Vox ha esperado al último día que marca el calendario electoral para anunciar a su candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. No era un secreto a voces, pero sí se había mantenido la incógnita sobre por quién se decantaría la cúpula de Bambú: el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, o el portavoz parlamentario autonómico, David Hierro. Finalmente, ha sido el primero.

Pollán (León, 1967) encaja con el perfil que Santiago Abascal busca para sus territorios: una figura institucional, sin grandes salidas de tono en público y capaz de asumir que durante la precampaña y la campaña los focos se concentren en los líderes nacionales, como ya ocurrió en Castilla y León en 2022 y más recientemente en Extremadura y Aragón.

Muy alejado del perfil bronco que exhibía el anterior candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo, el bajo perfil de Pollán ante los micrófonos y en el hemiciclo no lo ha mantenido al margen de la polémica. Aun así, ha logrado que la oposición pase de negarle el saludo a reconocerle su trabajo al final de la legislatura, algo que verbalizó el procurador Francisco Igea en su última intervención en un pleno.

Carlos Pollán es licenciado en Derecho y, antes de su llegada a la política autonómica, ejerció profesionalmente en el ámbito de la asesoría laboral. En León es conocido también por su vinculación al balonmano, donde fue jugador y presidente del Ademar. Bajo su mandato, el club entró en bancarrota y tuvo que declarar concurso de acreedores en 2013 debido a una deuda impagada superior a los 500.000 euros. Tras la presentación del concurso, Pollán dimitió del cargo —que ocupaba desde 2009— y abandonó el club en el que había sido jugador durante ocho años y entrenador de filiales durante doce temporadas.

Pollán fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó el quinto puesto en la lista a las Cortes en 2019, cuando Vox tampoco obtuvo escaño. Ya en 2022 encabezó la candidatura por León, accedió al Parlamento autonómico y fue elegido presidente de las Cortes gracias al acuerdo entre PP y Vox, que permitió la entrada de la extrema derecha por primera vez en un gobierno autonómico y otorgó, también por primera vez, el control del poder legislativo en una comunidad.

Falta de neutralidad

La figura de Pollán ha ido evolucionando a lo largo de la legislatura. En los primeros años, con Vox en el Gobierno autonómico, era habitual que los plenos se desarrollasen entre exabruptos e insultos protagonizados por el entonces vicepresidente Juan García-Gallardo. Desde la oposición se denunciaba la permisividad del presidente de la Cámara.

En una de esas broncas, García-Gallardo llamó “imbécil” y “presunto delincuente” a Francisco Igea mientras intervenía en el pleno. “Señor presidente, he de decirle que esto es inaudito”, protestó Igea, a lo que Pollán respondió con un escueto “señorías, por favor”. El propio Igea llegó a pedir la dimisión del presidente de las Cortes por retuitear a un diputado de Vox que lo “difamaba”.

Pollán tampoco mantuvo una posición equidistante cuando era la oposición quien elevaba el tono. Así, cuando desde el PSOE se calificó al PP como una “pandilla de sinvergüenzas”, el presidente ordenó retirar esas expresiones del Diario de Sesiones. En cambio, no reprendió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando hizo el gesto de una peineta a una procuradora socialista, ni intervino cuando desde la bancada del PSOE se acusó a García-Gallardo de realizar “gestos de felación” durante un pleno.

Durante los algo más de dos años del pacto PP-Vox, los ataques de la oposición —especialmente dirigidos a Pablo Fernández (Unidas Podemos) y a Francisco Igea— solían acabar en llamadas al orden. Ocurrió, por ejemplo, cuando Pollán amonestó a Fernández por afirmar que García-Gallardo profesaba “la ideología fascista”, expresión que terminó siendo retirada. Sin embargo, acusaciones de Vox al PSOE como “tener un pasado criminal” o ser “socialcomunistas” nunca fueron sancionadas pese a las protestas.

Otro episodio se produjo en julio de 2023, cuando el PSOE llevó ante la Junta Electoral Central al presidente de las Cortes por usar la web del Parlamento y las redes institucionales para hacer propaganda de su partido. Durante la campaña electoral, la agenda oficial del presidente incluía como primer acto público su asistencia a un desayuno informativo de Santiago Abascal en Madrid. Finalmente, las publicaciones fueron eliminadas.

La legislatura avanzó desde unos primeros años marcados por el conflicto y los insultos hasta un último tramo más contenido, especialmente tras la salida de García-Gallardo de Vox en febrero de 2025. La ruptura entre PP y Vox y la mayor moderación general han contribuido a reducir la tensión en el hemiciclo y a devolver cierta normalidad parlamentaria.

Con la llegada de Vox a la Presidencia de las Cortes, ostentando también cargos como los que afectan a su relación con los medios de comunicación, varios periodistas han sufrido dificultades para desarrollar su trabajo en el parlamento autonómico en condiciones, entre ellos elDiario.es. Mientras que el resto de medios contaban con un espacio asignado desde el primer momento, a otros se les ha negado una cabina de prensa y no ha sido hasta el final de la legislatura cuando han podido tener un sitio para poder trabajar dignamente.

Eliminación del concepto de violencia machista y LGTBI

Durante estos cuatro años, Pollán fue cuestionado no solo por una presunta falta de neutralidad política, sino también por imponer en la institución las tesis de Vox. En septiembre de 2022, tras un asesinato machista en Palencia, las Cortes convocaron un minuto de silencio por un “crimen en el que una mujer perdió la vida”, evitando el término violencia de género. Según García-Gallardo, “la violencia no tiene género”, imponiendo así el discurso de la derecha radical. El PP fue cómplice de esta línea, como cuando permitió que Vox bloquease una declaración institucional por un crimen machista.

Pollán ha defendido una supuesta neutralidad institucional evitando posicionar a las Cortes en declaraciones de apoyo a colectivos, algo que antes de la llegada de Vox se traducía en declaraciones institucionales y en la iluminación del edificio del Parlamento con colores simbólicos. Ante esta postura, el PSOE decidió colgar una bandera arcoíris en sus dependencias durante la semana del Orgullo LGTBI, lo que derivó en un enfrentamiento con la Presidencia, que llegó a amenazar con recurrir a la seguridad para retirarla. La única iluminación permitida ha sido la de la bandera nacional el día de Santiago, patrón de España.

Líos en las votaciones

Dos veces ha tenido Pollán jaleo a la hora de votar. La primera, y quizás la más sonada, se produjo en el Pleno de Presupuestos de 2022. Una redacción “confusa”, según el Partido Popular, hacía que el presidente de las Cortes suspendiera la sesión en mitad de una votación tras aprobarse, por error, las enmiendas del PSOE a la Ley de Medidas que acompaña a las cuentas autonómicas, con el apoyo de PP y Vox. El resultado —66 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones— alteraba aspectos clave de la política fiscal, como la recuperación del impuesto de caza o la limitación por renta de la bonificación del IRPF a familias numerosas.

Ante la protesta del PP, que pidió repetir la votación, Pollán decretó un receso durante el proceso, una decisión calificada de anómala por la oposición. El presidente interrumpió la sesión por diez minutos, aunque el parón se prolongó durante más de una hora, entre protestas del PSOE, que recordó que el reglamento impide repetir votaciones ya celebradas. Finalmente, Pollán retomó el Pleno para afrontar la única salida reglamentaria: someter a votación la Ley de Medidas, que fue rechazada por 44 votos en contra, 26 a favor y 8 abstenciones, dejando en el aire la viabilidad de los Presupuestos.

Tras el episodio, PP y Vox anunciaron que presentarán una nueva proposición de ley la próxima semana, mientras que Unidas Podemos e Igea anunciaron la impugnación del proceso por la “parcialidad” del presidente de las Cortes. Desde el PSOE se acusó a Pollán y al bloque de gobierno de protagonizar un “espectáculo” institucional, subrayando que el receso en plena votación no tiene precedentes en la Cámara autonómica.

La segunda se produjo cuando el leonés decidió aprobar la propuesta del PP de una terna de jueces al Tribunal Superior de Justicia. Pollán no aclaró previamente el sistema ni la mayoría necesaria, limitándose a señalar que bastaban “votos favorables”. Tras una votación secreta —que el propio presidente reconoció después que se había planteado de forma incorrecta—, la propuesta de los 'populares' salió adelante pese a obtener más votos en contra (35) que a favor (31), con los procuradores de Vox ausentes. Posteriormente, la Presidencia justificó el resultado en una resolución de 1999 que establece que resulta elegida la terna más votada, incluso si es la única presentada.

La oposición acusó a Pollán de falta de transparencia y de haber generado un procedimiento irregular. El PSOE anunció que estudia recurrir la votación y su portavoz, Luis Tudanca, aseguró que el presidente había defendido previamente que era necesaria una mayoría, calificando lo ocurrido de incoherente. Pese a la polémica, salvo impugnación judicial, la terna será remitida al Consejo General del Poder Judicial para continuar el trámite de designación del magistrado del TSJ de Castilla y León.

Pollán vs Mañueco

El presidente del Poder Legislativo ha tenido encontronazos con el Poder Ejecutivo. En julio de 2025, Carlos Pollán publicaba en la red social X una imagen del orden del día del Consejo de Gobierno de la Junta mientras este se estaba celebrando, un documento interno al que no debería haber tenido acceso. Pollán utilizó la filtración para criticar que el Ejecutivo autonómico adeude 11,6 millones de euros al Parlamento y para reprochar que la Junta destinara una partida a sufragar gastos derivados de la actividad de sindicatos y patronal, en cumplimiento de la Ley del Diálogo Social. El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), calificó la actuación de “inadecuada” y anunció que se analizarán sus consecuencias, al considerar que se había difundido información del funcionamiento interno de una administración a la que Pollán no pertenece.

Desde la Junta explicaron que los órdenes del día y las actas solo se hacen públicos tras finalizar los Consejos de Gobierno y recordaron que los acuerdos —no los debates ni las tramitaciones previas— son los que tienen carácter público. Fernández Carriedo justificó el retraso en el pago a las Cortes por la espera de la actualización de la financiación autonómica de 2025 y señaló que el Parlamento dispone de remanentes, además de gastos asumidos por la Junta, como la organización del Día de la Comunidad. El Ejecutivo defendió que ha priorizado partidas vinculadas a educación, sanidad, servicios sociales y ayudas al alquiler.

En octubre, Pollán volvió a recordar que la Junta debía casi 12 millones de euros (11.745.535) correspondientes a las asignaciones del tercer y cuarto trimestre de 2025, que debían haberse transferido antes del 1 de julio y del 1 de octubre. El presidente de las Cortes remitió hasta tres escritos al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, recordando la obligación legal de librar estos fondos por trimestres anticipados y alertando de una “grave injerencia” del Ejecutivo en la autonomía parlamentaria. La transferencia se efectuó finalmente de madrugada, tras semanas de retraso.

