e incluso la propia CNMV. Previsiblemente, uno de los argumentos que utilizará ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y la Comisión Europea es cómo una empresa que opera en un régimen de plena competencia y sin habilitación de seguridad puede afectar a la seguridad nacional.

También la asociación de accionistas minoritarios Aemec ha afirmado que recurrirá la decisión en los tribunales porque su veto priva a los accionistas de poder vender sus acciones libremente.

Ahora el veto abre interrogantes sobre el futuro de Talgo, compañía notablemente endeudada en la que sus actuales accionistas se niegan a poner más dinero para financiar su crecimiento, y en clara desventaja frente a rivales como la vasca CAF y la suiza Stadler.

El histórico fabricante de trenes, fundado en 1942 y con dos fábricas en Madrid y Álava, ha recibido en los últimos años un boom de pedidos pero no tiene en la actualidad capacidad industrial suficiente para culminar los encargos de sus clientes, entre ellos Renfe o el operador público alemán Deutsche Bahn. Y el endeudamiento tampoco parece una opción. A 31 de diciembre de 2023, el grupo tenía deudas con entidades de crédito por importe de 393 millones, pero el volumen de garantías bancarias y colaterales sumaba 1.195 millones. 1.006 millones correspondían a proyectos de construcción.

La oferta húngara ha sido valorada positivamente de manera preliminar por el consejo de administración de Talgo y tiene el visto bueno de sus principales accionistas, entre los que sobresale Trilantic, heredero del negocio de banca de inversión de Lehman Brothers.

El principal ejecutivo y cabeza visible de Talgo es un miembro de la familia fundadora, Carlos de Palacio Oriol. Nieto del cofundador y perteneciente a una saga enraizada con lo más granado de la aristocracia empresarial española, Palacio fue noticia en 2016 por los 22,4 millones que se embolsó junto al entonces consejero delegado y hoy vicepresidente no ejecutivo de Talgo, José María Oriol, tras la ruinosa salida a Bolsa de 2015.

Ambos encabezan un consejo de administración que sienta a independientes como María Luisa Poncela, ex alto cargo de Mariano Rajoy y ex directiva de Renfe, y Antonio Oporto, ex directivo de la francesa Alstom, muy cercano al exministro y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, del que fue compañero de promoción. Oporto es secretario general del Círculo de Empresarios, uno de los lobbies empresariales más señeros de España.

Trilantic lleva años intentando salir junto a los Oriol y Torreal (del multimillonario Juan Abelló), con los que controla un 40,22% de Talgo a través de un vehículo en Luxemburgo, Pegaso Transportation International S.C.A., que en sus últimas cuentas calca al dedillo los argumentos de los húngaros: señala que “la oferta contiene una evidente lógica industrial y, lo que es importante, garantiza la Españolidad de la compañía y la preservación del empleo y los puestos de trabajo”.

Incertidumbre

Un inquietante aviso para los 3.420 empleados que Talgo tenía a 30 de junio. Su sindicato mayoritario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), reclamaba este miércoles al Gobierno que explique su hoja de ruta sobre la compañía tras el veto y si hay una solución alternativa que salvaguarde la continuidad de toda la plantilla, las condiciones de trabajo y su sede en España. 

CSIF “lamenta la incertidumbre en la que se ve inmersa toda la plantilla desde hace meses”. Por su parte, CCOO ha pedido reuniones con la dirección de Talgo y el Gobierno para aclarar el futuro de la compañía. “Nos ponemos en marcha para hacer las gestiones necesarias y solicitar una reunión urgente con la dirección de Talgo, que entendemos tendrá algo que decir sobre todo esto y deberá poner sus planes alternativos encima de la mesa y si no los tiene, deberá empezar a construirlos porque Talgo necesita sacar toda la carga de trabajo y pedidos que tiene, y la plantilla se merece certezas y un futuro sólido y claro”, ha señalado en un comunicado.

En abril, CSIF ya pidió al Gobierno “una solucion rápida” para Talgo y le reclamó “celeridad” y “responsabilidad y transparencia” ante esa incertidumbre entre la plantilla, para que la compañía tenga una capacidad productiva que “hoy está comprometida” y pueda “optar a nuevos contratos que proporcionen una certidumbre a los/las trabajadores”. Lo hizo tras reunirse con el húngaro Tombor, que les trasladó “su voluntad de mantener la producción y las sedes en España, ampliando Talgo hacia Hungría”.

Con una cartera de pedidos que a junio superaba los 4.000 millones, el 80% en el exterior, Talgo se arriesga a una oleada de sanciones por los retrasos en la entrega de sus trenes. Solo en el caso de Renfe, 166 millones en multas por los Talgo S106 que entraron en operación en mayo con un importante retraso. Otra derivada es la pérdida del crédito necesario para optar a concursos internacionales. 

Y están los problemas de averías de sus nuevos convoyes en circulación: según explicó el ministro Puente el viernes en el Senado, cuando compareció para dar cuenta de los problemas registrados en la red ferroviaria este verano, un 80% de los Talgo S106 que han circulado este agosto en España ha registrado retrasos, frente a un 25% de la media del parque de Renfe.

Caballero blanco

A mediados de abril, el ministro indicó que, ante esta opa, el Ejecutivo estaba “a la espera de otros actores, inversores y fabricantes, que puedan entrar en juego”, lo que en la jerga económica se denomina un caballero blanco.

La alternativa más sólida que ha aparecido es la checa Škoda Transportation, del grupo PPF. A diferencia del consorcio húngaro, tiene el visto bueno del Gobierno español y un bagaje de más de un siglo en el sector. Pero ha planteado una fusión sin contraprestación económica, que no implicaría una contraopa ni la toma de control de la compañía. No permitiría a los Trilantic, Abelló y Oriol hacer caja. Y Talgo le ha cerrado la puerta porque “no es el momento adecuado”.

Moncloa ha rechazado propuestas de los húngaros de ceder parte de su participación a otros socios manteniendo el control. El Gobierno ha intentado movilizar a Criteria Caixa, como ya ocurrió con el asalto saudí a Telefónica, y se han barajado como posibles inversores los nombres del grupo Escribano (accionista de referencia de Indra) y de CAF, que lo ha descartado. 

Ahora, hay quien sostiene que a medio plazo Škoda podría acabar en manos de ese grupo húngaro cuya entrada el Gobierno español rechaza. Mientras, CAF estaría en disposición de atraer mano de obra cualificada de Talgo en un momento de gran crecimiento del sector, donde gana quien tiene los activos para incrementar la producción y puede pagar salarios altos a profesionales que en España escasean (pintores, soldadores, ingenieros...).

De acuerdo con esa interpretación, Stadler, gracias a su dimensión internacional, se quedará los contratos internacionales de Talgo a los que no podrá hacer frente con unos socios que no pueden cubrir sus necesidades financieras.

Carlos Cuerpo es el sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido al hasta ahora secretario general del Tesoro para cubrir la marcha de la vicepresidenta primera a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El perfil del nuevo ministro es técnico y de la casa. Como Nadia Calviño, y como otros tantos cargos españoles en instituciones nacionales e internacionales (Luis de Guindos, Pedro Solbes, Jordi Sevilla...) se sacó la oposición del Cuerpo de Técnicos Economistas del Estado, en 2008. Es decir, es un “teco”, en la jerga de la Administración, que consiguió su primer trabajo público como analista económico en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional en el Ministerio de Economía y Competitividad de Pedro Solbes, en plena crisis financiera.

Desde 2011, realizó tareas similares para la Comisión Europea, y en 2014 saltó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En esta institución, pasó de junior a ser director de la división de Análisis Económico, en solo 6 años, con José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, como jefe.

En 2020 volvió al Ministerio de Economía como director general de Análisis Macroeconómico, ya en el equipo de Nadia Calviño y recomendado por Escrivá. En 2021 fue nombrado secretario general del Tesoro y Financiación Internacional.

Su carrera cumple el requisito de haber bregado en el ámbito europeo en asuntos cruciales como la emisión de deuda pública o el estudio de las políticas económicas. Al mismo tiempo, su leve carga política deja espacio para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ascienda a vicepresidenta primera.

Eso sí, Carlos Cuerpo se pondrá al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el órgano en el que los ministros del ramo discuten las principales decisiones de la materia. Oficialmente, la conocida como CDGAE es “un órgano colegiado del Gobierno encargado de garantizar la plena coordinación y coherencia de las políticas de los distintos departamentos ministeriales con los criterios de la política económica”. Una comisón clave.

Pedro Sánchez ha descrito al nuevo ministro como “un europeísta convencido”, y ha anunciado que desaparece la vicepresidenta cuarta que ocupaba la propia María Jesús Montero. Yolanda Díaz continúa como vicepresidenta segunda y Teresa Ribera como vicepresidenta tercera.

Contexto económico

El nuevo ministro hereda una economía que está frenando su crecimiento tras completar la recuperación del shock de la COVID en 2022 y resistir mejor que los principales socios europeos el daño de la inflación desde 2021. El PIB cerrará 2023 con un avance cercano al 2,5%, “cuatro veces más que la media de la eurozona”, según destacó el propio Pedro Sánchez este miércoles, en su balance del año, tras el último Consejo de Ministros.

La evolución de la economía de nuestro país ha destacado en la reconstrucción de la pandemia por la inédita respuesta social (financiación de los ERTE, diseño del IMV, revalorización de las pensiones...), y por otras medidas que han favorecido cambios estructurales en el mercado de trabajo (donde se ha alcanzado un récord de 21 millones personas contratadas), en el mayor peso de sectores relacionados con la innovación y la tecnología y en el tirón de las exportaciones de servicios (y no solo turísticos).

Medidas y transformaciones que han protegido las rentas de las familias y los beneficios de las empresas. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o el despliegue del Plan de Recuperación son algunas de las más destacadas.

En 2024, se espera que el PIB crezca un 1,6%, según el Banco de España. Un ritmo inferior al que venía marcando desde 2021 pero que vuelve a destacar en la eurozona. Precisamente, la debilidad del sector exterior (con menos exportaciones y un turismo que ha tocado o está cerca de tocar techo) explica gran parte del frenazo. Mientras, el consumo de los hogares y la inversión de las empresas serán los principales motores.

El nuevo ministro tiene el doble reto de seguir protegiendo a ambos y de cumplir con las reglas fiscales que estrena la UE el próximo año y que obligarán a dejar el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) en el 3% y a reducir el endeudamiento, disparado por la pandemia y por la crisis financiera de hace una década. Pedro Sánchez le ha enseñado el camino con el decreto anti crisis que el Consejo de Ministros aprobó este miércoles, y que ha reducido su coste a 5.300 millones, desde los los 15.000 millones de 2023 y los 22.000 de 2022.

En el largo plazo, tendrá que reducir la desigualdad, afrontar la elevada tasa de paro estructural (seguirá por encima del 11% el año que viene pese al récord de afiliados a la Seguridad Social) y atender a las inversiones necesarias para la transición verde y digital. Para esto último, serán cruciales las decisiones que se tomen en la UE en un contexto de incremento de los costes de financiación, en el que vuelve el corsé fiscal y de graves tensiones geopolíticas, con la invasión rusa de Ucrania y la masacre de Palestina como principales focos de preocupación.

