Un año y cinco meses después de la dana de Valencia, Carlos Mazón acaba de recibir esta semana probablemente la mejor noticia de su vida. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia descarta juzgarle por la tragedia, en contra de lo que ha pedido la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que en sus autos habla de “negligencias graves” que pudieron derivar en 230 muertes, es decir, homicidios por imprudencia. Los únicos cargos políticos imputados son la exconsejera de Emergencias y su número dos.

Con Sergi Pitarch, director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, analizamos cómo la estrategia de Carlos Mazón y su entorno, consistente en distanciarse lo máximo posible de la asunción del mando en el suceso más dramático vivido en su comunidad en décadas, le ha supuesto un suicidio político salpicado de mentiras y contradicciones, pero ha conseguido su objetivo principal: librarse de la acción de la Justicia por no trabajar uno de los días marcados para siempre en la memoria colectiva de los valencianos y valencianas.  

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“Dejadnos vivir tranquilos, estamos cansados ya”. Con esta evidente muestra de hartazgo se ha manifestado el primer vecino del residencial de viviendas protegidas Les Naus de Alicante con el que se han topado periodistas de elDiario.es tras identificarse como tales para recoger sus impresiones de todo lo que está sucediendo en torno a las adjudicaciones presuntamente irregulares a cargos del PP, familiares y funcionarios municipales.

“Le entendemos, pero hay un caso grave que investiga la justicia”, replican los informadores, a lo que el residente visiblemente contrariado espeta: “Que se haga justicia, pero a los demás que nos dejen en paz”, al tiempo que sale de la urbanización y se aleja caminando por la acera.

El testimonio de este residente, un hombre joven de no más de 40 años, representa el sentir general de muchos de los adjudicatarios que cumplieron con los trámites para acceder a las viviendas. Sin embargo, el sueño que suponía para ellos obtener una casa a un precio razonable para los tiempos que corren e iniciar así un proyecto de vida se transformó en pesadilla cuando se destapó el escándalo que ya investiga la titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante.

Hasta hora se conoce que una quincena de viviendas han ido a parar a individuos con algún tipo de vinculación con el Ayuntamiento de Alicante y el PP. Se trata, por un lado, de dos personas que mantienen una relación personal con la concejala de Hacienda y de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali. Estos casos se suman a los de las viviendas adjudicadas a la ya dimitida concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a las de dos de los hijos y un sobrino de la también dimitida directora general Ana Pérez-Hickman, y a la del arquitecto municipal, Francisco Nieto, además de la que se quedó la mujer del funcionario de la Generalitat suspendido de empleo y sueldo. Los últimos casos que se han conocido son los de una interventora de la Generalitat con un sueldo de 70.000 euros, ahora tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, y el de una edil de San Vicente del Raspeig, cuyo hijo también ha sido adjudicatario.

A los pocos minutos sale del recinto una chica de edad similar con un carrito en el que lleva a su hijo, quien no tiene problemas en contar sus impresiones. Según comenta, “quizás el sistema por el que se ha tramitado todo no es el más adecuado, pero es el que había y nosotros hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido”, explica mientras un agente de la Policía Local sale carpeta en mano de uno de los bloques. Los agentes han iniciado una inspección a instancias de la Conselleria de Vivienda para comprobar si las personas empadronadas en las viviendas son efectivamente las que residen en las mismas.

“No es agradable todo lo que está pasando, tener a la Policía Local pidiendo documentación o levantarte una mañana y ver pintadas dentro de la urbanización. Hemos tenido que poner vigilancia porque también hemos recibido insultos, salimos a la calle con miedo”, lamenta.

Otro chico algo más joven también con un carrito en el que lleva a su hijo pregunta si los presentes son periodistas y tras la respuesta afirmativa se queja de algunas informaciones y de lo que les está suponiendo estar en el foco mediático: “Se están contando muchas mentiras y se nos está estigmatizando. Parece que todos los que estamos aquí seamos cargos del PP o hayamos hecho algún tipo de irregularidad cuando no es así en la mayoría de los casos, al menos que yo conozca”.

Tras trasladar su malestar, un poco más calmado, explica cómo fue en su caso el proceso de adjudicación: “A finales de 2021 nos llaman de la cooperativa a la que estábamos apuntados y nos dicen si nos interesa un piso ya que las personas que teníamos por delante en la lista renuncian. Entonces aportamos una primera cuantía de 2.000 euros y luego, en 2022, una vez se aprueba la compra de la parcela aportamos un 25% del valor de la casa, en nuestro caso 57.000 euros. En octubre de 2024 nos dijeron que nos inscribiéramos en el registro de demandantes de la Generalitat y así lo hicimos”, un trámite que con el decreto aprobado dos meses después, en diciembre del mismo año, se eliminó para viviendas protegidas de iniciativa privada. Las viviendas se adquirieron por entre 200.000 y 230.000 euros sin IVA y en el mercado de renta libre podrían alcanzar actualmente un valor de más de 400.000 euros.

Sobre las inspecciones que realiza la Policía Local, explica que les preguntan si son los titulares de las viviendas y piden el DNI, al tiempo que afirma que, aunque no tiene certeza, es posible que haya “alguna vivienda alquilada” y estima que, en estos momentos, deben estar habitadas “algo más de un centenar de pisos de los 140 con sus residentes”, un dato que, puntualiza, es estimativo.

En un contexto de emergencia habitacional provocado por el imparable auge de los precios tanto de compra como de alquiler, el escándalo de las 140 viviendas protegidas con piscina y pistas de pádel construidas en la playa de San Juan de Alicante y que se han adjudicado cargos del PP del Ayuntamiento de Alicante y funcionarios o personas con alguna vinculación al Consistorio, ha puesto en jaque ya no solo al alcalde, Luis Barcala, sino también al Gobierno valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca.

El jefe del Consell mostró el pasado 12 de febrero su “cabreo e indignación” con la situación, pero la realidad es que la legislación aprobada por su ejecutivo a finales de diciembre de 2024, con su predecesor en el cargo Carlos Mazón al frente, no ha hecho sino eliminar mecanismos de control.

De entrada, el decreto sobre vivienda de protección pública del 10 de diciembre de 2024 aprobado por el Consell elevó de 46.800 a 54.600 el límite de renta para la persona, unidad familiar o de convivencia para acceder a estos inmuebles, pudiendo llegar a los 66.300 si se cumplían una serie de requisitos. También elevaba en 200 euros, hasta los 2.400 euros, el precio del metro cuadrado y eliminó la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de la Generalitat y de presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de los requisitos para los interesados en optar a viviendas protegidas de iniciativa privada. Por último, establece un plazo de entre 15 y 30 años en el que, una vez transcurrido, la vivienda pierde la protección y pasa a ser de renta libre. Es cierto que el decreto mejora algunos aspectos en la fase de visado, previa a la validación de la venta, pero como se ha puesto de manifiesto no han sido medidas muy efectivas.

Eliminados los controles iniciales y previos al visado que implementó la izquierda en el decreto de 2021, todo el sistema de validación previo a la compra del inmueble recaía en última instancia en un funcionario de la conselleria de Vivienda que debía visar que los adjudicatarios propuestos por la cooperativa que promovió las viviendas, supuestamente por orden cronológico de inscripción como cooperativistas, cumplían con las condiciones estipuladas.

A los pocos días de saltar el escándalo destapado por el diario Información, la Conselleria de Vivienda suspendió de empleo y sueldo a un funcionario de la delegación territorial de Alicante, quien habría validado el visado de una vivienda solicitada por su mujer, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. El papel de este funcionario, clave para validar la adjudicación de las viviendas, es uno de los principales focos de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, tras las denuncias que ha puesto tanto la oposición como el propio Consistorio. También un juzgado de Alicante ha abierto diligencias para dirimir presuntas irregularidades en la documentación presentada para adjudicarse las viviendas.

Y es que, a pesar del incremento en la renta máxima autorizada para acceder a estas viviendas, la realidad es que concejales, arquitectos, hijos de notarios y altos funcionarios como una interventora con elevados ingresos de hasta 70.000 euros han logrado adjudicarse pisos de la polémica promoción, algo muy complicado sin incurrir en irregularidades.

Otra de las posibles irregularidades que ya se están investigando es el hecho de que un tercio de los adjudicatarios no estaba empadronado en Alicante cuando se le adjudicó la vivienda. A este incumplimiento se suman otros, como la pertenencia al mismo núcleo familiar.

Una concejala, una interventora, altos cargos y funcionarios

Hasta hora se conoce que 14 viviendas han ido a parar a individuos con algún tipo de vinculación con el Ayuntamiento de Alicante. Se trata, por un lado, de dos personas que mantienen relación personal con la concejala de Hacienda y de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali: la hermana de su secretaria y una funcionaria interina que ejerce como administrativa en el servicio de Intervención, con quien mantiene una buena relación personal desde que coincidieran como candidatas a Bellea del Foc de Alicante en el año 2017.

Estos casos se suman a los de las viviendas adjudicadas a la ya dimitida concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a las de dos de los hijos y un sobrino de la también dimitida directora general Ana Pérez-Hickman, y a la del arquitecto municipal, Francisco Nieto, además de la mencionada que se quedó la mujer del funcionario de la Generalitat suspendido de empleo y sueldo.

En el caso de la exconcejala de Urbanismo, se suman otros dos inmuebles adjudicados a su ex cuñada y a su suegro y uno más en el que residen las hijas del ex jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, y que durante el pasado mandato ocupó el mismo cargo junto a la vicealcaldesa de Alicante de Ciudadanos.

El último de los casos destapados por elDiario.es es de una interventora de la Generalitat que accedió a un piso a pesar de tener un sueldo de 70.000 euros, sobrepasando con creces los límites marcados en el decreto en vigor. Además de todas estas situaciones, tal y como avanzó Alicante Plaza, entre los adquirientes también figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como el mismo representante de la cooperativa Fraorgi. También constan policías locales, trabajadores sanitarios, varios miembros de distintas sagas familiares o las hijas del dirigente de una entidad nacional de asesores fiscales.

Viviendas a 200.000 euros que valen el doble en el mercado libre

La promoción Les Naus es la primera de vivienda protegida que se construye en la ciudad en décadas en un contexto de burbuja inmobiliaria con precios desorbitados, lo que hace de este tipo de pisos a precios más asequibles tengan una altísima demanda. El residencial es de iniciativa privada y lo levantó y comercializó Residencial Les Naus, Cooperativa Valenciana sobre un suelo municipal que adquirió por 6,6 millones de euros mediante un proceso previo de enajenación.

Al ser vivienda protegida se aplicaron los precios tasados por la administración que en este caso fueron de 1.200 euros el metro cuadrado por lo que las viviendas salieron por entre 200.000 y 230.000 euros, la mitad del precio de mercado en una zona atractiva como es la playa de San Juan.

Como informó este diario, a los pocos meses de venderse ya se detectaron operaciones especulativas tanto de venta como de alquiler, algo prohibido en el caso de viviendas protegidas. Así, en agosto hubo anuncios de alquiler en un conocido portal inmobiliario a 1.600 euros. También hubo quien intentó venderlas cobrando una cuantía en negro equivalente a la diferencia hasta alcanzar el precio en el mercado de renta libre.

