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Opinión - ¿Y ahora qué? Por Marco Schwartz

El “bono de emergencia” para los hipotecados enfrenta a la izquierda

Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, en una fotografía de archivo.

Daniel Yebra

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Un bono de 1.000 euros para los hogares con hipotecas a tipo de interés variable si el préstamo está en sus primeros 10 años de vida y si se pidió para la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Con esta promesa, Yolanda Díaz, la candidata de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio, ha mostrado su preocupación por “la doble inflación” que soportan las familias hipotecadas, al sufrir la pérdida de poder adquisitivo por las subidas de precios y también el encarecimiento de las cuotas de sus préstamos por la escalada del euríbor (el índice respecto al que se calcula el precio de las cuotas, y que recientemente ha superado el 4% por primera vez desde 2008).

El equipo económico de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo calcula que la medida beneficiaría a cerca de un millón de familias “de clase media” y que tendría un coste de 1.000 millones de euros, “que se financiarían con el impuesto extraordinario a la banca”, con lo que no supondría una carga para el presupuesto público.

Sumar y su “referente” en este asunto, Carlos Martín Urriza, director del gabinete económico de CCOO y número 6 de la lista de la coalición por Madrid, inciden en que sería un bono de “emergencia”, hasta que se desplieguen el resto de propuestas “estructurales que garantizarán más vivienda pública y asequible e hipotecas sostenibles, detendrán el dolor que genera la subida de los tipos del Banco Central Europeo (BCE) y lo rebajarán”.

“Lo paga la banca, pues se financia con el impuesto extraordinario a las entidades de crédito”, explica Carlos Martín Urriza. “Les devolvemos a los hogares una parte de lo que los bancos les han incrementado” con el encarecimiento de la financiación, la estrategia con la que el BCE está luchando contra la inflación y que precisamente busca ahogar la economía (dañar el consumo, la capacidad de invertir de las empresas y de gastar del Estado, y finalmente destruir empleo).

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se opone frontalmente a esta promesa. Según advierte, este bono de “emergencia” supondría dar dinero público a las entidades financieras. Incluso lo mete “en el mismo saco” que la promesa de crear un “fondo” de ayuda los hipotecados vulnerables del Partido Popular (PP).

“No nos sorprende que los bancos quieran que el coste de las medidas recaigan sobre el sector público. Lo que nos asombra es que esta propuesta pueda tener apoyo de alguien que no sea el PP, que defiende el interés de las entidades financieras”, comentan fuentes de Economía, donde creen que “la medida supondría una transferencia de renta de todos los contribuyentes a los bancos”.

Se subiría el impuesto temporal a la banca

En Sumar insisten en que no es así: “Este bono extraordinario se financiará elevando el gravamen temporal a entidades de crédito sobre la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones derivados de la actividad que desarrollan en España. Por tanto, tiene un efecto presupuestario nulo”.

“En España hay 3,8 millones de hipotecados a tipo variable, que representan el 74% del total de hogares hipotecados. De ellos un millón suscribieron su hipoteca hace no más de 10 años y por un importe igual o inferior a 250.000 euros (el 80% de un precio de compra de 300.000 euros). Los hipotecados a lo largo de la última década son los más afectados por la subida de tipos, pues la mayor parte de su cuota hipotecaria corresponde al pago de intereses”, detallan en Sumar.

“Es una medida de emergencia que no está mal, mejoraría la situación de muchas familias hipotecadas, aunque yo preferiría que las medidas estuviesen encaminadas a limitar el incremento de las cuotas (como en Grecia, que se han congelado durante un año desde abril), básicamente porque así no saldrían ganando los bancos y porque el Estado no gastaría tanto”, señala el economista Eduardo Garzón.

Los expertos de la asesoría iAhorro celebran que haya propuestas para proteger a los hipotecados pero enumeran otras críticas al bono de emergencia de Sumar. Por ejemplo, “el hipotecado a tipo fijo puede quejarse de que no ha sido compensado en los años en los que el BCE bajó los tipos de interés oficiales a mínimos, que también fue una pérdida de poder adquisitivo durante ese tiempo”.

