El voto de Alberto Casero a favor de la reforma laboral ya es definitivo. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que el exdiputado del PP presentó contra las decisiones del Congreso que en 2022 rechazaron que pudiera repetir o cambiar el sentido de su voto después de equivocarse al hacerlo de forma telemática desde su casa. Un apoyo procedente de la bancada del Partido Popular que fue clave para que la norma, una de las más relevantes de la pasada legislatura para el Gobierno de coalición, saliera adelante por un solo voto de diferencia.

El pleno entiende que la verificación de su voto se hizo “de acuerdo con la normativa parlamentaria aplicable en el momento de los hechos”. También avala que no se autorizada su voto presencial posteriormente: “Le competía, por la responsabilidad que ostentaba como miembro de una de las Cámaras legislativas, extremar su diligencia si consideraba procedente participar presencialmente en la sesión plenaria” por estar enfermo. La decisión del Constitucional ha sido tomada por unanimidad aunque dos magistrados, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, han anunciado votos concurrentes.

Alberto Casero, entonces diputado del PP por Cáceres, votó ese día de forma telemática con el sistema implantado a raíz de la pandemia: una doble comprobación en la cual los parlamentarios no solo votan a favor o en contra de una iniciativa, sino que después tienen que confirmar que han votado correctamente. Casero dijo 'sí' a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de coalición, medida a la que su partido se oponía con firmeza. Después de que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro –hoy en las filas del PP– rompieran los acuerdos de su partido y votaran en contra, el inesperado apoyo de Casero fue clave para que la reforma laboral fuera aprobada con 175 votos a favor y 174 en contra.

El Partido Popular abandonó en pocas semanas la teoría de la conspiración que intentó poner en marcha, según la cual algún tipo de error informático en la aplicación del Congreso convirtió la negativa de Casero en un apoyo clave para la reforma laboral. Después de que el propio diputado reconociera a la Cadena SER que se había equivocado, la derecha se lanzó a la ofensiva judicial contra las decisiones de la mesa y la presidencia del Congreso que le impidieron cambiar o repetir su voto.

En total fueron presentados cuatro recursos de amparo al Tribunal Constitucional: uno por parte de Casero, otros dos del Partido Popular y uno más por Vox. Una vez rechazado el primero con el apoyo de la Fiscalía, fuentes del tribunal de garantías explican a elDiario.es que el resto de impugnaciones seguirán el mismo camino.

Unos recursos que planteaban como principal debate si podía considerarse aplicable al caso de Casero la normativa interna del Congreso que entró en vigor hace una década, que exigía una llamada telefónica del Parlamento al diputado para comprobar verbalmente que su voto telemático era correcto. Esa normativa, sin embargo, decayó dos años antes de la votación de la reforma laboral, cuando la pandemia llevó a un cambio de modelo para que la comprobación del voto se hiciera por parte del propio diputado.

El voto que salvó la aprobación de la reforma laboral de 2022 llega esta semana al Constitucional. El pleno del tribunal de garantías analiza el martes el recurso que Alberto Casero, exdiputado del PP condenado por adjudicar contratos de forma ilegal, presentó contra las decisiones del Congreso que le impidieron repetir y cambiar su voto a favor, clave para sacar adelante una de las iniciativas más relevantes del Gobierno la pasada legislatura. La Fiscalía ha pedido rechazar su recurso en un caso que arrancó con el Partido Popular denunciando una teoría de la conspiración sobre el sistema parlamentario de televoto y terminó con el propio Casero reconociendo que ese día, en su domicilio, se equivocó al pulsar un botón.

A posteriori se supo que casi todo podía haber sido distinto sin el error de Casero. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que luego ascendió a vicepresidenta, aseguró meses después que tenía pensado dimitir si su proyecto estrella se desmoronaba en el Congreso. La dirección del PP con Pablo Casado a la cabeza confiaba en que la caída de esa pieza desmoronase el Gobierno.

El Congreso de los Diputados votó la reforma laboral el tres de febrero de 2022. Una jornada maratoniana en la que el Gobierno observaba con lupa cada uno de los apoyos que necesitaba para sacar adelante una de las leyes más importantes de la legislatura. Con el bloque de investidura roto para la votación y con el PP claramente instalado en la negativa, el PSOE y Unidas Podemos consiguieron recabar los apoyos de Ciudadanos, PdeCat, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Teruel Existe, Nueva Canarias y los regionalistas cántabros. Pero el miedo se apoderó de la primera fila del parlamento cuando los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro rompieron los compromisos de su partido y votaron en contra.

Alberto Casero, diputado del PP por Cáceres, votó telemáticamente desde su casa en Madrid, donde se encontraba por una indisposición. Y su voto, en contra de lo esperado por su partido y por todo el Congreso, fue un 'sí' a la reforma laboral del Gobierno. Un error que no hubiera pasado de la anécdota en una jornada menos apretada, pero que marcó el resultado del debate parlamentario: la reforma laboral salió adelante con 175 votos a favor y 174 votos en contra. Si Casero no se hubiera equivocado, los números se habrían invertido, la norma no había sido aprobada y el panorama político hubiera cambiado sustancialmente.

La reacción del PP al error empezó con peticiones a la mesa y la Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que Casero pudiera repetir y cambiar el sufragio, con alegaciones que apuntaban incluso a un error informático de la aplicación de voto telemático. El partido, entonces bajo el mando de Pablo Casado, abandonó esa teoría con el paso de las semanas pero presentó una batería de recursos contra las decisiones de Batet de impedirle cambiar el voto. El propio Casero, con el paso del tiempo, reconoció en un podcast de la Cadena SER que se equivocó. En esa y en otras votaciones, ese día y en días posteriores. Apoyando, por ejemplo, que el Congreso investigase al Gobierno de su propio partido por la policía política.

Dos años después la reforma laboral se ha traducido en un descenso pronunciado de la temporalidad, Alberto Casero está alejado de la política tras pactar una condena de casi dos años de cárcel por adjudicar contratos de forma ilegal en su etapa como alcalde de Trujillo, los diputados de UPN que rompieron la disciplina de voto ocupan distintos cargos en el Partido Popular y el Tribunal Constitucional se prepara para sentenciar si la presidencia del Congreso obró correctamente al impedir que Casero repitiera su voto.

Cuatro recursos pendientes

Hay cuatro recursos pendientes de decisión por el pleno del Constitucional: dos del PP, otro más de Vox y el de Alberto Casero, que según fuentes del tribunal marcará el rumbo del resto. Los magistrados analizarán el martes las alegaciones del político extremeño con un debate centrado en dos puntos: cuál era el procedimiento de verificación del voto telemático vigente en el Congreso de los Diputados y también si Batet tendría que haber autorizado que, después de votar a distancia, hubiera podido hacerlo de nuevo presencialmente.

Todos los recursos se presentaron contra las decisiones de la mesa y de la presidencia de la Cámara Baja de ese mismo día de febrero de 2022, extendiendo algunos sus impugnaciones a confirmaciones posteriores de los mismos organismos. Fuentes del caso explican a elDiario.es que tanto la Fiscalía como el Congreso de los Diputados han pedido al pleno que rechacen el recurso del exparlamentario del Partido Popular, y se avale definitivamente una de las votaciones más polémicas de la última década.

El recurso de Casero plantea la diferencia entre el sistema implantado en 2012 por el Congreso para el voto telemático frente al instaurado después de la pandemia. El primero, surgido de una reforma del Reglamento de la Cámara Baja, establecía que la presidencia estaba obligada a llamar por teléfono al diputado para comprobar “la emisión efectiva del voto y el sentido de éste”.

La irrupción de la pandemia provocó la llegada de un nuevo sistema que incluía la doble comprobación. Una vez emitido el voto, una segunda pantalla de la intranet del parlamento pide al diputado que comprobara y confirmara el sentido del sufragio antes de pulsar “finalizar votación” y convertir su decisión en la definitiva. Alberto Casero, por tanto, dijo dos veces “sí” a la reforma laboral antes de darse cuenta de que se había equivocado y salir corriendo hacia el Congreso para intentar salvar al Gobierno de coalición en uno de sus momentos más delicados.

La Fiscalía de Cáceres ha solicitado una pena de ocho años de prisión y la inhabilitación absoluta durante 20 años para el exdiputado del PP Alberto Casero, acusado de prevaricación y malversación durante su etapa como alcalde de Trujillo. La fiscal también pide que abone más de 69.500 euros al ayuntamiento en concepto de indemnización.

El juicio se celebrará el 28 de noviembre en la Audiencia Provincial de Cáceres y según consta en el escrito de acusación, entre los años 2017 y 2018 Casero concertó contratos con diferentes personas y entidades “incumpliendo todo tipo de formalidad que exige la normativa”, y aunque en general se trata de contratos menores, no consta su existencia en el ayuntamiento puesto que no hay expedientes con la aprobación del gasto, la justificación de la necesidad del contrario ni las correspondientes facturas por los trabajos realizados.

La fiscal expone que marzo de 2017 el entonces regidor contrató a un psicólogo para que prestara asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, aunque las competencias correspondían a la concejala de Servicios Sociales. Días más tarde, el psicólogo se dio de baja en la Seguridad Social pero emitió y cobró del consistorio cuatro facturas por importe de 6.120 euros por las sesiones que dijo haber realizado entre marzo y junio. Pero Casero, para mantener al psicólogo percibiendo una remuneración “a costa” del Ayuntamiento, suscribió un contrato de un año de 18.000 euros de servicios de psicología “sin informar ni aportar al Ayuntamiento el contrato suscrito ni instruir el expediente de contratación”.

Por otro lado, el exdiputado del PP suscribió en septiembre de ese año un convenio de cooperación con la Cámara de Comercio de Perú en España, por el que el consistorio trujillano se comprometía a aportar 25.000 euros. Pero Casero ni informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento ni llevó al pleno este acuerdo y, según recuerda la fiscal, al superar los 18.000 euros no se podía adjudicar de forma directa y tendría que haber salido a licitación. El ayuntamiento tuvo que abonar los 25.000 euros después de que la Cámara de Comercio de Perú denunciara la situación por la vía contenciosa-administrativa.