Medidas del Gobierno valenciano y del Ayuntamiento

Tras saltar el escándalo, el alcalde, Luis Barcala (PP), anunció que llevaría el caso a la Fiscalía, como así ha sido. La denuncia está basada en un informe municipal del área de Patrimonio que recibió el primer edil el 27 de enero. Ese documento ya advertía de que personal municipal “posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) una vivienda protegida en el complejo construido”. Fue la jefa de servicio de la concejala ahora también se ha visto salpicada la que redactó el documento. También se va a celebrar un pleno monográfico y una comisión de investigación, si bien es cierto que aún no se ha puesto en marcha.

El Ayuntamiento de Alicante confirmó el pasado viernes 13 de febrero que ha detectado que nueve de sus funcionarios, además de la dimitida concejala de Urbanismo Rocío Gómez, accedieron a un piso en la promoción. El concejal del PP Mario Villar comunicó el viernes a los sindicatos que había abierto expediente a dos de los nueve funcionarios con vivienda adjudicada. Los dos empleados públicos investigados por el consistorio son los únicos que habrían intervenido en algún momento del proceso de adjudicación de las viviendas. En concreto, el arquitecto Francisco Nieto y su compañera en el departamento de Urbanismo, Elsa Lloret, casada con el técnico de la Generalitat que validó su solicitud.

Por parte del Gobierno valenciano, la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado que el visado de las futuras viviendas se llevará a cabo por un órgano colegiado formado por al menos dos funcionarios, para evitar dejarlo en manos de un único responsable. Además, se está trabajando en una plataforma digital del Plan Vive en la que se dará información de todas las promociones de vivienda protegida que se saquen a la venta para que todos los interesados tengan la información de primera mano y puedan apuntarse a los diferentes procesos de adjudicación que seguirán gestionando las promotoras. Además, se trasladará a las mercantiles una serie de criterios objetivos para hacer las adjudicaciones de forma transparente.

Camarero ha destacado que están revisando los 140 expedientes de la promoción y, en los que se han detectado deficiencias, se ha dado un plazo de diez días para que se aporte la documentación correspondiente. Según ha averiguado esta redacción, se habría solicitado documentación adicional en una decena de casos.

El pleno del Gobierno valenciano ha acordado este viernes eliminar el actual límite del número de asesores, fijado en 72 personas como máximo, con lo que el límite del personal eventual queda en los 116 que estableció el Consell del Botànic.

Así lo ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos del pleno, quien ha justificado la supresión de esa “autolimitación”, propuesta por la Vicepresidencia segunda, “ante la posibilidad de que existan nuevas necesidades”.

En enero de 2025, el Consell ya acordó elevar de los 62 asesores que había establecido al inicio de la legislatura a 72 el tope de personal eventual de la Generalitat, lo que justificó entonces en la “gestión ingente” por los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024.

Barrachina ha explicado que no hay “un escenario” de número de asesores que pretenden alcanzar, pero sí “una necesidad evidente”, y es que el actual Gobierno valenciano gestiona “el mayor presupuesto ordinario de la historia” y también uno extraordinario por la dana, para lo que han reforzado el Consell y ampliado los puestos que consideran “absolutamente indispensables”.

“Se elimina la barrera porque puede surgir nuevas necesidades”, ha indicado el portavoz, quien ha señalado que tras las “acertadas medidas de reducción de la estructura política” que adoptó el Consell, que se comprometió a reducir impuestos y tener los gastos “exclusivamente indispensables”, llegó la dana, que obligó a reestructurar el presupuesto y la plantilla.

Barrachina ha reivindicado la creación de empleo en la Comunitat Valenciana y que según las previsiones va a liderar el crecimiento económico de toda España, y ha destacado que “eso no se hace de manera automática, sino con el esfuerzo de una nueva estructura orgánica a la que obedece la superación de esta limitación”, que es, ha dicho, “compatible” con la bajada de impuestos.

“Siguen prefiriendo salvar a las lechugas antes que a las personas”. Esta es una de las frases más repetidas por responsables del Gobierno valenciano del aún presidente en funciones, Carlos Mazón, así como del PP y de Vox para tratar de poner de manifiesto una supuesta negativa por parte del Gobierno a eliminar especies invasoras como las cañas de cauces y barrancos. Aunque se trata de un bulo más para tratar de derivar responsabilidades tras la dana, lo cierto es que la propia Generalitat Valenciana tiene competencias en esta materia y no parece que esté siendo muy ágil a tenor de los datos de ejecución presupuestaria del presente ejercicio.

Y es que, según la documentación recabada por elDiario.es, la conselleria de Medio Ambiente tan solo ha ejecutado a 30 de septiembre un 1,08% de los 7,8 millones presupuestados para el presente ejercicio en actuaciones de eliminación de vegetación en cauces. De ellos, 125.000 euros se corresponden con actuaciones bajo el epígrafe “reforma del barranco del Poyo” (ver imagen) de los que no se ha ejecutado ni un solo euro. El pasado año, la cuantía para este mismo concepto fue de 426.000 euros, de los que tampoco se ejecutó cuantía alguna. Así, tan solo se ha hecho efectiva una partida de 58.237 euros para “restauración de paisajes y hábitats” y 13.000 euros de una partida de 3 millones para “eliminación de árboles y vegetación de cauces”.

Al respecto, fuentes de la conselleria que dirige el vicepresidente Vicente Martínez Mus han comentado que “por parte de la Generalitat se actúa en entornos de barrancos y ramblas de espacios naturales, pero no en dominio público hidráulico que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)”. Al mismo tiempo han explicado que “este año había programados trabajos con fondos propios pero también con otros que transfería el Gobierno, por tanto hay parte de la inversión que no depende exactamente de la Generalitat” y han añadido: “El problema que se ha dado es que estos fondos tenían que estar ejecutados en la primera parte del año pero la demanda de maquinaria era muy elevada y las empresas los destinaban a otras zonas y se dilataban plazos, lo que implica que algunos no se pudieron terminar en plazo para acceder a fondos”.

En este sentido, han puesto como ejemplo el barranco del Carraixet en términos como Marines y Gàtova. Al respecto, han explicado que “se está negociando con el Gobierno una posible prórroga para ejecutarlos”. Por otro lado, otros recursos propios “sí están en curso y se podrá certificar ejecución en la recta final del año”. Por último, “en el caso del barranco del Poyo es un proyecto que viene de años anteriores de restauración de hábitats fluviales en la desembocadura de l’Albufera” y han comentado que “es una reivindicación que se ha negociado con el Gobierno en el marco de los fondos que van a destinar a l’Albufera y se ha llegado a un acuerdo y los van a asumir finalmente ellos, tal y como acordaron el conseller y la ministra en un encuentro”.

En cuanto a la Conselleria de Agricultura, a través de la dirección general del Agua y Desarrollo Rural, tiene presupuestadas para este ejercicio inversiones por valor de 23,6 millones de euros en concepto de “nuevas infraestructuras, encauzamiento de ramblas y barrancos” (ver imagen). Posteriormente, en virtud de una modificación de crédito, la partida se incrementó a 49,8 millones. Sin embargo, a 30 de septiembre tan solo ha ejecutado un 3,58%.

Entre las partidas más llamativas destaca la destinada a reducción del riesgo de inundaciones en núcleos urbanos, dotada con 21,1 millones de euros, de los que solo se ha ejecutado el 2,81% o la de 14,6 millones de euros, de los que se han hecho efectivos 850.000 euros, un 5,8%. En el caso de la presa de Buseo, la única de titularidad de la Generalitat que sufrió graves daños con motivo de la dana, se presupuestaron 7,8 millones y solo se ha ejecutado un 2,34% (ver Imagen).

Al respecto, desde la Conselleria de Agricultura que dirige Miguel Barrachina han explicado que para cuestiones relacionadas exclusivamente con la dana, para este año se han presupuestado 14,6 millones de los que se han ejecutado un 26%: “En algunos casos, la CHJ ha demorado los permisos lo que ha retrasado el inicio de las obras. Hay que recordar que estas intervenciones en el dominio público hidráulico, titularidad del Gobierno central. Sin embargo, la Generalitat hace un esfuerzo máximo de colaboración, acudiendo a créditos bancarios, para cooperar con el ejecutivo central y los municipios”.

En el capítulo de inversiones en infraestructuras hidráulicas han informado de que el presupuesto es de 68 millones euros, “de los cuales ya van ejecutados 22,8 millones, es decir, un 33,53%”, al tiempo que han recordado que “el presupuesto se aprobó casi en junio, y los meses de mayor ejecución son estos últimos”. Así, han vaticinado que a final de año estarán “en cifras récord”.

Críticas del PSPV

La portavoz de Agua del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Ana Belén Juárez, ha denunciado la “desastrosa gestión” del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y del de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, “incapaces de ejecutar los recursos económicos de que disponen para adecuar los barrancos y proteger a los valencianos y valencianas”, a la luz de los datos oficiales de ejecución presupuestaria de la propia Generalitat: “A falta de tres meses para acabar el año, Barrachina y Martínez Mus solo han ejecutado el 3,2% de su presupuesto para reparar cauces, barrancos y reducir el riesgo de inundaciones”, ha censurado Juárez, quien muestra su alarma porque, “para colmo, ahora han premiado a Martínez Mus dándole las competencias de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana”.

Según Juárez, “estos datos confirman que el problema no es Mazón, es todo el Consell manchado por la negligente gestión del 29 de octubre de 2024 que nos ha costado 229 vidas por la frivolidad, incompetencia e irresponsabilidad de unos cargos que se pensaban que gobernar es disfrutar de las poltronas y no servir a los valencianos y valencianas”, ha lamentado la diputada, que ha recordado que la tarde de la tragedia Barrachina se fue tan tranquilo a su casa, siendo responsable de la presa de Buseo, mientras que Martínez Mus tuvo la desvergüenza de irse a un copetín empresarial mientras se anegaban las carreteras y la estación de FGV de Paiporta“.

La CHJ autoriza 179 actuaciones en cauces

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha otorgado durante el último año (en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025) un total de 179 autorizaciones para realizar actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces, que se han sumado al resto de resoluciones favorables vigentes hasta alcanzar un total de 325 autorizaciones activas.

Los trabajos autorizados consisten en diferentes acciones enmarcadas en el mantenimiento y adecuación de los cauces públicos, tales como la retirada de elementos obstructivos, desbroces de vegetación y eliminación de especies invasoras y otros trabajos menores, y son ejecutados principalmente por las administraciones locales. Se trata, pues, de pequeñas actuaciones que tienen como objetivos básicos la conservación y mejora, en la medida de lo posible, del estado de nuestra red fluvial y, a su vez, minimizar el riesgo de inundaciones.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, con el fin de preservar y mejorar la calidad de las aguas y de los entornos fluviales, realiza durante todo el año actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces, así como de restauración fluvial, en todo el ámbito de su competencia, siempre según las disponibilidades presupuestarias.