Nadia Calviño, la tecnócrata que salvó la crisis

La nueva presidenta del BEI, Nadia Calviño, empezó su carrera a mediados de los 90 en el mismo Ministerio de Economía. En 2006, consiguió su primer trabajo en la Comisión Europea, y en 2014 llegó a directora general de Presupuestos del Ejecutivo comunitario, con el conservador Jean-Claude Juncker como presidente.

En ese cargó permaneció hasta que fue reclamada por Pedro Sánchez en 2018, cuando el PSOE formó su primer Gobierno, tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. En ese cargo europeo se labró la fama de ostentar una gran proyección en la UE, según sus defensores. Mientras que más a la izquierda la acusaban de tener una visión cómplice de la ortodoxia de Alemania.

Lo cierto es que Nadia Calviño nunca ha rechinado entre los líderes conservadores, europeos o nacionales, y tampoco entre los empresarios ni banqueros, más preocupados por otros cargos del Gobierno de coalición.

El BEI es un organismo desconocido para el gran público, pero apoya proyectos estratégicos para el club comunitario y vehiculará una buena parte de los préstamos del Plan de Recuperación. Desde verano, la propia Calviño destacó su importancia y aseguró que sólo una candidatura con su nombre podía prosperar. Para lograrlo, ha necesitado la confianza de una mayoría de los países de la UE.

“Aunque se pudiera pensar que desde que, en agosto, se conoció su candidatura al Banco Europeo de Inversiones (BEI) está de salida, Calviño no ha levantado el pie del acelerador, con la misma intensidad de siempre, y eso define muy bien a la vicepresidenta”, revela una de sus principales colaboradoras, hasta ahora, en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. “No ha parado de encargarnos trabajo, y de estar encima de todo, como desde el primer día”, añade. Este viernes ha sido sustituida por su director general de Tesoro, Carlos Cuerpo.

Exigente y ambiciosa, Nadia Calviño está cómoda en la batalla diaria del poder, que durante cinco años extraordinarios ha librado como principal responsable económica del Gobierno y que a partir de 2024 dará en el BEI, tras ser elegida como su presidenta por una mayoría de los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE). Este organismo es desconocido para el gran público, pero apoya proyectos estratégicos para el club comunitario y vehiculará una buena parte de los préstamos del Plan de Recuperación. Desde verano, la propia Calviño destacó su importancia y aseguró que sólo una candidatura con su nombre podía prosperar.

Efectivamente, prosperó. Para entender esa confianza en sí misma y también para hacer balance de sus mandatos como ministra de Economía son relevantes algunos detalles de su biografía. Hija de José María Calviño, quien fue nombrado presidente de Radio Televisión Española (RTVE) por el primer Gobierno del PSOE de Felipe González, en 1982, creció bajo la dimensión que tenía ese cargo cuando en nuestro país solo había dos cadenas de televisión, La 1 y La 2, de la propia corporación pública. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid y aprobó la oposición del cuerpo superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (“teco”, en la jerga de la Administración, como Pedro Solbes, Luis de Guindos, Jordi Sevilla...), incorporándose inicialmente al Ministerio de Economía (desde mediados de la década de los 90), aunque con la Unión Europea (UE) en la cabeza, según fuentes que la conocieron en aquella primera etapa.

Nadia Calviño alcanzó la Comisión Europea en 2006, y en 2014 llegó a directora general de Presupuestos del Ejecutivo comunitario, con el conservador Jean-Claude Juncker como presidente. En ese puesto permaneció hasta que fue reclamada por Pedro Sánchez en 2018, cuando el PSOE formó su primer Gobierno, tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. En ese cargo europeo se labró la fama de ostentar una gran proyección en la UE, según sus defensores. Mientras que más a la izquierda la tildaban de tener una visión cómplice de la ortodoxia de Alemania. Lo cierto es que nunca ha rechinado entre los líderes conservadores, europeos o nacionales, y tampoco entre los empresarios ni banqueros, más preocupados por otros cargos del Gobierno de coalición.

Ahora que deja el Ministerio de Economía, desde su equipo defienden “su posición equilibrada, con rigurosidad fiscal y perspectiva socialdemócrata”. Una posición que, ante la brutal crisis de la COVID, “explica el despliegue de políticas económicas totalmente diferentes a la austeridad que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria 2008”, añaden. “Políticas que han buscado mantener el empleo y a las empresas, y reconstruir, frente al camino de destruir y partir de cero que la derecha tomó en la crisis financiera”, inciden.

En las últimas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha esforzado en recalcar la “gran pérdida” que supone para el Ejecutivo la marcha de Nadia Calviño al BEI. Sánchez ha llegado a afirmar que ha sido tanto una colaboradora “muy estrecha” a lo largo de estos últimos cinco años, como “uno de los mejores ministros de Economía de España”. Sin duda, los hechos (si se aíslan de la pelea política) la avalan. Desde 2018, durante sus mandatos, nuestro país ha superado una concatenación de shocks extraordinarios con una respuesta social inédita, un récord de creación de puestos de trabajo, una positiva transformación sectorial y el liderazgo de las decisiones clave de la UE.

Más allá de los indiscutibles resultados y de las alabanzas públicas de Sánchez, el relato extendido de su ejercicio como vicepresidenta y principal responsable económica de los últimos tres gobiernos (del presente por apenas un mes) no es tan complaciente. Distintas voces de los socios del PSOE en Gobierno de coalición la identifican como un foco de tensiones dentro del Ejecutivo —sobre todo por los choques con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz— y denuncian que “o ha arrastrado los pies, o se ha ido oponiendo sistemáticamente a medidas que con el tiempo se ha demostrado que eran buenas” .

“Se pueden poner muchos padres y madres a las cosas, pero la que ha estado ahí ha sido ella, con el Presidente”, puntualizan en el Ministerio de Economía, ante las críticas públicas y privadas que han llovido desde Unidas Podemos, primero, y desde Sumar, después. Estos actores políticos vienen reclamando un papel crucial para sacar la versión más social y progresista a las políticas económicas más importantes de los últimos años: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la financiación de los ERTE (Expedientes de regulación temporal de empleo) durante la pandemia o la reforma laboral de 2021.

Fuentes de Sumar señalan que, en un principio, “Calviño solo quería que la medida de los ERTE durara un mes”. Del mismo modo, “ha estado en contra de todos los aumentos del SMI, incluso con propuestas por debajo de las de la patronal”, continúan. “Ocurrió lo mismo con el mecanismo ibérico [o tope al gas]. Para Calviño, que el precio de la electricidad se marcara con el último kilovatio que entra en el 'pool' era la quinta esencia de la competencia... Por suerte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no compartía esa opinión”.

Los reproches se extienden a la reforma laboral. Una norma esencial para entender la fortaleza del mercado de trabajo que, en cambio, Nadia Calviño y los suyos se jactan de haber empujado a través de los despachos de los empresarios, los sindicatos y de la Comisión Europea hasta lograr la conformidad de todos los implicados. “La aprobación en el Congreso por un solo voto fue uno de los momentos más felices de Calviño”, dice una persona muy cercana a la próxima presidenta del BEI.

Calviño no ha evitado los enfrentamientos en los debates sobre las grandes medidas que el Gobierno ha tenido que tomar para responder a la crisis por la pandemia o a los golpes de la erupción del volcán de la Palma y de la invasión rusa de Ucrania. Según desveló recientemente el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ella misma lo admitió en el último consejo de ministros del primer Ejecutivo de coalición. En aquella sesión de despedida, Nadia Calviño defendió su papel. “Todos los gobiernos son de coalición, entre el presidente y el ministro o la ministra de Economía”, dijo, reivindicando que si este Gobierno había funcionado es porque precisamente esa coalición —entre ella y Pedro Sánchez— había sido muy eficaz.

La última prueba de la condición de Calviño ha sido la pugna sobre la reforma del subsidio por desempleo. Las diferencias estallaron la semana pasada ante la opinión pública, aunque se cocían desde hace meses. A pocas semanas de tener que aprobar la medida, Economía anunciaba dos de sus propuestas para la reforma legislativa –un subsidio de cuantía decreciente por debajo de los actuales 480 euros al mes y más control en el compromiso de vuelta a la actividad de las personas desempleadas– que el Ministerio de Trabajo, que lidera la reforma, no compartía.

Tras varias filtraciones a los medios de comunicación, en un movimiento poco habitual, Trabajo levantó las cartas que está jugando cada equipo en la negociación para señalar a Calviño por querer recortar la protección asistencial por desempleo. En cambio, el Ministerio de Yolanda Díaz plantea una regulación que aumente la protección de los subsidios, una “ampliación” pactada expresamente con Bruselas en el Plan de Recuperación.

Irónicamente, desde Sumar comentan que “nos viene muy mal que se vaya, porque era muy fácil confrontar con ella, y la realidad siempre le ha quitado la razón”. Estos análisis “sobre los conflictos no han sido importantes para Calviño, para la que ha primado llegar a buenos acuerdos y que ha sido capaz de tender puentes con su rigor”, contestan desde el Ministerio de Economía.

En el departamento insisten en la influencia de la vicepresidenta y de Pedro Sánchez en la UE, “y la demostración es que España es uno de los grandes beneficiados del Plan de Recuperación y que ha liderado el debate sobre las nuevas fiscales”, tras ser suspendidas las anteriores por la pandemia.

Según distintos expertos, entre los grandes 'debes' de Nadia Calviño en su balance como vicepresidenta económica están las polémicas sobre el INE (Instituto Nacional de Estadística) y la infraestimación del PIB (Producto Interior Bruto), que tendrá que abordar el próximo ministro de Economía.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) impartirá el programa formativo Generación Digital Agentes del Cambio, dirigido tanto a personas desempleadas como a aquellas empleadas en pymes.

Este curso capacita a las personas desempleadas a liderar la transformación digital y brinda una formación con conocimientos necesarios para impulsar el crecimiento digital, facilitando el empleo como agentes de cambio.

Los participantes, a través de un proceso de mentorización y formación guiados, llevarán a cabo un Proyecto de transformación digital para una pyme, contribuyendo así a su digitalización.

Al superar este programa formativo de 150 horas (45 presenciales en diferentes sedes y 105 online), los participantes obtienen además el título propio universitario de la UCLM de Experto en Transformación Digital de 15 créditos.

Los primeros 15.000 contratados indefinidos titulados en Generación Digital Agentes del Cambio tienen la ventaja de que las pymes que los incluyan en sus equipos de trabajo a tiempo completo recibirán incentivos de hasta 20.000 euros.

Las personas interesadas pueden ampliar la información en la dirección web generaciond.uclm.es, además de poder contactar en el correo electrónico generaciond@uclm.es.

Este es un curso gratuito que está incluido en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation EU de la Unión Europea.

El gasto de las familias superó por fin el nivel prepandemia al cierre del tercer trimestre y tiró prácticamente en solitario de la economía, según los datos de Contabilidad Nacional publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) este viernes. El consumo de los hogares se ha sobrepuesto al daño de la inflación y al incremento de los tipos de interés del BCE en los últimos tres trimestres principalmente por dos razones: por las subidas de salarios mayores a los incrementos de los precios y por la fortaleza del mercado laboral.