Otro contrato, también en 2017. El entonces alcalde acordó verbalmente con la asociación cultural Bon Vivant que la celebración de la gala anual de los Premios Pop Eye se celebrarían en la localidad, para lo que se comprometió a aportar 18.000 euros. El acusado no informó a los servicios municipales y tampoco tramitó el expediente administrativo de contratación y ni siquiera se contó con el informe que motivara la necesidad del contrato y el gasto.

Pero es que en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación, también por 18.000 euros y con el reconocimiento de la obligación de la cantidad convenida el año anterior. Alberto Casero no llegó a abonar ninguna de estas facturas.

En el escrito de acusación también se hace referencia a un contrato con la empresa Ícaro Consultores de Comunicación SLU para la organización de la Feria del Queso por valor de 14.303 euros más IVA, que se firmó a pesar de los reparos del interventor. Este contrato también acabó en los tribunales con una condena contra el ayuntamiento, que tuvo que abonar a la empresa 17.303,63 euros.

Por último, el exdiputado del PP suscribió en diciembre de 2018 un contrato con la empresa Radio Interior SL para los servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso y tampoco se cumplieron los procedimientos. A pesar de ello, el ayuntamiento volvió a perder en los tribunales y un tribunal le condenó a pagar 18.119,75 euros a la empresa.

Todo sucedió el 3 de febrero de 2022 en un Congreso de los Diputados que vivió una de las sesiones más surrealistas de su historia. El Partido Popular, entonces en manos de Pablo Casado, tenía organizado un plan para tumbar la reforma laboral del Gobierno que había sido pactada por sindicatos y empresarios. Pero el error de uno de los diputados populares, Alberto Casero, lo echó todo a perder. Ahora el documental sonoro 'Por un voto', disponible en la Cadena Ser desde este lunes, reconstruye esa fatídica jornada.

“Me equivoqué en el momento menos oportuno, el día menos oportuno”, confiesa el parlamentario durante el documental. Su tesis desmiente la versión del fallo electrónico que esgrimió el PP en esos momentos. La dirección de Casado habló de “fraude” en la votación de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz que impidió al PP tumbar uno de los proyectos estrella de la legislatura del Gobierno de coalición.

Y la dirección del PP llegó a cargar contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aunque en realidad, la votación la perdieron porque Casero, que ejerció su derecho al voto desde casa, donde estaba convaleciente de una infección por COVID-19, votó mal no una, sino hasta cinco veces. La tesis de que falló el sistema, no el diputado cacereño, y de que hubo “pucherazo” no obvia la equivocación.

La producción de los periodistas de la Cadena SER, Sara Selva y Guillermo Lerma, aporta nuevos datos sobre una de las jornadas más surrealistas de la última legislatura. Por ejemplo, al comprobar que se había equivocado, Casero avisó a la dirección del PP, que le pidió que saliera de la cama y tratara de llegar al Congreso para corregir presencialmente su error. No le dieron ninguna explicación, él no entendió el porqué de la urgencia, pero se vistió y subió a un taxi.

De camino a la Carrera de San Jerónimo, a través de la radio del coche, el diputado empezó a comprender la dimensión de su confusión.

El documental sonoro en el que el exdiputado del PP relata por primera vez el desgaste psicológico y personal que ha padecido por las burlas y el acoso en redes sociales a raíz de su equivocación, cuenta además con las voces del resto de protagonistas: desde la vicepresidenta Yolanda Díaz a los negociadores de PSOE y UPN, Santos Cerdán y Javier Esparza, o el vicepresidente del Congreso, Alfonso Gómez de Celis.

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Los exdiputados Juan Bernardo Fuentes Curbelo, del PSOE, y Alberto Casero, del PP, seguirán cobrando varios meses, hasta el verano, la indemnización por cese a razón de 3.126,89 brutos mensuales prevista para los parlamentarios que dejen sus escaños y que se calcula en función de sus años de mandato.

Ambos parlamentarios están acusados de irregularidades de distinta índole, pero la regulación de este tipo de ayudas, una especie de “paro” para diputados y senadores, no establece más límite para su concesión que una permanencia mínima de dos años y que el perceptor no cobre otro tipo de sueldo, salario o pensión.

Alberto Casero dejó su escaño después de que el Tribunal Supremo acordara procesarle por los delitos de prevaricación y malversación respecto a supuestos contratos irregulares firmados en 2017 y 2018 cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).

En cuanto al socialista Juan Bernando Fuentes Curbelo, conocido por el apodo de “Tito Berni”, su renuncia se produjo después de ser expedientado por el PSOE a raíz de la investigación en Canarias de la trama corrupta del caso Mediador, en el que está presuntamente implicado, y conocerse su participación en fiestas con prostitutas con otros implicados en la red.

Al exdiputado del grupo popular todavía le restan por cobrar tres mensualidades de las cuatro que se le reconocieron tras su renuncia al escaño, formalizada el pasado 6 de marzo, en tanto que a Fuentes Curbelo, que dejó el acta el 14 de febrero, le faltan por percibir dos mensualidades.

El Reglamento de pensiones parlamentarias a favor de los exparlamentarios establece que los diputados y senadores tienen derecho a percibir una indemnización mensual por la cuantía de la llamada asignación constitucional -equivalente a un “salario base” de los parlamentarios- a razón de una mensualidad por cada año de mandato y con un límite máximo de 24 mensualidades.

Esta asignación está establecida en el Congreso en 3.126,89 euros brutos, que son los que ambos exdiputados comenzaron a percibir desde el mes de marzo, una vez emitida la resolución que les reconoció el derecho a disfrutarla durante cuatro meses, según consta en la actualización mensual de la lista de sus perceptores.

En el caso del Senado, donde la asignación alcanza los 3.173,83 euros, hay una única perceptora de la indemnización por cese, a la que faltan por percibir tres mensualidades de la cuatro reconocidas.

Se trata de la exsenadora del PSOE Patricia Abascal, que en febrero dejó su escaño por la circunscripción de Ibiza-Formentera en virtud de un acuerdo entre los socialistas de Ibiza y Formentera para garantizar la representación de ambas islas en la Cámara Alta. Fue relevada por el vicepresidente tercero del Consell Insular de Formentera, Rafael Ramírez.

El régimen de estas ayudas, que periódicamente son objeto de críticas por considerarlas “privilegios” de los miembros de las cámaras legislativas, tiene su origen en la relación no contractual de los diputados y senadores respecto a las Cortes Generales, ya que su permanencia en el escaño, salvo renuncia, únicamente depende de lo que decidan los ciudadanos en las elecciones. 

El magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, ha remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) la causa contra el exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, ya que al dejar su escaño antes de que se abriera juicio oral ha perdido su aforamiento ante el TS.

En el auto, emitido el pasado lunes, el instructor recuerda que la Sala Penal estableció en 2014 que en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado.

En este caso, la renuncia de Casero se produjo sin haberse dictado auto de apertura de juicio oral, ha señalado.

De esta forma, el instructor acuerda proceder al archivo de las actuaciones en el Supremo con remisión al Juzgado de procedencia, para dar cumplimiento al Auto de 3 de marzo de 2023 por el que se ordenó su continuación por los trámites del procedimiento abreviado, con suspensión de los plazos subsiguientes para calificar y en su caso para recurrir hasta la notificación de su recepción de las actuaciones en el referido Juzgado.

La irrupción del caso Mediador (una investigación judicial que implica a un diputado del PSOE ya dimitido, algunos ex altos cargos de instituciones públicas canarias e incluso a la Guardia Civil) la ha aprovechado el PP para atacar a su principal rival electoral en uno de los temas que más daño ha hecho a los populares en los últimos años: la corrupción. La dirección de Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado a intentar exprimir este escándalo e intentar convertirlo en un caso estatal que afecta al Gobierno y a Pedro Sánchez, pese a que ese salto todavía no lo ha dado la jueza que instruye la causa.

El PP trata de quitarse la etiqueta que lo relaciona con la corrupción. La acumulación de casos, y una sentencia condenatoria, llevó al Congreso a aprobar en 2018 por primera vez una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Contra ese estigma intentó actuar Pablo Casado, quien procuró dar una imagen de “limpieza” que le llevó a señalar por corrupción a Isabel Díaz Ayuso, lo que provocó su defenestración política. 

Ahora, con Feijóo sentado en la planta noble de la sede nacional, el PP confía en situar a su rival en un marco comunicativo relacionado con la corrupción. Pero bajo las alfombras del edificio situado en el 13 de la calle de Génova de Madrid se esconde todavía mucha mugre que se barrió deprisa y corriendo. Y algunos de esos casos siguen vivos y todavía pueden deparar alguna sorpresa a los actuales dirigentes.

70 policías para salvar al PP

La investigación sobre la Operación Kitchen ha dado un paso clave en su viaje al juicio oral: la Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus conclusiones provisionales y ha pedido penas de hasta 15 años de cárcel para la cúpula de Interior y de la Policía Nacional durante el mandato del PP. Entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y varios mandos policiales. 

La petición más alta es para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Anticorrupción considera probado que hace exactamente una década las máximas autoridades de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en marcha un operativo ilegal para acceder a los archivos del extesorero Luis Bárcenas y retirar de la circulación pruebas que pudieran comprometer al PP. 

La causa ataca así el núcleo duro del Gobierno de Mariano Rajoy, uno de los padres políticos de Feijóo y un referente para el candidato del PP, según él mismo ha asegurado. Y eso que la investigación del juzgado de la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón ha dejado fuera a la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro. 

Rajoy telefoneó a Fernández Díaz cuando se conoció el escrito de acusación, tal y como informó El Periódico de Catalunya. Apenas un mes antes, compartía escenario con Feijóo en Valencia para apoyarlo en su carrera a la Moncloa.