En sus comunicaciones, Pollán advirtió de que la falta de pago vulneraba la separación de poderes al privar a la Cámara de los recursos necesarios para su funcionamiento y llegó a anunciar que estudiaría otras medidas si persistía la situación. Desde la Junta se justificó el retraso por una demora en las entregas a cuenta del Estado, aunque fuentes parlamentarias señalaron que el impago comenzó tras un discurso del propio Pollán crítico con el Estado de las Autonomías y con el PP, lo que habría tensado las relaciones entre ambas instituciones.

La crisis se trasladó a la Mesa de las Cortes, donde no salió adelante la sección 20 de los Presupuestos de 2026 —la correspondiente al Parlamento— tras la abstención de PP y Vox y el voto en contra del PSOE.

Presidente de las Cortes y patrono de la Fundación Castilla y León, en contra de las autonomías y los “chiringuitos”

Pollán es de los miembros de Vox que defienden firmemente la paradoja de poner fin al sistema de comunidades en España mientras se encuentra al frente de una institución autonómica. También se ha mostrado contrario a los “chiringuitos”, como se califican desde su partido, que suponen las fundaciones que dependen de los parlamentos regionales.

En el caso de las Cortes de Castilla y León, la Fundación Castilla y León se encargaba de programar el día de la Comunidad, el día 23 de abril, así como extender el sentimiento de pertenencia a la Comunidad. Como presidente de las Cortes, le correspondía ser el 'anfitrión' en la festividad celebrada en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros. En 2022, en su primer día de la Comunidad, se encontró con todo organizado para la fiesta autonómica aunque, según afirmó en rueda de prensa, no pudo ir al tener un compromiso familiar previo —una comunión— .

La Fundación Castilla y León ha estallado tal y como se la conocía. En un primer momento, todos los miembros de izquierdas —partidos y sindicatos— abandonaron el patronato y Vox ha centrado su actividad hacia congresos y jornadas con presencia recurrente de cargos y candidatos de Vox, junto a académicos de universidades públicas y privadas, especialmente la CEU y la UEMC, con las que mantiene convenios. Entre los actos organizados figuran encuentros sobre constitucionalismo, Reconquista, hispanismo, libertad religiosa o memoria histórica, además de acuerdos institucionales vinculados a los Reyes Católicos, el parlamentarismo leonés o proyectos de emprendimiento.

La propia Junta de Castilla y León ha creado la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León que asume las funciones que hasta la llegada de Vox tenía la Fundación Castilla y León. Según informó la Junta de Castilla y León, la nueva fundación se encargará de “preparar, diseñar y organizar las actividades que se celebrarán en el año 2030 con motivo del 800 Aniversario de la unión de los Reinos de Castilla y de León, acontecida en 1230 bajo el reinado de Fernando III”.

En la práctica, ahora es el Ejecutivo autonómico quien se encarga de diseñar y pagar el Día de la Comunidad con un formato centrado en actividades en todas las principales ciudades 'secando' al tradicional Día de Villalar, siempre vinculado a los movimientos de izquierdas de la Comunidad. Aunque, de forma paralela, las propias Cortes organizan una 'jornada alternativa' por el Día de Castilla y León en el Parlamento autonómico para contraprogramar los actos y celebraciones en Villalar de los Comuneros.

Críticas del PP

Ya con el pacto de gobierno roto, el PP cargó contra Pollán y le acusó en octubre de 2025 de “la utilización partidista e irresponsable” de la Mesa de las Cortes al entender que habían pactado con el PSOE retrasar el inicio del debate presupuestario de la Comunidad para 2026, devolviendo el proyecto a la Junta de Castilla y León. Y todo porque la Mesa pidió un informe jurídico para saber si se podían tramitar unos presupuestos sin el techo de gasto y la sección 20 (el presupuesto del Parlamento) aprobados.

Pollán decidió convocar directamente la ponencia que debe elaborar el dictamen de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, adelantándose al presidente de la Comisión de Presidencia, Raúl Hernández (PP), que es quien normalmente tendría que realizar el trámite. Desde la Presidencia del Parlamento se argumentó que Pollán estaba facultado por el reglamento para hacerlo y que la decisión responde a una petición expresa de los grupos para evitar más retrasos. El movimiento desbloquea la tramitación y su posterior aprobación en verano de 2025.

Críticas por los incendios

Carlos Pollán ha sido criticado por mantener una presencia pública muy limitada durante la peor ola de incendios de Castilla y León, que afectó especialmente a León y Zamora. Desde que comenzaron los fuegos el 9 y 10 de agosto —con varios incendios aún activos en nivel máximo de peligrosidad—, Pollán visitó en esos días las zonas afectadas y solo ha participado en tres actos públicos: una comida institucional en Gijón, el Descenso Internacional del Pisuerga en Palencia y un partido de la Cultural Leonesa. Su actividad institucional se redujo en esos días presidir una reunión de la Mesa y Junta de Portavoces para convocar un pleno extraordinario sobre la gestión de los incendios, según publicó este medio el día 20 de agosto.

En el plano comunicativo, Pollán ha publicado únicamente cinco mensajes propios en esos días sobre los fuegos en la red social X, frente a cerca de medio centenar de publicaciones y retuits de temática diversa, centrados en críticas políticas y mensajes del entorno de Vox. Solo uno de esos mensajes sirvió para expresar condolencias por la primera víctima mortal, sin pronunciamientos posteriores por los otros dos fallecidos ni por las graves pérdidas ambientales, incluido el incendio que arrasó Las Médulas. Tampoco trasladó apoyo público a los heridos, más allá de un mensaje puntual a cuatro efectivos de la UME, mientras sí compartió contenidos de dirigentes y organizaciones afines a Vox, algunos con afirmaciones no contrastadas sobre los recursos destinados a la emergencia.

Las Cortes de Castilla y León apenas publicaron esos días cuatro publicaciones en redes desde el inicio de la crisis y no han emitido ningún comunicado oficial de condolencias ni sobre el impacto económico y ambiental de los incendios. La actividad institucional se limitó a comunicar la agenda del presidente y la convocatoria de órganos parlamentarios, sin pronunciamientos públicos sobre unas emergencias que están causando importantes daños materiales en el territorio autonómico.

Luces, cámara y acción. Es indiscutible que las elecciones que adelantó Mañueco a febrero de 2022 levantaron pasiones, audiencias y talonarios. Por una vez, los focos estaban en ese feudo del PP en el que en 2019 el PSOE ganara las elecciones aunque con un resultado insuficiente como para gobernar. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rompía con Ciudadanos —tras meses de rumores— y conseguía atraer la atención de los medios nacionales, uno de los caballos de batalla de esta comunidad tan grande, dispersa y envejecida. Y eso tuvo un coste: la campaña electoral de Castilla y León ha sido la más cara de los últimos años.

Los partidos políticos se gastaron 3,7 millones de euros en los 14 días de campaña electoral, de los cuales han sido (o serán) subvencionados 2,3 millones. Esta es la cifra más alta de la que se tiene constancia, puesto que los informes del Consejo de Cuentas están publicados desde 2007. Eso sí, ninguno de los partidos superó el límite máximo de gastos que fija la Ley Electoral autonómica.

De nuevo, el PSOE es el partido que más dinero destina a la campaña electoral. El equipo de Luis Tudanca superó por primera vez el millón de euros en gastos, que principalmente se destinaron a la publicidad y propaganda: medio millón de euros fue a este destino, por encima del resto de partidos políticos.

Mañueco se veía más fuerte en la convocatoria que había adelantado él mismo a finales de diciembre de 2019. El Partido Popular triplicó el gasto electoral respecto a 2019, también por encima del millón de euros. El PP anticipó en 2019 su mal resultado en las elecciones, en la que gastó una cifra más baja de lo habitual. En esta ocasión, Mañueco —que quería gobernar en solitario— se jugaba todo al 13 de febrero. No le salió del todo, porque tuvo que cambiar de socio de gobierno: Ciudadanos por Vox.

Vox dio en febrero de 2022 un golpe sobre la mesa: pasó de un procurador en las Cortes a 13 representantes electos, tres consejerías, la Vicepresidencia de la Junta y la Presidencia del parlamento. Pero no salió gratis: si en 2019 Vox se gastó 13.000 euros, esta vez fueron más de 700.000 euros. Nunca un partido había registrado un incremento de presupuesto electoral como este. Sin embargo, no figura ni un solo euro en el alquiler de locales, puesto que los actos de campaña se realizaron al aire libre, sobre todo en plazas de Castilla y León.

El auge de Vox supuso el declive de Ciudadanos, el gran perdedor de las elecciones. Solo Francisco Igea consiguió mantenerse a flote y el coste electoral rozó los 300.000 euros, una cifra superior a la de 2019.

Unidas Podemos multiplicó su presupuesto electoral, aunque solo por dos: 176.000 euros. El resultado fue peor que en 2015, con un solo procurador, el de Valladolid. El secretario general autonómico, el leonés Pablo Fernández, se presentó por Valladolid en un intento por no quedarse fuera del parlamento.

El que más amortizó su inversión fue Soria ¡Ya!: sacó tres escaños con 32.600 euros (24.000 procedentes de un crowdfunding y un microcrédito de 10.000 euros). La agrupación de electores —que ya ha empezado los trámites para constituirse como partido— es la que menos gastó en papeletas y sobres (6.719 euros), en publicidad exterior (2.100 euros) y en campañas publicitarias en medios de comunicación —Por Ávila no ha notificado ningún gasto en este apartado—.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) también subió la apuesta, aunque de forma más modesta que los partidos más grandes: gracias al crecimiento del leonesismo, y con un presupuesto de casi 900.000 euros, la UPL consiguió tres procuradores. Por Ávila —escisión del PP que revalidó su escaño— invirtió en esas dos semanas casi 46.000 euros. Además, Por Ávila invirtió el 80% de su presupuesto en enviar sobres y papeletas, algo sobre lo que el Consejo de Cuentas insta a reflexionar.

El Consejo de Cuentas reclama a todos los partidos una evaluación sobre la “eficiencia material y económica” de enviar sobres, papeletas y propaganda electoral a los domicilios de los potenciales votantes teniendo en cuenta que hay papeletas en las mesas electorales. Se podría “diseñar e implantar un nuevo procedimiento más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información”. Esto permitiría reducir la financiación de esta actividad con fondos públicos.

Solo UPL y Soria ¡Ya! cubren los gastos de la campaña con las subvenciones

La campaña de 2022 ha sido totalmente distinta al resto de citas electorales que ha vivido Castilla y León. La mayor atención mediática y presión desde las direcciones nacionales por inclinar la balanza ha hecho que la mayoría de partidos políticos haya apostado por una campaña electoral robusta, en la que no han faltado banderillas ni globos con los logos de los partidos.

La Junta de Castilla y León da subvenciones a los partidos políticos en función de los escaños y votos recibidos, además del envío directo y personal a los electores de sobres, papeletas y publicidad. A la fiesta de la democracia invitan todos los ciudadanos y no solo los partidos. De hecho, solo UPL y Soria ¡Ya! cubren los gastos de la campaña con las subvenciones.