Entre julio y septiembre, en pleno verano, las familias gastaron un 1,4% más que el trimestre anterior. Se trata del mayor avance desde el segundo trimestre de 2022, en el que se vio un rebote tras la última gran ola de contagios por COVID. Entre abril y junio de este 2023, el crecimiento del consumo privado fue del 0,9%. En el arranque del año, del 0,3%, tras contraerse hasta un 1,6% en el último periodo del ejercicio pasado por el golpe de la inflación y la ausencia de aumentos de los sueldos, que provocó la mayor pérdida de poder adquisitivo en décadas y la desaparición de todo el exceso de ahorro acumulado en la pandemia.

Con el inicio del presente año, los salarios empezaron a acelerar, incluso por encima de la inflación desde la primavera por la moderación de las subidas de precios gracias al abaratamiento de la energía (debido al tope al gas). Esto supuso algo de recuperación de la capacidad de compra en términos agregados, que poco a poco se fue extendiendo a la mayoría de sectores. Al incremento salarial se sumó la revalorización de las pensiones según el IPC medio de 2022, en algo más de un 8%, y el resto de medidas del Gobierno de coalición para proteger los ingresos de los más vulnerables (la mejora del IMV, los cheques a las familias con ingresos más bajos, las bajadas de impuestos en la factura de la luz, los descuentos en el transporte público...).

Mientras, en todo este tiempo, no han parado de crearse puestos de trabajo y de más calidad. Con predominio de los contratos indefinidos en actividades relacionadas con los servicios. Esta tendencia es consecuencia de la reforma laboral de 2021 y de la transformación de la economía, en la que han perdido peso sectores marcadamente cíclicos como la construcción, por el impulso del Plan de Recuperación a la digitalización y a la transición energética.

La estabilidad laboral es crucial en el gasto de las familias, ya que si la expectativa es mantener el puesto de trabajo o poder encontrar otro es más fácil tomar decisiones de consumo, sobre todo en verano, en plena temporada de vacaciones y turismo.

Y, por supuesto, son claves las mejoras de las remuneraciones. Los últimos datos de la Contabilidad Nacional recogen incrementos de los salarios por trabajador del 6% en el primer trimestre de 2023, del 5,2% en el segundo y del 4,2% en el tercero. Unas subidas de los sueldos que han coincidido con tasas de inflación más bajas, que llegaron a reducirse por debajo del 2% en junio y que han repuntado hasta el 3,5% en septiembre, permitiendo efectivamente cierta recuperación de poder adquisitivo.

En esta línea, el equipo de expertos de Funcas considera que “este resultado no es sorprendente, puesto que el crecimiento de los salarios por encima de la inflación en lo que llevamos de año (un 5,2% frente a un 3,6%, respectivamente), unido al sostenimiento del empleo, y al elevado nivel alcanzado por la tasa de ahorro en la primera mitad del año, ponen de manifiesto la existencia de cierto margen para el crecimiento del gasto privado”.

“Los salarios evolucionarían en línea con la inflación en 2024, permaneciendo constantes en términos reales”, afirmó este jueves la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal). “En el conjunto de 2023, se espera un crecimiento de la remuneración por trabajador del 4,7%, condicionada por la evolución observada en los dos primeros trimestres y la proyección de la inflación. En 2024, el avance de los sueldos se situaría en torno al 4%”, continúa la autoridad fiscal.

De esta manera, y de nuevo según la Contabilidad Nacional, si al gasto de las familias se le añade el gasto público y de las organizaciones sin ánimo de lucro, el consumo final en la economía de España supera ya en 2,6 puntos porcentuales el nivel previo a la COVID, mientras que el PIB (Producto Interior Bruto) lo hace en 2,2 enteros, según se observa en el siguiente gráfico.

“Con la inflación volviendo a subir y el empleo desacelerando veo difícil [que esta tendencia] se repita en el cuarto trimestre”, advierte Ángel Talavera, economista jefe para Europa del centro de análisis Oxford Economics.

La austeridad monetaria reduce las compras de viviendas

“El vigor del consumo privado ha sido clave en la demanda interna. Un resultado que se explica por el aumento de la renta disponible y la resiliencia del mercado laboral”, admite la CEOE en su valoración de las últimas cifras de la Contabilidad Nacional. “El efecto del encarecimiento de la financiación hipotecaria todavía no se aprecia en el gasto familiar”, continúa la patronal.

En lo que sí se nota el golpe de las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE), que se traslada directamente al Euríbor (el índice de referencia para las hipotecas), es en la inversión en vivienda, que retrocedió un 2,2% en el tercer trimestre, respecto al trimestre anterior. Se trata de la mayor caída de toda la recuperación tras el shock de la pandemia, después de llegar a avanzar un 3,5% en el segundo trimestre y otro 1,4% en el arranque de ejercicio. Una caía que está acorde con el desplome de la demanda de préstamos para comprar casas de los últimos meses.

De hecho, el BCE paró este jueves el ciclo de aumentos del 'precio' oficial del dinero en el 4,5% por la inminente recesión económica en el conjunto de la eurozona (España es una excepción), y concretamente en Alemania. Una estrategia para luchar contra la inflación que comenzó en julio de 2022 y que ha extendido hasta dejar los tipos de interés en máximos de 2001. La pregunta ahora es si es el fin del endurecimiento de esta estrategia, que pasa por encarecer el acceso a la financiación para ahogar la capacidad de invertir de las empresas, de consumir de las familias y de gastar de los Estados y contener así las subidas de precios.

La institución monetaria enfatizó que “está decidida a garantizar que la inflación regrese oportunamente a su objetivo de medio plazo del 2%”, y recalcó que “sobre la base de su evaluación actual, [...] los tipos de interés oficiales del BCE se encuentran en niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, contribuirán sustancialmente a este objetivo”. La siguiente cuestión es: ¿qué significa “suficientemente largo”? La presidenta del BCE, Christine Lagarde, calificó de “prematuro” este debate.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha nombrado jefe de Inspección de Banca a Juan Casillas, ex alto del Banco de España que, junto a otros dos inspectores del organismo, cobró durante años en metálico a decenas de opositores para preparar las pruebas de acceso al supervisor bancario, como reveló una investigación de elDiario.es

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital explican que Casillas ha sido nombrado jefe de la Unidad de Inspección de Banca, Seguros y Valores. En el organigrama, explican, tiene por encima al jefe de la división de Inspección de entidades financieras. 

Desde el departamento de Nadia Calviño confirman que la prerrogativa de ese nombramiento no es del Ministerio, sino del director del Sepblac, Pedro Comín. La Resolución de 2014 que regula la Estructura Organizativa del organismo dispone que “el Director Adjunto, los Coordinadores y los Jefes de Área serán nombrados y cesados discrecionalmente” por el director del Sepblac.

También inspector del Banco de España como Casillas, Pedro Comín ocupa la dirección de esta entidad pública desde finales de 2020. Al máximo responsable del Sepblac lo nombra la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, previa consulta con el Banco de España.

Según el Ministerio de Economía, tras las revelaciones de elDiario.es sobre sus actividades formando opositores en el Banco de España, a Casillas “se le abrió un expediente” en el supervisor bancario que se cerró “sin apreciar irregularidades”. En el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos, añaden, “ha tenido un desarrollo profesional normalizado”, con sus ascensos correspondientes.

elDiario.es desveló en exclusiva justo hace dos años el entramado de clases de preparación para opositores en el Banco de España que implicaba a, al menos, tres inspectores: Juan Casillas, su hermano Alberto Casillas, entonces alto cargo del organismo, y Patricia Navarro-Rubio Poole. Éstos cobraban estas clases en efectivo, sin dejar recibo y caminando sobre el alambre de la incompatibilidad.

El caso más relevante era el de Alberto Casillas, porque en ese momento era parte del organigrama del banco. En concreto, el hermano del ahora jefe del Sepblac ocupaba la dirección de Resolución del Banco de España. Era el único de los tres que tenía un alto cargo en el supervisor.

Destitución

Seis meses después de que elDiario.es detallara la existencia de esta academia en la sombra, el Banco de España destituyó a Casillas de su cargo. El supervisor encuadró este movimiento en la reestructuración del área de Supervisión y Conducta Financiera de la entidad, aunque públicamente no informó de la salida de este directivo. 

Fuentes internas consultadas entonces por este medio apuntaron que se venía especulando con el cese desde que meses antes se publicó la información sobre sus clases cobradas en efectivo. La inquietud interna llegó incluso a oídos del Banco Central Europeo (BCE).

10.000 euros y boca a boca

La investigación de este medio desveló cómo algunos de los alumnos habían llegado a pagar 10.000 euros por estas clases de preparación para las oposiciones a inspector del Banco de España. Este puesto garantiza de entrada un salario que supera los 55.000 euros y las pruebas de acceso son bastante exigentes. Esta academia en la sombra no se anunciaba y funcionaba por el boca a boca.

Las clases que impartían los hermanos Casillas se realizaban a través de Zoom y los pagos se efectuaban en un piso en el barrio de Salamanca de Madrid o a través del ahora jefe de la Unidad de Inspección de Banca, Seguros y Valores del Sepblac.

La incorporación de Casillas al Sepblac fue revelada hace unos días por Vozpópuli, que aseguró que este nombramiento y el de otro funcionario del Banco de España, Antonio Fernández Carrillo, han provocado malestar en el Sepblac. Según Economía, “se trata de puestos que internamente no han podido cubrir”.

El Sepblac tiene una histórica relación con el Banco de España, al que estuvo adscrito hasta 2010, cuando pasó a depender de Economía. Sin embargo, el supervisor bancario le provee de medios, empezando por la sede del Sepblac, que tiene alquilada en un edificio en la calle Ramírez de Arellano de Madrid. 

Hay quien interpreta que el Sepblac y el Banco de España son todavía un todo. El antecesor de Comín en la dirección del organismo, Juan Manuel Vega, nombrado en 2013 por el PP, demandó a este organismo tras su cese tratando de que se le reconociera la antigüedad en el Banco de España, como si fuera un trabajador más del supervisor, por sus siete años en el Sepblac. Como si Antiblanqueo y el supervisor bancario fueran lo mismo.

Vega, que no procedía del supervisor bancario (miembro del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, fue antes de dirigir el Sepblac secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), intentó tras ser cesado que la justicia reconociera que había tenido una relación laboral con el Banco de España.

Pretendía que este organismo le reconociera los beneficios sociales de los que disfrutan sus empleados, empezando por las aportaciones al Fondebe, un fondo de pensiones privado que complementa la pensión de jubilación de los trabajadores del banco y que acumula más de 280 millones de euros. No lo logró y en mayo de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó sus pretensiones.

El director actual del Sepblac tiene una antigüedad de 29 años en el supervisor. Comín accedió al Banco de España en 1991 como Inspector de entidades de crédito. En él ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad, entre otros, como Director General Adjunto de la Dirección General de Supervisión y como coordinador en la Dirección General de Servicios. 

Comín fue jefe de la inspección de Bankia y fue imputado en el procedimiento judicial por la salida a Bolsa de la entidad, lo que precipitó su dimisión como director general adjunto de Supervisión en febrero de 2017. Posteriormente se le retiró la imputación y el Tribunal Supremo acabaría confirmando la absolución de los acusados. 

El Sepblac es el organismo antiblanqueo de España y vigila las transacciones de los denominados sujetos obligados, como bancos, aseguradoras, firmas de inversión, abogados, notarios, promotores inmobiliarios o casinos. También instruye los expedientes que se abren a ciudadanos a los que las autoridades captan con importantes cantidades de dinero en efectivo sin declarar.