Según la Fiscalía, el operativo parapolicial supuestamente impulsado por el PP empleó “recursos, técnicos y humanos” del Ministerio del Interior en beneficio del PP: ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 agentes de Policía Nacional especializados en seguimientos. Un total de 70 efectivos de Policía dedicados a evitar que la corrupción salpicara al partido. 

Además, se ha conocido una nueva ramificación de esta Operación Kitchen: las presiones ejercidas sobre Luis Bárcenas y su entonces abogado para no publicar informaciones perjudiciales para el PP. Según investiga la Audiencia Nacional, hubo “un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el partido vinculadas con dicho sumario”. 

Los contratos ilegales de Alberto Casero

La petición de Anticorrupción para Jorge Fernández casi ha coincidido en el tiempo con la decisión del Tribunal Supremo de juzgar a Alberto Casero por prevaricación y malversación de caudales públicos, quien dejó la militancia en el PP y su escaño en el Congreso en dos veces tras conocerse la decisión del juez.

Casero se hizo famoso por equivocarse en la votación de la reforma laboral y permitir con su error la aprobación de la medida del Gobierno. El exalcalde de Trujillo (Cáceres) fue el número cuatro interno en el organigrama de Pablo Casado, cuando fue designado secretario de Organización del PP. A las órdenes de Teodoro García Egea y Ana Beltrán, Casero era el enviado de la dirección nacional a los territorios. Allí donde había un problema, llegaba él a intentar solucionarlo. 

El juez ha concluido que Casero adjudicó cinco contratos por un valor de 94.000 euros de manera ilegal cuando era regidor de la localidad. Contratos para organizar la Feria del Queso, para contratar un psicólogo o para poner en marcha un evento gastronómico de comida peruana. Él mismo reconoció en el Supremo que los procesos podían estar trufados de errores e irregularidades, pero que en ningún caso cometió un delito.

La renuncia a su escaño puede devolver el caso a los tribunales de Extremadura para ser juzgado allí, al haber perdido el aforamiento. 

Tres años de cárcel para el expresidente de Murcia

Tercera coincidencia temporal con el PP intentando sacarse de encima el estigma de la corrupción: el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de cárcel.

Cuando el PP reformó la ley para limitar el tiempo que la Justicia podía dedicar a una investigación penal, uno de los principales beneficiados fue precisamente Sánchez. Presidente de la Región de Murcia entre 2015 y 2017, se vio envuelto en varios casos de corrupción. Uno de ellos, que analizaba la contratación supuestamente ilegal para acondicionar la Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, quedó archivado porque muchas diligencias se pidieron fuera de plazo. 

Pero otro de esos casos, que también procede de su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras, ha pasado ese filtro y le ha costado una condena que, en caso de ser declarada firme, implicará su entrada en prisión: tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental en el conocido como caso Auditorio.

En este caso, sin expediente de contratación de por medio y de forma verbal, Sánchez encargó a un arquitecto un proyecto para las obras del auditorio municipal, evitando que otros arquitectos pudieran ganar ese concurso. Todo para justificar una subvención regional y evitar tener que devolver el dinero.

Sánchez dimitió en 2017, con Rajoy todavía en la Moncloa y Feijóo en la Xunta de Galicia. Pero quien ocupa hoy la Presidencia de Murcia, y uno de los principales barones del PP, salió entonces a defender a su jefe de filas. “Yo confío en Pedro Antonio”, dijo Fernando López Miras en un vídeo que sus rivales han recuperado ahora.

Pero no hay que irse tan lejos. En julio de 2022, López Miras fue reelegido presidente del PP de Murcia. En una intervención ante el pleno del congreso dijo en referencia expresa a Pedro Antonio Sánchez que él había “aprendido de los mejores”. En primera fila, destacados barones del PP y dirigentes autonómicos, así como la secretaria general, Cuca Gamarra. La ovación duró varios segundos. Ese mismo día, para la intervención final, apareció también el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo y un imputado de Ibiza comparten mantel

Otra ovación se llevó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el pasado fin de semana. En un acto de precampaña del PP balear, Marí compartió mesa y mantel con el presidente del partido en la isla, José Vicente Marí Bosó, la líder autonómica, Marga Prohens, y el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El problema es que Vicent Marí está imputado, también por corrupción. En su discurso, Prohens dijo: “Los ibicencos te reconocen, te estiman y quieren que seas su presidente. Por eso yo y este partido necesitamos que sigas siendo el alcalde de alcaldes. Pero sobre todo que sigas siendo Vicent Marí”. El aplauso fue cerrado.

Ayuso: de Arroyomolinos a la comisión de su hermano

Muy actual es también la corrupción del PP de Madrid, que está inserta en la dirección autonómica del partido que lidera Isabel Díaz Ayuso. La lideresa cuenta en su organigrama con la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, también imputada por corrupción junto a un empresario que se habría beneficiado de unas contratos durante su anterior etapa como concejala en el Consistorio. 

Millán ocupa un puesto clave: la vicesecretaría de Organización Territorial. Pese a la imputación judicial, en mayo será de nuevo candidata del PP en Arroyomolinos. La alcaldesa reconoció el pasado 22 de abril ante un juez de Navalcarnero los pagos, aunque dijo que los ingresos que le realizó el empresario que recibía adjudicaciones de la concejalía que encabezó entre 2012 y 2016 porque correspondían al alquiler de un ático de su propiedad, con derecho a compra. En cuatro años, Millán recibió más de 44.000 euros de la empresa Neverland, propiedad del empresario Vicente Roselló, cuyas empresas recibieron contratos por valor de más de 660.000 euros.  

El otro gran caso que ha afectado a Ayuso tiene que ver con los negocios de su familia, su Gobierno y fue arma central en la mayor guerra civil vivida en la derecha española en las últimas décadas. “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros?”, dijo un viernes el por entonces presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la cadena COPE. Cinco días después estaba muerto políticamente.

Se refería al hermano de Ayuso, que había cobrado al menos una sustanciosa comisión de una empresa que vendió material sanitario al Gobierno de Madrid durante la pandemia. Un pago que ha sido reconocido por la propia presidenta regional, pero que se llevó por delante a quien lo denunció. Casado fue defenestrado de su puesto. Los barones pusieron en su lugar a Feijóo.

Marbella: la alcaldesa que no conocía los negocios de su marido

De plena actualidad es también el proceso judicial que afecta a la familia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien ha visto como su marido (recientemente fallecido) y su hijastro eran procesados por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Un cálculo de elDiario.es cifra en más de 12 millones de euros el patrimonio de la alcaldesa acumulado en tres décadas en política durante los cuales solo ha cobrado dietas del Consistorio Marbellí y su sueldo de parlamentaria nacional en dos legislaturas. 

Ante el Senado, Muñoz ha ocultado incrementos patrimoniales y ha reducido las numerosas propiedades que posee a las acciones que figuran a su nombre de las sociedades que ha utilizado para adquirirlas, lo que rebaja considerablemente el valor real de ese patrimonio declarado. 

Los jueces Alejandro Abascal y Manuel García Castellón han dejado fuera de la investigación las relaciones de la trama con el propio Ayuntamiento de Marbella, pese a los informes policiales que apuntaban indiciariamente en sentido contrario. Muñoz intenta acallar a elDiario.es en los tribunales por revelar toda esta información.

Pese a todo, el PP ha respaldado públicamente a Muñoz, quien volverá a ser la candidata en la ciudad malagueña el próximo 28 de mayo.

Salamanca y la “financiación ilegal” del PP de Mañueco

En el PP también hay sombras de corrupción interna. Uno de los barones de Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, está en el centro de un proceso judicial por supuesta “financiación ilegal” del PP en su provincia, Salamanca, durante el proceso de primarias que le permitió liderar el partido, primero, y ser candidato a a Junta de Castilla y León, después.

La Operación 'Mañueco presidente' está pendiente de juicio. Y el congreso provincial acumula meses y meses de retraso sin que los órganos de garantías del PP hayan intervenido. Tampoco la dirección nacional, que ha dejado hacer a su líder autonómico pese a las dudas sobre el proceso que lo eligió.

La situación está tan enquistada que se ha producido otro conflicto judicial por el retraso de ese congreso, mientras sí se han celebrado las primarias para seleccionar a los candidatos el 28 de mayo. Un proceso interno otra vez salpicado de dudas por la aparición de cientos de afiliados nuevos en pocos días.

Los problemas judiciales del PP de Salamanca han llevado al partido a los tribunales, y la dirección nacional estaba llamada a comparecer. En concreto, la jueza citó a Feijóo. Pero el presidente no acudió y mandó a un representante, lo que provocó el enfado de la magistrada: “La persona que estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era él el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí”.

No es el único caso judicializado en Castilla y León. El eexvicepresidente de la Diputación de Valladolid y alcalde del municipio de Olmedo, Alfonso Centeno, ha sido procesado en el llamado caso Meseta Ski, que investiga la construcción de una pista de esquí seco que proyectó el organismo público con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros, que se disparó hasta los 12 y que hoy está desmantelada por orden judicial, al haberse construido en un monte quemado. Centeno se fue de viaje de placer con los promotores de la obra.

Pese al auto de procesamiento, el PP incumple sus propios Estatutos y no ha abierto un expediente sancionador contra el alcalde, que quiere repetir el 28M.

La corrupción del PP en València

Las administraciones valencianas fueron, durante años, uno de los grandes caladeros de negocio de la trama Gürtel y su relación simbiótica con el PP, que lideró el Ejecutivo regional desde 1995 hasta 2015. Algunos casos de supuesta corrupción están siendo juzgados en los tribunales valencianos. Uno de ellos es el caso Taula, donde el fiscal ha afirmado estos días durante el juicio que “asusta pensar lo que han podido hacer con ese dinero”. 