Las subvenciones de la Junta no cubren 442.000 euros del PSOE, 408.000 del PP, 275.000 euros de Vox, 142.000 euros de Ciudadanos, 111.000 euros de Unidas Podemos y 6.000 euros de Por Ávila.

Empresas poco transparentes

Cuatro empresas que en total han recibido unos 20.000 euros se han negado a detallar y documentar su contabilidad relativa a los ingresos y gastos electorales. Se trata de subcontrataciones realizadas por PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos, a los que el Consejo de Cuentas reclama una mayor colaboración para que las empresas cumplan con la Ley e informen al Consejo de Cuentas si facturan más de 10.000 euros.

El PSOE cerró un contrato por valor de 84.058 euros con Servicios Audiovisuales Overon, la perteneciente a Mediapro, la multinacional de Jaume Roures. En 2011, esta empresa emitió un vídeo del PSOE durante la retransmisión de la sesión plenaria del Senado “por un error técnico”. El Senado decidió no prorrogar el contrato con dicha compañía.

Unidas Podemos firmó un contrato con Facebook Ireland Limited que la multinacional tampoco ha aclarado. El contrato se firmó por valor de 43.980 euros.

El Partido Popular tiene un contrato con Arena Media por valor de 43.821 euros; una filial de Havas con la que el PP ha contratado en otras campañas, como las elecciones municipales y autonómicas de 2011. También participó en la campaña electoral del PP de Madrid de 2015.

Por su parte, Vox ha contratado los servicios de la SL Goodevents Comunicación, que debe aclarar los detalles del contrato que ha firmado con el partido ultraderechista por valor de 20.606 euros. Esta empresa —especializada en el alquiler, montaje y asistencia técnica de equipos de sonido, iluminación y video— se constituyó a mediados del año pasado.

Hombres jóvenes, autónomos y de clase social alta. Es el perfil medio de los votantes de Vox en Castilla y León en las elecciones del 13 de febrero, cuando el partido de Santiago Abascal obtuvo el 17,6% de los votos y 13 escaños en el parlamento autonómico. Un estudio publicado en la revista de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León (Socyl) perfila el votante medio del partido ultraderechista a través de la encuesta preelectoral del CIS.

“Queríamos hacer un análisis individual, aunque también nos gustaría investigarlo a nivel contextual”, apunta uno de los investigadores, Álvaro Sánchez, doctorando en la Universidad de Salamanca y que investiga los vínculos entre la despoblación y el comportamiento electoral.

Su compañero de investigación, Imanol Negral, es doctorando en la Universidad del País Vasco y está estudiando la derecha radical europea comparada. “Vox consigue movilizar a un electoral muy cansado y apático con la situación en Castilla y León, y que es muy transversal. Los hay que se consideran de centro, de centro derecha y de extrema derecha”, explica a este diario.

Electorado joven

Mientras otros estudios han analizado a Vox en comunidades más “mainstream” como Cataluña o Andalucía, y ahí vieron el hueco que había sobre Castilla y León, una comunidad históricamente del PP, en la que Vox apenas irrumpió en las Cortes en 2019 (con un solo procurador) y que consiguió ser el tercer partido más votado tan solo tres años después.

El electorado promedio de Vox en Castilla y León está configurado por hombres jóvenes que van a votar porque perciben un deterioro en la comunidad, con un voto volátil. “Es llamativo porque en Castilla y León, con los pocos jóvenes que hay, y son un elector fuerte de Vox”, explica Sánchez.

El comportamiento del electorado de la ultraderecha en Castilla y León es distinto al de otros partidos ultraderechistas en Europa: en la encuesta preelectoral mostraron su intención de votar a Vox trabajadores y miembros de las clases altas, mientras en Europa se nutren de trabajadores de clases medias bajas y desempleados. La desigualdad que vive Castilla y León reduce el apoyo a Vox, como no sucede en Europa, porque las clases más bajas optan por apoyar a la izquierda.

Vox, la excepción en Europa

Estos trabajadores (con un nivel bajo de estudios) se caracterizaban por ser empresarios y autónomos, quienes consideraban a Vox como una apuesta “más viable” que los asalariados. “Vox es la excepción que atrae a rentas medias tirando a altas, una tendencia que se cumple en Castilla y León”, agrega Sánchez.

Tampoco queda muy claro el peso del medio urbano o rural en el voto en Castilla y León. Mientras en Europa tienen mayor penetración en las zonas rurales, que generan resentimiento como “consecuencia del aislamiento y abandono”. “Para Castilla y León, con una distribución demográfica ruralizada y en deterioro, no encontramos evidencia empírica para el argumento del resentimiento de estas zonas y el apoyo a la Derecha Radical Populista”, zanja el estudio, que justifica este fenómeno por el arraigo que tienen los partidos tradicionales (sobre todo el PP) en zonas rurales.

Ese CIS preelectoral clarificó una de las grandes preocupaciones que planean sobre Castilla y León: el principal problema para el 30% de los encuestados es la despoblación. Sin embargo, no parece haber un vínculo directo entre esta preocupación y el apoyo a Vox. Aquellos preocupados por esta cuestión canalizaron su insatisfacción sobre formaciones de la España Vaciada o no implicó un cambio en el sentido de su voto.

Estos investigadores han categorizado las principales preocupaciones del electorado de Castilla y León. Aquellos que mostraron su intención de votar a Vox consideraban más relevante los problemas socio-políticos (y de clase política), los económicos y la educación, aunque esta última en menor medida. “Lo que hacen los partidos políticos, la inestabilidad política, la gestión del gobierno previo, la falta de acuerdos... ha sido un factor más relevante que la despoblación”, explica Negral.

¿Qué pasará en Andalucía?

Estos investigadores ya han realizado unas pequeñas pruebas para ver si es similar el tipo de electorado de Vox en Andalucía, que tiene una cita en las urnas este domingo 19 de junio. También —parece— se trata de hombres jóvenes de clase social elevada, aunque más urbana que rural. En Andalucía está más clara esta diferencia que en Castilla y León. Además, sus votantes provienen del PP, Ciudadanos y de la abstención, algo que no pasaba en Castilla y León, donde sobre todo venían de votantes 'populares'.

Esta vez prevén añadir un nuevo factor, el individualismo del electorado, para conocer si el estado civil influye en su voto. “Los hombres separados o divorciados dirigen su voto a Vox con mayor asiduidad que los casados. En el caso de viudos y solteros no hemos encontrado una relación estadística significativa”, indica Negral.

La idea que tiennen, continúa Sánchez, es comparar la intención de voto de 2022 con 2018 de Andalucía, cuando Vox arrancó su ciclo electoral. “Podemos ver cómo era el vox inicial, más radical que ahora y con otros temas en la agenda... en inmigración, por ejemplo, se está haciendo menos énfasis que en 2018”, justifica. “Macarena Olona está guiando la campaña a las clases populares y el electorado rural, pero vistos los análisis previos, podría no estar acertada con el electorado al que quiere llegar, porque su votante es urbano y está preocupado por problemas de clase política y no en problemas populares”, aventura Negral.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) ha colocado a dedo a un familiar y a la exdirectora de medios de la Conferencia Episcopal Española. Aunque el Boletín Oficial de Castilla y León publica el nombramiento por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, fuentes del Gobierno autonómico precisan que los nuevos cargos de confianza, asesores, “son a propuesta del vicepresidente”.

José María Barrio Gil-Fournier está emparentado con García-Gallardo por la rama paterna. Aunque ha borrado su perfil en LinkedIn, sí queda rastro de su actividad profesional: fue hasta hace poco director de Promoción y representante en Valladolid de la constructora Reyal Urbis, el mayor moroso de Hacienda, que en este momento subasta activos.

Barrio Gil-Fournier fue citado a declarar como imputado en un juzgado de Valladolid en 2013 por un presunto delito contra el medio ambiente, ya que la constructora compró una antigua fábrica de uralita y contenía amianto. La investigación se archivó al entender el instructor que Reyal Urbis la compró pensando que estaba ya descontaminada por el anterior propietario, y por la falta de diligencia de la administración competente.

Carrera en medios conservadores

Montserrat Lluís Serret es Master en Marketing Digital por ISDI y Licenciada en Ciencias de la Información. Hasta hace un mes era la directora general de Emisoras Musicales, TRECE, Desarrollo Digital y Comunicación, desde que se creó Ábside Media, donde la Conferencia Episcopal Española aglutinaba sus medios.

Lluís Serret pasó por la COPE, pero antes trabajó 20 años en Vocento, donde ocupó posiciones de dirección en el diario ABC, fue coordinadora editorial de Vocento y Directora Editorial de La 10, cadena de televisión privada del grupo. 

El candidato a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asumido en su discurso de investidura, entre otros postulados de Vox —su nuevo socio de gobierno—, el de la “inmigración ordenada”. La ha vinculado no a políticas humanitarias sino a las de despoblación. “Consideraremos el problema de la despoblación y las políticas de demografía una cuestión nacional prioritaria, que debe ser abordada en coordinación con todas las administraciones públicas. Políticas que deben promover, y así lo apoyaremos, una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de España y de Castilla y León”, ha anunciado.

Ha definido a Castilla y León como una “tierra de acogida de quienes se marcharon y quieren regresar y de quienes llegan buscando una nueva oportunidad”, por lo que entiende que es “enriquecedor y necesario” incorporar “a personas extranjeras”, pero bajo unas condiciones: “Siempre de una forma legal, ordenada, con clara vocación de incorporarse al mercado laboral y que busquen la plena integración a través del respeto a las leyes, valores y libertades europeos de la sociedad que las integra. A las personas que lo necesiten, vamos a seguir atendiéndolas a través del sistema de servicios sociales que tenemos”, ha precisado.

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asumido este lunes todo el discurso de Vox contra la Memoria Histórica y ha defendido la nueva Ley de Concordia, que “reivindicará nuestra historia común y la entenderá como elemento integrador para la reconciliación”.

“Vamos a comenzar la tramitación, antes del 30 de junio, de una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación en la materia, como elemento de reconciliación y evitando la utilización de la historia para dividir a los españoles”, ha zanjado durante su discurso de investidura, en el que ha pedido el apoyo a todos los grupos parlamentarios. Solo el Partido Popular y Vox apoyarán a Mañueco como presidente autonómico.

Mañueco también ha destacado que “siempre tendrán presentes a las víctimas del terrorismo”, trabajando por su “dignidad, memoria, justicia y protección”. Además, ha prometido “fortalecer el papel de las provincias y municipios” y promover la “solidaridad” entre todas las Comunidades, defendiendo los intereses de la Comunidad ante la Unión Europea.

El discurso del debate de investidura del candidato del PP a las Cortes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha dejado entrever las fisuras del pacto con su socio de gobierno, Vox. Por un lado, al Partido Popular no le ha quedado más remedio que ceder y comprometerse a tramitar una Ley de Violencia Intrafamiliar con la que Vox pretende diluir la de Violencia de Género. Pero, además, el partido de Abascal le ha exigido que derogue la Ley Autonómica de Violencia de Género, mientras Mañueco ha asegurado que ambas van a “coexistir”.