El último caso sobre el que se han pronunciado los tribunales es el de un empresario alemán al que en 2020 se interceptaron 239.820 euros en una maleta facturada en el aeropuerto de Gran Canaria con destino Barcelona que, aseguró, le había dado un marchante de arte suizo para comprar una propiedad en la isla. Le sancionaron con cerca de 120.000 euros.

Inteligencia financiera

Operaciones como esa o las que realizan las denominadas personas políticamente expuestas, aquellas que por su cargo e influencia podrían ser objeto de operaciones ilícitas por parte del crimen organizado, como sobornos o lavado de fondos, las rastrea el Sepblac, la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de España, que está en la carrera para albergar la nueva agencia antiblanqueo que va a lanzar la UE.

En mayo, una delegación de representantes del Tesoro Público, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid presentó ante altas autoridades europeas la candidatura de la capital española para acoger la sede de esa entidad, la Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés). Madrid compite con Viena (Austria) y Fráncfort (Alemania).

Corrección 26/10/2023: en una primera versión de esta noticia se indicaba erróneamente que el nuevo cargo del Sepblac es Alberto Casillas, cuando en realidad es su hermano Juan

Los datos demuestran que la mayoría de las empresas de alimentación están exprimiendo las subidas de precios y han recuperado la rentabilidad previa a la pandemia y al inicio de la crisis de inflación. El último informe del Observatorio de Márgenes, que calculan conjuntamente Economía, la Agencia Tributaria y el Banco de España, señala que la agricultura y los supermercados siguieron mejorando su capacidad de convertir las ventas en beneficios gracias al abaratamiento de los costes de los últimos meses.

Dentro de la cadena alimentaria, solo se queda por debajo la denominada industria agroalimentaria (transporte, almacenamiento...), según los datos procedentes de los modelos de IVA y retenciones de los rendimientos del trabajo de la Agencia Tributaria hasta junio de este año. “Los márgenes sobre ventas [la rentabilidad de las empresas, en términos más llanos] de la cadena alimentaria siguieron recuperándose en el segundo trimestre gracias al abaratamiento de los insumos [los bienes y servicios necesarios para la producción, como la energía, los fertilizantes]”, destaca el informe del Observatorio de Márgenes, publicado este martes.

“Aumentaron los márgenes de la agricultura y, más moderadamente, los del comercio, habiendo recuperado en ambos casos los niveles previos a la pandemia”, continúa, según se puede ver en el gráfico extraído del informe. Durante las confinamientos y, posteriormente, con las restricciones a la movilidad por la crisis sanitaria, el sector de la alimentación también aumentó su rentabilidad, que se desplomó en 2022 con el shock de la invasión rusa de Ucrania y el inicio de la crisis de inflación por la escalada de los precios energéticos.

Explicado en otros términos, desde finales de 2022, el sector de la agricultura y los supermercados han seguido subiendo los precios, según se ha venido viendo en los datos de inflación de los últimos meses, pese a que sus costes han caído, sobre todo los carburantes, el gas, la electricidad y también otras materias primas, así como los fertilizantes. Al exprimir así la inflación, trasladándola en su mayor parte a los precios que paga el consumidor, se obtienen más beneficios, como ocurrió en la primera fase de la crisis de precios y extraordinariamente en el sector energético.

De hecho, según el IPC (Índice de Precios de Consumo) que calcula el INE, el precio de los alimentos en general ha aumentado un 20% hasta agosto desde que Rusia decidió invadir Ucrania, en febrero de 2022. Con casos asfixiantes como el aceite de oliva, que acumula un encarecimiento del 65% desde ese mismo momento, y que solo en agosto dio un salto del 52% respecto a agosto del año pasado.

Ante esta situación, a finales de junio, el Gobierno decidió prorrogar la rebaja del IVA sobre los alimentos básicos que aprobó a finales de 2022. “Para seguir contribuyendo a que los ciudadanos afronten de mejor manera el coste de la cesta de la compra, se mantienen las rebajas de IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad (pan, leche, quesos, huevos, frutas, hortalizas, verduras...) y del 10% al 5% en otros productos básicos (pastas, aceite...)”, aseguró el Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta Nadia Calviño.

Estas “dos rebajas impositivas se han mostrado eficaces en la lucha contra la inflación, tal y como atestiguan las sucesivas caídas de la misma en lo que va año”, defendieron en Economía en junio. En lo que va de año, los alimentos se han encarecido un 5,3%.

La tendencia de expansión de los márgenes es generalizada en el resto de sectores no financieros, y especialmente acusada en el caso de las energéticas, que los dispararon desde el inicio de la crisis de precios. Incluso, el informe del Observatorio de Márgenes apunta que “la reducción del precio de las materias primas ha hecho compatible la recuperación completa de los márgenes de las empresas con las ganancias de poder adquisitivo de los salarios y la bajada de la inflación”.

El ICO (Instituto de Crédito Oficial) será la principal ventanilla de los préstamos del Plan de Recuperación entre 2024 y 2026. El banco público administrará 40.000 millones de la financiación europea. La cifra es casi la mitad de todo el dinero para prestar en condiciones ventajosas a los que tiene derecho España, según la adenda al programa Next Generation EU a la que esta misma semana dio el visto bueno la Comisión Europea.

Los 40.000 millones están dirigidos a familias, empresas y emprendedores, también a la construcción de vivienda social y los canalizarán los bancos comerciales. El resto, hasta los cerca de 83.000 millones de euros, se reparten entre los 20.000 millones que tendrá a su disposición las comunidades autónomas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en un instrumento de  2.157 millones de euros de ciberresiliencia y seguridad y en otros fondos para apoyar inversiones productivas que gestionará Cofides (Compañía española de financiación del desarrollo).

Tras confirmarse estas cifras, esta misma semana, la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) dio un toque de atención sobre la ineficacia del ICO y del resto de instrumentos financieros públicos en el pasado. La evaluación no pudo llegar en un momento más oportuno, apenas a unos meses de que empiece a llegar el dinero europeo para prestar en un contexto de subidas de los tipos de interés en el que puede ser clave para apoyar el crecimiento y la transformación de la economía.

Esta financiación se puede considerar una segunda fase de Plan de Recuperación, que se suma a las transferencias de otros más de 70.000 millones, de los cuales España ya ha recibido algo menos de 40.000 millones en tres pagos. Esta segunda fase permitirá que se pueda acceder a préstamos a un menor tipo de interés respecto al obtenido por el Tesoro Público y con largos plazos de amortización.

El tipo de interés dependerá fundamentalmente del coste de financiación asociado a las emisiones de deuda de la Comisión Europea (los bonos del Next Generation EU) durante el semestre en el que se realiza cada desembolso de los préstamos. Actualmente, el diferencial con las emisiones de referencia de nuestro país es de 0,25 puntos. Es decir, (en cifras aproximadas) si España coloca su deuda al 4%, la Comisión la viene colocando al 3,75%, más barata, y ese será tipo de los préstamos del Plan de Recuperación. Por otra parte, tendrán un plazo de amortización de 30 años, con 10 años iniciales de carencia en el pago de principal.

Estas condiciones no existen en el mercado. “Son muy ventajosas”, defienden desde el Ministerio de Asuntos Económicos. Pero existe el riesgo de que no haya demanda de las empresas y las familias por “los fallos” que históricamente ha habido en la concesión de crédito público, según advirtió la AIReF en su última evaluación del gasto público, que aborda el periodo entre 2010 y 2019.

Concretamente, los 40.000 millones de los que dispondrá el ICO en los próximos 3 años se dividen en distintas líneas. La ICO-Verde (22.000 millones) para facilitar créditos a hogares y empresas privadas y públicas para la realización de inversiones que favorezcan la transición verde, como la generación de energía renovable, la eficiencia energética o la economía circular. La ICO Empresas y Emprendedores (8.000 millones) para financiar inversiones en el tejido empresarial. El fondo Spain AVS Hub (1.500 millones) para aumentar en un 30% la producción del sector audiovisual y de videojuegos de España. El fondo ICO Next-Tech (4.000 millones) para startups españolas en tecnologías disruptivas. Y en un último fondo para incrementar el parque de vivienda social y de alquiler asequible dotado con 4.000 millones de euros.

“La utilización efectiva de toda la financiación va a depender de las empresas”, aseguran fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, que aclaran que “los préstamos cuentan como deuda pública”, pero solo afectarán al déficit presupuestario (la diferencia entre ingresos y gastos. que se cubre con deuda) si se producen impagos. “Se van integrar en el plan de financiación del Tesoro Público”, reconocen desde el Ministerio de la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

Estas mismas fuentes descartan que estos 83.000 millones de deuda que se tendrá que apuntar el Tesoro entre 2024 y 2026 vayan a impedir que se siga reduciendo la ratio de endeudamiento (deuda pública/PIB). Un objetivo que se marcará en las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se activarán el próximo año. Al contrario, defienden que bajará el coste medio de las nuevas emisiones (en los últimos meses ha escalado a máximos de los últimos años: aquí hay más información) y del mismo modo alargará el vencimiento promedio. Este 2023, pese al déficit superior al 3%, se espera que el endeudamiento se quede por debajo del 110% gracias al crecimiento del PIB, tras llegar a superar el 120% en 2020.

El papel central del ICO

La Autoridad fiscal recoge en su informe que, en el período de 2010 a 2019, el ICO concedió financiación para el apoyo a sectores productivos por importe de 124.000 millones, en 1,5 millones de operaciones (84% de la financiación total concedida). Incluyendo el apoyo a la internacionalización concedió 144.000 millones (70% del total). En el momento de mayores necesidades de liquidez (2010-2012) inyectó en la economía algo más de 67.000 millones.

En la pandemia, de nuevo, el Instituto de Crédito Oficial volvió a ser crucial, aunque sobre todo las líneas de avales, diseñados para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la COVID-19.

“Su principal instrumento es la línea de mediación, que consiste en traspasar el dinero a entidades financieras para que éstas concedan los préstamos a las empresas. El riesgo de crédito lo asume la entidad financiera (a excepción de la línea ICO Liquidez)”. Y es un sistema que “permite una gran capilaridad al utilizar la red comercial de las entidades financieras y que ha permitido reducir el coste de la financiación a las empresas”, explica la AIReF.

El primer fallo que identifica la evaluación es que “la decisión sobre la concesión de la financiación reside en última instancia en la entidad financiera”, por lo que una mayor aversión al riesgo en fases de contracción de la actividad económica o recesión “limita su alcance”. Es decir, son los bancos los que deciden si conceden o no los préstamos, y su búsqueda del máximo beneficio y el control de riesgos pueden chocar con la necesidad del crédito barato llegue al conjunto de la economía real, y que se quede solo en las grandes empresas y más solventes.

Otro fallo detectado por la AIReF que amenaza también la eficacia de los préstamos del Plan de Recuperación es la descoordinación entre los diferentes instrumentos financieros, que ha supuesto “solapamientos” en la oferta y en la concesión de financiación.

Por último, la Autoridad fiscal expone datos de una encuesta a empresas sobre la financiación pública que muestran un escaso conocimiento de los instrumentos disponibles (a excepción de Fond-Ico Pyme e ICO Empresa y Emprendedores) y que debería subsanarse ante el despliegue del Next Generation EU. El 83% de las empresas encuestadas no conocen los instrumentos y menos del 4% los conocen y los han utilizado.