Se refiere el fiscal a los 40 millones de euros anuales que manejaba Marcos Benavent al frente de la empresa pública Imelsa, de la Diputación de Valencia que también presidía el PP con Alfonso Rus. La Fiscalía, que pide 12 años de cárcel para él, declara probado que en el seno de esta empresa pública existieron trabajadores zombies que cobraban sin trabajar o mientras trabajaban fuera de la empresa que les pagaba con dinero público. 

Otro caso, que también afecta a los socialistas valencianos, es el bautizado como Azud, donde una jueza investiga una trama de corrupción con epicentro en el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá pero con ramificaciones que llegan a más de medio centenar de imputados y que afecta también a cargos del PSPV y a varias campañas de los socialistas, todo entre 1999 y 2013. En esta causa el foco está puesto en el empresario Jaime Febrer y los sobornos y comisiones que la trama pagaba, supuestamente, a cambio de acceder a obra pública. 

El horizonte judicial del PP

El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene todavía por delante un campo de minas de causas de corrupción que afectan a su partido. En las próximas semanas, por ejemplo, el Tribunal Supremo hará pública su sentencia firme sobre una de las ramificaciones principales de la trama Gürtel: la corrupción que rodeó la organización de la visita del Papa a València en 2006. 

Varias piezas de la trama Gürtel, Púnica o Lezo también están pendientes de juicio o sentencia en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Una de ellas es la pieza separada que analizó y condenó la actividad de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, causa en la que el Partido Popular fue condenado como responsable a título lucrativo por los 204.198,64 euros que la trama corrupta usó para pagar sus campañas municipales entre 2003 y 2007 en una ciudad en la que gobierna ininterrumpidamente desde 1983. 

Otro de los casos pendientes de sentencia en este organismo central es la pieza sobre adjudicaciones irregulares a las empresas de Gürtel que atañe precisamente a Francisco Camps, entre otras cosas, para el expositor de esta administración en la edición de Fitur en 2009. Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para él en un juicio en el que colaboradores de la trama como Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ han señalado sin dudar al expresidente valenciano. 

Sobre él dijo Feijóo el pasado mes de febrero en una entrevista: “Vamos a ver qué dicen los compañeros de Valencia, porque al final Paco Camps es un personaje de la política valenciana. Pero desde luego yo le mantengo el respeto (...). Está claro que las cosas que se le imputan, al menos el 90% de las mismas, han quedado resueltas satisfactoriamente.

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Alberto Casero, diputado del Partido Popular, será juzgado por prevaricación y malversación de caudales públicos. El juez del Tribunal Supremo que ha investigado su caso ha decidido procesarle por delitos de malversación y prevaricación por cinco contratos supuestamente irregulares adjudicados por el Ayuntamiento de Trujillo cuando él era alcalde de la localidad extremeña, entre 2017 y 2018. t

El PP afirmó que no tomaría medidas contra el parlamentario hasta que el Supremo dictara apertura de juicio oral contra él. Pero el propio Casero quien en la mañana del viernes dio el paso de solicitar su “suspensión de militancia” en el partido. En ese momento no renunció a su acta. Para eso hubo que esperar al final de la tarde cuando fuentes del PP informaban a los medios de que el diputado por Badajoz había comunicado su renuncia “para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido” y “antes de que se le haya comunicado el auto del instructor”, informa Aitor Riveiro.

Casero es parlamentario nacional del partido que preside Alberto Núñez Feijóo desde hace más de una década entre su paso por el Senado entre 2011 y 2015 y por el Congreso desde 2019. En Extremadura, además, ejerció como alcalde de la localidad cacereña de Trujillo entre 2011 y 2019. Fue en su último mandato cuando, según el juez, firmó hasta cinco contratos que suman 94.000 euros y que fueron adjudicados de manera irregular. Contratos, por ejemplo, para organizar la feria del queso de la localidad.

Los contratos, entiende el juez instructor, fueron adjudicados de manera irregular con Casero saltándose todos los procedimientos administrativos y legales necesarios. Para el juez Andrés Palomo, pudo cometer en primer lugar un delito de prevaricación: “No solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico”, reprocha.

Utilizó contrataciones verbales o tramitó los procesos “sin publicidad alguna” cuando hacía falta y eludió los mecanismos de control de su propio consistorio. También pudo cometer un delito de malversación de caudales públicos, tanto en su redacción actual tras la reforma del Código Penal como en la versión anterior de la ley.

El nombre de Alberto Casero adquirió notoriedad cuando su error en una votación fue clave para la aprobación de la reforma laboral del Gobierno. Tras el cambio de voto de los diputados de Unión del Pueblo Navarro, un error de Casero votando telemáticamente a favor de la reforma y no en contra, como había establecido el PP, facilitó la aprobación de la ley por un solo voto de diferencia.

El Congreso de los Diputados ha aceptado este jueves el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para procesar penalmente al diputado del PP Alberto Casero al apreciar indicios racionales de prevaricación y malversación en unos contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).

El suplicatorio ha sido votado a puerta cerrada y aceptado por unanimidad, con 340 votos, según indican a EFE fuentes parlamentarias. También la Comisión del Estatuto del Congreso aprobó el dictamen en el que aceptaba la petición del Alto Tribunal por unanimidad.

El suplicatorio a la Cámara Baja es un trámite necesario para continuar con el procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) a Casero, que al implicar una inculpación formal requiere la autorización del Congreso.

El Tribunal Supremo actuará penalmente contra Casero al apreciar indicios razonables de prevaricación y malversación en contratos en marzo de 2017 y diciembre de 2018 en los que se habría incumplido “todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”.

El perjuicio indiciario al Ayuntamiento de Trujillo “superaría los 50.000 euros” en pagos que no competían al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados El 20 de junio, el diputado popular admitió “irregularidades administrativas” en las adjudicaciones de cinco contratos públicos cuando era alcalde pero que ni mucho menos incurrió en una prevaricación o malversación de caudales públicos.

El PP mantiene un expediente abierto contra su diputado y aplicará a futuro los estatutos de la formación, que prevén que el expediente pase a ser disciplinario cuando se tenga conocimiento de la apertura de juicio oral y que este resuelva en el momento en el que se dicte la sentencia, no firme, o el auto de sobreseimiento.

Además, los estatutos contemplan la suspensión “provisional de afiliación” acordada de forma “automática” por el Comité Nacional de Derechos y Garantías “cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”.

Casero, que en la anterior dirección del PP era secretario de Organización, fue el diputado que con su voto a favor permitió aprobar la reforma laboral, aunque mantiene recurrida esta votación ante el Constitucional. 

Lo ha vuelto a hacer. El diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, se ha equivocado en la votación de este jueves en el Congreso y ha emitido un voto en sentido contrario al del resto de sus compañeros de bancada. Y no en cualquier punto. En concreto, Casero ha votado a favor de una petición de ERC, Bildu y Más País pactada con el PSOE para que se investigue la responsabilidad de los gobiernos de Mariano Rajoy en la conocida como cloaca policial por la ‘Operación Catalunya’. 

Alberto Casero ya se hizo célebre por ser el responsable de que saliese adelante la reforma laboral del Gobierno. Tras el voto en contra de los principales socios de Pedro Sánchez y el volantazo a última hora de los diputados de UPN, el error de Casero se convirtió en clave para que viera luz verde la nueva legislación laboral que enterraba, en buena medida, a la implementada por el PP.

Casero está, además, a las puertas de ser juzgado por varios delitos de corrupción en el Tribunal Supremo. El magistrado que ha investigado su caso ha pedido poder sentarle en el banquillo por varios contratos supuestamente irregulares que gestionó en su etapa como alcalde de la localidad extremeña de Trujillo, antes de dar el salto a la política nacional.

El diputado, cuyo suplicatorio está pendiente de ser enviado al Congreso de los Diputados, está acusado de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por cinco contratos supuestamente irregulares que suman más de 90.000 euros. En su declaración como imputado, Casero explicó que el orden no era la “marca de la casa” del Ayuntamiento de Trujillo en ese momento.

Su votación errónea que permitió sacar adelante la reforma laboral del ejecutivo de coalición también está en manos de los tribunales. El Constitucional ha admitido a trámite hace unos días su recurso, el del PP y el de Vox contra la decisión de Meritxell Batet, presidenta de la cámara baja, de no reconsiderar la posibilidad de que Casero repitiera el voto.

El PP mantiene un expediente informativo abierto contra su diputado Alberto Casero y no endurecerá las medidas en su contra por los indicios de prevaricación y malversación en su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres) mientras no se le abra juicio oral.

Así lo ha explicado en rueda de prensa Cuca Gamarra, secretaria general del PP, cuando el Congreso está pendiente de que el Tribunal Supremo pida un suplicatorio para proceder penalmente contra Casero, como ha propuesto el magistrado Andrés Palomo en un trámite que aún puede demorarse. “Aplicamos los estatutos”, ha afirmado la número dos de Alberto Núñez Feijóo, que recalca que no ha cambiado la situación procesal de Casero, quien no ha logrado que prospere su petición para que el juez instructor archivase la causa en su contra.

Los estatutos del PP prevén en su artículo 22.A que un expediente informativo se transforme en disciplinario cuando se tenga conocimiento de la apertura de juicio oral y que éste resuelva en el momento en el que se dicte la sentencia, no firme, o el auto de sobreseimiento.

Además, el artículo 7.B contempla la suspensión “provisional de afiliación” acordada de forma “automática” por el Comité Nacional de Derechos y Garantías “cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”.

El juez Palomo propone proceder penalmente contra Casero al apreciar indicios razonables de prevaricación y malversación en contratos en marzo de 2017 y diciembre de 2018 en los que se habría incumplido “todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”. El perjuicio indiciario al Ayuntamiento de Trujillo “superaría los 50.000 euros” en pagos que no competían al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados.

Ahora, deberá ser el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien remita un oficio al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade la petición a la presidenta del Congreso. Se trata de un trámite preceptivo para continuar con el procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), que al implicar una inculpación formal requiere la autorización del Congreso.