Lo ha vuelto a remarcar en su discurso de investidura. “Y lo digo alto y claro: vamos a mantener la Ley de Lucha contra la Violencia de Género. No vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos. Ni mucho menos”, ha aseverado. El candidato ha querido camuflar la cesión que hace a Vox tramitando la Ley de Violencia Intrafamiliar asegurando que lo hará será “elevar a rango de ley el actual Plan de Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar, elaborando y aprobando una nueva Ley de Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar, para generar nuevos derechos y proteger a las víctimas”. Ha remarcado que será “a todas las víctimas” y que la tramitación de esta norma se iniciará antes del 31 de julio de este año.

Según Mañueco, “existen situaciones que han de abordarse generando nuevas prestaciones para las víctimas, como la violencia de los hijos contra los padres o contra las personas con discapacidad en el entorno familiar” y ha justificado su decisión: “No creo que nadie pueda estar en contra de esto”, ha argumentado.

También ha justificado que “las dos normas son necesarias, las dos normas son compatibles y las dos normas son complementarias”. “Mejorar la detección y la prevención, ampliar y reforzar la protección a las víctimas y garantizar la mejor atención inmediata e integral es un compromiso irrenunciable”, ha afirmado. Así, el candidato ha igualado la violencia machista con otros tipos de violencia en el ámbito doméstico.

El Partido Popular ha dado un puesto a dedo al exconsejero de Cultura, Javier Ortega (Ciudadanos) en su antigua consejería, tan solo tres meses después de su cese tras romperse el pacto de gobierno. El Bocyl publica este viernes que Ortega ocupará el puesto de libre designación de Jefe de Servicio de Estudios y Documentación de la Consejería de Cultura y Turismo, un nombramiento que firma la consejera en funciones, Rocío Lucas.

La convocatoria para cubrir el puesto se publicó el pasado 2 de diciembre, e iba firmada por el propio Ortega, que es quien ha acabado ocupando la plaza, con un nivel 28. Unos días antes, el 30 de noviembre se hizo publico el cese “a petición propia” de Alberto Montes. En la convocatoria se advertía que la plaza podía quedar desierta y precisamente fue lo que ocurrió y así se publicó el pasado 1 de marzo, por la ya consejera en funciones, Rocío Lucas. Los puestos de libre designación, que no dejan de ser cargos de confianza, rara vez se cubren sin que quien los otorga haya dado el visto bueno previo al aspirante.

El exconsejero desapareció de la campaña electoral del 13F. El candidato a la presidencia de la Junta, Francisco Igea, estuvo siempre acompañado de las exconsejeras de Empleo y Sanidad, Ana Carlota Amigo y Verónica Casado, o de de exdirectores generales, pero Ortega no participó en un solo acto. Licenciado en Historia Medieval y Diplomado de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense, es funcionario de la Administración General del Estado. Ha trabajado como jefe de Servicios en el Archivo General de Simancas, y antes de ser consejero era el director gerente de la Fundación Miguel Delibes.

El nombramiento de Ortega ha provocado estupefacción entre sus antiguos compañeros de Ciudadanos. La Jefatura de Estudios y Documentación tiene entre sus funciones la elaboración de informes y discursos para la consejería. Aunque Vox y PP aún no han llegado a un acuerdo firme, es posible que Ortega acabe trabajando a las órdenes de un consejero del partido de extrema derecha.

Los partidos de la oposición en las Cortes de Castilla y León, en concreto PSOE, Unión del Pueblo Leonés y Soria Ya, han comenzado la nueva legislatura muy distanciados a cuenta del pacto del PP con la extrema derecha de Vox y el resultado de las primera votaciones, la elección de la Mesa de las Cortes.

UPL y Soria Ya han tenido que salir a defender su abstención en la votación por la presidencia del parlamento autonómico este jueves, donde la extrema derecha se hizo con el cargo gracias al pacto de Vox y PP, que permite además su entrada en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Las críticas a su voto recibidas del PSOE y en las redes sociales, que atribuyen a una campaña de los socialistas, han obligado a los dos partidos a aclarar el sistema de votación y defender su postura.

El leonés Carlos Pollán es ya la segunda autoridad de Castilla y León gracias a los 44 votos de Vox y PP, que suman mayoría absoluta. La socialista Ana Sánchez recibió 30 votos, de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, y hubo 7 abstenciones del resto de partidos. Los votos de abstención de UPL y Soria Ya han recibido críticas del PSOE por entender que se “pusieron de perfil” ante la entrada de la extrema derecha en el gobierno de las instituciones.

El PSOE fue el principal perjudicado del gran resultado electoral del pasado 13 de febrero en las provincias de León y de Soria. En esta última provincia Soria Ya barrió al PP, y sobre todo, al PSOE al que relegó como tercer fuerza política. Y en León el auge de los leonesistas de UPL hicieron perder dos escaños al PSOE y casi 30.000 votos.

UPL y Soria Ya han justificado su abstención y no apoyo a la candidatura socialista con que según el reglamento de las Cortes no existe la posibilidad de votar 'no' a un candidato, sino simplemente voto a favor de un nombre o abstención. Y lo han hecho difundiendo tuits prácticamente iguales con ese argumentario. Pero el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, reprochó a estos partidos que, a su juicio, se han “puesto de perfil” ante la entrada de la extrema derecha en el Gobierno, “Combatiremos a la extrema derecha hasta el último aliento, con toda dureza, aunque tengamos un nudo en el estómago” señaló.

Soria Ya, que estuvo negociando su apoyo con el PP hasta el último momento por si no había acuerdo con Vox, se ha defendido arguyendo que “al no apoyar a ninguno (de los candidatos), hemos votado en blanco”. Y UPL justifican su postura en que tampoco ninguno de los dos partidos solicitó su apoyo para la Mesa y que numéricamente solo el voto del PSOE podía evitar el acuerdo del PP con Vox. Históricamente los leonesistas se han abstenido en estas votaciones dentro de su postura de participar de forma limitada en la gestión de una comunidad que apuestan por escindir en dos.

Configuración del Grupo Mixto

De fondo de las posturas de los partidos está también la configuración del futuro Grupo Mixto, que podrían ser dos. Una cuestión que queda en manos de la Mesa controlada por Vox y el Partido Popular. Actualmente hay 9 representantes de 5 partidos para el Grupo Mixto, pero un informe de los letrados permitiría una escisión en dos mediante acuerdo.

La escisión en dos grupos minoritarios facilitarían más recursos a todos los partidos, ya que todos los grupos cuentan con un portavoz y viceportavoz con sueldo fijo, además de contar con las subvenciones fijas y variable (en función de los procuradores) para su funcionamiento ordinario.

Las posibilidades son un Grupo Mixto entre UPL y Soria Ya que se repartiera turnos y recursos al 50%, al contar cada uno con 3 diputados autonómicos, en unas conversaciones todavía incipientes y sin cerrar. Los representantes de Por Ávila, Unidas Podemos y Ciudadanos quedarían entonces en el otro grupo. No se descarta tampoco que haya otra configuración que incluya a uno de los dos partidos –UPL o Soria Ya– con algunos de los pequeños. UPL ya ha convivido con los representantes de Unidas Podemos y Por Ávila en la pasada legislatura en el Grupo Mixto.

Carlos Pollán, diputado autonómico por León por Vox, ha sido elegido este jueves segunda autoridad de Castilla y León al ser nombrado presidente de las Cortes autonómicas, con el apoyo de su partido y el PP gracias al acuerdo de legislatura anunciado por el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco. Es, de momento, el puesto más alto conseguido por un representante de la extrema derecha en España.

El leonés Pollán ascendió como líder de Vox en León en el año 2019, siendo el cuarto nombre en dirigir el partido de extrema derecha en la provincia en ese año, tras la crisis en la que por los resultados electorales que les dejaron fuera de las principales instituciones de la provincia.

El propio Pollán fue candidato a la alcaldía en el municipio de Sariegos sin lograr representación y de número cinco en la lista a las Cortes en 2019, cuando no obtuvo representación. Su nombre fue impuesto por la dirección del partido para tranquilizar las estructuras, cargo que mantiene hasta el día de hoy.

Quiebra del Ademar León

Licenciado en Derecho y asesor laboral con su propia empresa, Pollán fue presidente del Club Balonmano Ademar, uno de los equipos deportivos enseñas de la ciudad de León. Bajo su mandato, el club entró en bancarrota y tuvo que declarar un concurso de acreedores en 2013.

La causa fue una deuda impagada de más de 500.000 euros. Tras la presentación del concurso Pollán presentó su renuncia al cargo, que ocupaba desde 2009, y abandonó el equipo en el que fue jugador ocho años y entrenador de filiales durante 12 temporadas.

Muy conocido en la ciudad de León, el exdeportista es activo en Twitter difundiendo los habituales argumentarios de Vox.

Alberto Núñez Feijóo ha iniciado ya la carrera para ser presidente del PP. Una carrera en la que se ve ganador ante la ausencia de rivales de entidad. El presidente de la Xunta de Galicia ha presentado este miércoles en la sede nacional del partido más de 50.000 avales de militantes, frente a los 120 que asegura haber registrado la única alternativa conocida, la valenciana Alexia Herranz. El censo total de militantes es uno de los grandes misterios del PP, por lo que no se puede establecer una relación entre los avales logrados y el total. Feijóo se ve ya presidente y con ese ánimo ha comparecido ante los periodistas. Preguntado por la negociación entre el PP y Vox para un Gobierno de coalición en Castilla y León, el candidato ha devuelto la pregunta a Pedro Sánchez: “¿El PSOE va a facilitar que gobierne el partido que ganó las elecciones?”.

Feijóo se ha negado a revelar qué hará si se ve él en la tesitura de tener que integrar a la ultraderecha en un Gobierno de coalición. Avalado por cuatro mayorías absolutas, ha esquivado las preguntas al respecto y ha puesto su proyecto como parapeto. “Mi proyecto no es hablar de pactos, sino ganar”, ha dicho. Sobre Castilla y León, se ha limitado a repetir que “el único diputado que puede ser presidente es Alfonso Fernández Mañueco”.

Este jueves será la primera prueba sobre cómo avanzan las negociaciones toda vez que se constituyen las Cortes. Vox quiere la Presidencia y el PP busca cómo no cedérsela. Feijóo ha alegado su condición de candidato, no todavía de presidente, para no profundizar sobre la política de pactos. A partir del 2 de abril deberá reformular su argumentario porque, cuando sea presidente, la investidura de Castilla y León seguirá ahí.