Este desconocimiento se acrecienta en pymes (pequeñas y medianas empresas), con pocos recursos humanos especializados. “En países de nuestro entorno existen portales que centralizan la información de distintos agentes e instrumentos. Mientras, en España sólo la Plataforma PYME realiza una tarea similar, aunque limitada en su alcance (escasa coordinación y pocos medios asignados)”, incide la AIReF.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido en pedir a los bancos que eleven la remuneración de los depósitos. Calviño lo hecho en la reunión que ha mantenido este lunes con los presidentes de las principales entidades financieras, tras amenazar la semana pasada con mantener el impuesto a los beneficios extraordinarios por las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE).

La vicepresidenta económica ha señalado “la importancia de que el sector financiero continúe contribuyendo positivamente al crecimiento de la economía española en el contexto actual de subida de tipos de interés, con una oferta competitiva de crédito a los hogares y empresas y la mejora en la remuneración de los depósitos”, según la nota de prensa que ha difundido el Ministerio este mismo lunes.

A finales de junio, Calviño anunció que había encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analizara por qué los bancos no suben los depósitos, pero este informe no se ha mencionado este lunes. Mientras, las entidades financieras si han aumentado el coste de las hipotecas y del resto de préstamos, según la histórica escalada del euríbor (de estar en negativo a superar el 4%).

Unos días antes, en junio, la propia presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ya mostró su asombro por que los bancos no estén remunerando los depósitos. “A mí me cuesta trabajo pensar que no haya un banco que quiera ganar clientes si yo (como banco) me dedico a captar depósitos para luego así poder prestar dinero. Me cuesta entender que no quieran aumentar su cuota de mercado, salvo que uno vea plácidamente que los demás tampoco lo hacen”, dijo.

En ese momento, Calviño lamentó que las entidades financieras están trasladando más lento de lo que deberían el endurecimiento de la política monetaria para luchar contra la inflación a sus productos de ahorro, que apenas ofrecen rentabilidad a los clientes, y mucho menos rentabilidad real. Es decir, los intereses que ofrecen están en por debajo de la inflación, que el mes de agosto subió al 2,6%.

Consultada por elDiario.es este lunes, la CNMC traslada “la carencia de recursos que arrastra con la atribución en los últimos tiempos de nuevas funciones, que no han ido acompañada de la dotación necesaria de medios: supervisión de la no repercusión de gravámenes a las entidades de crédito, supervisión de la no repercusión de gravámenes a las energéticas, supervisión de la traslación de la reducción del IVA en determinados alimentos, informe sobre los cajeros e inclusión financiera, nuevas competencias en el ámbito audiovisual, nuevas funciones en el ámbito energético, entre otras”.

El impuesto temporal a los beneficios extraordinarios

Tampoco ha transcendido más información sobre la posibilidad que lanzó hace solo unos días, en una entrevista en la Cadena Ser, de mantener el impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de la banca. “En la medida en que haya beneficios extraordinarios, habrá que considerarlo”, comentó. El impuesto fue creado para las cuentas de las entidades financieras de 2022 y 2023. Las entidades ya han realizado el primer pago, aunque todas lo han recurrido.

El encuentro de este lunes, “que se enmarca en el diálogo constante del Ministerio con el sector financiero”, han acudido los presidentes del Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Grupo Cajamar, Kutxabank y Abanca, Ana Botín, Carlos Torres y José Ignacio Goirigolzarri, Josep Oliu, Luis Rodríguez y Antón Arriola, respectivamente, y los consejeros delegados de Bankinter e Ibercaja, Dolores Dancausa y Víctor Iglesias.

En la reunión “se ha constatado que el sistema financiero español mantiene bajos niveles de mora e impagos, gracias a la buena marcha de la economía y el empleo y la solvencia de las empresas”, continúan fuentes del Ministerio, que aseguran que la institución está trabajando con el Banco de España “para analizar la aplicación de los distintos mecanismos y códigos de buenas prácticas disponibles y seguir mejorando la protección de las familias afectadas por el alza de las hipotecas, al tiempo que se continúa garantizando la estabilidad financiera”.

Además, “se ha acordado trabajar conjuntamente para poner en marcha antes de final de año un mecanismo eficiente para la canalización de los  préstamos de fondos europeos 'Next Generation' previstos en la adenda al Plan de Recuperación, actualmente pendiente de aprobación por las instituciones europeas”, añaden.

Los seguidores de la coyuntura en España tenemos la posibilidad, única en Europa, de analizar trimestralmente la evolución económica de las empresas con un grado de detalle inédito. Los nuevos registros del Observatorio de Márgenes Empresariales (OME) proporcionan una panorámica coyuntural muy completa sobre la salud del sector empresarial de nuestro país en lo referente a las ventas, compras, empleo, salarios y beneficios.

Estos mismos registros, una vez realizados los ajustes necesarios, deberían mejorar también la información de coyuntura de la economía, tal como se mide a través de la Contabilidad Nacional Trimestral de España. Este artículo proporciona un repaso de estas variables en la coyuntura actual y también indica algunas sugerencias con vistas a la mejora en el futuro.

Durante años, las ventas han sido el principal indicador que ofrecía la Agencia Tributaria para conocer la marcha de las empresas. Y también para el INE que, como principales indicadores mensuales de coyuntura, publica el Índice de Cifra de Negocios, el Índice de comercio Minorista o el Índice de Producción Industrial. Las ventas proporcionan lo que comúnmente se llama la facturación, es decir, el valor de los bienes y servicios que las empresas suministran a sus clientes.

Estudiar las ventas constituye el mejor punto de partida para conocer el negocio empresarial y es una buena aproximación en contextos de normalidad, en los que las ventas y las compras tienen evoluciones paralelas. Ahora bien, cuando esto no sucede, como ha sido el caso de los dos últimos años, la imagen que proporcionan las ventas puede llevar a equívocos.

Es en estos casos cuando cobra mayor importancia el valor añadido, la diferencia entre las ventas y las compras realizadas por estas mismas empresas de bienes y servicios para el normal funcionamiento de la producción. En una empresa es una de las variables más relevantes, como también lo es para analizar la economía de un país (el PIB no es otra cosa que el valor añadido).

Hace algo menos de un año, en otoño de 2022, la estadística tributaria de Ventas de Grandes Empresas y Pymes societarias (VESGEP) añadió las compras a la serie de ventas ya publicadas, ambas con el mismo detalle sectorial. Este verano de 2023 se ha dado un paso trascendental con la aparición del OME que desarrollan conjuntamente el Ministerio de Asuntos Económicos, el Banco de España y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El Observatorio proporciona una información mucho más sistemática de la cuenta de resultados de las empresas, al combinar tanto las declaraciones trimestrales de IVA y salarios con la información –mucho más completa, aunque se conoce con mucho retraso– del Impuesto sobre Sociedades.

Las dos estadísticas –VESGEP y el Observatorio– permiten ilustrar este contraste entre ventas y valor añadido. En el último trimestre disponible, el crecimiento interanual de las ventas se cifraba en un 1,1% según la primera estadística (VESGEP), mientras que el Observatorio indica que las ventas caen un 3,3% en el mismo periodo. La diferencia se debe, entre otras cosas, a la inclusión en este último del sector eléctrico, ausente en VESGEP.

Estos indicadores invitarían a pensar que el sector empresarial de nuestro país se encuentra en una situación de débil crecimiento o estancamiento. Sin embargo, la atonía de las ventas se acompaña de una atonía superior de las compras, arrastradas por las caídas en el refino del petróleo y la generación de electricidad, de manera que la diferencia entre ventas y compras, que aproxima el valor añadido generado por las empresas, registra un crecimiento nominal del 7%.

Esta magnitud es similar a la estimada por el INE en la Contabilidad Trimestral para el valor añadido del sector mercantil no financiero. Nótese también en el gráfico, que refleja la evolución de las ventas menos compras, que el 7% es el menor crecimiento de los 9 últimos trimestres, pero es también el crecimiento medio del año 2019, antes de la pandemia.

Con esta información se puede calcular una primera ratio; el margen de ventas que expresa el valor añadido en porcentaje de las ventas. Este margen estaba situado en el segundo trimestre de 2022 en torno al 22% y se ha elevado al 23-24% en el segundo trimestre de 2023, como puede verse en la tabla adjunta. Puede parecer una pequeña diferencia, pero este cambio indica una mejora en el uso de los recursos, es decir, que las empresas generan un mayor valor añadido sobre su facturación. El crecimiento del margen de ventas en 2023 es una de las características más relevantes de la coyuntura reciente.

El margen de ventas varía notablemente según la actividad productiva. Con los datos trimestrales del Observatorio puede estudiarse hasta para 73 actividades, aunque con vistas a simplificar el análisis, el cuadro adjunto presenta su valor en 2022 para 13 grandes sectores. El margen ronda el 16% en la industria manufacturera y el comercio, pero supera el 30% en las restantes actividades de servicios alcanzando el 40% en las actividades de transporte y almacenamiento. El segundo bloque del cuadro, que presenta las tasas de variación anual de las ventas, las compras y de la diferencia, ilustra ampliamente las limitaciones de las ventas como señal de la coyuntura de los sectores. La industria es la principal beneficiaria de las caídas de compras en el segundo trimestre de 2023: las ventas caen casi un 4% en la industria manufacturera, pero crece un 34% la diferencia entre ventas y compras.

A modo de conclusión, no debe causar alarma que las ventas estén registrando tasas de crecimiento negativas en los últimos meses. Este indicador, bien como lo publica la Agencia Tributaria o en los Índices de Cifra de Negocio que elabora el INE, se ve afectado por el mismo fenómeno que señalábamos: la fuerte caída en las compras. La atonía en las ventas no indica necesariamente el enfriamiento de la economía española, sino más bien la normalización en la escalada de los costes de producción.

Los márgenes empresariales

El Observatorio de Márgenes Empresariales pone el foco en el Resultado Económico Bruto de Explotación (RBE) que obtienen las empresas al restar de la producción los consumos intermedios y los gastos de personal (salarios y cotizaciones sociales). Expresándolo de otro modo, podríamos decir que el valor añadido bruto generado por la empresa como diferencia entre la producción y los consumos intermedios se distribuye entre los gastos de personal (que retribuyen el factor trabajo) y el RBE (que retribuye al capital). 

El Observatorio define los márgenes empresariales como una ratio entre el RBE y las ventas (o la producción) o entre el RBE y el valor añadido bruto (producción - consumos intermedios). En el primer caso, se habla de margen empresarial sobre ventas (o sobre producción), y en el segundo, de margen empresarial sobre valor añadido.

La información sobre el RBE y los gastos de personal que proporciona el Impuesto de Sociedades es la más fiable por su exhaustividad y el rigor contable, dada la relación de la declaración anual de Sociedades con el Plan General Contable. Sin embargo, como las cuentas completas tardan tiempo en presentarse, resulta necesario disponer de información más actualizada sobre los últimos trimestres.

El Observatorio de Márgenes ha optado por una solución ingeniosa para conocer los costes laborales y los excedentes empresariales de las empresas en los trimestres más recientes. Con la información de las declaraciones mensuales y trimestrales de IVA y Retenciones, el RBE se aproxima con un Indicador de Resultado Bruto de Explotación (IRB) que se obtiene al restar de las ventas las compras y los salarios. En este escenario, el valor añadido bruto se aproxima con la diferencia entre ventas y compras. El primer margen empresarial se obtiene como ratio entre el IRB y las ventas, y el segundo, como ratio entre el IRB y la diferencia entre ventas y compras.