Casero, que en la anterior dirección del PP era secretario de Organización, fue el diputado que con su voto a favor permitió aprobar la reforma laboral, aunque mantiene recurrida esta votación ante el Constitucional. 

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la maquinaria necesaria para juzgar a Alberto Casero, diputado del PP, por varios contratos supuestamente irregulares firmados en su etapa como alcalde de la localidad extremeña de Trujillo. El juez instructor entiende que puede ser acusado de delitos de prevaricación y malversación y propone a las partes elevar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder proceder penalmente contra él.

Alberto Casero, diputado del Partido Popular que consiguió que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante gracias a su voto erróneo a favor, está imputado por diversos contratos firmados entre 2017 y 2018 cuando era alcalde de Trujillo. Contratos, por ejemplo, para contratar a un psicólogo con fondos municipales para atender a víctimas de violencia machista, o también para organizar la Feria del Queso de la localidad.

Según el juez que investigó el caso, Alberto Casero cometió a sabiendas irregularidades en todos estos contratos. Actuó, dice el instructor, “incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”. Su manera de actuar en todos estos procesos de contratación como alcalde, añade, “no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas” sino que también suponía “elusión de los mecanismos de control”, entre otras cosas.

El propio casero compareció como imputado y reconoció ante el juez estas irregularidades, aunque negando que pudiera tratarse de un delito. El juez explica ahora que no sólo hay un posible delito de prevaricación sino también otro de malversación, penado con cárcel. Los investigadores han puesto el foco, en total, en cinco contratos, convenios y facturas que costaron 94.000 euros de las arcas municipales sin informar al consistorio y sin informes ni expedientes de contratación.

Su condición de aforado, al ser diputado del Congreso, implica que antes de poder procesarle y sentarle en el banquillo debe obtener el visto bueno de la cámara baja. Por eso el juez ha llevado su exposición razonada para que se envíe un suplicatorio al propio Congreso.

El juez acusa a Casero de equiparar su voluntad con la capacidad para poner en marcha estas contrataciones sin pasar por los mecanismos de control del consistorio de Trujillo. “Vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte”, cita por ejemplo el Supremo.

Unos hechos que para el juez son “plenamente subsumibles” en un delito de prevaricación pero también en uno de malversación de caudales públicos, lo que abre una hipotética acusación a una petición de cárcel y no sólo de inhabilitación. Esta exposición razonada le acusa de “haberse excedido en sus facultades de administración del patrimonio del ayuntamiento causando un verdadero perjuicio al mismo”.

La “marca de la casa” de Casero

Este mismo lunes el Tribunal Supremo ha difundido otro escrito del magistrado instructor en el que rechaza archivar la causa a petición del propio Casero. Un auto que refleja los argumentos de defensa del político, entre ellos los que expuso en su declaración como imputado: “Como señaló en repetidas ocasiones el Sr. Casero Ávila en su declaración en sede judicial, los recursos del Ayuntamiento para gestionar la contratación eran extremadamente precarios, y no siendo el orden una marca de la casa”, dicen sus abogados.

Esa “marca de la casa” que reconoció Casero es una falta total de control y comunicación en los cinco contratos investigados por el Tribunal Supremo. La defensa de Casero insistió sin éxito en la teoría de los errores no punibles: “Por más errores administrativos que pudieran existir y que, dado el funcionamiento y precariedad de medios del Ayuntamiento, son perfectamente entendible, todos los trabajos contratados se prestaron”.

La Fiscalía apoyó el movimiento del juez de no archivar el caso. “Nos encontraríamos en estos supuestos ante contratos verbales absolutamente prohibidos por la normativa aplicable”, reprochó el Ministerio Público en uno de sus escritos. “Se deriva de todo ello indicios racionales de una absoluta falta de fundamento en la contratación llevada a cabo por el Sr. Casero Ávila”, dijo la Fiscalía apuntando ya entonces la prevaricación y a la malversación de dinero público.

Alberto Casero, diputado del Partido Popular y exalcalde de la localidad extremeña de Trujillo, ha comparecido este lunes como imputado en el Tribunal Supremo por diversos contratos adjudicados de forma supuestamente irregular en su etapa como regidor del municipio. Una comparecencia en la que, según fuentes jurídicas, ha reconocido la posibilidad de que existieran irregularidades en la tramitación de estos contratos pero en ningún caso una actuación delictiva y prevaricadora, sino un asunto de carácter administrativo.

El diputado del Partido Popular está siendo investigado por la adjudicación supuestamente irregular de cinco contratos por un valor total de 94.000 euros entre 2017 y 2018. Contratos para contar con un psicólogo especializado en violencia de género, un tour de gastronomía peruana, una entrega de premios culturales y la organización de la Feria del Queso de la localidad dos años consecutivos.

Casero no ha ofrecido detalles a los medios de comunicación nada más finalizar su declaración. Ante los micrófonos, el exalcalde de Trujillo y diputado ha asegurado que su comparecencia “ha ido bien, con normalidad” y que ahora esperará “la decisión de la Justicia” sobre si debe ser o no juzgado. “No he dicho nada durante el resto del proceso y lo mejor es seguir así hasta que los jueces no hablen”, ha añadido.

Ha comparecido voluntariamente tras ser llamado por el juez instructor, Andrés Palomo, porque considera que “no hay nada que ocultar” así como para “aportar cuestiones nuevas y aclarar algunas dudas”. El juez y la Fiscalía le atribuyen, por el momento, un delito de prevaricación administrativa al entender que se saltó múltiples procedimientos de contratación para adjudicar estos contratos.

Alberto Casero fue el diputado del PP que protagonizó el error a la hora de votar que facilitó la aprobación de la reforma laboral del Gobierno. El parlamentario, que votaba de forma telemática, votó por error a favor de la reforma laboral a la que su partido se oponía. Su voto, después del cambio de parecer de los diputados de Unión del Pueblo Navarro, fue clave para sacar adelante la norma.

La causa por la que ahora está imputado arrancó en un juzgado de la localidad, que terminó enviando a la sala segunda del Tribunal Supremo cuando encontró indicios suficientes contra él. Los investigadores dicen sobre uno de los contratos investigados que Casero “no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto”. Se refieren al psicólogo contratado por el consistorio cuyos servicios no constan a la Justicia.

El Tribunal Supremo ha decidido imputar a Alberto Casero, diputado del PP, y le llama a declarar el próximo 20 de junio por un posible delito de prevaricación administrativa. La Justicia investiga varios contratos adjudicados de forma presuntamente irregular cuando era alcalde de la localidad extremeña de Trujillo. Se trata de una petición para que declare voluntariamente y si no lo hace la sala de lo penal tendrá que pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados.

El Tribunal Supremo decidió abrir una causa contra Alberto Casero hace unas semanas después de recibir una exposición razonada de un juzgado extremeño apoyada por la Fiscalía. Los investigadores tienen la lupa puesta sobre cinco contratos adjudicados en su última legislatura como alcalde de Trujillo. Unas adjudicaciones en las que, según la Fiscalía, el alcalde se saltó personalmente todos los procedimientos de contratación al evitar concursos públicos, informes de fiscalización o directamente sin informar a la administración local que él mismo dirigía.

Uno de los pagos cuestionados es la contratación de un psicólogo para atender a víctimas de violencia de género, un caso en el que la Fiscalía cuestiona que los trabajos fueran realizados y en el que destaca que, además, la atención a estas víctimas dependía de un organismo concreto que no estuvo involucrado en la contratación.

También se investigan dos contratos relacionados con la promoción de la Feria del Queso y, finalmente, otro más relacionado con la Cámara de Comercio de Perú en nuestro país para un evento gastronómico. En varios casos, destaca la Fiscalía, el consistorio dejó las facturas sin pagar y distintos juzgados han condenado al Ayuntamiento a pagar las facturas.

La votación de la reforma laboral

El nombre de Alberto Casero saltó a los titulares por su papel en la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados en febrero. Casero estaba enfermo y efectuó su voto de forma telemática pero se equivocó y votó a favor de la iniciativa del Gobierno y no en contra como había establecido el Partido Popular. Un voto que, después del cambio de criterio de los dos parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro, fue clave para sacar adelante la norma.

En un primer momento el PP denunció ante la Mesa del Congreso que Casero había votado correctamente pero que el sistema informático había registrado su voto de forma errónea, y finalmente dirigió sus críticas a Meritxell Batet por no permitir corregir el voto o efectuarlo de nuevo.

Alberto Casero (Cáceres, 1978) saltó a la fama a principios de febrero cuando pulsó el botón equivocado y permitió que el Gobierno sacara adelante la reforma laboral. Pocas semanas después, la guerra interna del Partido Popular le ubicaba más fuera que dentro de la ejecutiva nacional de la que formaba parte como 'número 3' de la formación. Ahora, además, tiene un frente judicial abierto: el Tribunal Supremo va a investigar cinco contratos sospechosos que adjudicó cuando era alcalde de la localidad extremeña de Trujillo. Contratos, convenios y facturas que suman más de 94.000 euros y que, según la Fiscalía, fueron puestos en marcha por Casero saltándose los procedimientos de contratación. A veces ni siquiera informaba al Ayuntamiento que él mismo dirigía.

La carrera de Casero despegó en 2011 cuando arrasó en las elecciones municipales de Trujillo como cabeza de lista del Partido Popular y con una mayoría absoluta que triplicaba los concejales conseguidos por el PSOE en esta localidad de 9.000 habitantes. Una mayoría absoluta que revalidó en 2015 y que el PP perdió en 2019 cuando Casero ya había puesto rumbo al Congreso de los Diputados como cabeza de lista por Cáceres. Según las acusaciones que ahora pesan sobre él, además, en sus dos últimos años al frente del consistorio trujillano se dedicó a adjudicar contratos, pagar facturas y firmar convenios saltándose todos los procedimientos necesarios. El Ayuntamiento finalmente no pagó muchas de esas facturas y contratos y distintos juzgados de la provincia han condenado desde entonces al consistorio a pagar a los proveedores.