Feijóo ha llegado a la sede de la calle Génova de Madrid alrededor de las cinco de la tarde. A las seis ya estaba camino del aeropuerto con destino a Santiago de Compostela. Según ha dicho, no ha hablado con Pablo Casado, el presidente dimisionario que, en todo caso, sigue siendo el representante del partido. Tal es así, que este jueves acudirá a la reunión del PP Europeo previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que debe marcar una posición sobre la invasión rusa de Ucrania. En el PP no saben si Casado hablará ante sus aliados europeos y, si lo hace, qué dirá.

Preguntado por el futuro del todavía presidente, Feijóo ha dicho que tanto él como el ex secretario general, Teodoro García Egea, pueden seguir como diputados. “Tienen acta, yo no. Necesitamos a todos los diputados en el grupo para seguir trabajando”, ha dicho. Antes, en su discurso inicial, ha apuntado que en el PP que él dirigirá hay “sitio para todos y cada uno debe tener su sitio”.

Sin mecionar a Casado, ni a nadie más, Feijóo ha sostenido que su intención es conformar una “alternativa a Pedro Sánchez y sus socios”. “Estamos preparados para garantizar esta alternativa”, ha sostenido. Una alternativa “de gestión, de estabilidad y de mayorías”, ha sostenido. “Hoy empieza un cambio que espero que no sea un nuevo camino del PP, sino del país. Pondré lo mejor de mí mismo para que se vea en nuestro proyecto el gobierno que merece”, ha asegurado.

Preguntado por si entre estas novedades en el PP estará la de renovar el Consejo General del Poder Judicial, Feijóo se ha escudado en la guerra de Ucrania para no responder. Un subterfugio que ya había empleado esta mañana en el Parlamento gallego tras ser cuestionado por su permanencia al frente de la Xunta

Hartazgo por el “egocentrismo”

En clave interna, Feijóo se ha postulado como el candidato que puede devolver al PP al Palacio de la Moncloa. Y, para ello, aspira a imprimir un cambio en “la forma y el fondo” de la organización. “Percibo hartazgo en un modo de hacer política basado en la frivolidad y el egocentrismo”, ha dicho. “Percibo decepción ante un Gobierno inestable, dividido e incongruente”, ha añadido. “Percibo la necesidad de una nueva política que aporte nuevas respuestas y estilos”, ha apuntado.

Fiel a su estilo, Feijóo ha lanzado mensajes sin sujeto, por lo que las interpretaciones sobre el objetivo de sus palabras son libres. “No siempre a los que más se oye es a los que más se escucha. Mi propuesta es vociferar menos que otros e invertir nuestros esfuerzos en escuchar a la gente. Y después, ofrecer una alternativa sólida y solvente”, ha señalado. Son varias las personas que se pueden dar por identificadas. Y no todas de su partido.

Feijóo ha logrado reunir una enorme cantidad de avales. La cifra definitiva no se conocerá hasta el jueves, cuando el Comité Organizador del Congreso (COC) informe de los candidatos finalmente admitidos y de los apoyos que han recabado cada uno. Alexia Herranz ha dicho haber recopilado 120 en diferentes puntos de España, 20 más de los que exigen los Estatutos del partido. La única condición para ser aceptados es que lo firmen militantes al corriente de pago. Un extremo que ya ha generado problemas en algunos sitios al PP. Por ejemplo, en Castilla y León.

Pese a su condición de precandidato, Feijóo ha revelado que ya ha empezado a mantener conversaciones con dirigentes del partido de cara a confeccionar su dirección, a partir del 2 de abril. El congreso extraordinario designa al Comité Ejecutivo Nacional, pero el líder gallego ha dicho que también llevará listo el nombre de su secretario general. “Si esta noche se cierra sin más candidatos, o aparentemente candidatos con menos posibilidades”, ha dicho, redoblará esas conversaciones.

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, da por hecho que Alfonso Fernández Mañueco ya tiene un pacto para gobernar con Vox tras las elecciones del 13F. A las puertas de que este jueves se produzca la constitución de las Cortes, en la que se tienen que alcanzar los primeros entendimientos para la composición de la mesa que pilota su actividad, el candidato socialista ha lamentado que va a ocurrir “lo previsible y es que el PP va a acabar pactando con Vox”.

Tudanca no cree que Alberto Núñez Feijóo vaya a dar un cambio de rumbo al PP, pese a que se presenta como un perfil más moderado. “Me parece que el nuevo Partido Popular se va a parecer tantísimo al viejo que va a ser prácticamente igual en todo, quizás con una cara más amable, pero yo sí quiero apelar al señor Feijóo porque tiene una posibilidad de demostrar que sí, que es verdad que quiere hacer cosas diferentes en el PP y de frenar el pacto que el señor Mañueco tiene y piensa hacer con la extrema derecha”, ha dicho a su llegada al Comité Federal del PSOE en Ferraz.

El líder socialista ha insistido en que mantiene la mano tendida a Mañueco si quiere imponer un “cordón sanitario” a Vox, aunque no lo ve probable después de que la primera reunión para sondear los posibles acuerdos terminó en cuestión de minutos después de que el PP se levantara al sacar los socialistas el tema de la corrupción. “La responsabilidad del Partido Socialista es hacer todo lo posible para que la extrema derecha no entre en el Gobierno de Castilla y León. Lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo para que siga habiendo una alternativa fuerte en Castilla y León frente a una derecha antaño moderada que ahora ha caído en brazos de la extrema derecha y que es capaz de hacer cualquier cosa para seguir en el poder”, ha afirmado. 

Tudanca ha dicho que está dispuesto a volver a sentarse con el PP. “Cuando él quiera. Sabe cuáles son las condiciones, la única condición es que si quiere participar en un cordón sanitario a la extrema derecha nosotros estamos dipuestos a hablar, pero no parece que quiera”, ha rematado.  

El presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que no habrá repetición electoral y que el programa de gobierno que acuerde “no será xenófobo, racista o machista”. Mañueco ha hecho estas declaraciones tras acabar su reunión con Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien considera que hay “posibilidades de diálogo”, si bien aspira a un “Gobierno en solitario, estable y fuerte”. Los resultados del 13F no avalan las pretensiones de Mañueco, que con 31 escaños necesitaría los votos favorables de Vox, con 13, que ha advertido que no regalará sus votos “a cambio de nada” y que su intención es “entrar en el gobierno”. Sin la abstención de Vox del PSOE, tendrá imposible ser investido por mayoría simple.

Mañueco sí que se ha referido a algo intocable que le pide UPL, que es la “configuración del mapa autonómico”, o lo que es lo mismo, abordar la independencia de León en solitario o junto a Salamanca y Zamora. “El mapa está así desde hace décadas y no hay opciones de trocear Castilla y León o de tocar la integridad territorial, que en el PP vemos esencial”, ha subrayado. El presidente también ha reconocido coincidencias con UPL como la despoblación, la industrialización el refuerzo de los servicios públicos y el refuerzo también del corredor atlántico del noroeste.

Ha criticado además que el PSOE “se ha cerrado en banda a cualquier tipo de diálogo” obviando que fue el PP quien se levantó de la mesa de diálogo cuando los socialistas pronunciaron la palabra corrupción“. La ronda de contactos con los partidos políticos finalizará este martes, tras los encuentros previstos con Ciudadanos y Vox, con un escaño cada uno, y el plantón de Por Ávila. A partir de ese momento, el PP analizará opciones y estudiará nuevos encuentros. A Mañueco no le dan los números para gobernar en solitario pero asegura que no habrá repetición electoral, algo para lo que pondrá ”toda la carne en el asador“.

El presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, intenta estos días cerrar un acuerdo de gobierno con Vox, una alianza que convertiría a la comunidad en la primera con un partido de extrema derecha al frente del Ejecutivo. No es la única batalla que libra. Mientras negocia, los abogados del PP pelean en los juzgados contra una investigación por presunta financiación ilegal del PP de Salamanca en la que sobrevuela el 'pitufeo', la técnica con la que se lava dinero mediante pequeñas transacciones bancarias para darle una apariencia de procedencia legal.

En la causa no sólo está imputado el partido como persona jurídica, también su presidente provincial, Javier Iglesias, y su gerente, Isabel Sánchez. El presunto delito se cometió en la semana del 10 al 17 de marzo de 2017, cuando Mañueco concurrió a las primarias que acabó ganando y que a la postre le llevaron a presidir Castilla y León. De la nada, según se desprende de la investigación, y del “altruismo” de sus cargos electos, según el PP, se consiguieron más de 60.000 euros en una semana para que afiliados morosos votasen.

La fórmula la explicó el propio Iglesias en su primera y única declaración judicial –se acogió a su derecho a no declarar cuando debía hacerlo por segunda vez ya en calidad de investigado– en la que se refirió a una “maquinaria ingente” que se puso en marcha de manera “espontánea” el 10 de marzo de 2017, cuando se conoció que el entonces presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera no se presentaría a la reelección; que Mañueco, entonces alcalde de Salamanca, estaba dispuesto a asumir el mando; y que se enfrentaría al alcalde de León, Antonio Silván, que también quería estar al frente del PP autonómico. “Ilusionados” porque “un salmantino” pudiese alcanzar la presidencia de la Junta, cargos electos decidieron que había que poner una cantidad de “entre 300 y 1.000 euros” para pagar las cuotas impagadas de militantes, condición imprescindible para poder votar. A 31 de diciembre de 2016, el PP de Salamanca tenía 4.913 afiliados que no estaban al día en el pago de la cuotas.

Ingresos a nombre de afiliados sin autorización expresa

Así se organizaron dos grupos, uno en la Diputación de Salamanca, y otro en el Ayuntamiento, donde se recogía el dinero. Sin el menor asomo de apuro, se ha reconocido ante el juez que usaron dependencias de la Diputación y del Ayuntamiento así como personas que trabajaban para los grupos provincial y municipal para un cometido totalmente distinto al que tenían. Fue ahí donde se recibió el dinero, y se contactó, supuestamente, con los morosos, no se sabe con cuántos, para ofrecer el pago de la deuda. Posteriormente, el dinero se llevó a la sede del PP. Pero es que además de usar esas instalaciones para actividades del partido, no se dejó constancia ni de quién entregaba el dinero, de cómo lo entregaba ni tan siquiera a quién: no hay un solo recibo de entrega. Tampoco hay autorizaciones expresas de esos militantes en cuyo nombre, una administrativa del partido, hoy cargo de confianza en la Diputación de Salamanca, acudió a la entidad bancaria donde el PP tiene sus cuentas, para ingresar una por una la cantidad necesaria para satisfacer la deuda de cada uno. El juzgado no ha tomado declaración a los responsables de esa oficina para que expliquen cómo alguien puede ingresar dinero en nombre de una tercera persona sin una autorización, más si ello implica recuperar la condición de militante de un partido político que se pierde si no se abonan las cuotas.