El último gráfico permite comprobar la fuerte subida en el margen empresarial sobre las ventas, desde 2021 hasta la actualidad. En 2021 y, sobre todo, en 2022 y el primer trimestre de 2023, este margen empresarial creció por la contención de los salarios; en el segundo trimestre de 2023 la subida se debe al crecimiento del margen de ventas que se ha comentado en la primera parte del artículo. 

La principal limitación de la información trimestral que aporta el Observatorio de Márgenes Empresariales se encuentra en la ausencia de las cotizaciones sociales satisfechas por los empleadores que forman parte, junto a los salarios, de los gastos de personal. Esta limitación podría subsanarse con la incorporación de la Seguridad Social al Observatorio. De este modo, se obtendría una estimación coyuntural mucho más precisa tanto de los gastos de personal como del Resultado Bruto de Explotación.

Una denuncia ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acusa a la firma Ernst & Young (EY) de “presuntas infracciones muy graves” de la normativa contable en su auditoría de las cuentas de Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras.

La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se presentó el pasado 21 de julio y reclama al ICAC que abra expediente sancionador a la firma EY y a su auditor Fernando González Cuervo. Les acusa de supuestas irregularidades en su análisis de las cuentas individuales y consolidadas de 2022 que Urbaser remitió en junio al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). La empresa tiene registradas allí varias emisiones de pagarés e inicialmente omitió a los inversores ese informe. 

Apoyándose en un dictamen pericial de un experto independiente, catedrático y ex director general del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, el denunciante asegura que las cuentas de Urbaser contienen “graves irregularidades sustanciales” y no reflejan “la imagen fiel del patrimonio, de sus resultados y de su posición financiera”.

Las omisiones que menciona son falta de información sobre un escándalo de sobornos en Canarias para el que hay dictada apertura de juicio oral contra Urbaser; ausencia de datos sobre los sueldos y bonus de los consejeros y altos directivos del grupo; y supuesta asistencia financiera prestada por la compañía a su actual dueño, el fondo estadounidense Platinum.

A diferencia de años anteriores, Urbaser, que desde hace algo más de un año pilota Fernando Abril-Martorell, hijo del ex ministro de la Transición y ex primer ejecutivo de Indra, no incluye información sobre los sueldos de su consejo y sus altos directivos en las cuentas de 2022 que ha puesto a disposición de los inversores.

Según la normativa contable española, no incluir esos datos afecta a la imagen fiel de las cuentas de las empresas, si bien la matriz última de Urbaser se encuentra en Luxemburgo. 

En las cuentas consolidadas de 2022 remitidas al MARF y aprobadas sin salvedades por EY, Urbaser indica que “no se han devengado retribuciones al Consejo de Administración ni Alta Dirección porque estos cargos no existen en la Sociedad actualmente”.

Pero, según el denunciante, “es una evidencia que existe el consejo”, que, afirma, forman la presidenta de Urbaser y socia de Platinum, Mary Ann Sigler, el vicepresidente y consejero delegado de Urbaser, Abril-Martorell, y el consejero Miguel Liria. 

Estas tres personas administran la cabecera de Urbaser en España, Luna IV Servicios Ambientales SL, que no ha depositado sus cuentas de 2022 en el Registro Mercantil. Luna IV, sin empleados, cuelga a su vez de la luxemburguesa PE Luna Holding SARL, controlada desde Islas Caimán, y que acaba de mandar al registro del Gran Ducado sus estados financieros, auditados por EY. En ellos se indica que la remuneración de sus principales ejecutivos fue de algo más de 3 millones en 2022.

Respecto a la alta dirección, el denunciante señala que “obviamente también existe y son las personas que reportan directamente al Consejero Delegado”. Se apoya en lo que apunta el citado informe pericial del catedrático, que tacha de “inconcebible que una Sociedad que en sus cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2022 reporte un número medio de personas empleadas de 57.691 personas y no tenga Alta Dirección. La inteligencia artificial va desarrollándose progresivamente pero no ha llegado al punto de dirigir una empresa sustituyendo a todos sus empleados, a su Consejo de Administración y a su Alta Dirección”.

Plan de acciones

Las cuentas consolidadas de Urbaser remitidas al MARF tampoco mencionan un plan de remuneración con acciones en Luxemburgo a su cúpula, con Abril-Martorell a la cabeza. La denuncia indica que “el plan de remuneración retribuye, con fecha 7 de abril de 2022, a 24 Directores de Urbaser con participaciones que oscilan desde 528.616 acciones hasta 49.338 acciones, en función de la categoría de cada uno de ellos”.

En el caso de Abril-Martorell, que se incorporó en junio de 2022, le corresponde una asignación de 1.533.173 acciones ordinarias A, 27.150 acciones ordinarias B y 472.850 acciones preferentes. Esos títulos equivaldrían a unas 5.655 acciones de Urbaser con un valor de mercado de unos 2,4 millones de euros, según la pericia adjunta a la denuncia.

Esta atribuye a EY y su auditor una infracción muy grave de la Ley de Auditoría por omitir esta información. El artículo 72 de esa norma castiga, bajo amenaza de baja en el registro de auditores, los informes con una opinión que “no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable”.

Según el denunciante, ese dolo existe porque en las cuentas de la antigua filial de ACS los sueldos de su cúpula “se ocultan supuesta e intencionadamente y, ante estos hechos, EY y su auditor el Sr. González no emiten ninguna salvedad en sus informes de auditoría”. 

Una situación que, recuerda, contrasta con los reparos que otras firmas han incluido en otros supuestos similares, como acaba de hacer Deloitte con el fondo de capital riesgo Cinven, dueño de Burger King en España. Otros ejemplos son las salvedades de los auditores de Securitas Direct en España (con matriz en Luxemburgo, como Urbaser), Alcaliber (monopolista del opio en España) o la riojana Cartonajes Santorromán, conocida por las invectivas contra el Gobierno de su dueño, acogido a la amnistía fiscal de 2012.

Corrupción en Canarias

Las cuentas de Urbaser (tanto la sociedad española como su matriz luxemburguesa) omiten la existencia de un auto de apertura de juicio oral contra la antigua filial de ACS por un escándalo de corrupción en Canarias, el conocido como Caso Jable. Según el denunciante, “que todavía no exista sentencia firme en el Caso Jable no significa estar exento de publicidad. No se puede justificar su ocultación”. Y compara la ausencia de información con las explicaciones que incluyen en sus cuentas BBVA, Repsol, CaixaBank e Iberdrola sobre su implicación en el caso Villarejo, sin que haya llegado a la apertura de juicio oral.

El escrito al ICAC subraya que “la transparencia frena la corrupción”. Indica que Urbaser y su auditor “tienen una muy grave responsabilidad en la ocultación de esta causa penal. Naturalmente, para EY y su auditor Sr. González es irrelevante esta información y, por supuesto, ni siquiera recomendaron, al menos, indicar los motivos por los que Urbaser había decidido ocultar en sus cuentas anuales la existencia de este escandaloso caso de corrupción”.

Y no pueden “recurrir a la excusa de que lo desconocían alegando que Urbaser no les informó. Hemos acreditado que una gran variedad de medios de comunicación se hacen eco del Caso y van informando del desarrollo del mismo. Basta teclear en google ”Caso JABLE“ para ponerse al día de la evolución del juicio oral que se reanudará en septiembre”.

El 9 de mayo, elDiario.es informó de que Urbaser mantenía en nómina a su entonces número dos, Manuel Andrés, y a su mano derecha, Santiago Alonso, que semanas atrás habían confesado que sobornaron a cargos públicos de Arrecife (Lanzarote) entre 2001 y 2004 para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de esa ciudad. 

Lo hicieron durante la negociación con la Fiscalía Anticorrupción ante el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Las Palmas que se va a celebrar 13 años después de ser detenidos por la Guardia Civil. El Ministerio Público pedía para ellos penas de 10 años de cárcel por delitos de cohecho, falsedad documental, fraude y aprovechamiento de secretos. 

El dueño del fondo Platinum fue advertido de la permanencia en la empresa de estos dos directivos tras reconocer los sobornos en una comunicación que pedía el cese inmediato de Abril-Martorell. Entonces, la empresa indicó que su área de Compliance estaba analizando el asunto. Cuatro días después, Urbaser comunicó a EFE el despido de ambos, tras comprobar que los hechos violaban su código de conducta.

La denuncia ante el ICAC también acusa a Urbaser de prestar dinero supuestamente a Platinum para comprar el grupo español mediante “una extensa cadena de sociedades pantalla domiciliadas en Luxemburgo y en el paraíso fiscal de las Islas Caimán”, prestándole asistencia financiera, prohibida por la ley española y europea. Asegura que EY y su auditor “tienen una muy grave responsabilidad en la ocultación de la asistencia financiera que Urbaser ha prestado para la adquisición de sus propias acciones por el fondo de inversión Platinum”.

“La prohibición de asistencia financiera (existente en el ordenamiento europeo y consagrada en España en los artículos 143, 149 y 150 de la Ley de Sociedades de Capital), tiene su raíz en el hecho de que una empresa no puede utilizar sus propios recursos para que un tercero adquiera sus acciones”.

Y añade: “Urbaser ha prestado todo tipo de garantías que, en su conjunto e incluyendo sus activos más significativos, las principales cuentas bancarias y cuentas a cobrar, suponen el 80% de su EBITDA consolidado y, con ello, ha violado el art. 150 de la Ley de Sociedades de Capital de España”.

El escrito subraya también que el informe de auditoría de EY contiene un “error material”, al estar firmado el 8 de mayo de 2022, y no en 2023, por lo que “se requiere de una rectificación ineludible ya que el auditor no se puede equivocar en la fecha a la hora de certificar unas cuentas anuales”. 

El ICAC es el organismo equivalente en España al Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) estadounidense que, según Financial Times, ha encontrado deficiencias en las auditorías de EY en varios países, entre ellos España.

Urbaser, un gigante con una cifra de negocios de más de 3.000 millones, pagó el año pasado a EY por sus servicios 2,311 millones, un 57% más que en 2021, cuando esta firma empezó a auditar sus cuentas. Urbaser y EY han rechazado responder a las preguntas de elDiario.es.

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Cómo frenar las mentiras

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La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analice por qué los bancos no suben los depósitos, pese a los agresivos aumentos de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación.

Calviño lamenta que las entidades financieras están trasladando más lento de lo que deberían el endurecimiento de la política monetaria para luchar contra la inflación a sus productos de ahorro, que apenas ofrecen rentabilidad a los clientes, y mucho menos rentabilidad real. Es decir, los intereses que ofrecen están en por debajo de la inflación, que este mes cayó al 1,9%, pero que se espera que cierre el año por encima del 3% de media, después de que en el conjunto de 2022 se fuera al 8,4%.

Por eso, la vicepresidenta económica pide a Competencia que estudie qué factores están fallando en este mercado, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión trimestral con las patronales y asociaciones de usuarios de las entidades financieras y con el Banco de España.