A esta “discriminación”, otras voces añaden que los hipotecados a tipo de interés variable en los últimos años asumían el riesgo de un aumento del 'precio' oficial del dinero y, por tanto, del euríbor como el actual. Pero Carlos Martín Urriza responde con severidad: “La crisis de inflación que ha exacerbado la invasión rusa de Ucrania no era un riesgo predecible. Nadie es culpable de las consecuencias de la guerra. Ni de la respuesta del BCE”.

“Además, hubo una política muy beligerante de los bancos de vender hipotecas a tipo de interés variable, que no ha ocurrido en otros países de Europa. En Alemania son solo el 20% del total. Son los bancos y los poderes públicos los que deberían gestionar la prudencia. No debería recaer esta responsabilidad sobre las familias”, prosigue el economista, quien opina que a medio y largo plazo hay que conseguir “un mercado hipotecario razonable, con tipos de interés fijos y asumibles. Para lograrlo hay que mejorar la regulación pública en materia hipotecaria y aumentar la competencia de las entidades financieras en materia hipotecaria”.

Por último, desde iAhorro consideran que “el nivel de renta debería ser tenido en cuenta, y también la provincia en la que se encuentra la vivienda hipotecada”.

Se desploma la firma de hipotecas

Mientras, el Ministerio de Asuntos Económicos defiende que, “como gobierno responsable, nos anticipamos al posible impacto negativo de la subida de tipos, poniendo en marcha ya el año pasado un conjunto de opciones para aliviar a las familias más afectadas [con la actualización del Código de Buenas Prácticas y un paquete de medidas]”.

“Además de las medidas para congelar y reducir la cuota de la hipoteca de las familias vulnerables o en riesgo, están vigentes medidas de aplicación general, como el cambio gratuito de hipoteca de tipo variable a fijo y la amortización anticipada”, continúan en el Ministerio, que, ante la pocas solicitudes de estas medidas, alega que es síntoma de que “la economía está yendo mejor de lo previsto. Pero todavía tienen recorrido. No somos complacientes. Hay que tomar decisiones pensando en los ciudadanos, con responsabilidad y rigor. Tenemos una nueva reunión con las patronales financieras y los usuarios el próximo 29 de junio”.

Entretanto, la firma de hipotecas nuevas se desplomó en abril. “El mercado de vivienda sigue acusando la crisis de asequibilidad provocada por los altos precios. Solo las pueden comprar familias acomodadas. Y no culpemos solo al euríbor. Por eso es necesario avanzar en vivienda pública”, avisó este jueves el economista Ignacio Ezquiaga en Twitter.

El euríbor encarece las hipotecas a tipo variable que se revisan en junio cerca de 300 euros cada mes, unos 3.600 euros al año, según el supuesto promedio que recoge el INE de un préstamo de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial de un punto sobre este índice de referencia. En julio lo hará todavía más.

También sube el coste de los préstamos nuevos o los que se subrogan, ya sean a tipo variable, a tipo fijo o mixtos, respecto a lo que han ofrecido los bancos en los últimos meses. En mayo de 2022, el Euríbor apenas se había despegado del 0%. Todavía faltaban dos meses para que el BCE decidiera comenzar a subir los tipos de interés oficiales en la eurozona para luchar contra la inflación.

Los bancos, los grandes beneficiados

La gran beneficiada por las subidas de los tipos y del Euríbor es la banca. Los ingresos por intereses de las entidades de nuestro país se dispararon un 43% entre enero y marzo, respecto al primer trimestre de 2022.

Los bancos ya avisaron en 2022 con el comienzo de las subidas de tipos de interés por parte del BCE que el verdadero impacto en sus cuentas llegaría en 2023. Y así está siendo.

Lo ha admitido hasta la presidenta de la institución, Christine Lagarde, quien reconoció hace unas semanas que, “hasta ahora, el endurecimiento de las condiciones de financiación no ha sido a expensas del negocio de los bancos, ya que el impacto positivo de las tipos más altos en los márgenes de interés de las entidades superó el impacto negativo en los menores volúmenes [la caída de los importes y del número de préstamos que se firman]”.

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