El psicólogo de violencia de género

El primer procedimiento sospechoso en la lista de la Fiscalía es de marzo de 2017. Casero acordó con el psicólogo Pablo Bonilla que ejercería en el consistorio para atender a mujeres víctimas de violencia machista. En total, cuatro facturas por un valor de 6.120 euros por el trabajo que afirma haber realizado entre marzo y junio de ese año. Además, en agosto, el alcalde firmó un contrato menor para él por servicios de psicología durante un año a razón de 18.000 euros. En ese momento ese era el límite para considerar un contrato menor y poder adjudicarlo sin concurso.

La Fiscalía explica que Casero comprometió estos 24.120 euros de dinero del Ayuntamiento sin informar al propio Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin poner en marcha un expediente de contratación y, por supuesto, sin consultar al órgano de contratación sobre la necesidad de contar con este psicólogo. De hecho, según la Fiscalía, tampoco consta que Bonilla realizara los trabajos por los que cobró. La atención a las víctimas de violencia machista para la que fue supuestamente contratado, además, se canalizaba a través de una Comisión que no tiene constancia de que el psicólogo hiciera algo. Un juzgado de Cáceres terminó condenando al Ayuntamiento a pagarle una factura de casi 3.000 euros.

El 'gastro-tour' de Perú

La segunda adjudicación sospechosa llegó en septiembre de 2017. Casero firmó como alcalde un convenio marco de cooperación institucional con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España. También firmó un acuerdo en el que el consistorio se comprometía a financiar ese convenio con 25.000 euros. Este convenio tampoco pasó por manos de los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, no aportó la copia a la Intervención y no fue aprobado por el pleno o por una resolución de la Alcaldía. Por supuesto, no se publicó en el Boletín Oficial del Estado ni fue sometido a ningún tipo de información pública a pesar de ser un contrato que, por su cantidad, no podía ser tramitado como una adjudicación menor y directa.

Este convenio se tradujo en un disgusto para Trujillo. Estaba pensado, destaca la Fiscalía, para pagar un 'gastro-tour' ese mismo año en colaboración con Perú. En noviembre de ese año Casero compareció en el Palacio de los Barrantes-Cervantes de la localidad junto con el embajador de Perú en España para presentar el proyecto. Ese año, en esta entrevista con la Cámara de Comercio peruana, Casero fue claro: “Nuestro municipio será el vínculo perfecto entre Perú y España”. Pero tres años más tarde la Cámara de Comercio de Perú en España interpuso un recurso contra el Ayuntamiento y reclamó una deuda de 30.250 euros en dos facturas que, denunciaba, no se habían pagado. Un juzgado de lo contencioso estudia la demanda de la Cámara de Comercio.

La entrega de premios

También en 2017, Alberto Casero firmó un acuerdo verbal con una asociación cultural llamada Bon Vivant. El acuerdo era, en principio, para un patrocinio y que la gala anual de entrega de premios 'Pop Eye' se celebraría ese año en Trujillo. A cambio, el Ayuntamiento ponía 18.000 euros de las arcas públicas, nuevamente el límite de un contrato menor. Estos premios, según su página web, se habían celebrado en la ciudad de Cáceres hasta 2017 y en 2018 tuvieron lugar en Trujillo. El alcalde, una vez más, no informó al consistorio, no tramitó un expediente de contratación ni tampoco un informe que demostrara la necesidad del gasto ni la aprobación del desembolso.

La operación a espaldas de la administración se repitió un año después: un compromiso de pagar 18.000 euros sin contar el IVA, y asumir 9.349 euros más en costes. La diferencia es que para entonces ya estaba en vigor la última modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que rebajaba el umbral de los contratos que se podían adjudicar a dedo: de 18.000 euros a 15.000 euros. A pesar de eso, según la Fiscalía Casero, no puso en marcha ningún tipo de procedimiento administrativo. Las facturas, finalmente, no fueron pagadas.

La Feria del Queso (I)

En enero 2018, Casero contrató a la empresa 'ICARO Consultores en Comunicación' para organizar otro evento gastronómico: la Feria Internacional del Queso. Esta Feria ubicó un centenar de puestos relacionados con la venta de queso en la Plaza Mayor de Trujillo, reunió a más de 100.000 personas y se consolidó como uno de los grandes eventos de la localidad. La organización corrió a cargo de este contrato de 14.303 euros, esta vez sí por debajo del umbral legal de los contratos menores, pero nuevamente sin informar al Ayuntamiento.

Casero, según la Fiscalía, no informó a los servicios legales del consistorio, no aportó el contrato firmado, no pidió ningún informe previo y la Intervención incluso reprochó que se hubiera tramitado como contrato menor cuando era un servicio previsible. La organización de la Feria del Queso ni siquiera era competencia del alcalde: existe una institución ferial llamada Ferex administrada por un consorcio del que forma parte el consistorio trujillano, pero también representantes de las diputaciones de Cáceres, Badajoz y de la Junta de Extremadura. Un juzgado de Cáceres condenó al Ayuntamiento a pagar 17.300 euros por los servicios prestados.

La Feria del Queso (II)

El último contrato que investiga el Tribunal Supremo llegó en las últimas semanas de 2018, cuando Casero firmó con Radio Interior un contrato para promocionar la Feria del Queso. Una vez más, Casero firmó un un pago superior a los 15.000 euros como si fuera un contrato menor. En este caso, además, era una prestación anual habitual que se repetía desde hacía siete años y, recuerda la Fiscalía, se tendría que haber sacado a concurso en un procedimiento abierto. Radio Interior demandó al consistorio y un juzgado condenó a la administración de Trujillo a pagar 18.100 euros a la compañía.

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa penal contra Alberto Casero, el diputado del Partido Popular que se equivocó en la votación de la reforma laboral, por irregularidades en varios contratos que adjudicó cuando fue alcalde de la localidad extremeña de Trujillo. Los jueces investigarán cinco contratos adjudicados entre 2017 y 2018 por más de 70.000 euros, tal y como denuncia la Fiscalía, sin los informes necesarios y sin informar al propio consistorio.

Los investigadores señalan que Casero fue alcalde de Trujillo entre 2017 y 2018, época en la que puso en marcha varios contratos públicos de manera supuestamente ilegal. Según la exposición razonada del juzgado extremeño que empezó la investigación, lo hizo “sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello”. Por ejemplo, según esta acusación, comprometió diversos pagos de dinero público sin comunicarlo al ayuntamiento y sin los informes necesarios.

Por ejemplo, contrató a un psicólogo ocultando el proceso al consistorio que dirigía, sin aportar el contrato, sin un expediente de contratación, sin un informe que justificara la necesidad de contratar un psicólogo y, finalmente, sin una aprobación del gasto. La lupa de los jueces también está puesta sobre un pago de 25.000 euros a la Cámara de Comercio de Perú, un contrato de patrocinio de 18.000 euros con la Asociación Cultural Bon Vivant, un contrato de 14.000 euros con una consultora y otro de 15.000 euros con una emisora de radio para promocionar la Feria del Queso de Trujillo.

El juez encargado de investigar el caso será Andrés Palomo, que una vez abierta la causa tendrá que decidir qué diligencias pondrá en marcha. La primera decisión será si imputa y llama a declarar al propio Casero. En este auto, el Tribunal Supremo ya adelanta que en un primer vistazo a la causa los hechos “podrían ser constitutivos de delito” y la Fiscalía apunta a una posible malversación de fondos públicos.

El número 3 del PP

El nombre de Alberto Casero había pasado desapercibido para el gran público hasta el pasado mes de febrero, cuando su error en la votación telemática consiguió marcar la diferencia y sacar adelante la reforma laboral del Gobierno. Casero, que en ese momento votaba desde su casa al estar enfermo, alegó que el sistema había computado erróneamente su voto como favorable a la reforma y, tras el cambio de última hora de los diputados de Unión del Pueblo Navarro, su voto fue determinante para sacar la norma.

Casero era entonces, y es todavía hasta este fin de semana, número 3 en el Partido Popular que dirigía Pablo Casado. Es miembro del Comité Ejecutivo de la formación conservadora desde 2017 y en la última década ha ocupado diversos cargos públicos con el PP: ha sido senador, alcalde de Trujillo y ahora también diputado en el Congreso.

En el seno del Partido Popular, Casero ha ocupado posiciones muy cercanas a la figura de Pablo Casado, como la secretaría de organización del PP. Unas posiciones que previsiblemente perderá este fin de semana en el congreso extraordinario que el partido celebra este fin de semana en Sevilla para encumbrar a Alberto Núñez Feijóo.

Imputación y aforamiento

El caso ya está en manos del juez Palomo, que tendrá que decidir si imputa a Casero, algo que habitualmente suele constituir la primera diligencia una vez abierta la causa. El político del PP es diputado en el Congreso y por tanto está aforado ante la sala segunda del alto tribunal, aunque una hipotética dimisión devolvería el caso a la Justicia ordinaria y al juzgado de Extremadura que empezó la investigación de los contratos sospechosos.

Los jueces tienen, por ahora, dos posibles delitos encima de la mesa: uno de prevaricación al que apunta desde el principio el juzgado de Extremadura y ahora también uno de malversación planteado por la Fiscalía.

La Fiscalía entiende, de hecho, que podría haber incurrido en ambos delitos y además de forma continuada. Unas acusaciones que, según el Ministerio Público, “se concretan en la celebración de determinados acuerdos y contratos de servicios con diversas personas y entidades comprometiéndose al pago de las correspondientes prestaciones dinerarias pero sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos para ello”.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha redactado un informe en el que ve indicios de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la actuación de Alberto Casero durante su etapa como alcalde de la localidad extremeña de Trujillo, según han confirmado fuentes del Ministerio Público a Europa Press.