Hace unos días, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ya mostró su asombro por que los bancos no estén remunerando los depósitos. “A mí me cuesta trabajo pensar que no haya un banco que quiera ganar clientes si yo (como banco) me dedico a captar depósitos para luego así poder prestar dinero. Me cuesta entender que no quieran aumentar su cuota de mercado, salvo que uno vea plácidamente que los demás tampoco lo hacen”, dijo.

En cambio, las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) sí se están trasladando al euríbor (el índice de referencia para el cálculo de las cuotas de las hipotecas), que se ha incrementado del 0% al 4% en menos de un año. Y, por tanto, se están encareciendo rápidamente los préstamos para vivienda a tipo de interés variable que se actualizan. Y también los que cambian de variable a tipo de interés fijo. O los nuevos que se firman.

Para atajar la asfixia que supone esta subida de las hipotecas para las familias, el Gobierno firmó un Código de Buenas Prácticas con los bancos, voluntario, de cara a 2023. Este código recomendaba acordar entre banco y cliente la gratuidad de la conversión de préstamos variables a fijos y la ampliación de los plazos con congelación de cuotas.

Estas medidas se añadían a las ya existentes para los hogares más vulnerables, con ingresos bajos. Y, en total, se han realizado 33.000 solicitudes de alguna de ellas, según desveló la propia Calviño este jueves. Se trata de una cifra muy baja en comparación con el millón de famillias con hipotecas a tipos de interés variable a las que pretendía aliviar el “bono de emergencia” propuesto por Sumar recientemente.

La nueva proposición del Ministerio de Asuntos Económicos a la banca ha sido la extensión en un máximo de tres años de las hipotecas a tipo variable para la adquisición de primera vivienda. Aunque ha admitido que tanto las patronales de las entidades financieras como el Banco de España la han rechazado y la han emplazado a septiembre para hablar de nuevas medidas.

Por último, ha reclamado una fórmula para aprobar definitivamente la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio dejó pendiente, al no haberse podido culminar todo el trámite legislativo.

La reforma laboral y las nuevas leyes de empresas, formación y transición 'verde' suman ya 15.000 millones de euros a la economía de España. En la próxima década, toda la legislación vinculada al Plan de Recuperación elevará hasta en 50.000 millones el PIB (Producto Interior Bruto) de nuestro país, según calcula el Ministerio de Asuntos Económicos, a lo que hay que añadir el impacto directo de las inversiones favorecidas por los fondos europeo en estos años.

Las reformas económicas acometidas hasta ahora han engordado el nivel de PIB en alrededor de un punto porcentual (los 15.000 millones), a cierre del primer trimestre. Y el resto que está previsto que el Gobierno acometa, como la de los subsidios de paro y otras, o que acaba de aprobar, como la de vivienda, sumarán hasta tres enteros en total de aquí a 2031.

La economía de España roza ya el nivel de PIB pre pandemia, el que alcanzó al cierre de 2019, tras el fuerte crecimiento interanual del 5,5% en 2021 y otro 5,5% el año pasado, y de un 0,5% en el primer trimestre de 2023, en este caso respecto al último trimestre de 2022. “Con posterioridad, el crecimiento económico mantendría su senda expansiva, aunque iría moderándose progresivamente, convergiendo hacia tasas de crecimiento cercanas a su potencial”, explica el Ministerio del que está al frente la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

En un artículo reciente, el Banco de España aseguró que este crecimiento potencial pasa de un 1%, sin Plan de Recuperación, al 2% anual “en un escenario en el que una selección adecuada de los proyectos de inversión financiables con los fondos europeos es acompañada por reformas estructurales favorecedoras del crecimiento económico”.

En esa senda expansiva, el impulso reformista derivado del Plan de Recuperación irá tomando el relevo de las inversiones, como se observa en el siguiente gráfico. El impacto directo de estas inversiones de los fondos europeos elevó el PIB de España 1,3 puntos en 2022, y según las previsiones del Gobierno sumará 1,5 enteros en 2023, casi 2 puntos en 2024, en torno a 1 en 2025, y después se estancará en 0,5 cada ejercicio de los siguientes. Y será en esa segunda fase cuando la legislación que acompaña a este despliegue aporte la mayor parte de la mejora estructural de la economía de nuestro país, hasta superar los 3 puntos en total.

Impacto de la reforma laboral

Hasta el momento, la reforma laboral es la que mayor impacto está teniendo en la actividad económica. Pero, ¿cómo eleva una reforma laboral el nivel de PIB? Provocando cambios de fondo, estructurales. El más claro: la reducción de la temporalidad en el mercado de trabajo a mínimos.

Un efecto que directamente aumenta los ingresos públicos y disminuye el gasto en prestaciones. Indirectamente, al aportar estabilidad para empresas y trabajadores, apoya el consumo de las familias en general. También su capacidad para financiarse, que está relacionada con decisiones de compra de mayor valor añadido, como la vivienda, u otros bienes duraderos como los coches, la tecnología... Bienes que, además, exigen mayor “consumo de mantenimiento”, según se describe en la teoría económica. Por el lado de las empresas, supone potenciales mejoras en la productividad y la competitividad, incluso en la internacionalización.

Otro efecto estructural está relacionado “con un mejor ajuste [del mercado laboral] frente a futuras crisis”, destaca el Ministerio de Asuntos Económicos. Es decir, una “reducción del paro estructural”, que es reconocido por todas las instituciones como el principal problema de la economía de nuestro país. La reforma laboral busca que una recesión no conlleve una grave destrucción de empleo, lo que automáticamente significa una menor caída del PIB.

“Adicionalmente, la reforma de las políticas activas de empleo también permitiría reducir el paro estructural, favoreciendo el emparejamiento entre vacantes y desempleados, así como un aumento de la productividad”, inciden en el Gobierno.

Algunos ejemplos: un trabajador condenado a la temporalidad, que pasa de ser camarero, al paro, a después ser vigilante de seguridad, tiene grandes dificultades para mejorar para sus condiciones de vida y es letal para la productividad del conjunto del país. Asimismo, es un freno para el crecimiento a medio y largo plazo.

Ese mismo trabajador tiene muy difícil conseguir una hipoteca. El resultado es inseguridad para él y un lastre para la actividad económica de España. La reforma laboral combate estas situaciones. Y si ese trabajador consigue ahora un contrato indefinido, aunque sea intermitente y no varíen notablemente sus ingresos anuales, su perfil financiero para los bancos sí cambia radicalmente y también influye en sus decisiones de compra.

La formación

Otra transformación crucial que está relacionada con las reformas del mercado laboral, la formación y el fuerte incremento de las exportaciones de servicios no turísticos es la creación de puestos de trabajo relacionados con las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y científicos. El empleo en estos sectores está aumentando a un ritmo del 25%, frente al 5% del resto de industrias. Y son trabajos mejor pagados frente a la media.

España está vendiendo más servicios de consultoría, ingeniería, I+D, telecomunicaciones o informática que nunca. Y esta tendencia implica un papel central a la nueva ley de Formación Profesional y al Plan Nacional de competencias digitales, que, según el Ministerio de Asuntos Económicos, “aumentarán la productividad, mediante la reasignación de trabajadores hacia sectores más productivos, acercando la oferta a la demanda del mercado laboral. Ambas reformas permitirán aumentar el PIB de largo plazo [hasta 2031] en 0,6 puntos porcentuales”. Este mismo cálculo le otorga 2,1 enteros solo a la reforma laboral.

Por último, las leyes empresariales de Crea y Crece y la de Startups sumarían 0,2 puntos a la economía en la próxima década, por su impacto en la productividad. Mientras que las medidas relacionadas con la transición 'verde' incentivarán el ahorro y una utilización más eficiente de los recursos, permitiendo mejorar la competitividad de las empresas españolas, “con un impacto positivo en el PIB de largo plazo de otros 0,2 puntos porcentuales”.

El Plan de Recuperación “contiene los ingredientes necesarios para contribuir de manera significativa a dinamizar el crecimiento potencial de la economía española. Sin embargo, su efectividad dependerá crucialmente de la calidad de los proyectos de inversión seleccionados y de su complementariedad con las reformas estructurales implementadas”, advierte del Banco de España.

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha enviado una carta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, en la que insiste en que no hay motivos económicos para el traslado de la sede de la constructora a Países Bajos. En su misiva, García Andrés pide que se trasladen los argumentos contra el cambio de sede en la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará este jueves, de manera que se pueda “informar adecuadamente a su Junta General  sobre las distintas opciones en este ámbito, así como sobre sus posibles riesgos o contingencias”, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es.

 “Como hemos venido adelantando, los análisis de BME y la CNMV no han identificado obstáculos ni indicios de su existencia para la admisión a negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en los Estados Unidos. Esta conclusión cuestiona la motivación económica del proyecto de fusión transfronteriza anunciado el pasado 28 de febrero. Es cierto que ningún emisor español había planteado a la CNMV o a BME una iniciativa similar y, por tanto, no había precedentes de este estudio. De la misma manera, en el Ministerio no hemos tenido constancia de ninguna limitación o aspecto a modificar de la normativa española con el fin de facilitar el acceso a la doble cotización en mercados extranjeros durante el intenso proceso de consulta pública y tramitación de la nueva Ley de Mercado de Valores y Servicios de Inversión, que culminó el pasado 7 de abril con su entrada en vigor”, señala el secretario de Estado en su carta a Ferrovial.

En la carta, el secretario de Estado de Economía añade que “tanto el Ministerio como CNMV y BME estamos comprometidos y dispuestos a facilitar, con las acciones que sean oportunas, que las empresas españolas tengan acceso a dichos mercados. De hecho, BME ya está en contacto con distintos transfer agent estadounidenses para explorar la vía de un posible Dual Listing de una empresa cotizada española desde nuestro país”.

Cuando una compañía hace un Dual Listing en Bolsa quiere decir que empieza cotizar sus acciones en un nuevo mercado distinto al que ya está cotizando. En este caso, Ferrovial ya cotiza en España y quiere hacerlo en la bolsa estadounidense, excusa final que ha esgrimido [con anterioridad señaló la inseguridad jurídica pero luego reculó] para cambiar la sede a Países Bajos.

Junta de accionistas: 13 de abril

La constructora celebra el próximo jueves 13 de abril la junta general ordinaria de accionistas a la que llevará el traslado de su sede social a Países Bajos, una operación que anunció de forma sorpresiva a finales de febrero.

El grupo que preside Rafael del Pino, su principal accionista con más del 20 % del capital, someterá a votación de sus accionistas la fusión inversa de Ferrovial por parte de su filial holandesa Ferrovial Internacional (FISE), que ya aglutinaba el 86 % de los activos.

La operación está condicionada no solo al visto bueno de sus accionistas, sino a que los posibles derechos de separación que ejerzan aquellos que son contrarios a este traslado no superen los 500 millones de euros. para los accionistas que voten en contra del acuerdo de fusión y deseen ejercitar el derecho de separación, Ferrovial ha fijado un precio de reembolso de 26,0075 euros por acción.

El arranque de año de la economía de España destaca en Europa, y va camino de batir todas las expectativas en el primer trimestre. También en todo 2023, después de lograrlo ya el año pasado. La inédita respuesta de las instituciones nacionales y europeas, primero a la pandemia y después a la crisis de inflación y a la guerra en Ucrania, está favoreciendo la resiliencia de las familias y en mayor medida de las empresas.