Aparentemente, la 'operación Mañueco' fue un éxito: 1.400 militantes se inscribieron para votar en las primarias y finalmente lo hicieron 1200. De esos, 800 habían sido morosos y de ellos algo más de 500 dejaron de serlo gracias al “altruismo” del PP. En tan sólo una semana se consiguieron 61.937,65 euros y 41.490 euros corresponderían a la generosidad de senadores, diputados, concejales y asesores del PP. El resto del dinero recaudado corresponde a transferencias en cuenta entre el 1 y el 16 de marzo de 2017, por un total de 4.012,15 euros; de cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en cuenta corriente bancaria (7.004 euros); y otras cuotas abonadas por afiliados en la propia sede para el posterior ingreso nominativo en cuenta corriente (9.431,5 euros).

Declaraciones juradas a la desesperada, también de Mañueco

Para demostrar que 41.490 euros llegaron de esa operación altruista, el PP aportó varias 'pruebas': desde declaraciones juradas de los supuestos donantes, hasta extractos bancarios o recibos de cajeros. Pero en algunos casos se han metido recibos de 2018 (la recaudación fue en marzo de 2017), en otros extracciones de varias cantidades que no dejan claro que tuviesen tal fin, y en definitiva y en palabras del fiscal “un conglomerado desordenado” que dejaban sin justificar la procedencia de más de 24.000 euros. Además de imputar al partido, al presidente y a la gerente, se ha denunciado la situación ante el Tribunal de Cuentas. Mientras, el PP de Salamanca, ha intentado justificar a la desesperada el origen de ese dinero por segunda vez con una nueva tanda de declaraciones juradas, entre ellas, la de Alfonso Fernández Mañueco, tal y como adelantó esta semana elDiario.es.

Mañueco asegura en el escrito que aportó 1.000 euros para abonar cuotas de afiliados, una cantidad discreta para ser en su propio beneficio, y que no coincide con las extracciones bancarias por valor de 900 euros que remitió hace año y medio el PP al juzgado que instruye el caso. Aparentemente, con las nuevas declaraciones juradas, en las que aparecen donaciones tan dispares como las de cifras redondas de 500 y 1000 euros y otras de 1.240 y 1.700, se trata de cuadrar unas cuentas dudosas. Es más, las declaraciones juradas no corresponden sólo a los cargos electos, también a militantes de base. El asunto podría llevar a Mañueco a declarar en el juzgado, tal y como ocurrió con la primera lista de declaraciones juradas.

Donaciones prohibidas por la Ley de Financiación de Partidos

Suponiendo que la versión del PP sea cierta, y se recaudase así el dinero, se trataría de una donación finalista. Los testigos que dieron ese dinero ya explicaron al juez que el objetivo era pagar cuotas impagadas para que más gente votase a Mañueco y, por lo tanto, conocían el destino que tendría su aportación. La Ley de Financiación de Partidos prohíbe expresamente las donaciones finalistas. Para rizar más el rizo, uno de los donantes fue el diputado nacional José Antonio Bermúdez de Castro, que fue ponente de la Ley de Financiación de Partidos, y muy recordado en Salamanca por haber perdido en un bar un sobre lleno de billetes. Bermúdez de Castro, obviando esa ley, declaró ante el juez que la recaudación “fue una cosa al margen del partido”, “una cosa entre amigos” y “altruista”.

Pero es que, además, las donaciones deben ingresarse en una cuenta habilitada para tal fin, y no se hizo. En su defensa, el PP sostiene que la operación no es más que un “pago de deuda a terceros”, el problema es que los que pagaban no sabían a quién ni cuánto estaban pagando. A quienes, por el momento, no se ha podido preguntar, es a los afiliados supuestamente beneficiados por la generosidad de los cargos electos. El PP pidió que se anonimizasen sus datos y se protegiese su “intimidad ideológica”, y así están en el juzgado. Cada militante figura identificado por iniciales y por el último numero y la letra de su DNI. El listado sin anonimizar también está en el juzgado, pero bajo llave. Ninguna parte puede acceder a esos datos.

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La megacrisis desatada en el PP la semana pasada ha impedido el análisis a fondo en los medios de comunicación de uno de los fenómenos políticos más interesantes de nuestra historia reciente. Por lo que puede afectar a medio plazo a la configuración del mapa político general y a las alianzas de gobierno, es un fenómeno equiparable al que que supuso la entrada en escena de Podemos y Ciudadanos, hace menos de una década, para poner fin al bipartidismo. Hablamos, claro está, de las elecciones celebradas en Castilla y León el pasado 13 de febrero (13F) y de la pujanza con que en ellas han surgido algunas plataformas y movimientos en zonas despobladas (Soria ¡Ya!, España Vaciada) y de la consolidación de marcas regionalistas y localistas más veteranas (Unión del Pueblo Leonés -UPL-) o más recientes (Por Ávila). El primero de los fenómenos no es nuevo, tuvo un prólogo con Teruel Existe en las anteriores elecciones generales, en 2019, pero ahora parece que no estamos ante casos sueltos, esporádicos, sino en el comienzo de un rosario de muchos casos sueltos en varias de las elecciones autonómicas próximas e incluso en las próximas generales.

Algunos datos del 13F son muy significativos. Atentos a estos:

-Soria ¡Ya! fue primera fuerza política en su provincia, con el 42,57% de los votos. Y en la capital, donde gobierna el PSOE desde hace casi quince años, logró nada menos que el 50,34% Los tres escaños que logró, de un total de cinco en la circunscripción, indican lo aplastante de su victoria sobre los dos grandes partidos estatales, PP y PSOE. Logró en la provincia más votos que los dos juntos. 

-España Vaciada, marca que competía en cuatro provincias (Burgos, Valladolid, Salamanca y Palencia), cosechó en total 19.495 votos, que en un censo como el regional no es poco. De ellos, 9.642 votos en Burgos, a poco más de mil de Unidas Podemos y a menos de dos mil de conseguir un escaño.

-Unión del Pueblo Leonés se hizo con tres escaños en la circunscripción de León, de un total de 13. Dos más que en las anteriores elecciones autonómicas. En la capital, que como Soria tiene alcalde socialista, también fue la fuerza más votada. Logró además sufragios en las otras provincias del antiguo reino de León que UPL reivindica como autonomía separada de la de Castilla: 2.310 votos populares en Zamora y 1.616 en Salamanca.

-Por Ávila refrenda el procurador que tenía, pero lo hace con 4.235 votos populares más y con 7,16 puntos porcentuales más que en los anteriores comicios.

En el PSOE han comprobado, circunscripción a circunscripción, mesa a mesa, que ellos han sido los principales damnificados de la fuerza que han mostrado estas formaciones -salvo en el caso Ávila, pues Por Ávila es una escisión del PP-. No era lo que los socialistas esperaban. Cuando en diciembre pasado se convocaron las elecciones, expertos consultados en esta crónica decían que el voto que cosecharan las hasta entonces plataformas ciudadanas sería un voto “contra el poder, contra el olvido institucional”. En Castilla y León ha sido un voto contra el poder... de Madrid, del Gobierno central. El PP, que lleva 35 años gobernando, ha sufrido menos desgaste ante las plataformas. Su problema ha sido otro: el auge de Vox. 

El éxito en Castilla y León de las plataformas ya ha animado a otras a dar el paso de concurrir a las elecciones. Los teléfonos de Teruel Existe y de la llamada Coordinadora de la España Vaciada echan humo estos días. Les llaman de todos los rincones, unas son plataformas veteranas y otras son más recientes, todas piden apoyo y consejo. Todos quieren ser el próximo Teruel Existe o el próximo Soria ¡Ya!

En algunos lugares, como Jaén, hay incluso pugna interna entre distintos colectivos. Este pasado domingo, la plataforma Levanta Jaén, formada por trece asociaciones y movimientos ciudadanos, anunciaba que se convierte en un nuevo partido y aseguraba que se presentará en las próximas elecciones tanto autonómicas como generales para reclamar inversiones en la provincia. Tres días antes, otra plataforma, Jaén Merece Más, le pedía a aquella que no fuera por libre y que buscara unidad en los planes. Parte de la sociedad de Jaén se siente agraviada y marginada, tanto por el Gobierno regional -PP con Ciudadanos- como por el central -PSOE con Unidas Podemos- y en breve podrán las plataformas medir sus fuerzas: las próximas elecciones autonómicas que se celebren serán, previsiblemente, las andaluzas, antes de final de este año. La circunscripción de Jaén reparte en las autonómicas 11 escaños. En los anteriores comicios, el PSOE se llevó 4, el PP 3, Ciudadanos 2 y Adelante Andalucía y Vox 1. Con un apoyo electoral de en torno al 10% -la mitad de la mitad de lo que ha tenido Soria ¡Ya! el 13F-, la plataforma que lleve la marca de la España Vaciada entraría en el Parlamento Andaluz. Si las plataformas no van divididas, lo tienen a su alcance. 

En las muchas elecciones autonómicas y locales previstas para mayo de 2023 tampoco faltarán candidaturas de este tipo con posibilidades de éxito. Hace medio año, Tomás Guitarte, el diputado de Teruel Existe, confirmaba que su formación había registrado la marca Aragón Existe “como medida preventiva”, para protegerla. Ahora ya se especula en Aragón con que, bajo esa marca, se presentarán plataformas en Huesca y en Zaragoza.

El ciclo de comicios autonómicos y locales que ha empezado con Castilla y León será la prueba de fuego de estas formaciones de cara a las generales. Con los resultados que obtuvieron el pasado 13F en las autonómicas, UPL y Soria ¡Ya! conseguirían en las próximas generales un diputado cada una en el Congreso. Los que soñaban con una cierta vuelta al bipartidismo tienen buenos motivos -y no solo por la crisis del PP y el auge de Vox- para revisar todos sus cálculos.

“!Felicidades! Pero que valga para algo, ¿eh?”. Pasear con Luis Mariano Santos, líder del partido Unión del Pueblo Leonés (UPL), por el centro de la ciudad de León pocos días después de las elecciones autonómicas de Castilla y León es tener que escuchar felicitaciones sin parar. “Esto no me había pasado en mi vida”, reconoce. Y eso que no ganó las elecciones en la provincia, aunque su partido casi duplicó sus votos y triplicó sus escaños, pero tanto el PP como el PSOE le sacaron ventaja, eso sí, más baja que nunca. Sus tres procuradores son un éxito, pero la mayoría absoluta que suman PP y Vox pueden dejarlos en poco o nada decisivos, a la espera de que conocer la configuración del próximo gobierno autonómico o si hay repetición electoral.

El leonesismo, el movimiento social y político que reclama la creación de la autonomía número 18 para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca), reivindica su éxito electoral aunque no ganara formalmente. Pero logró un hito inesperado, ser primera fuerza política en la ciudad de León y otros 10 municipios del llamado Alfoz, entre ellos el segundo y el cuarto más poblados, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre. Y con esos votos en unas Generales lograría un diputado nacional, un hito que persiguen desde hace años pero que nunca han logrado.