Este escrito, adelantado por El Español, se conoce después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo, apoyándose en el informe del Ministerio Público, instara al Supremo a investigar al ahora diputado del PP, quien ha sido la mano derecha del hasta hace poco secretario general del PP Teodoro García Egea y responsable, por su error en la votación, de que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante.

Las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018. Entendía la magistrada que pueden existir “indiciaria responsabilidad penal” del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres.

Contrato al psicólogo

La exposición apunta que se ha acreditado a lo largo de la investigación que Casero el 3 de marzo de 2017 contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales.

Según indica, Casero “no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto”. Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura y eso que ese tipo de actividad se canalizaba a través de la Comisión de Violencia de Género “a la que no le consta ninguna actuación” por parte de esta persona.

Recoge la exposición que, además, Bonilla acabó reclamando parte de las facturas que no había cobrado por la vía judicial y que de hecho hubo condena al ayuntamiento para que se las abonara.

Cámara de comercio de Perú

El escrito remitido al Supremo indica asimismo que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú que llevaba aparejado un contrato por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo.

Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. Recuerda el escrito de la juez que ese convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía y no se sometió a información pública ni se publicó en el BOE. Añade que ese contrato no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y por tanto precisaba licitación.

La exposición razonada recuerda que la Cámara de Comercio de Perú reclamó facturas por importe de 15.000 euros que no fueron abonadas por el consistorio ya que existía una nota de reparo del interventor

El 'popeye' de Trujillo

Además del asunto del psicólogo y del convenio, el juzgado menciona otros tres asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso verbal de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala 'Pop Eye' a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros.

Pero una vez más, Casero no informó a los servicios competentes, y no tramitó expediente. Y en 2018 firmó el convenio y se comprometió a aportar otros 9.000 euros por otros costes, pero el ayuntamiento no abonó nunca esas facturas.

También en 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales, y resultó inadecuado porque era un servicio periódico y previsible año tras año.

En el marco de la feria internacional del queso firmó también contrato con Radio Interior SL para promocionarla. El contrato una vez más fue menor cuando no podía ser así porque superaba los 15.000 euros y además era una prestación periódica. Al igual que ocurriera en otras ocasiones, la empresa acabó llevando a los tribunales al ayuntamiento para poder cobrar las facturas.

Tras detallar los hechos, la jueza Patricia Gutiérrez indicaba que podrían constituir un delito continuado de prevaricación administrativa, y recordaba que éste suele sancionar supuestos en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente a voluntad de la autoridad. Pero a ese delito, el Ministerio Público suma el de malversación.

Apuntaba la magistrada que de las diligencias practicadas, que incluyen testificales y documental, se deriva la participación de Alberto Casero en los hechos en calidad de alcalde. Apuntaba que como tal participó en los contratos “omitiendo el procedimiento legalmente establecido”.

El juzgado número 22 de Madrid ha decidido archivar la denuncia que un abogado presentó para investigar la votación del diputado del Partido Popular, Alberto Casero, a favor de la reforma laboral. La denuncia planteaba la posibilidad de que se hubieran cometido delitos informáticos en el proceso de votación y el juzgado rechaza las acusaciones con un párrafo: “No resulta debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna”, dice la magistrada Patricia Jiménez-Alfaro. El letrado denunciante ya ha recurrido la decisión y ha pedido que Casero testifique.

El caso llegó a manos de la Justicia de la mano del abogado barcelonés Esteban Gómez Rovira, letrado que en otras ocasiones ha presentado denuncias contra el Gobierno. Una denuncia en la que pedía como medida cautelar que la Guardia Civil irrumpiese en casa del diputado del PP para intervenir los dispositivos informáticos que usó durante la votación y que planteaba la intervención de un tercer para manipular su voto. La denuncia ahora descartada planteaba la existencia de delitos informáticos.

El caso pasó primero por el juzgado de guardia, que rechazó con el apoyo de la Fiscalía plantear alguna medida cautelar y apuntando, ya entonces, a que la denuncia se basaba sólo en sospechas. En paralelo, los letrados de la cámara baja han emitido un informe en el que avalan que el voto telemático de Casero, que llegó a desplazarse al Congreso, no registró ninguna irregularidad.

La decisión ha sido recurrida ya por Gómez Rovira, en un escrito en el que pide la testifical de Alberto Casero: “Nada tan sencillo como el hecho de que el diputado, que no se ha pronunciado todavía sobre si existió un error humano, declare si verificó, con la firma electrónica y ratificando por segunda vez, que voto NO, aunque el recibo digital señalara SI y que por eso entró en el sistema hasta 5 veces”, dice el escrito.

El voto que sacó adelante la reforma

Alberto Casero no es el primer diputado que se equivoca al votar de manera presencial o telemática en el Congreso. Ese mismo día, sin ir más lejos, tal y como explicó la Cadena SER la mayoría del grupo del PP se equivocó al votar un dictamen a favor de castigar el acoso antiabortista. Pero su voto tuvo una incidencia que puede marcar el futuro inmediato del mercado laboral: su voto permitió que la reforma laboral del ejecutivo de coalición, al que su partido se opone de forma férrea, saliera adelante.

Con los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro cambiando el voto de su partido, las cuentas no salían pero el voto erróneo de Casero decantó la balanza a favor de la reforma laboral. El Partido Popular, en el mismo hemiciclo, exigió a la presidenta Meritxell Batet que considerase la posibilidad de la existencia de un “voto informático” que había cambiado el “no” de Casero por un “sí.

El partido de Pablo Casado abandonó rápidamente la teoría del error informático, desmentido por otra parte por los letrados de la cámara baja, pero insistió en que la presidencia del Congreso impidió que Casero cambiara el sentido de su voto, evidentemente contrario a lo que tanto él como su partido querían votar. Esta denuncia iba más allá y solicitaba a los jueces explorar la posibilidad de que una tercera persona hubiese incidido en el registro del voto de Casero.

Alberto Casero (Cáceres, 1978) fue alcalde de la localidad extremeña de Trujillo entre 2011 y 2019 así como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular desde 2017 y diputado desde las últimas elecciones generales. En el seno de la formación que preside Pablo Casado, el parlamentario extremeño ocupa el cargo de secretario ejecutivo nacional de organización. Y está pendiente de saber si es imputado por el Tribunal Supremo.

Hace unos días un juzgado de Trujillo, localidad que gobernó durante ocho años, remitió a la sala de lo penal del Tribunal Supremo una causa para que los magistrados decidan si le imputan y le atribuyen un delito continuado de prevaricación. Unos hechos relacionados con varios contratos puestos bajo sospecha cuando él era regidor de la localidad de menos de 10.000 habitantes.

La mayoría de la Mesa del Congreso de los Diputados ha avalado este martes la legitimidad de la polémica votación de la reforma laboral del pasado día 3, una iniciativa que salió adelante gracias al error del diputado del PP Alberto Casero. PSOE y Unidas Podemos, que suman mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, han rechazado así las quejas planteadas por los populares y por Vox, que la semana pasada llegaron a acusar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de haber promulgado un “pucherazo” por validar el voto de Casero y que han recurrido incluso ante el Tribunal Constitucional.

La propia Batet ha comparecido ante los medios tras la reunión de la Mesa para anunciar que ese órgano “por mayoría ha acordado que las decisiones” adoptadas en torno a la votación “fueron correctas”, que la comprobación del voto telemático de Casero fue “adecuado”, que “no hubo error técnico ninguno ni imposibilidad de voto y por lo tanto no era de aplicación la previsión de una Mesa que permitiera la emisión del voto presencial”, como ha pedido el PP, y que, “los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección ninguna”.

“Por tanto, lo que concluyen tanto el informe como el acuerdo de la Mesa es que en todas las decisiones que se adoptaron se actuó conforme a derecho”, ha asegurado Batet, recordando el informe de los letrados del pasado viernes que avaló la legitimidad de la votación.

La presidenta del Congreso también ha cargado contra PP y Vox por los “ataques” sufridos en las últimas semanas y, en concreto, ante “las descalificaciones vertidas sobre los servicios del Congreso y sus servicios jurídicos”. “Toda institución y quienes la integran necesitan, necesitamos, respetar sus propias normas y a quienes profesionalmente se ocupan de interpretarlas y aplicarlas”, ha zanjado.

“En las instituciones existen personas responsables”

“Podrán criticarse sus argumentos, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, que son los mismos que lo han hecho bajo otras mayorías políticas y cuestionar su honestidad”, ha asegurado, en relación a las críticas de PP y Vox a los letrados del Congreso por avalar la votación de la reforma laboral.

A juicio de Batet, cuestionar esas decisiones de los servicios jurídicos “sin ningún razonamiento o justificación es, además y sobre todo, un modo de deslegitimar a la propia institución”. “No pretendo dirigirme a quienes practican este modo de hacer política. Me dirijo a los ciudadanos para decirles que en las instituciones existen personas responsables, que ya estaban cuando yo llegué y que continuarán en esta casa, que creen en su trabajo y en el derecho, y que los necesitamos para tener referentes y garantías de confianza en la aplicación de las normas, por encima de cualquier disputa política”, ha remachado.

La presidenta del Congreso se ha comprometido, además, “garantizar siempre la independencia” de los letrados y su trabajo. “He dicho en más de una ocasión que ejercería esta Presidencia con imparcialidad, y este es mi empeño todos los días, desde el primero en el que asumí el cargo hasta que deje esta responsabilidad que se me ha encomendado y por la que fui elegida por el Pleno de la cámara”, ha añadido.

“Lo que no se puede esperar de mí, y eso también lo he dicho incluso en la tribuna del Congreso de los Diputados, es que sea neutral ante los ataques a la institución que me honro en presidir, a sus profesionales y a sus procedimientos. Porque atacarlos a ellos es atacar la legitimidad del Congreso de los Diputados”, ha concluido.