Pese a los sucesivos golpes, distintos factores están sosteniendo a la actividad económica —el PIB (Producto Interior Bruto) creció un 5,5% en 2022 y se espera que lo haga entre un 1,6% y un 2% en 2023 para completar la reconstrucción del shock de la COVID—. Las claves principales van desde el intenso crecimiento de los beneficios empresariales, al despliegue del Plan de Recuperación, y pasan por una desconocida estabilidad laboral en nuestro país, por las medidas de protección de las rentas (subidas de las pensiones, del SMI, del IMV, tope al gas, descuentos en el transporte...), por la moderación de la inflación de la energía y, finalmente, por el buen comportamiento de las exportaciones.

“Los pronósticos económicos tremendistas para 2023 no se están materializando a nivel europeo en gran parte gracias al buen comportamiento del empleo, a la desaparición de la incertidumbre en cuanto a posibles cortes en los suministros energéticos, a la inversión de los fondos europeos, a la distensión de los cuellos de botella en la cadena de suministros y a la reapertura de China”, sintetiza Judith Arnal, investigadora del Real Instituto Elcano.

En España, las hipótesis del cuadro macroeconómico que presentó el Gobierno en octubre para un crecimiento del 2,1% en 2023 se están cumpliendo en su mayoría —como se ve en el primer gráfico—, lo que supondría superar el resto de previsiones (Banco de España, AIReF, OCDE...) y duplicar el 1% que el Banco Central Europeo (BCE) estima para el conjunto de la eurozona.

“Hay que recordar que el PIB puede crecer aunque las familias se estén empobreciendo”, recalca el economista Eduardo Garzón, quien lamenta que “la inflación está deteriorando el poder adquisitivo de muchos hogares”. Pero destaca que no se trata de “un empobrecimiento como el que implica perder el trabajo”. Además, “al contrario que en la anterior crisis financiera de 2008, ahora se han protegido los ingresos de los pensionistas, de los empleados públicos y de los que tienen buenos sindicatos y han logrado subidas salariales”, prosigue Garzón. También de los sueldos más precarios, con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aún así las mejoras de las remuneraciones en promedio son muy inferiores a los aumentos de los precios.

Eso sí, “los niveles de inflación general se están controlando progresivamente, sobre la base de menores precios de la energía, aligeramiento de cuellos de botella y la apreciación del euro [lo que abarata las importaciones de petróleo o gas, que se compran en dólares en los mercados internacionales]”, añade Judith Arnal. “Pero la inflación subyacente [la que excluye de su cálculo precisamente la energía] sigue siendo un reto, sobre todo por los precios de los alimentos [que notan más acusadamente los más pobres] y bienes industriales. La reapertura de China, si bien es positiva desde el punto de vista del crecimiento, podría generar nuevas presiones sobre los precios”, explica esta experta.

“Los factores recesionistas están ahí: sobre todo las subidas de los tipos de interés del BCE, que duplican el daño a las familias hipotecadas o que necesitan un préstamo y a las empresas que dependen de la financiación”, advierte Eduardo Garzón.

El gran problema económico reside entonces en el reparto de las consecuencias de la crisis energética que se ha convertido en una histórica crisis de precios. “Siempre he considerado la inflación como una cuestión distributiva y creo que ahora estamos asistiendo a la enésima ofensiva del capital”, reflexiona Albert Recio, profesor de Economía Aplicada en la UAB y miembro del Consejo Científico de Attac España, en una conversación con elDiario.es.

Los indicadores adelantados

Las ventas de coches son un indicador adelantado clásico para diagnosticar cómo irá la economía en el futuro. La teoría dice que los vehículos son un bien de consumo cíclico. Lo suficientemente caro para no poder permitírselo en tiempos de crisis y lo suficientemente útil para hacer un esfuerzo cuando se tiene empleo y las cosas no marchan mal del todo. Por eso, el crecimiento de las ventas refleja optimismo, confianza; fortaleza de la economía en general. Y muestran lo contrario si caen. En el primer trimestre, las adquisiciones de coches se dispararon un 44% en España respecto al año pasado, apoyadas por el fin de los problemas en las cadenas de suministro globales y, definitivamente, por la resistencia de la demanda de las familias al golpe de la inflación.

Hay otros indicadores adelantados más modernos y sofisticados. Por ejemplo, el modelo automático de previsión de la evolución del PIB (Producto Interior Bruto) de la AIReF (la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal). Este 'robot' va incorporando los datos económicos que se van publicando durante cada periodo de una selección (ventas de las empresas, paro, salarios, consumo de energía, importaciones...), y ofrece una estimación que se actualiza cada vez que se conoce una de las cifras. En los últimos días, el modelo de la AIReF ha recogido el récord de casi 20,4 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y las encuestas PMI a las empresas industriales. Su expectativa es que la economía crecerá un 0,7% en el primer trimestre, más del doble que lo proyectado recientemente por el Banco de España, el 0,3%.

Los propios índices PMI son indicadores adelantados, ya que sus resultados responden a sondeos a 400 empresas de cada sector que se realizan todos los meses. Para nuestro país, señalan expansión de la actividad. En marzo, en las fábricas, por segundo mes consecutivo al ritmo más elevado desde junio de 2022. En los servicios, por quinto mes, y con una intensidad no vista desde hace 16 meses. Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, destacaba el miércoles que este último es “un dato más que confirma que la economía española más que probablemente aceleró en el primer trimestre. Mi previsión a día de hoy está en el 0,5% de crecimiento trimestral” para el PIB entre enero y marzo.

Estas referencias de los PMI de España superan a las de Italia, Alemania o Francia, y a los datos del conjunto de la eurozona, como se observa en el gráfico anterior. En los principales estados comunitarios, los índices PMI apuntan a una mayor debilidad, incluso a una contracción en los casos de la industria de Francia y Alemania. La previsión para el PIB de la media de los socios del euro es del 0% en el primer trimestre, respecto al último de 2022.

El mercado de trabajo

Hay otras cifras muy positivas del primer trimestre que se conocen ya. El aumento de los trabajadores a la Seguridad Social, hasta rozar los 20,4 millones por primera vez en la Historia de España. José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea, señala que este récord es “una señal clara de que el crecimiento del PIB se está acelerando”.

“Hoy va a costar ponerle 'peros' a los datos del mercado de trabajo de marzo. La creación de empleo acelera de cualquier manera que lo analices, tanto en términos anuales como en términos mensuales desestacionalizados. El primer trimestre es de récord [...]”, celebró el martes, por su parte, Ángel Talavera.

Detrás de los datos del mercado de trabajo están precisamente la resiliencia del consumo de las familias al daño de la inflación, las ganancias crecientes de las empresas que han aprovechado las subidas de precios para mejorar márgenes, las inversiones que han llegado y que se esperan del Plan de Recuperación o el tirón del turismo y del resto del sector exterior, favorecido por la moderación del incremento de los precios de la energía en los mercados internacionales y por las medidas del Gobierno que los han amortiguado desde hace casi dos años.

“El desempleo disminuyó el pasado mes en 48.800 personas (-7,9% interanual), más de lo previsto por BBVA Research (-6.000 personas), lo que representó la mayor caída en un mes de marzo desde 2004. Descontado el componente estacional, se estima que el paro menguó en 53.000 personas, 20.000 más que en febrero, y encadenó seis meses a la baja”, detalla el equipo de analistas del banco en su último informe del mercado laboral.

España sufre un paro estructural superior al resto de grandes economías de la eurozona, algo por encima del 12%, pero la evolución del mercado de trabajo desde la pandemia está siendo mejor. El Ministerio de Seguridad Social lo ha recogido esta semana en el gráfico anterior.

“Aunque la inflación está erosionando la capacidad adquisitiva de los trabajadores, no lo está haciendo con la de los pensionistas, y, sobre todo, están mejorando los beneficios de las empresas. Recordemos que todos los datos recientes (del Banco de España, de la Agencia Tributaria, incluso del BCE) revelan que los beneficios empresariales han crecido extraordinariamente en el último año, incluyendo 'pymes' y autónomos (no a todos)”, resume el economista Eduardo Garzón.

“Esto podría haber otorgado un clima propicio para que las empresas y autónomos contraten a más personas y reforzar así sus plantillas y mejorar la calidad de su producto (especialmente en el sector servicios)”, continúa. Y todos estos factores están retroalimentados por la drástica reducción de la temporalidad en los empleos y por la mayor estabilidad que ha logrado la reforma laboral de 2021, y que aportan seguridad a las familias a la hora de tomar decisiones económicas.

“La reforma laboral ha penalizado la contratación temporal y priorizado la indefinida. Las empresas ya no contratan y despiden con tanta frecuencia como antes, lo que otorga mayor estabilidad a los contratados”, añade Garzón. Aunque matiza: “Podría ocurrir que las empresas que antes contrataban (y despedían) repetidamente en los mejores meses (los de primavera y verano) hayan adelantado sus contrataciones a febrero y marzo, puesto que ahora tienen que ser contratos estables”.

Las medidas de choque

La protección de las rentas con las planes de choque está siendo otro pilar para la actividad económica. El Gobierno defiende que las medidas focalizadas por renta han aliviado un 40% del daño de la inflación a los más pobres. La suma de estas medidas focalizadas (subida del 15% del IMV y de las pensiones contributivas, cheque de 200 euros...) y las de precios en general (bajadas de impuestos, descuento a los carburantes...) habría amortiguado en total un 60% de la pérdida de poder adquisitivo de las familias con menos ingresos en 2022.

El director general de análisis macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Ausín, presentó a mediados de marzo un análisis de las medidas 'anti inflación' aprobadas por el Gobierno en 2022, y reconoció que “las medidas de precios”, las que afectan a todos los ciudadanos por igual, han aliviado la pérdida de capacidad de compra más o menos en la misma medida en todos los tramos de renta. Sin embargo, las medidas focalizadas han marcado la diferencia, elevando la protección a los hogares más pobres. Sobre todo al 20% de familias con menos ingresos, según los cálculos del propio Ministerio de Asuntos Económicos.

El sector exterior

Por otro lado, algunas de estas medidas generales y otras ayudas directas a empresas y, concretamente, a sectores como la agricultura o la industria han elevado la competitividad de las exportaciones de las empresas españolas. Sobre todo por los menores costes energéticos a lo largo de toda la crisis respecto a Francia, Alemania o Italia. De esta manera, el sector exterior, que incluye el intenso momento de la recuperación del turismo, no ha dejado de aportar al crecimiento económico.

“En un contexto internacional complejo, la economía española sigue creciendo con fuerza, se crea empleo de más calidad y España se consolida como uno de los destinos más atractivos para inversión extranjera”, afirmó este martes Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos.

Por último, las turbulencias financieras de las últimas semanas, tras el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos o del banco suizo Credit Suisse, están afectando menos en la eurozona que en otras regiones económicas.

“El sector bancario europeo está resistiendo bien las tensiones financieras, gracias a unos elevados niveles de capital y liquidez, así como a un modelo de negocio con una base de clientes diversificada. Esto es debido en gran medida a las reformas regulatorias acometidas en los últimos años, así como a un sólido régimen supervisor. Todo ello posiciona de manera relativamente favorable a los bancos europeos frente a las subidas de tipos. Pero no hay que ser complacientes: es importante seguir avanzando y completar la Unión Bancaria”, concluye Judith Arnal.

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