A doscientos metros de la efusiva celebración recibida por Luis Mariano Santos se ubica la sede institucional del Ayuntamiento de León, a cuyo alcalde, el socialista José Antonio Diez, se han vuelto muchas de la miradas tras el resultado electoral. Diez fue quien hace dos años aprobó una moción a favor de la autonomía para León que inició un proceso en el que dos años después hay más de medio centenar de ayuntamientos a favor de la segregación de la Región Leonesa en otra autonomía, que representan más de la mitad del censo de León. A Diez aquel gesto le costó un distanciamiento con el PSOE, y hoy analiza el resultado de las elecciones explicando que “mucho voto del electorado se ha focalizado en UPL ya que es el único partido que ha defendido ese derecho a otra autonomía”. Señala el alcalde que “los partidos mayoritarios, tanto PP como PSOE, no han sabido captar y recoger ese mensaje y ese sentimiento que tienen los leoneses y solamente hay un partido, cuyo leit motiv fundamental es luchar por esa autonomía”.

¿Estos resultados agravan el problema territorial de León en la comunidad autonómica con Castilla y León?, preguntamos a ambos líderes políticos. Luis Mariano Santos asegura que en su visión “se han comenzado a dar los primeros pasos para solucionarse”, señalando que “seguir negando la evidencia de que existe este problema en León, Zamora y Salamanca es una situación que comporta unos resultados electorales como los que hemos tenido”. Y recuerda la reciente encuesta de El País en que más de la mitad de los habitantes de la provincia de León se mostraban a favor de una nueva autonomía.

Para el alcalde de León es evidente que el resultado electoral agudiza el problema, “Es una crisis que se intenta ocultar pero está ahí permanentemente, cada día con más fortaleza. Ya hemos visto lo que ha pasado en Soria, la de León es una reivindicación histórica y otros territorios no reivindican porque por alguna cuestión siguen dormidos o no hay un liderazgo suficiente para manifestar el descontento con esta comunidad autónoma”. José Antonio Diez señala que este asunto “ya no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de datos”, aludiendo a las malas cifras demográficas de las provincias del oeste de Castilla y León, siempre entre las peores del país en cualquier análisis. Y no ahorra críticas a posturas en su propio partido, “Castilla y León necesitaría un replanteamiento, tiene una extensión enorme y dos regiones que nada tiene que ver una con la otra y por tanto no entiendo cuál es la cerrazón de algunos líderes políticos que dicen que el mapa autonómico está cerrado, yo me pregunto ¿Quién son ellos para decir que el mapa autonómico está cerrado si la propia Constitución no lo cierra? Para ellos sí, pero el mapa no está cerrado”.

Resultados leonesistas desiguales

Pero los resultados del leonesismo en la provincia no son homogéneos, ya que en la comarca del Bierzo el eco de la división en otra comunidad autónoma no tiene mucho voto electoral. UPL ha mejorado sus cifras pero apenas logró ser sexta fuerza política en Ponferrada, la segunda ciudad en población, con poco más de 1.000 votos en un momento histórico. 

Tampoco en las provincias de Zamora y Salamanca el leonesismo de UPL obtiene rédito electoral. Mejorando sus resultados anteriores en esta ocasión no ha superado el 3% en la provincia zamorana y ni el 1% en la de Salamanca. Pero para el líder de UPL esto “significa que en Zamora y en Salamanca probablemente necesitemos un periodo más largo pedagógicamente para explicar nuestro proyecto. Casi 4 de cada 10 zamoranos ya hablan de la comunidad para la Región Leonesa y algo menos en Salamanca, por lo tanto esto va creciendo. Hemos triplicado resultados e invita a pensar que el camino está abierto”.

Lo que está claro es que UPL ha rentabilizado los dos años de movilizaciones leonesistas, cuyo inicio puede situarse en las masivas manifestaciones registradas en León en febrero de 2019 y que sacaron a la calle a miles de personas reivindicando un futuro mejor. El otro partido leonesista es el PREPAL, testimonial más allá de la anécdota de que su candidato es el único que lleva 40 años en las listas autonómicas. 

El PSOE de León está dividido en dos partes, la leonesista más afín al alcalde de la principal ciudad y la dirección provincial más proclive a la unidad autonómica. Pero Diez cree que ser ‘leonesista’ y de otro partido no es para nada incompatible, “No por ser socialista o conservador no significa que no tenemos ese sentimiento y esa necesidad de salirnos de este marco territorial. Nos estamos muriendo y lo que no queremos es morirnos, queremos tener futuro y progreso porque esta tierra tiene mimbres para ser una potencia pero nos han cortado todas las alas y han puesto políticas que han limitado nuestro desarrollo”.

El PP de León, que ha logrado mantener su representación en las elecciones del 13F, renovó su dirección provincial con el senador Javier Santiago el pasado año presentando entonces el llamado ‘leonesismo útil’ como su forma de actuar para “reivindicar soluciones para los problemas de los leoneses allí donde sea”. Pero su candidatura en las elecciones estaba encabezada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que arremetió duramente contra el leonesismo como una de sus banderas de campaña, “Ya está bien de envolverse en banderas y de manipular los sentimientos de la buena gente para nada”.

El propio Santiago Abascal y Vox en la campaña agitaron en la provincia de León, y en otras, los problemas territoriales para buscar arañar votos pero achacando todos los problemas a la propia existencia de las autonomías. Y en su mitin final en la ciudad el dirigente de extrema derecha agitó, no se sabe si por equivocación o no, una bandera de la Región Leonesa.

La deriva autonomista 

¿Pero cómo ha sido posible esta deriva autonomista en León cuando hace poco más de tres años se creía que era una opción minoritaria? El sociólogo David Díez Llamas explicaba en la campaña que el autonomismo no estaba muerto sino que “siempre ha estado ahí, desde el principio. Algunos nacieron y morirán leoneses, y no sólo es una cuestión social de la propia identidad leonesa, sino que las consecuencias de la enorme crisis económica y demográfica en la Región Leonesa por una autonomía impuesta hace 40 años en una cena sin preguntar a nadie se han puesto de manifiesto y eso nadie lo niega en León, desde Vox a Podemos y hasta Ciudadanos”. “No conozco un sólo sitio en Europa en que más de un 50% de personas apoyen su autodeterminación autonómica y los demás se callen, porque no es una cuestión de un 50-50%, no, sino que muy pocos están en contra de ello”, señala.

Para el profesor de psicología y exdirector del Campus del Noroeste de la UNED, José Luis Prieto Arroyo, el estallido autonomista leonés se basa en varios factores: “El grave deterioro económico y poblacional sufrido en las tres provincias, la aprobación de la moción autonomista en el Ayuntamiento de León promovida por un alcalde de un partido estatal y que la reivindicación de lo identitario no es el único motor ya que las mociones autonomistas y la propia manifestación multitudinaria del 16F han dado la oportunidad a los leoneses para protestar por su injusta situación”. Y da un detalle más: “Si hasta los de Vox votan a favor de la autonomía leonesa, mostrando que aquí no son antileonesistas, es que algo pasa con la actual configuración autonómica”. De hecho, él mismo asegura que “el pueblo leonés está en condiciones de crear un conflicto político con España”.

Desde hace dos años el leonesismo es el tema recurrente en la política de León y observada con preocupación desde los estamentos de la autonomía. No es algo novedoso, ya UPL logró 3 escaños en las Cortes autonómicas y ya hubo mociones antaño sobre la petición de una autonomía propia, pero el asunto sigue vivo 39 años después de la creación de una comunidad sin sentimiento de pertenencia. De momento, el ganador de las elecciones y principal candidato a seguir como presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha advertido que no aceptará “chantajes de las provincias” en referencia a posibles pactos con UPL o Soria Ya. Pero el alcalde de León, José Antonio Diez, tiene claro lo que ha sucedido en la provincia en la cita electoral autonómica y advierte “Quien no sepa ver que la reivindicación leonesa es clara y contundente y que mientras no haya políticas por parte de la comunidad autónoma de discriminación positiva ante este territorio que lleva 35 años desangrándose y machacado va a ser muy difícil que alguien lo entienda”.

Ni las ‘bondades’ de la reforma laboral, ni el anuncio de subida del salario mínimo interprofesional en plena campaña electoral, ni el ingreso mínimo vital, la ley de eutanasia, la ley de cadena alimentaria o la intención de llevar nuevas instituciones a la España vaciada. Esos logros de los que presume Pedro Sánchez no le han servido en las últimas elecciones (a excepción de Catalunya), en las que los partidos que integran la coalición se han ido dejando miles de votos por el camino. En el caso de Castilla y León, PSOE y Unidas Podemos han perdido más de 150.000 votos respecto a las autonómicas de 2019. 

Los socialistas han abierto un proceso de reflexión sobre por qué han triunfado las plataformas provinciales pese a las inversiones del Gobierno y también sobre el auge de la extrema derecha para combatirla, pero separan de la gestión el resultado de Castilla y León, como ya lo hicieron con Madrid o Galicia.

La intención de los socialistas desde que Alfonso Fernández Mañueco convocó las elecciones fue separarlas del debate nacional mientras Pablo Casado trató de dar un tinte nacional a la contienda en la que pretendía que fuera una prueba de fuego en su camino a La Moncloa y también en la batalla interna del PP.

El PSOE respira ahora con cierto alivio –y más tras la guerra desatada entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso–, a pesar de haber perdido la primera posición, porque no se han cumplido las expectativas de Génova de rozar la mayoría absoluta. De hecho, en el partido enfatizan que solo les separan 16.000 votos y apenas 1,3 puntos. Y sitúan en la idiosincrasia de la región la bajada que han experimentado los socialistas: la atomización del voto y un territorio eminentemente conservador en el que sostienen que la ‘anormalidad’ fue que Luis Tudanca ganara en 2019. 

“La gestión del Gobierno se valorará cuando se convoquen unas elecciones generales, que aún queda”, fue la respuesta de la portavoz, Isabel Rodríguez, a la pregunta de por qué la coalición no consigue sacar rédito a las iniciativas que está poniendo en marcha. “Este Gobierno no está de campaña electoral, está centrado en la acción de gobierno”, remató. Antes de que hubieran pasado 24 horas de que se cerraran las urnas, Moncloa comunicó que en las próximas semanas se volverán a celebrar dos consejos de ministros a la semana para acelerar la actuación gubernamental. El equipo de Sánchez también quiere mantener los actos en distintas provincias, con las que pretende mostrar a un presidente a pie de calle, consciente del desgaste que ha acumulado durante la pandemia.

“La estrategia de la derecha cala”

“Hemos obtenido un 30% de voto, que es un porcentaje muy similar, igual, al que se obtuvo en las generales de 2019 [dijo el portavoz, Felipe Sicilia, el lunes, aunque Sánchez cosechó un 31,3% de los sufragios el 10N]. A esto hay que añadir dos años de pandemia, hay que añadir cómo han surgido plataformas locales que sin duda han supuesto fragmentación del voto y eso sí que ha perjudicado al PSOE”, es la lectura que hace Ferraz. Algunas fuentes sí apuntan a una cierta “autoindulgencia” en la valoración de los resultados por parte de la cúpula. 