En tanto las competencias en esta materia no son exclusivas de la Confederación Hidrográfica, sino compartidas, se considera esencial la coordinación entre las distintas Administraciones para que el dominio público hidráulico de la Demarcación del Júcar esté en buen estado. Esta coordinación se sustenta en una legislación específica que delimita, sin lugar a dudas, las competencias y responsabilidades que tiene cada Administración.

Tanto en zonas no urbanas como en tramos urbanos, estas actuaciones también pueden ser realizadas por terceros, con la preceptiva autorización administrativa de los organismos de cuenca, necesaria para asegurar que todo se haga conforme a unos criterios técnicos adecuados y sin causar afecciones al cauce (artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) que ha de ser debidamente salvaguardado.

El presidente en funciones de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido esta mañana en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación sobre la gestión de la tragedia de la dana. El dirigente autonómico, que dimitió del cargo hace unas semanas, se ha enfrentado a las preguntas directas de los grupos parlamentarios, aunque no ha contestado a muchas de ellas. Ha mentido en varias ocasiones y omitido información relevante en muchas otras, además de afirmar: “Nada hubiera cambiado si hubiera llegado antes al Cecopi”. Sí ha asegurado que, cuando fue a comer con la periodista Maribel Vilaplana a El Ventorro “nadie sabía que la gente se estaba ahogando”, y que después de la comida acudió “directamente” hasta la Generalitat, sin “pasar por casa”.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha calificado de “homicida”. Ni el PP ni Vox le han hecho sus preguntas, y han dirigido sus críticas hacia el Gobierno central. Puedes consultar aquí todas las falsedades o medias verdades que Mazón ha dicho en el Congreso

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, quiere más. No contento con los 97.683 euros brutos al año que consiguió de sueldo gracias a la ayuda de PP y Vox que cambiaron una ley para que pudiera saltarse la norma que fija en 92.000 euros el máximo de salario que puede percibir un alto cargo de la Generalitat, Beut quiere ahora superar los 110.000 euros brutos anuales a través del reconocimiento del complemento de carrera profesional.

En estos momentos, el director negocia el reconocimiento de más de 20 años de servicio en la Agencia Tributaria. El escollo, que la Agencia Antifraude depende de las Corts Valencianes -institución autonómica-, mientras que la Agencia Tributaria depende del Estado, por lo que podría haber una incompatibilidad y el incremento de salario no ser procedente.

En caso de conseguir la inclusión de la carrera profesional, su sueldo podría superar los 110.000 euros brutos, un salario superior incluso al que cobraba en Hacienda sin incentivos por sanciones. Sea el salario que sea, será muy superior al que cobra un presidente de la Generalitat o la presidenta del las Corts Valecianes e, infinitamente superior -casi el doble- al que ganaba su antecesor Joan Llinares, que percibió emolumentos de director general de 65.000 euros brutos anuales.

Este periódico ha intentado recabar la opinión de Beut en varias ocasiones a través de su móvil personal i a través la Agencia Valenciana Antifraude que, desde el despido de la jefa de prensa, no dispone de un responsable de comunicación en una entidad estratégica que depende de las Corts Valencianes.

Cambio de ley para ganar más

En la Ley de Presupuestos de 2024, PP y Vox incluyeron un artículo que fija que ningún alto cargo de la Generalitat puede ganar más del 15% del presidente de la Generalitat. Mazón cobró unos 80.000 euros brutos en 2024, por tanto, nadie en el organigrama de su Gobierno y entidades de la Generalitat podrán percibir más de 92.000 euros. Esta medida se fijó para evitar que funcionarios que proceden de otras administraciones pierdan salario al llegar a la Generalitat, siempre que no se supere ese 15% más que el jefe del Consell. Una manera de hacer más atractiva la participación en la vida pública, pero que PP y Vox siempre habían criticado durante los años del Pacte del Botànic.

Pero gracias a una nueva ley de la Agencia Antifraude, Beut supera ese tope. ¿Por qué? Beut es funcionario de la Agencia Tributaria, llegó a ser delegado especial, una de las administraciones con mayores sueldos de la administración. Por sus años de servicio y el cargo, sin contar pluses de productividad, el sueldo de Beut en Hacienda podría rondar los 100.000 euros. Aplicando el artículo 26.1 de la Ley 3/2024 de la Generalitat de la Agencia Antifraude, las retribuciones de Beut “no podrán ser inferiores a las del puesto de trabajo que venía desempeñando en la administración de origen”. Es decir, su salario en la Agencia Tributaria y sin el tope de 92.000 euros marcado en los presupuestos de este año, pese a ser una ley aprobada en 2024 y cuando las cuentas anuales ya estaban en vigor. Confirmado por el propio Beut, más de 97.000 euros brutos anuales.

La llegada de Beut ha supuesto un cambio sustancial en la agencia, con la salida de muchos funcionarios y el desmantelamiento de la unidad de investigación. Además, el nuevo director de PP y Vox rompió el convenio con la Fiscalía Anticorrupción para hacer informes en funciones de auxilio judicial.

Una mínima investigación forense basta para conocer hacia dónde apuntan los indicios existentes sobre la actuación de Carlos Mazón mientras morían ahogados los valencianos y las razones por las que estuvo desaparecido. El tema es un elefante en la habitación del que por cuestiones morales aún no puede decirse explícitamente, a la espera de que uno de los dos interfectos tenga la vergüenza de reconocerlo, porque un periodista por mucho que los indicios apunten hacia una dirección no puede decir lo que todo parece hasta que tenga la prueba de la pistola humeante.

El documental publicado por los compañeros de elDiario.es en la Comunitat Valenciana permite que ustedes saquen sus conclusiones sobre lo que ocurrió sin necesidad de que nadie se gane una querella diciendo lo que todos saben. A Carlos Mazón lo que le ocurrió aquellos días fue el síndrome del Alcalde de Amity Island, ese político de la película de Tiburón que no quería dar la voz de alarma porque eso supondría el final de la temporada de verano para una población que vivía del turismo. En las fechas próximas al puente de noviembre todo lo que fuera alertar sobre un evento meteorológico como el suceso requería significaría un golpe económico para el lobby de la hostelería, tan poderoso de Alicante, al que Carlos Mazón sirve y al que debe su presidencia. Le pasó eso y que le puede la vida ociosa y contemplativa.

Ahora, los hechos e indicios ya conocidos y los novedosos narrados en el documental, para que ustedes saquen las conclusiones. Carlos Mazón se fue a comer al Ventorro con Maribel Vilaplana después de su última reunión con sindicatos y patronal, que terminó a las 14.30. Se fue andando desde la Generalitat. En El Ventorro estuvo con la periodista desde que llegara andando cuando acabó la reunión hasta las 18.45, según indicó la postraumada Vilaplana en su carta un año después. Más de cuatro horas de comida y sobremesa mediterránea.

Según ambas partes implicadas en el ágape, la comida se produjo para un ofrecimiento profesional que diversas fuentes confirman que ya se había producido en fechas anteriores y, por lo tanto, no sería el motivo principal de esa comida, si es que en ella volvió a salir el tema. Maribel Vilaplana y Carlos Mazón cenaron juntos en el restaurante La Raspa el 11 de octubre y ya se les conocía una relación “llamativa”, en palabras de Sergi Pitarch en el documental. 

En las primeras declaraciones del entorno de Maribel Vilaplana en los días posteriores a la catástrofe se dijo que había habido una botella de vino en el encuentro. La Generalitat se ha negado en rotundo a facilitar la factura de lo que se consumió en esas cuatro horas de comida y sobremesa. Todos los españoles somos conscientes de que las sobremesas no se componen de café y pastitas cuando se alargan. Pero no sabemos lo que hubo porque Carlos Mazón se niega a hacerlo público. Por las razones que sean. Al final de la sobremesa se realizó una llamada al alcalde de Cullera, que este calificó como extraña y no propia del presidente de la Generalitat, sus palabras exactas fueron: “Yo no sé en qué estado estaba, pero de emergencia no era”.

Una fuente citada en el documental de elDiario.es dijo que el President de la Generalitat no llegó al Palau hasta las 19.45. Una hora después de que abandonara El Ventorro, según Maribel Vilaplana. Añado yo que no tenemos tampoco conocimiento de si lo hizo solo. Nadie sabe dónde estuvo Carlos Mazón durante esa hora. Otra fuente conocedora del movimiento de los escoltas del President de la Generalitat dio una pista: “Hablando con los compañeros, a mí me dicen que este hombre, cuando terminan de comer ahí se va a su casa. Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo, ¿sabes? Y ya los escoltas vuelven al Palau”. Esta es una cronología de hechos e indicios. Yo no puedo decir lo que todos sabemos que ocurrió, pero todos lo sabemos.

Un año después, el lema no cambia. El grito no cesa. Decenas de miles de personas han vuelto a recorrer el centro de València para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien responsabilizan de la nefasta gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que se cobró la vida de 229 personas en las comarcas valencianas. Son, según la Delegación del Gobierno, “más de 50.000” manifestantes los que han vuelto a llenar las calles de la capital valenciana, en recuerdo de las víctimas mortales y de todos los afectados.

Aunque el también presidente del PP valenciano no está imputado en la causa que instruye la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en Catarroja, centrada desde el epicentro de la catástrofe en la actuación (más bien, la falta de) por parte del Gobierno valenciano, las víctimas lo señalan como responsable político de sus pérdidas; toda información sobre el 29 de octubre apunta a una mala gestión que ya tiene como símbolo las 20:11, hora a la que se envía la alerta masiva sobre las lluvias que llevaban horas azotando la provincia. Tarde y mal, según la instrucción.

Los manifestantes han hecho de nuevo sonar la alarma de sus teléfonos a las 20:11, hora a la que llegó el SMS Es-Alert el 29 de octubre de 2024, cuando ya había decenas de muertos y cientos de calles y de viviendas estaban inundadas.

Los colectivos de víctimas insisten en que un año después sus principales reivindicaciones siguen vigentes: verdad, justicia y reparación. “Las víctimas continuamos necesitando ayuda, y sería injusto que lo que pasó el 29 de octubre del 2024 cayera en el olvido”, expresaban por la mañana desde L’Associació Victimes DANA 29 d’octubre, uno de los colectivos mayoritarios. “Confiamos que el pueblo valenciano nos continuará acompañando en nuestra lucha”, manifestaban en un acto de homenaje.

La marcha es una de las más numerosas que se recuerdan en la ciudad, equivalente tanto en asistencia como en espíritu a la segunda gran movilización. Ya en los momentos previos a la manifestación, el número de congregados superaba las 10.000 personas en la plaza de San Agustín y se podían escuchar gritos como “Mazón, dimisión”, “a Picassent” o “la Camarero nos lleva al matadero”, en referencia a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, también consellera de Vivienda y Bienestar Social, responsable de las residencias públicas.