La ofensiva de PP y Vox

Pese a las garantías jurídicas remarcadas por las autoridades independientes del Congreso y la doble verificación del voto telemático, refrendado por los servicios de la cámara, las dos derechas –exceptuando a Ciudadanos, que sí apoyó la convalidación del decreto– no reconocen que Casero errara y atribuyen lo que sucedió a un gesto supuestamente ilegal promulgado por Batet, a la que han llegado a acusar de prevaricación para beneficiar al Gobierno.

La vicepresidenta segunda del Congreso y dirigente del PP, Ana Pastor, ha asegurado este mismo martes que Batet “se extralimitó al decidir ella que no iba a subsanar el error” de Casero a quien, a su juicio, “se privó de su derecho a votar en el sentido que quería”. “Se arrogó una competencia exclusiva de la Mesa”, ha afirmado, porque “dio por hecho que la mesa se había reunido, cosa que no ocurrió”. Además, en opinión de Pastor, Batet “se parapeta y se esconde detrás de un informe”, en alusión al texto de los letrados, “haciendo ver que quien critica su actuación está en contra de las instituciones”. “Es una falacia que no podemos permitir”, ha zanjado.

La representante del PP en la Mesa ha añadido que “se ha conculcado un derecho fundamental”, por lo que “será el Constitucional quien tenga que decirle a la presidenta del Congreso que no se puede vulnerar el derecho de un diputado”, a raíz de los recursos presentados por su partido ante ese tribunal.

El líder del PP, Pablo Casado, sostiene que la tercera autoridad del Estado “prevaricó” por dar por válido el voto de Casero que, en realidad, es lo que siempre ha sucedido cuando un diputado se ha equivocado en alguna votación. Vox, por su parte, formación con la que los populares pugnan desde hace años por el mismo electorado, sostiene que Batet “incumple” el reglamento del Congreso y ha puesto “en riesgo los principios del estado de Derecho” en un país en el que el Gobierno “camina hacia el modelo de Cuba o Venezuela” tratando de convertir a España en una “narcodictadura”.

En estos últimos días hemos asistido a una extraña ceremonia de confusión interpretada por dirigentes del Partido Popular tras la convulsa sesión de aprobación de la Reforma Laboral. Tras comprobar que su diputado Alberto Casero había sufrido un pequeño accidente, errando cuatro veces en la emisión de su voto desde casa, pretendieron que uno de esos sufragios, pudiera ser rectificado, a la luz de su trascendencia para el resultado de la votación. La Presidenta del Congreso denegó esa posibilidad. El líder del Partido Popular ha aupado el episodio a la categoría de “pucherazo” inaceptable en un Parlamento serio presidido por estatuas de los “Reyes Católicos” (sic). El Partido Popular ha anunciado su intención de judicializar el proceso para revertir la decisión tomada de dar validez al voto del señor Casero tal como se expresó en su hoja de votación.

Mi intención en este artículo es muy modesta, aunque algo atrevida: ofrecer una suerte de escueta “observación-participante” del acto de votación.  Me propongo algo así como documentar etnográficamente en qué consiste una votación en la práctica: levantar testimonio de prácticas, comportamientos, emociones y expectativas recurrentes y compartidas en un grupo social que conozco de cerca, el cuerpo de diputados y diputadas del Congreso. Como sociólogo que soy, la observación-participante es una predisposición casi instintiva, a la que me empujan cientos de horas de investigación cualitativa en mi carrera académica.

Comencemos por las alegaciones. La versión inicial del Partido Popular señala que el voto del señor Casero se había emitido bien pero el registro había resultado defectuoso, lo que reflejaría una traducción errónea de la voluntad expresada por el diputado en el sistema telemático. El diputado había señalado A y el sistema habría recogido B. 

El primer problema de esa versión de los hechos es su inespecificidad.  El sistema informático utilizado recoge la opción indicada por el diputado y, pide al diputado que confirme la elección dos veces. Es decir, el señor Casero habría expresado su preferencia cuando marcó la casilla, cuando confirmó la votación y cuando avaló el informe generado con sus confirmaciones. ¿Dónde se habría producido la falsificación de las preferencias del señor Casero que habría sido inevitable para el propio señor Casero? ¿solo en la emisión del informe final tras registrar bien las selecciones del señor Casero? En caso contrario, él mismo habría confirmado expresiones transmutadas de su preferencia. Peritos habrá que puedan dirimir si esas transmutaciones involuntarias son electrónicamente posibles, pero suena todo poco plausible.

Los dirigentes del Partido Popular, y sus entornos mediáticos afines, han terminado sumergidos en bizantina argumentaciones reglamentarias pasando por alto la que ha sido la práctica parlamentaria cotidiana en los últimos años, y especialmente desde que se desató la pandemia. A sociólogos y antropólogos nos interesa generalmente esa práctica, más allá de las sesudas interpretaciones escolásticas sobre aquello que enuncian o no enuncian los reglamentos o sobre las valoraciones acerca de la vigencia de una u otra resolución pertinente. En esa práctica parlamentaria cotidiana (que es la materialización consentida del reglamento semana a semana), los errores de voto se asumen como una parte consustancial de la actividad que se lleva a cabo en el hemiciclo. Consustancial pero tan limitada que pasa casi desapercibida, lo que no quita que se produzca de manera repetida (y hasta ahora básicamente desproblematizada).

En el debate suscitado, resulta extraordinariamente confuso el enunciado de que hay diputados que votan de manera telemática (y otros no). Votan de forma telemática quienes, como el señor Casero, emiten su voto desde fuera del hemiciclo (a efectos prácticos, hablemos de voto desde casa), por motivos tasados. Pero también votamos telemáticamente cuando, sentados en el escaño, somos emplazados a pulsar un botón verde o uno rojo (tras activar en cada ocasión el voto, desde otro botón) que emite una señal a un dispositivo telemático. Segundos después, nuestra selección se refleja en un croquis de la distribución escaños (que aparece en pantalla ante nosotros), donde cada escaño aparece iluminado en un color, mientras la Presidenta anuncia el resultado. Nadie levanta una mano en el proceso para dar a conocer su preferencia, deposita sobres en urnas o pronuncia de viva voz su preferencia.  Todo es “telemático”.

La diferencia principal entre el voto telemático presencial y el que tiene lugar desde fuera del hemiciclo es que mientras el presencial exige una respuesta ajustada y no rectificable en los diez segundos del intervalo que dura la votación, el voto desde casa no somete al diputado a ningún tipo de presión cronométrica ni escénica, y le concede la oportunidad de no confirmar su elección y rectificar una decisión errónea. A todas luces, parece claro que, si existieran en este momento razones para dudar sobre la validez del procedimiento para garantizar de la mejor forma posible que los votos reflejen fidedignamente las preferencias de los diputados, las posibles lagunas a corregir habría que ir a buscarlos en el procedimiento de voto telemático presencial más bien que en el hipergarantista voto telemático desde casa.

Todos los diputados hemos utilizado ambos procedimientos. En algunas iniciativas complejas, a las que se han presentado cientos de enmiendas, la Mesa suele recurrir al voto telemático desde casa para todas y todos, asumiendo (acertadamente) que votar desde casa aligera la carga que supondría votar las iniciativas una a una en sesión presencial. No me puedo imaginar a ningún diputado que prefiera votar 600 veces seguidas dentro del hemiciclo (como sucedería cuando votamos enmiendas a leyes de presupuestos, por ejemplo), bajo la presión de tiempo acotado para cada votación. Si se trata de minimizar el riesgo de falsificación de preferencias democráticas por error es difícil pensar en mejor opción que la votación con doble comprobación que impone el procedimiento desde casa.

De hecho, los errores de voto en el hemiciclo, muy circunscritos, son recurrentes. Se evidencian cuando, tras cada votación, la pantalla de que disponemos los diputados en nuestro escaño ilumina con un color inesperado un escaño en la bancada de un partido que ha votado homogéneamente en sentido opuesto. Ocurre en casi cada sesión parlamentaria. Cuando se evidencia quién se esconde detrás del involuntario error se le suelen dirigir algunas miradas jocosas, y el diputado quizás se encoja en su escaño levemente ruborizado. Y a otra cosa.

Los errores en las votaciones son parte del juego parlamentario. Son lo que en sociología se llama “accidentes normales”. Generalmente sus consecuencias son insignificantes, porque los márgenes con los que se ganan y pierden votaciones ofrecen cierta holgura. Cuando esa holgura no existe, en votaciones reñidas, suele ser habitual que los diputados comentemos informalmente la tensión del momento junto a los vecinos de escaño. A pesar de que el error es muy improbable cuando la atención es máxima, nuestra mirada se posa en el cuadro de votación del vecino para asegurar que ha votado bien. Tampoco son infrecuentes los chascarrillos acerca de un botón que supuestamente, tras haber sido pulsado por primera vez, se ha resistido a reflejar el sentido del voto que queríamos imprimir. Las cosas siempre se enderezan tras unos instantes de ansiedad.

Estamos, por tanto, hablando de dinámicas de funcionamiento ordinario de este Parlamento y de cualquier otro democrático conocido, que pasan desapercibidas porque están llamadas a ser tratadas como intrascendentes si no existe el ánimo de sacarlas torticeramente de la intrascendencia. Errar ocasionalmente es un gaje del oficio de diputado y de cualquier profesional que se despista, sufre una confusión transitoria o presta poca atención a una operación. En condiciones normales, se asume la consecuencia del error, se digiere el apuro que provoca y se reflexiona sobre el modo de evitar que vuelva a ocurrir. Punto y aparte. Por eso resulta insólita la pretensión de politizar (y judicializar) un accidente así, poniendo en cuestión procedimiento, aplicación del reglamento e incluso la honorabilidad de la Presidencia. 

Lamentablemente, todo resulta aprovechable en la casquería del Partido Popular para su alocado proyecto de convertir cualquier vicisitud (por poco propicia que parezca) en una posible oportunidad de deslegitimación del rival político, aunque con ello pueda llevarse por delante la deseable serenidad de la conversación política del país y, colateralmente, el crédito de sus instituciones. Ya llegaran ellos para arreglar el estropicio, digo yo que deben pensar.