En algunos territorios socialistas admiten que los acuerdos del Gobierno con fuerzas como ERC o EH Bildu les pasan factura. “La estrategia de la derecha hace daño a la marca porque cala y ha calado en Castilla y León. No podemos crecer como consecuencia de eso”, reconoce un dirigente territorial. Pero la mayor preocupación que trasladan en las filas socialistas es la situación de su socio, que no termina de despegar. “Han sacado solo un procurador”, comenta un destacado socialista con cierta perplejidad. 

“Se equivocan al ir contra el PSOE”, lamenta esa misma fuente sobre la campaña que ha hecho Unidas Podemos, que arremetió contra los socialistas por la situación en Ucrania y sacó la propuesta de reforma fiscal en la recta final de la contienda. Los socialistas temen que Yolanda Díaz, que no acaba de dar el paso, se queme antes de tiempo y que no tire como ahora pronostican los sondeos. Eso, de cara a las generales, pero los conflictos en ese espacio a su izquierda inquietan no solo ante esas elecciones sino también en lugares como Andalucía, donde el PSOE está convencido de que la división amenaza las posibilidades de recuperar la Junta. 

Podemos insta a impulsar “políticas más valientes”

En Unidas Podemos abogan por hacer una reflexión, aunque hay distintas visiones sobre cómo abordarla. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reconocido que toca una “reflexión profunda” ante unos resultados “malos” después de que Unidas Podemos se haya dejado uno de los dos escaños que tenía y que en el caso de las generales se quedó en cero por el reparto de las circunscripciones pese a los más de 120.000 votos que consiguió Pablo Iglesias en Castilla y León. A pesar de que IU y Podemos se presentaron el pasado 13 de febrero por primera vez de forma conjunta, la coalición no consiguió revalidar los resultados obtenidos por separado por los dos partidos en las autonómicas de 2019. 

Desde la formación de Ione Belarra han culpado de la escasa representación a la “injusticia del sistema electoral”. “Siendo la cuarta fuerza en votos, somos la sexta en escaños”, apuntó la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales este jueves en una entrevista en Espejo Público (Antena 3). En el balance realizado por la coalición, las fuentes consultadas insisten en que en Burgos se quedaron cerca de conseguir un escaño. Con 61.290 votos únicamente sacaron un representante por Valladolid mientras que partidos como Soria Ya –18.390 votos y tres procuradores– y Unión del Pueblo Leonés –51.878 votos y tres procuradores– obtuvieron más escaños con menos papeletas. 

Después de vivir la noche electoral de forma conjunta y tras digerir los resultados, por ahora no se ha hecho pública una reflexión conjunta de Podemos e Izquierda Unida. De hecho en este momento no está previsto que se reúna la mesa confederal, el órgano en el que se encuentran los espacios que integran Unidas Podemos y que lleva meses sin convocarse, según fuentes de la coalición. A nivel autonómico, sí que se prevé que las direcciones de las dos formaciones reflexionen de forma conjunta sobre los resultados. 

En público, este lunes en Podemos abogaban por impulsar políticas “más valientes y progresistas” desde el Gobierno de España para combatir batacazos electorales como el de Castilla y León. Así se pronunciaba su candidato y portavoz nacional, Pablo Fernández, en rueda de prensa. Para la formación de Belarra “el frente amplio [liderado por Yolanda Díaz] es el único camino posible” para llegar a más gente. 

IU: “La ciudadanía de izquierdas necesita un nuevo impulso moral”

Por su parte, en Izquierda Unida, su líder ha defendido que se debe “hacer rápido” una reflexión porque los problemas que aborda el país “son muy notables”, explicó Alberto Garzón en el programa Buenismo Bien de la Cadena Ser. En una comunicación interna del partido dirigida a sus cargos públicos –a la que ha accedido elDiario.es–, la formación sostiene que hay que “realizar un debate colectivo, profundo y honesto sobre la situación del espacio [UP] y, más importante, sobre las acciones a realizar con determinación para superar dicha situación”. Para IU ese proceso “no debe ser incompatible” con la constitución del frente amplio. 

En esa primera valoración, a diferencia del planteamiento sostenido por Podemos, los de Garzón reseñaron que “desde el primer momento” de la campaña supieron “que a nivel estatal no bastaría con una buena gestión del Gobierno de coalición” y las medidas aprobadas, como “la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y la defensa de la ganadería extensiva frente a las macrogranjas”. “No basta con apelar a ‘lo material’, la ciudadanía de izquierdas necesita un nuevo impulso moral para superar la desmovilización y sacudirse el cansancio”, indicaron en el documento firmado por Izquierda Unida federal e IU Castilla y León.

Los partidos de Unidas Podemos continúan expectantes ante los primeros pasos que pueda dar Yolanda Díaz para su plataforma política. La negociación de la convalidación de la reforma laboral en el Congreso, que salió adelante porque el diputado del PP Alberto Casero se equivocó al votar, retrasó el arranque de la primera fase del proyecto en el que está trabajando la vicepresidenta segunda y que estaba previsto para después de las Navidades.

Ya superada esa prueba, los partidos de la coalición están a la espera de que Díaz comience a articular su proyecto, mientras desde el entorno de la ministra de Trabajo aseguran que no tienen fecha prevista de lanzamiento.

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha advertido al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, de que “la democracia no es que gobierne el PP sea cual sea el resultado” electoral, de cara a la reunión que ambos mantendrán este lunes.

“El lunes tendrá que explicar cuál es su posición”, ha aseverado Tudanca momentos antes de participar en la inauguración del XIII Congreso de Juventudes Socialistas de Castilla y León del que saldrá reelegido el también senador por la Comunidad Fran Díaz.

En este sentido, ha instado a Mañueco a “decir si está dispuesto o no a darle entrada a Vox en las instituciones, si está dispuesto o no a negociar con los derechos de las mujeres y si está dispuesto o no a poner en tela de juicio el diálogo social y el papel de los sindicatos y los empresarios en la negociación de los avances sociales y económicos que necesita Castilla y León y si está dispuesto no entregarle las llaves de los presupuestos y los fondos europeos a la extrema derecha”.

“Ha pasado ya una semana desde las elecciones y es él el que tiene que decir qué va a hacer. Nosotros ya hemos dicho cuál es nuestra posición; él, no”, ha incidido, al tiempo que ha acusado “algunos mensajes un poco confusos acerca de la idea de la democracia” que tiene PP: “La idea de la democracia que tiene el Partido Popular es que si gana el Partido Socialista puedo pactar con quien sea, incluso con la extrema derecha para que no gobierne y si gana el Partido Popular le tenemos que regalar todos los gobiernos”.

“La democracia no es que gobierne el Partido Popular, sea cual sea el resultado, no es la esa la democracia”, ha reafirmado, antes de insistir a Fernández Mañueco a “decir qué quiere, qué posición mantiene y cómo quiere gobernar esta comunidad autónoma después, por otro lado, de haber sacado de forma consecutiva los dos peores resultados de la historia el Partido Popular en Castilla y León”.

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, afronta estos días de resaca electoral la encrucijada de formar Gobierno en minoría o repetir las elecciones. El pasado 13F fallaron todas las previsiones del PP que pasaban por conseguir los escaños suficientes, 41, por obtener la mayoría absoluta. que le permitiesen gobernar en solitario. Sacó 31, tres más que el PSOE. La opción más clara para formar un Gobierno es pactar con Vox, que tiene 13 escaños. Castilla y León se convertiría así en la primera Comunidad con un partido de extrema derecha en su Gobierno, lo que dejaría tocado al Partido Popular, ya dividido entre quienes apuestan por pactos con el partido de Abascal, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del partido, Pablo Casado. Mientras una y otro se despedaza, el tiempo corre en contra.

Las Cortes de Castilla y León se constituirán el próximo 10 de marzo. Vox ya ha reclamado presidir el Parlamento autonómico, un movimiento que anticipa los siguientes: conseguir consejerías, tal y como hizo Ciudadanos en la pasada legislatura, e incluso una vicepresidencia. Si Vox acaba presidiendo las Cortes, quedará claro que hay un pacto con el PP. Para elegir se necesita una mayoría absoluta en primera votación, cosa que Vox no puede conseguir sin el PP a favor, o una simple en segunda votación en la que sólo competirían los dos diputados autonómicos con más apoyos en la primera.

Una vez constituido el Parlamento, el presidente tendrá que proponer un candidato para presidir la Junta y el plazo es de 15 días hábiles y acaba por tanto el 31 de marzo. Si el candidato no consigue el apoyo de la Cámara en una primera votación, se abre otro plazo, esta vez de dos meses, para ir a una segunda votación en la que bastaría una mayoría simple: más síes que noes. Y ahí está la dificultad, porque Mañueco pretende gobernar en solitario y Vox (13 escaños) ha dejado claro que no regalará sus votos a cambio de nada mientras que el PSOE (28 escaños) compromete su abstención a que el PP rompa los pactos que tiene con Vox en diputaciones y ayuntamientos. Si ni los socialistas ni los de Abascal se abstienen o votan a favor de Mañueco, no habría más síes que noes, los dos partidos sumarían 41 en un total de 81 escaños. Las Cortes quedarían disueltas automáticamente. Se llegaría así al 31 de mayo con una obligada segunda cita electoral.

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ha insistido este jueves en la necesidad de llegar a un acuerdo de “gran coalición” en Castilla y León para evitar una repetición electoral. Igea, que será el único parlamentario de Ciudadanos tras el desplome de votos, ha atribuido la caída a las candidaturas provincialistas tras comprobar una clara relación entre el ascenso de estas y la bajada de la formación que lidera.

“Salíamos con muy, muy malas perspectivas, o la desaparición o un solo candidato, pero la campaña ha conseguido mantenernos. Los resultados malos se deben a caída permanente desde 2019, aunque aquí en Castilla y León ha comenzado una discreta subida”, ha dicho. “Todo esto se debe a errores de estrategia, el mayor de la política española desde la transición fue no intentar sumar los escaños en Congreso y posteriormente la política de pactos que colocó como único socio probable al PP y laminó nuestras expectativas”, ha explicado después El candidato de Ciudadanos ha reconocido que puso su cargo a disposición de la Ejecutiva, que le animó a aceptar el acta y “a seguir trabajando”.

Ha definido el adelanto electoral como una “convocatoria estúpida que coloca a la Comunidad en una situación muy difícil” porque “se ha dilapidado la mayoría” y el PP tiene “los peores resultados de la historia en Castilla y León, peor incluso que el de 2019” y es “obligado” abrir un periodo de consultas para sumar una mayoría. Además, el exvicepresidente pide al PP que se “aclare” y diga claramente si va a pactar o no con Vox, al tiempo que ha considerado “posible” un acuerdo entre PP, PSOE y Soria ¡YA!, en cuyo caso el voto de Ciudadanos no sería decisivo. Igea sigue asegurando que no hará presidente a Fernández Mañueco, de quien ha quedado clara “su deslealtad”.