La multitudinaria marcha ha avanzado por el centro de València con más de media hora de tardanza respecto a lo esperado debido a la gran afluencia de gente. Una hora después del inicio previsto, la cabecera apenas había recorrido unos pocos cientos de metros. A las 20 horas, dos horas después de la convocatoria formal, todavía había concentrados manifestantes en la Plaza de Toros de la ciudad, a un kilómetro de donde se encontraba la pancarta de cabecera, que siempre portan familiares de las víctimas mortales.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha estimado en más de 50.000 personas la asistencia, mientras que la Policía Local, bajo el Ayuntamiento de PP y Vox, ha vuelto a reducir la cifra, esta vez a 32.000 personas. Es la segunda vez que el Cuerpo municipal da una cifra distinta que Delegación del Gobierno, donde el recuento depende de la Policía Nacional.

El grueso de la marcha, encabezada por asociaciones de víctimas, bomberos y personal del 112, ha centrado sus proclamas contra Carlos Mazón. Apenas ha habido ya menciones a Salomé Pradas, la consellera competente en emergencias el pasado 29 de octubre e imputada en la causa. Pese a ello, algunas de las pancartas sí han recordado su responsabilidad en las primeras horas de la tragedia. El detalle da cuenta del malestar de buena parte de la ciudadanía con el líder del Ejecutivo del PP; no ha servido sacrificar a la consellera para esquivar responsabilidades políticas.

Decenas de personas esperaban poco antes de las 19.30 de la tarde en los laterales de la Calle Colón, la arteria comercial de la ciudad, el paso de la cabecera con las víctimas, para incorporarse a la marcha. Coreaban “Mazón dimisión” y aplaudían mientras se desarrollaba la muixeranga o cuando atisbaban la llegada de las asociaciones de víctimas. La ciudadanía valenciana trata de arropar a sus vecinos afectados por la catástrofe, donde un año después todavía huele a lodo, el fango ha dejado una huella imborrable.

Las organizaciones sociales llevan doce meses reclamando sin cesar la salida del líder del PP valenciano y la de los demás altos cargos que estuvieron al frente de las emergencias durante el fuerte episodio de lluvias torrenciales, del que las agencias estatales llevaban días advirtiendo. Con esta son ya doce marchas encabezadas por familiares de las víctimas mortales, arropadas por movimientos sociales y por parte importante de la ciudadanía.

Las víctimas rechazan el silencio de Mazón

La presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, ha lamentado ante los medios de forma previa al arranque de la marcha que, un año después de la tragedia, “continuamos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón” en esa tarde y siguen “reclamando verdad por todas las víctimas” y “por las personas que aquel día lo pasaron mal”. “Necesitamos saber esa verdad; necesitamos justicia que llegará por la jueza, pero también necesitamos esa justicia que sea política y social. Por eso estamos aquí, para reclamar esa verdad, esa justicia y esa memoria para las víctimas que aún no pueden descansar en paz porque aún no saben qué pasó aquel día”, ha señalado. Ha reclamado también “responsabilidades políticas” la dimisión de “todo el Consell” porque “un año después no nos dan seguridad”.

Otra de las familiares de víctimas de la dana, Rosa Álvarez, ha dicho que estos actos son “de reivindicación” y en los que el pueblo “tiene la ocasión de demostrarnos todos los meses su apoyo y también el rechazo al 'president' de la Generalitat y al Consell”. “No reconocemos ni legitimamos a Mazón como presidente de la Generalitat porque el día 29 no estuvo donde por cargo le correspondía, por lo que si estaba ausente ese día, nos sobra cualquier día y en cada momento”.

“No solo pedimos la dimisión, sino también la prisión”, ha dicho, y quiere que cumpla “tantos años como vidas ha segado”. Para Álvarez, en la causa hay “dos investigados y medio”, en alusión al jefe del Consell, al que acusan de no dejarles iniciar el “duelo” por sus víctimas.

Toñi García, que perdió a su marido Miguel, de 64 años, y a su hija Sara, de 23, el día de la dana, ha insistido en que reivindican la dimisión de Mazón “por su negligencia e incompetencia en su gestión”. “Toda Europa y toda España sabe que es inaceptable e inasumible que un presidente de la Generalitat siga en su puesto de trabajo cuando más del 80 % de su pueblo valenciano no lo quiere; quiere su dimisión y se lo está reclamando y ha tenido que salir la ciudadanía a la calle para reclamarlo”, ha dicho, y ha criticado que “no ha estado a la altura” porque “mientras su pueblo se ahogaba, él estaba con una alerta roja comiendo en un restaurante de lujo con una periodista y acudió al Cecopi tarde”. Al mismo tiempo, ha reprochado que la alarma “llegó tarde y mal redactada”.

“Durante doce meses solo hemos sabido lo que pasó el 29 de octubre de 2024 a golpe de auto judicial y gracias al trabajo de investigación de la prensa comprometida con la verdad”, señalan los colectivos en un manifiesto que han leído durante la marcha y que también hablaba de “maltrato a las víctimas”. “El Consell, en su descarada huida hacia adelante, se ha dejado por el camino cualquier rastro de solidaridad, empatía, comprensión y atención a las víctimas y personas afectadas”.

“Querían que calláramos y han encontrado un pueblo digno”

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana, junto a las asociaciones de víctimas de la dana, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià, un compromiso ciudadano que surge de la tragedia; todos ellos han sacado a las calles a miles de personas con un rechazo unánime a la gestión de la Generalitat Valenciana de aquel 29 de octubre y se han mantenido vigilantes en la llamada reconstrucción. Cuestionan los contratos públicos de emergencia adjudicados a empresas vinculadas a tramas corruptas, los planes vendidos a bombo y platillo por el presidente 'popular', la lentitud en la reparación de infraestructuras.

Las entidades convocantes han adoptado el lema “El poble ve crescut” (el pueblo viene crecido), en alusión a la obra El riu ve crescut, la novela con que Maria Beneyto ganó el premio València de Literatura 1959 y quizá la más conocida sobre la riada de 1949, que arrasó a la población más vulnerable de la ciudad: quienes habitaban en infraviviendas en el cauce del río Túria. Muchas de las víctimas ven paralelismos en el olvido que supuso la riada y adaptan su lema.

En el manifiesto, las entidades convocantes recuerdan: “Este gobierno continúa con la promoción de políticas negacionistas del cambio climático, la especulación y la construcción desmesuradas que se han hecho durante décadas, y que solo han servido a los intereses económicos en detrimento de las necesidades del territorio. Ponen el poder y el capital por ante la vida”, denuncian.

“Pero frente a su ignominia, desde hace un año, el pueblo valenciano organizado está aliendo a las calles de València y de las zonas afectadas para exigir la dimisión de Mazón y su Consell y que se asuman responsabilidades. Hemos impulsado procesos judiciales para se haga justicia y poder saber toda la verdad; hemos desmontado minuto a minuto el relato de Mazón y sus intoxicadores; hemos convocado una huelga general porque el Gobierno y el empresariado pusieron en peligro la vida de miles de trabajadoras y trabajadores; hemos organizado cajas de resistencia, donativos, trabajos de limpieza y reconstrucción; y hemos acompañado a las víctimas en todo momento. Querían que calláramos, querían un pueblo obediente y sumiso, y se han encontrado un pueblo digno y valiente”, concluye el manifiesto, leído ante una ciudadanía que no renuncia a exigir responsabilidades políticas. No sirve, con ella, la estrategia del agotamiento.

A punto de cumplirse un año de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana y dejó 229 víctimas mortales, elDiario.es ha estrenado en primicia su documental ¿Dónde estaba Mazón?, coproducido junto a Barret Cooperativa, Calibrando Producciones y Cosabona Films. Se trata de una investigación que examina las sombras en la gestión de la Generalitat y el papel del president Carlos Mazón en las horas críticas del 29 de octubre de 2024. Tras las pesquisas del documental, queda patente que “los 229 muertos son responsabilidad directa de la Generalitat”, ha afirmado Sergi Pitarch, periodista y director de la edición valenciana, durante el coloquio posterior a la proyección en los Cines Verdi de Madrid. El trabajo, que recoge testimonios inéditos, imágenes de archivo y los silencios y mentiras de la Generalitat, ya está disponible para las socias y socios de elDiario.es.

El documental reconstruye las horas de desconcierto en la gestión del temporal y aborda las versiones contradictorias sobre el paradero de Mazón aquel 29 de octubre. En la conversación después de la proyección, en la que también han participado el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la adjunta a la dirección Raquel Ejerique, Pitarch ha explicado que el president “gestionó la peor dana que hemos vivido en el siglo XXI desde un bar, con una amiga”, añadiendo que la relación de Mazón con Maribel Vilaplana —la periodista con la que comió en el Ventorro— era de amistad, más que de trabajo: “Que fuera una reunión de trabajo es un mito. Era una comida entre amigos, y en la peor tragedia que ha vivido Valencia en años, él se va a una comida de amigos”. Sobre el paradero del president posterior a la comida, ha añadido que “hay dos opciones y las dos son malas: o Mazón termina la comida y se queda una hora de copas, o Mazón se va a su casa”.

El debate, en el que los socios y socias de elDiario.es han participado con sus preguntas, también ha abordado el curso judicial del caso. Ignacio Escolar ha recordado el episodio más reciente, en el que “la jueza ha llamado a Maribel Vilaplana para declarar como testigo” y que “ha sido muy cuidadosa para no investigar a un aforado”, como es Mazón. Según el director elDiario.es, “habrá que ver si esto es una maniobra para elevarlo al Tribunal Superior de Justicia”, el órgano competente en caso de que se extendiese la investigación al presidente de la Generalitat valenciana.

Las llamadas entre Pradas y Mazón podrían “señalarle como responsable”

Raquel Ejerique ha argumentado que “el auto es muy claro al poner el horizonte en el president”, y añade: “La Audiencia le abre la puerta a la jueza a imputarlo si encuentra indicios suficientes”. La periodista ha explicado que la clave ahora son las comunicaciones: “La única manera de vincular a Mazón o no con las decisiones de aquel día son las llamadas. Cuando hay que tomar una decisión importante, Salomé [Pradas] llama a Mazón. Ella necesitaba una validación, y eso podría acabar señalándole como responsable”.

El coloquio también ha abordado el papel de Pradas, entonces Consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, de quien Ejerique intuye que “todavía le quedan ases en la manga”. Según ha explicado, Mazón “podría haber pedido la emergencia catastrófica y haber asumido el mando, pero a la hora en que mueren las víctimas, la responsabilidad recae sobre la Conselleria”, aunque las llamadas que hizo Pradas a Mazón el día 29 sugieren que él podría haber tenido la última palabra.

Asimismo, Escolar ha recordado un aspecto técnico del trabajo que se ha visto reflejado durante la proyección, en la que se han mostrado textos que explicaban que À Punt, la televisión autonómica valenciana —que tuvo acceso privilegiado a la reunión clave del Cecopi por ser ente público— ha denegado el uso de las imágenes de sus programas del día de la dana que cedió en un primer momento a elDiario.es. “El documental no se estrenará en À Punt”, ha ironizado.

Otro de los puntos tratados ha sido el destino de los 12 millones de euros en donaciones recaudadas tras la DANA. “Mi teoría es que los tiene en el cajón”, ha ironizado Ejerique, quien también ha denunciado que “los contratos de emergencia han castigado a las empresas críticas y premiado a las afines: 600 millones en contratos, incluidas empresas vinculadas a la Gürtel. Y casi un año después siguen contratando a dedo”.

Advocats, metges, juristes, professors, funcionaris de carrera... La majoria dels membres del Govern valencià posseeix titulació acadèmica superior. O almenys això diuen. En plena polèmica pels currículums dels que estan en primera línia política, i amb una revisió exhaustiva de les titulacions, que acaba de cobrar-se al comissionat del Govern central per a la dana, una part substancial de l'Executiu valencià no té a la vista informació clau en transparència. Fins a una vintena d'alts càrrecs del govern de Carlos Mazón no ha publicat la seua titulació acadèmica en el portal de transparència, tal com marca la llei autonòmica que regula les obligacions dels alts càrrecs de l'Executiu. El mateix president va ser objecte de polèmica en indicar en les seues xarxes socials que és advocat, encara que no està col·legiat.

La llei de Transparència i Bon Govern, aprovada el 2017 i modificada el 2022, indica que els alts càrrecs han de publicar “la informació relativa a les funcions atribuïdes per raó del seu càrrec o funció, així com la seua trajectòria professional, incloent-hi la reproducció gràfica dels títols acadèmics i acreditacions del seu curs”. La norma, hi recorda el preàmbul, concep la transparència des d'una perspectiva de publicitat activa; és a dir, implica l'obligació de l'administració de difondre, a través de portals web, “constantment i de manera veraç, tota la informació pública de rellevància sense necessitat que ningú ho sol·licite”.

Aquesta vintena d'alts càrrecs indiquen als seus currículums que tenen titulacions acadèmiques, bé universitàries o de formació professional, però no han adjuntat els certificats que les avalen. Alguns porten al govern valencià ja dos anys, i superen notablement el marge que dóna transparència per publicar la informació en el portal. Així mateix, entre els membres de l'organigrama del Consell n'hi ha mitja dotzena que no compten amb estudis superiors o que, si en tenen, no han concretat quins són. L'ambigüitat en alguns currículums fa dubtar en alguns casos si els implicats han completat els estudis o no.

Consultat per aquesta qüestió, l'Executiu autonòmic argumenta que els alts càrrecs que són funcionaris del grup A -la màxima categoria- no tenen aquesta obligació de publicitat, ja que ja han hagut de presentar les acreditacions acadèmiques per arribar a la funció pública. Les fonts consultades per elDiario.es, coneixedores de la llei de transparència, apunten que en aquest cas haurien de publicar l'acreditació que són funcionaris A1 o habilitats nacionals; és el “principal mèrit del seu currículum” o el que n'acredita la capacitat. De fet, el cas del comissionat Ángel Batalla que ha dimitit per la falsificació del títol tenia diverses acreditacions de la seua categoria sense que hi haguera hagut cap problema. Fins que va aparèixer la certificació d'una suposada titulació.

Els alts càrrecs que no han adjuntat les seues titulacions acadèmiques com requereix la llei de transparència són:

El nucli dur del president de la Generalitat, Carlos Mazón, tampoc no compta amb titulació acadèmica superior o estudis finalitzats. Són els periodistes Santiago Lumbreras, precisament, el secretari autonòmic de Relacions Institucionals i Transparència; i José Manuel Cuenca, el cap de gabinet del president de la Generalitat.

Al marge, altres alts càrrecs no tenen formació superior i ho expliquen als seus CV: Són el responsable d'Interior, Vicente Huet, que té l'educació secundària. Pablo Broseta, secretari autonòmic de Representació davant de la Unió Europea i les Comunitats Autònomes, que indica que té “estudis” en Dret. Miguel Ángel Iborra, director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Miguel Francisco Castell, director general de Pesca, no indica formació, només en relata els càrrecs.

Abogados, médicos, juristas, profesores, funcionarios de carrera... La mayoría de los miembros del Gobierno valenciano posee titulación académica superior. O al menos, eso dicen. En plena polémica por los currículums de quienes están en primera línea política, y con una revisión exhaustiva de sus titulaciones, que acaba de cobrarse al comisionado del Gobierno central para la dana, una parte sustancial del Ejecutivo valenciano no tiene a la vista información clave en transparencia. Hasta una veintena de altos cargos del gobierno de Carlos Mazón no ha publicado su titulación académica en el portal de transparencia, tal como marca la ley autonómica que regula las obligaciones de los altos cargos del Ejecutivo. El propio president fue objeto de polémica al indicar en sus redes sociales que es abogado, aunque no está colegiado.

La ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en 2017 y modificada en 2022, indica que los altos cargos deben publicar “la información relativa a las funciones atribuidas por razón de su cargo o función, así como su trayectoria profesional, incluyendo la reproducción gráfica de los títulos académicos y acreditaciones de su currículo”. La norma, recuerda su preámbulo, concibe la transparencia desde una perspectiva de publicidad activa; es decir, implica la obligación de la administración de difundir, a través de portales web, “constantemente y de manera veraz, toda la información pública de relevancia sin necesidad de que nadie lo solicite”.

Esta veintena de altos cargos indican en sus currículums tener titulaciones académicas, bien universitarias o de formación profesional, pero no han adjuntado los certificados que las avalan. Algunos llevan en el gobierno valenciano ya dos años, superando notablemente el margen que da transparencia para publicar la información en el portal. Asimismo, de entre los miembros del organigrama del Consell hay media docena que no cuentan con estudios superiores o que, de tenerlos no han concretado cuáles son. La ambigüedad en algunos currículums hace dudar en algunos casos de si los implicados han completado o no sus estudios.

Consultado por esta cuestión, el Ejecutivo autonómico argumenta que los altos cargos que son funcionarios del grupo A -la máxima categoría- carecen de esta obligación de publicidad, puesto que ya han tenido que presentar las acreditaciones académicas para llegar a la función pública. Las fuentes consultadas por elDiario.es, conocedoras de la ley de transparencia, apuntan que en este caso tendrían que publicar la acreditación de que son funcionarios A1 o habilitados nacionales; es el “principal mérito de su currículo” o lo que acredita su capacidad. De hecho, el caso del comisionado Ángel Batalla que ha dimitido por la falsificación del título tenía varias acreditaciones de su categoría sin que hubiera habido ningún problema. Hasta que apareció la certificación de una supuesta titulación.

Los altos cargos que no han adjuntado sus titulaciones académicas como requiere la ley de transparencia son:

El núcleo duro del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tampoco cuenta con titulación académica superior o estudios finalizados. Son los periodistas Santiago Lumbreras, precisamente Secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia; y José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete del presidente de la Generalitat.

Al margen, otros altos cargos no tienen formación superior y lo explican en sus CV: son el responsable de Interior, Vicente Huet, que tiene la educación secundaria. Pablo Broseta, secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, que indica que tiene “estudios” en Derecho. Miguel Ángel Iborra, Director General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, y Miguel Francisco Castell, director general de Pesca, que no indica formación y solo relata sus cargos.

Desde la legislatura 2003-2007, en que Francisco Camps y Eduardo Zaplana se declararon la guerra por el poder político del PP de la Comunitat Valenciana, los conservadores indígenas no estaban tan agitados. Hoy, con otro alicantino al frente del PPCV, vuelve a ser Camps el que lanza un órdago al sur por el liderazgo. 'Militancia contra cargos públicos', ese es ahora el relato que quiere imponer el expresidente valenciano ya absuelto de todas sus acusaciones de corrupción para recuperar el poder, al que renunció tras su imputación en la causa de los trajes en 2011. “He sido leal al partido los últimos 15 años”, esgrimió el pasado miércoles para lanzar su candidatura a destronar a Carlos Mazón. En 2003, Zaplana le cedió el testigo para irse a Madrid. Ahora, Camps quiere ganarlo todo con el voto de la gente. Y está crecido porque ve que le salen los números. “En un Congreso, Camps se merienda a Mazón”, explica con los ojos brillantes a elDiario.es un veterano militante del PP de Castelló.

El presidente de la Generalitat Valenciana y del PP autonómico tiene, de momento, el apoyo de Génova a través de la persona del flamante secretario general Miguel Tellado, pero tras su gestión de la dana es uno de los barones autonómicos más débiles. De hecho, desde su desaparición todavía no explicada el 29 de octubre, Mazón no depende de sí mismo. Depende de Madrid, de Vox, que le da estabilidad en la Comunitat Valenciana, y de que no se celebre el congreso del PP autonómico en el que tendría que medirse a Francisco Camps. Y ya se sabe, las votaciones las carga el diablo.

De momento, el congreso del PP valenciano está aplazado 'sine die' y no parece que ni Mazón ni Tellado vayan a mover ficha hasta que se sepa qué pasa con las Elecciones Generales. El ruido de Madrid beneficia a Mazón. Pero mientras ese momento llega, o no, a partir de septiembre Camps va a coger el coche y se va a recorrer la Comunitat Valenciana en busca de apoyos de la militancia. Como Pedro Sánchez, sabe que puede ganar un congreso sin los cuadros, solo con los alrededor de 10.000 afiliados conservadores en la Comunitat Valenciana. El expresidente no tiene prisa, y cada acto que pasa genera más ilusión. En cambio, para Mazón no hay acto público que algún ciudadano no acabe abucheándolo. Solo saca cabeza en los actos organizados por el partido.

Pero no es Camps el único que quita el sueño al presidente de la Generalitat. Desde el día de la dana, la alcaldesa de València, María José Catalá, y su máximo valedor, Esteban González Pons, siguen sin tener ninguna relación con el presidente de la Generalitat y de su partido. Desde el Palau de la Generalitat miran con recelo a la capital, mientras González Pons ha pedido a Feijóo que eche a Mazón más veces que libros tiene escritos. Y ya son varios. Catalá siempre suena como relevo del presidente en caso de recambio por su gestión de la dana. Es diputada y tiene línea directa con Feijóo, que tras el congreso ha seguido manteniéndola en los órganos de dirección del partido. Es de las pocas personas en el PPCV a las que escucha el gallego, y eso en el Palau de la Generalitat no gusta nada.

En la tierra de Mazón, en la ciudad de Alicante, el presidente de la Generalitat tiene a uno de sus peores enemigos. Mazón quiso influir en la lista liderada por Luis Barcala para las municipales y, desde ese día, la desconfianza no ha hecho más que aumentar. De hecho, Barcala se ha convertido en el referente alicantino de Feijóo. El presidente del PP nacional fue a la ciudad de Alicante a hacerse la foto con Barcala y Mazón para anunciar que todos los compromisarios de la quinta provincia de España iban a su mochila, y no a una hipotética lista alternativa liderada por Isabel Díaz Ayuso o el PP de Madrid. Tras la foto de Alicante, Feijóo salió victorioso hacia su congreso.

Más tranquilo, de momento, está el PP de València. Su presidente, Vicente Mompó sigue siendo leal a Carlos Mazón. Fue el primero que le montó un acto de desagravio, seis meses después de la dana, y está intentando que el sueño de Camps no arraigue en sus comarcas. De momento, en esta segunda misión no está teniendo éxito, puesto que una concejal del PP de la Pobla de Vallbona (PP provincia València) será la jefa de campaña del expresidente de la Generalitat. Hay una fecha clave entre lo que puede ser el futuro de la relación entre Mompó y Mazón, el próximo 17 de julio. Si Mompó mantiene ese día en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja la versión que dio en el programa 'Salvados', la situación del presidente de la Generalitat puede quedar en entredicho. De lo que diga puede depender el futuro judicial de su compañero de partido y presidente.

Un aliado de Mazón que, últimamente se ha puesto de perfil es Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y del PP alicantino. Pérez “aspira a todo”, explican fuentes que conocen al político. “No le hace gracia el poder que ha adquirido Juanfran Pérez Llorca, del municipio vecino al suyo, y cuando llegue el momento mirará hacia donde más convenga”, añade.

En el PP de Castelló, partido provincial más pequeño, pero siempre clave en los enfrentamientos entre Valencia y Alicante, la situación tampoco es tranquila. Vicent Aparisi, el que fuera mano derecha de Carlos Fabra, se ha puesto a remar a recoger avales para Francisco Camps ante un posible Congreso. Aparisi, igual que otros exlíderes del PP en Valencia y Alicante, “son los que llenaban los autobuses en la época dorada”, explica una fuente conocedora de las entrañas de los populares. “Son los que tienen los teléfonos de los militantes, a los que creen porque han disfrutado y sufrido los últimos 25 años. Estos de Alicante -en referencia al equipo de Mazón- no saben nada porque viven en el Palacio”, remacha.

Y no es solo Vicent Aparisi y su experiencia el que sigue a Camps, en su barco está la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y los exalcaldes de Paterna, El Puig, Godella, Requena, Algemesí, Tavernes de la Valldigna, Elda, Elx, Crevillent o Vilavella. Dicen que llegarían a los 1.500 avales, pero si estos animales políticos se ponen a trabajar el roto que le pueden hacer a Mazón puede ser muy grande. Porque ni tienen ni quieren nada, solo siguen a Francisco Camps.

Els ciutadans valencians afectats per la DANA del passat 29 d'octubre de 2024 tenen una percepció majoritàriament crítica amb el ritme i l'enfocament que s'ha donat a la recuperació i la reconstrucció de les comarques que van patir les inundacions i la gran barrancada, segons l'enquesta llançada per el Diario.es i Placemaking Europe entre els dies 4 i 25 d'abril. Tot i haver-hi algunes diferències entre els diferents àmbits, el patró general apunta a una insatisfacció significativa, especialment en aspectes socials i econòmics. La valoració general del procés de recuperació obté una mitjana de només 3,43 sobre 10, amb una mitjana de 3,0. Això indica que la majoria de persones enquestades consideren que la resposta institucional i social a la DANA ha estat clarament insuficient. De fet, la meitat de les valoracions es concentren entre l'1 i el 4, reflectint una percepció molt crítica i insatisfactòria. Només una petita minoria puntua per damunt del 6, i les valoracions més altes (9 i 10) són pràcticament inexistents entre les 1.424 persones que han participat a la consulta.

L'enquesta que hui publica elDiario.es juntament amb Placemaking Europe forma part de la iniciativa Innovació per a la Reconstrucció. Reconstruint València després de les inundacions de la DANA i té com a principal intenció fer un procés d'escolta i treball amb la ciutadania per conèixer les necessitats i prioritats dels processos de recuperació llançats per les diferents administracions. Les respostes mostren un desig clar de canvi, però també diversitat d'enfocaments i matisos. El 54,1 % del total vol reconstruir de manera completament diferent i millor i més de la meitat de les persones participants volen un canvi profund en l'enfocament territorial i urbanístic. Un 37,1% vol millorar, però mantenint l'essència i només un 2,7% vol restaurar les coses com estaven.

Respecte a la reconstrucció, les Infraestructures són l'àrea més ben valorada, amb una mitjana de 2,89 i una mitjana de 3,0 sobre 5. Això indica que, malgrat una certa percepció de lentitud, hi ha una part important de la ciutadania que considera que la recuperació d'infraestructures va avançar a un ritme acceptable. A la reparació d'habitatges, les valoracions baixen clarament, amb una mitjana de 2,23 i una mitjana de 2,0, reflectint una percepció de retard generalitzada. Moltes persones afectades consideren que la resposta per reparar les llars ha estat insuficient i lenta.

La recuperació econòmica també es valora de forma negativa, amb una mitjana de 2,32 i una mitjana de 2,0. Això evidencia que els efectes econòmics de la DANA continuen sent una preocupació greu, també amb una recuperació percebuda com a lenta. La recuperació psicològica i social és la pitjor valorada de totes. La mitjana de 1,96 i la mitjana de 2,0 mostren una preocupació molt elevada. La ciutadania sent que la reconstrucció emocional i comunitària ha estat especialment desatesa.

Qui ha de liderar la recuperació i com ha de ser el futur

Les respostes també mostren una ciutadania amb valors clars i molt definits sobre els lideratges i les prioritats en la reconstrucció. Un 81% dels participants afirma que està totalment d'acord que cal replantejar la nostra relació amb el clima i l'aigua, i prop del 80% també defensa canviar fonamentalment el model de planificació urbana i territorial. Hi ha una àmplia coincidència (94%) que les persones més vulnerables haurien de ser la prioritat en qualsevol acció de recuperació. Pel que fa a la governança, la majoria de persones consideren que la recuperació hauria de ser liderada per les institucions públiques (82,9%), però amb un grau significatiu de suport també a la idea que hauria d'estar liderada directament per les persones afectades (30,2% d'acord o totalment d'acord). Pel que fa a la reubicació en zones segures, el 72% considera acceptable traslladar activitats econòmiques i el 86% també acceptaria traslladar habitatges. Aquestes dades apunten cap a una societat disposada a acceptar transformacions profundes, però també vol formar part activa de les decisions.

Per institucions, la Generalitat Valenciana és la que ix més malparada de l'enquesta. Un 87,4 % dels enquestats desconfia de la institució presidida per Carlos Mazón, mentre que al voltant de la meitat la població preguntada té algun grau de confiança als ajuntaments i al Govern d'Espanya. Sense dubte, són els moviments socials i els veïns els actors que ofereixen més confiança per al procés de recuperació. Al gràfic s'observa la diferència de percentatges entre el govern autonòmic i els altres actors sobre els quals s'ha consultat.

I per a aquesta presa de decisions del seu futur, el 85,8 % dels enquestats considera molt important aplicar una planificació urbana més estricta per previndre nous desastres. Altres mesures com els incentius per a la reubicació voluntària (41,5%) o l'educació climàtica (57,9%) també són valorades, però amb un nivell de consens menor. Sobre les accions immediates a realitzar, el 82,8% de les persones enquestades consideren molt important la reparació i millora de les defenses contra inundacions i sistemes de drenatge.

Mostra de l'enquesta i procés de recollida d'informació

En total i entre els dies 4 i 25 d'abril, 1.424 persones han participat a la consulta Innovació per a la Recuperació, revelant prioritats clares per a una transformació del territori i recuperar-se d'una manera justa.

El 33,6% de les persones participants (479 de 1.424) declara haver estat afectada directament per les inundacions provocades per la DANA, de les quals 363 respostes indiquen haver rebut ajuts econòmics, cosa que representa un 75,7% de cobertura entre les persones afectades. Un total de 895 persones (64,2%) afirmen haver participat personalment en tasques de recuperació o de suport comunitari. El 43,7% del total de participants han estat voluntaris, el 37,6% han donat diners i el 24,4% han participat en accions d'activisme.

Les dades mostren una representació territorial molt concentrada a la província de València i, en especial, al conjunt de municipis afectats per la DANA del 29 d'octubre del 2024. Si agrupem els codis postals per municipi, veiem que Catarroja i els municipis veïns de l'Horta Sud (Albal, Massanassa, Sedaví, Sedaví, Paiporta, Torrent, Aldaia, Alaquàs i Picanya) acumulen conjuntament més de 300 respostes. També destaquen les contribucions de diversos barris de València ciutat –com Benimaclet, Russafa, Patraix, Marxalenes o Ciutat Vella– que reflecteixen una participació urbana significativa. A més, la presència de municipis com ara Algemesí i Alzira confirma l'abast comarcal de les respostes.

Sobre la metodologia i la iniciativa

L'enquesta, així com l'anàlisi detallada dels resultats, ha estat conduïda per l'equip de Placemaking Europe, una fundació europea i xarxa internacional de professionals que impulsa la transformació de les ciutats posant les persones al centre del disseny i la gestió de l'espai públic.

El procés participatiu tindrà tres fases. La primera és l'enquesta amb els resultats de la qual es publiquen hui. La segona ha estat un grup col·laboratiu que es va reunir a la seu d'elDiario.es a la Comunitat Valenciana aquest 30 d'abril passat. El grup de treball va estar format per actors cívics, culturals, científics i empresarials amb acció directa a la recuperació. Mitjançant tècniques de mapeig col·laboratiu i intercanvi entre iguals, els participants van identificar iniciatives en marxa, necessitats no cobertes i possibles aliances.

El procés culminarà amb un fòrum públic el 7 de maig a Catarroja (un dels municipis més afectats), acollit per la Florida Universitària. l?L'esdeveniment reunirà governs locals, organitzacions cíviques, experts internacionals i representants del Govern d´Espanya i la Diputació de València per debatre sobre recuperació a través de quatre punts clau: participació ciutadana, desenvolupament territorial, infraestructura hídrica i connexió local-internacional.

Los ciudadanos valencianos afectados por la DANA del pasado 29 de octubre de 2024 tienen una percepción mayoritariamente crítica con el ritmo y el enfoque que se ha dado a la recuperación y reconstrucción de las comarcas que sufrieron las inundaciones y la gran barrancada, según la encuesta lanzada por elDiario.es y Placemaking Europe entre los días 4 y 25 de abril. Pese a haber algunas diferencias entre los distintos ámbitos, el patrón general apunta a una insatisfacción significativa, especialmente en aspectos sociales y económicos.

La valoración general del proceso de recuperación obtiene una media de solo 3,43 sobre 10, con una mediana de 3,0. Esto indica que la mayoría de personas encuestadas consideran que la respuesta institucional y social a la DANA ha sido claramente insuficiente. De hecho, la mitad de las valoraciones se concentran entre el 1 y el 4, reflejando una percepción muy crítica e insatisfactoria. Solo una pequeña minoría puntúa por encima del 6, y las valoraciones más altas (9 y 10) son prácticamente inexistentes entre las 1.424 personas que han participado en la consulta.

La encuesta que hoy publica elDiario.es junto a Placemaking Europe forma parte de la iniciativa Innovación para la Reconstrucción. Reconstruyendo València después de las inundaciones de la DANA y tiene como principal intención realizar un proceso de escucha y trabajo con la ciudadanía para conocer las necesidades y prioridades de los procesos de recuperación lanzados por las distintas administraciones. Las respuestas muestran un claro deseo de cambio, pero también diversidad de enfoques y matices. El 54,1% del total quiere reconstruir de una manera completamente diferente y mejor y más de la mitad de las personas participantes quieren un cambio profundo en el enfoque territorial y urbanístico. Un 37,1% quiere mejorar, pero manteniendo la esencia y solo un 2,7% quiere restaurar las cosas como estaban.

Respecto a la reconstrucción, las Infraestructuras son el área mejor valorada, con una media de 2,89 y una mediana de 3,0 sobre 5. Esto indica que, pese a cierta percepción de lentitud, hay una parte importante de la ciudadanía que considera que la recuperación de infraestructuras avanzó a un ritmo aceptable. En la reparación de viviendas, las valoraciones bajan claramente, con una media de 2,23 y una mediana de 2,0, reflejando una percepción de retraso generalizada. Muchas personas afectadas consideran que la respuesta para reparar los hogares ha sido insuficiente y lenta.

La recuperación económica también se valora de forma negativa, con una media de 2,32 y una mediana de 2,0. Esto evidencia que los efectos económicos de la DANA continúan siendo una preocupación grave, también con una recuperación percibida como lenta. La recuperación psicológica y social es la peor valorada de todas. La media de 1,96 y la mediana de 2,0 muestran una preocupación muy elevada. La ciudadanía siente que la reconstrucción emocional y comunitaria ha sido especialmente desatendida.

Quién tiene que liderar la recuperación

Las respuestas también muestran una ciudadanía con valores claros y muy definidos sobre los liderazgos y prioridades en la reconstrucción. Un 81% de los participantes afirma estar totalmente de acuerdo en que hay que replantear nuestra relación con el clima y el agua, y cerca del 80% también defiende cambiar fundamentalmente el modelo de planificación urbana y territorial. Hay una amplia coincidencia (94%) en que las personas más vulnerables tendrían que ser la prioridad en cualquier acción de recuperación.

En cuanto a la gobernanza, la mayoría de personas considera que la recuperación tendría que ser liderada por las instituciones públicas (82,9%), pero con un grado significativo de apoyo también a la idea que tendría que estar liderada directamente por las personas afectadas (30,2% de acuerdo o totalmente de acuerdo). En relación con la reubicación en zonas seguras, el 72% considera aceptable trasladar actividades económicas y el 86% también aceptaría trasladar viviendas. Estos datos apuntan hacia una sociedad dispuesta a aceptar transformaciones profundas, pero que también quiere formar parte activa de las decisiones.

Por instituciones, la Generalitat Valenciana es la que más malparada sale de la encuesta. Un 87,4% de los encuestados desconfía de la institución presidida por Carlos Mazón, mientras que alrededor de la mitad de quienes han participado en la encuesta tiene algún grado de confianza en los ayuntamientos y el Gobierno de España. Sin duda, son los movimientos sociales y los vecinos los actores que más confianza ofrecen para el proceso de recuperación. En el gráfico se observa la diferencia de porcentajes entre el gobierno autonómico y los demás actores sobre los que se ha consultado.

Y para esa toma de decisiones de su futuro, el 85,8% de los encuestados considera muy importante aplicar una planificación urbana más estricta para prevenir nuevos desastres. El 69,4% da máxima prioridad a la restauración de ecosistemas degradados, especialmente en zonas periurbanas y fluviales. Y el 72,6% destaca la necesidad de mejorar la resiliencia climática, adaptándose a los nuevos riesgos y reduciendo vulnerabilidades. Otras medidas como los incentivos para la reubicación voluntaria (41,5%) o la educación climática (57,9%) también son valoradas, pero con un nivel de consenso menor.

A la pregunta sobre cómo se sienten las personas respecto a la DANA, el 64,7% de las personas participantes indican que se sienten enfadadas y frustradas; el 34,8% afirman que intentan seguir adelante; el 26,8% manifiestan que se sienten tristes y anonadadas; el 24,1% responden que todavía no pueden creer que pasó y el 18,7% declaran que todavía están intentando entender qué pasó.

Los datos muestran que las personas afectadas directamente por la DANA declaran, en mayor medida que las no afectadas, sentirse tristes y anonadadas (33,5% vs 27%) y todavía intentando entender qué pasó (23,2% vs 16,8%). También es más alta entre las afectadas directamente la proporción de quien afirma intentar seguir adelante (42,1% ante el 18,8%). Por otro lado, el sentimiento de frustración y enojo es significativamente más elevado entre las personas no afectadas (69,3%) que entre las afectadas (59,2%).

La encuesta revela que las comunidades afectadas por la DANA son muy resistentes. El 50,4% de las 1.424 personas encuestadas afirman sentirse más conectadas con su familia después de la DANA. Es el colectivo con mayor aumento de vinculación social. El 43,3% expresa una conexión reforzada con su entorno más inmediato, como el barrio o la calle. El 44,2% ha experimentado un fortalecimiento del vínculo con la comunidad local.

Sobre las acciones inmediatas a realizar, el 82,8% de las personas encuestadas consideran muy importante la reparación y mejora de las defensas contra inundaciones y sistemas de drenaje. Más del 74% también priorizan el apoyo sanitario y la ayuda financiera directa como acciones urgentes. Otras acciones como el alojamiento de emergencia, la formación en emergencias o la eliminación de residuos también obtienen un apoyo mayoritario (entre el 70% y el 73%), a pesar de estar ligeramente por debajo en las prioridades.

Muestra de la encuesta y proceso de recogida de información

En total y entre los días 4 y 25 de abril, 1.424 personas han participado en la consulta Innovación para la Recuperación, revelando prioridades claras para una transformación del territorio y recuperarse de una manera justa.

El 33,6% de las personas participantes (479 de 1.424) declara haber sido afectada directamente por las inundaciones provocadas por la DANA, de las cuales 363 respuestas respondidas indican haber recibido ayudas económicas, lo cual representa un 75,7% de cobertura entre las personas afectadas. Un total de 895 personas (64,2%) afirman haber participado personalmente en tareas de recuperación o apoyo comunitario. El 43,7% del total de participantes han sido voluntarios, el 37,6% ha dado dinero y el 24,4% ha participado en acciones de activismo.

Los datos muestran una representación territorial muy concentrada en la provincia de València y, en especial, en el conjunto de municipios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. Si agrupamos los códigos postales por municipio, vemos que Catarroja y los municipios vecinos de l'Horta Sud (Albal, Massanassa, Sedaví, Alfafar, Benetússer, Llocnou de la Corona, Paiporta, Torrent, Aldaia, Alaquàs y Picanya) acumulan conjuntamente más de 300 respuestas. También destacan las contribuciones de varios barrios de València ciudad —como Benimaclet, Russafa, Patraix, Marxalenes o Ciutat Vella— que reflejan una participación urbana significativa. Además, la presencia de municipios como Algemesí y Alzira confirma el alcance comarcal de las respuestas.

El Partido Socialista ha exigido este miércoles al líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que expliquen sus llamadas “en tiempo real” durante ese día. El PSOE solicita además al líder del PP que ponga en conocimiento del juzgado de Catarroja que investiga si hubo responsabilidades penales durante la respuesta autonómica a la DANA del 29 de octubre “todo lo que supo” ese día.

Según explica el PSOE en un comunicado, las revelaciones de los testimonios ante la jueza de instrucción están siendo “demoledoras” para la versión mantenida durante los últimos meses por el Partido Popular. Los socialistas aseguran que “las mentiras están cayendo como un castillo de naipes”, que el president valenciano está “cada día más cerca de la imputación” y que Feijóo, que ha defendido la continuidad de su barón autonómico en el cargo, “tiene un grave problema”.

“Ya sabemos con total certeza que el apagón telefónico de Carlos Mazón se produjo en horas críticas”, defiende el partido en su nota, tras conocerse el registro de llamadas de la entonces consellera de Emergencias e Interior, Salomé Pradas, que revela que el jefe del Consell ignoró sus llamadas mientras estaba comiendo en el Ventorro y durante el desbordamiento del barranco del Poyo.

El PSOE, que critica que Mazón no se comunicaba con su responsable de emergencias “mientras decenas de personas se ahogaban”, señala algunas de las preguntas sobre su actuación en aquel fatídico 29 de octubre de 2024 que aún están por responder: “Queda por saber a qué hora salió de El Ventorro y dónde se encontraba durante todas esas horas”.

Los socialistas consideran que es necesario que tanto Feijóo como Mazón expliquen sus llamadas durante aquel día. Recuerdan que el líder popular afirmó que el president de la Generalitat le informaba “desde el lunes” 28 de octubre “en tiempo real” sobre la situación en la Comunitat Valenciana y se preguntan si Feijóo ha pactado “un silencio táctico sobre estas llamadas” y si por este motivo Carlos Mazón no ha sido destituido.

“¿Hablaron también Feijóo y Mazón del envío de la alerta a la población? ¿Aconsejó Feijóo a Mazón en la toma de decisiones políticas ese día?”, se preguntan desde el PSOE, y argumentan que “los interrogantes se acumulan, pero la verdad se abre paso”.

Los socialistas exigen a Feijóo que ponga en conocimiento de este juzgado de instrucción “de inmediato y de forma voluntaria” todo lo que supo aquel día y avisan de que el borrado de las cámaras de seguridad de la Generalitat “no lo salvará”, así como tampoco lo haría “el lavado de cara que pretende echando la culpa a todo el mundo menos a su propia negligencia”.

El misterioso paradero del jefe del Consell

¿Qué pasó entre las 18.30 y las 19.43 del 29 de octubre? Toda l'Horta Sud se inundó y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, recibió la llamada de la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, relatando que muchos de sus vecinos se estaban ahogando. ¿Dónde estaba la máxima autoridad autonómica? ¿Dónde se encontraba el presidente de todos los valencianos, que vivían la mayor catástrofe de las últimas décadas?

De momento, y hasta la fecha, ha sido imposible situar físicamente al president de la Generalitat entre las 17.43, cuando estaba en el Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, y las 20.28, cuando llegó al Cecopi. Ningún testigo ha podido acreditar el paradero de Carlos Mazón en esas horas y tampoco el president ha querido dar luz a su situación.

Solo se conocen las llamadas que dijo el propio Mazón haber hecho durante ese tiempo. Entre las 18.30 y las 19.43, según esos datos, el jefe del Consell llamó a su director general de Comunicación, Paco González (18.48); a su 'número dos' en el partido, Juan Francisco Pérez Llorca (18.57), y a su amigo el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra (19.34).

En el caso de Sendra, se desconoce quién llamó a quién, pero la realidad es que el alto cargo es el responsable del Metro de Valencia, que cerró solo cuando los maquinistas alertaron de que los raíles estaban inundados a la altura del barranco de Poyo. En el momento de la llamada, el secretario autonómico presenciaba en directo la inundación de las instalaciones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a consecuencia del desbordamiento de la rambla del Poyo.

La conocida “pedrea” de Ximo Puig, una partida de subvención presidencial que el expresidente de la Generalitat disparó para regar a asociaciones festivas y culturales a dedo, no ha entrado en el paquete de partidas a eliminar por el autodenominado “Gobierno del cambio” del presidente, Carlos Mazón. Más bien, todo lo contrario: el presidente popular la ha incrementado en un 33% con respecto al año 2024, según se desprende de los presupuestos autonómicos recientemente presentados. Y eso que su predecesora al frente del PP, Isabel Bonig, quiso eliminarla por su “arbitrariedad y falta de control”.

Ahora, en su segundo proyecto de cuentas públicas, marcado por el papel de Vox, Mazón no ha considerado esta partida de ayudas a dedo como “grasa” administrativa -término que emplea para los recortes- y se ha guardado cuatro millones de euros para otorgarlos este 2025. Alberto Fabra destinó a este propósito 50.000 y 65.000 euros en sus dos últimos años de mandato (2014 y 2015). El socialista Ximo Puig la elevó hasta el millón de euros, aunque posteriormente la rebajó a 700.000 euros ante las críticas de sus socios de Compromís y Unides Podem. Y también de la entonces líder popular, Isabel Bonig.

De cara al presente ejercicio, Mazón ha batido todos los récords al incluir en las cuentas de la dirección general de proyectos estratégicos, que depende de Presidencia, una partida de cuatro millones por concesión directa para entidades que “fomenten actividades de interés público”. A esta cuantía se suma un millón adicional con el mismo epígrafe, pero en esta ocasión por “concurrencia competitiva”.

También dentro del presupuesto de Presidencia, en el capítulo de promoción institucional, se adjudican a dedo ayudas por valor de 350.000 euros a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias; de 10.000 euros a la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana; de 40.000 euros al Colegio de Publicistas de la Comunitat Valenciana; y de 10.000 euros a la Mediterránea Fashion Week.

En cuanto a promoción institucional, hay una partida de 7,4 millones de euros, de los que 7,2 son para “gastos diversos”; en 2024 esta partida ascendió a 7,7 millones, pero en 2023, con el Gobierno del Botánico, fue de 5,5 millones de euros. Se trata de campañas y acciones para la promoción de la imagen institucional de la Generalitat Valenciana.

Por otra parte, desde la Conselleria de Educación se ha consignado para 2025 una ayuda a dedo de 300.000 euros para la Fundación Toro de Lidia, una asignación que impulsó el exvicepresidente de Vox, Vicente Barrera, y que mantiene el Consell del PP.

Al respecto, la diputada socialista Mercedes Caballero ha comentado que “el tema es a quién se le dan esas ayudas y para qué, porque proyectos estratégicos es una descripción muy ambigua; más que la cuantía de cuatro millones, que también se podría haber rebajado en el actual contexto para dedicarlo a otras cosas más urgentes”. Se añade, además, cinco millones de ayudas para las Fallas, una promesa del presidente meses antes de la fiesta valenciana. El cuestionado líder popular, tras casi dos años de gobierno, incrementa notablemente las ayudas discrecionales que su partido criticó. Vox, adalid de los recortes en el sector público, no se ha pronunciado hasta el momento sobre esta cuestión.

En la Comunidad Valenciana los centros educativos valencianos acaban de celebrar una consulta, un referéndum vinculante, impulsado por el gobierno del PP con apoyo de Vox. Sin necesidad de que conociéramos el resultado, esto ya suponía cambiar el modelo educativo. Pero es que el resultado deja en ridículo a la derecha valenciana. El 50,5% de las familias votaron valenciano y el 49,5% castellano. En las provincias de Castellón y Valencia la diferencia a favor del valenciano es abrumadora. Solo en Alicante ha optado mayoritariamente por el castellano. 

Conocimos el detalle de la consulta y de lo que implica con el periodista de elDiario.es en la Comunitat Valenciana Miguel Giménez. También, nos asomamos a otras realidades lingüísticas de España. Con Angy Galvín abordamos lo que ha implicado para la lengua la llegada del PP en Balears y con Gonzalo Cortizo escuchamos el ejemplo de una autonomía con dos idiomas cooficiales en la que el PP lleva muchos años en el Gobierno. 

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La no ejecución del proyecto de encauzamiento del barranco del Poyo que lleva más de dos décadas atascado bajo los gobiernos del PP y del PSOE es uno de los aspectos que más polémica ha generado tras la devastadora DANA que el pasado 29 de octubre acabó con 224 vidas. El retraso en la ejecución de esta actuación que sigue enmarañada en trámites burocráticos es uno de los clavos a los que se ha agarrado el PP para tratar de derivar la responsabilidad de los enormes daños al Gobierno central de Pedro Sánchez, habida cuenta de que es una obra que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, la realidad es que gran parte de culpa del estancamiento es responsabilidad de la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, al no poner en marcha unas obras que ya contaban con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Una DIA que caducó por inacción del ejecutivo y que se tuvo que volver a tramitar después.

Originalmente, en el año 1994, la CHJ redactó el Proyecto básico de restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet, que incluía otros barrancos afluentes como el Gallego, l’Horteta y La Saleta. A efectos de su licitación se dividió en cuatro fases, respectivamente, según los cuatro cauces principales del título del proyecto, y obtuvo declaración de impacto ambiental favorable (DIA) en 1996, por parte de la entonces Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. No obstante, tras recibirse un escrito de la Comisión Europea de Medio Ambiente, en julio de 1999, la Consellería de Medio Ambiente emitió una resolución complementaria que incorporaba nuevos condicionantes a la expresada DIA, cuyo cumplimiento hacía inviable continuar con el proyecto original, por lo que se procedió a la redacción de un nuevo proyecto desgajado, circunscrito al ámbito del barranco del Poyo (Fase I), entre la Albufera y Paiporta.

La modificación de la DIA establecía la obligación de plantear nuevas alternativas para los tramos restantes del Proyecto primitivo, a fin de resolver el problema de la inundabilidad aguas arriba del tramo de la Fase I, así como darle un tratamiento integral al problema. Este nuevo Proyecto desgajado (Fase I) y el restante (Fases II, II y IV) fueron incluidos en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001).

La CHJ tramitó y ejecutó las obras del Proyecto de Restitución y Adaptación de los cauces naturales de los barrancos Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet que afectaron a los términos municipales de Catarroja, Massanassa y Paiporta, entre septiembre de 2002 y octubre de 2005, siendo recibidas el 17-11-2005. Consistieron en el conocido encauzamiento de 7,2 km de longitud con un camino de servicio de 4 metros a ambos lados. El montante invertido fue de 19,7 millones de euros.

Así las cosas, para resolver de forma integral la inundabilidad de la zona, en julio de 2004 se redactó un estudio de posibles soluciones para la defensa integral contra avenidas de la rambla del Poyo, que dio lugar a una importante participación pública, recibiéndose numerosas sugerencias y alegaciones. En consecuencia, en abril de 2006 se redacta el Proyecto Informativo 'Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera' con la Memoria Resumen de Impacto Ambiental, dando así continuidad a la tramitación ambiental del conjunto de las actuaciones propuestas y a fin de obtener la preceptiva DIA.

En febrero de 2009, la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente autorizó a la CHJ la redacción del Proyecto de Adecuación Ambiental y Drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera (València), por un importe estimado de 221,4 millones de euros. Finalmente, en noviembre de 2010, se finalizaron los siete proyectos constructivos que desarrollan el Proyecto, que fueron los siguientes: Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia y adecuación del barranco del Poyo entre el acueducto Júcar-Turia y Paiporta; drenaje del barranco de La Saleta a su paso por Aldaia y Quart de Poblet; vía verde del barranco Pozalet entre la zona verde inundable y el barranco de la Saleta en Quart de Poblet; adecuación del barranco Pozalet entre Loriguilla y la zona verde inundable; adecuación del barranco Poyo y afluentes entre el cruce con la A-3 y el acueducto Júcar-Turia; correcciones hidrológicas en la cuenca alta del barranco del Poyo; y restauración forestal de la cuenca alta del barranco del Poyo.

Con fecha 16 de diciembre de 2011 la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente formuló DIA favorable con sus respectivas condiciones. Entre ellas, que otro proyecto que había sido redactado por la Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana en 2006, denominado 'Vía Verde Xirivella-Nuevo Cauce del Turia' y que afectaba al barranco de la Saleta, no incluido en el Proyecto Informativo descrito y que no precisaba DIA según la Consellería de Territorio y Vivienda, debería tenerse en cuenta para ajustar las obras proyectadas en aquel para los barrancos del Pozalet y la Saleta.

El 5 enero 2018, la declaración de impacto ambiental caduca al no haberse iniciado el proyecto a causa, según las mismas fuentes, de los recortes del PP que dejaron entre un 25% y un 30% de la disponibilidad presupuestaria precrisis para políticas de agua.

Por este motivo, ese mismo año se vuelve a iniciar la tramitación con el análisis coste-beneficio del proyecto. Actualmente, a requerimiento de la Generalitat Valenciana, está en tramitación la redacción de un estudio de Integración Paisajística que una vez informado favorablemente por la administración autonómica dará lugar al pronunciamiento favorable de impacto ambiental, aprobación del proyecto y licitación de las obras.

“Hubiera aliviado un 30% los daños materiales”

Ramiro Martínez Costa es ingeniero de caminos y redactó uno de los primeros planes relativos al encauzamiento del barranco del Poyo en 2006. En una entrevista el pasado 21 de noviembre en el programa 'Bon Dia Comunitat Valenciana' de À Punt aseguró que “hay que hacer estas obras que se propusieron hace tiempo, pero no debemos caer en la falsa seguridad de creer que con estas obras ejecutadas el peligro ha desaparecido, el riesgo cero no existe porque requeriría unas inversiones descomunales y puede que el traslado de poblaciones enteras”.

Martínez Costa comentó que trabajan con unos criterios de diseño con periodo de retorno de 500 años, es decir, “infraestructuras que sean capaces de conseguir la defensa para episodios que se producen como media una vez cada 500 años, es un algoritmo necesario para que proyectemos con criterios iniciales de diseño” y añadió: “Se trata de un proyecto de bifurcación, un conjunto de piezas por toda la cuenca del Poyo que contribuían a la minoración de la onda de avenida. En esta ocasión hemos sufrido un evento de proporciones bíblicas y no es cierto que de haber estado construidas esas soluciones no se hubiera padecido en l'Horta Sud la catástrofe que se ha padecido. Según mis estimaciones, un 20% o 30% de los daños materiales podrían haber sido evitados, pero no se hubiera evitado el desbordamiento con la magnitud que hemos conocido. De todas formas la cuestión fundamental no es la minoración de los daños materiales, sino el problema de la cantidad de víctimas mortales que hemos tenido, que no son entendibles en un país que se considera desarrollado, esto tiene que ver con otras cuestiones que no son soluciones infraestructurales, hay medidas básicas de prevención y de alerta a la población para que tome sus propias medidas de defensa”.

En cuanto a la supuesta incompatibilidad con la Ley de Protección de Huerta comentó que “no es cierto que impida hacer una actuación como esta; sí que prevé una serie de cuestiones a tener en cuenta en el caso de que se quiera promover una actuación pública que tenga afección sobre el espacio protegido, pero proporciona una serie de herramientas para que se pueda ejecutar una actuación como esta, manteniendo una serie de consideraciones de protección sobre la huerta y buscando las soluciones que menos impacto produzcan”.