Un juez rechaza intervenir de urgencia en la votación de la reforma laboral a petición del autor de varias denuncias contra el Gobierno

Un abogado ha denunciado ante los juzgados de Madrid la accidentada votación de la reforma laboral por un posible delito informático. El letrado Esteban Gómez Rovira presentó una denuncia la pasada medianoche y solicitó incluso que la Guardia Civil acudiese al domicilio del diputado del PP Alberto Casero cuyo voto erróneo permitió la aprobación de la nueva normativa impulsada por el Gobierno de coalición. El juzgado rechazó de plano estas medidas cautelares, con el apoyo de la Fiscalía, hablando de “meras sospechas” y acuerda preguntar a la Fiscalía si procede abrir una investigación además de dejar el caso en manos del decanato de los juzgados.

La denuncia fue presentada por este letrado barcelonés la pasada noche, unas pocas horas después de que la reforma laboral saliera adelante en la cámara baja y de que el voto erróneo de Alberto Casero decantase la votación a favor del Gobierno tras el viraje de los diputados de Unión del Pueblo Navarro. El texto de tres páginas, al que ha tenido acceso este periódico, afirma que “dudamos mucho que pueda existir un ”error“ no humano en el voto” de Casero y apunta a algo más que un error al pulsar botones: “Asistimos a una manipulación informática, en modo alguno a un error que equivaldría, por ejemplo a que cualquiera de las calculadoras que obran en nuestros potentes smartphones, al pulsar 2+2 diera como resultado 5 y no 4, etc”, dice la denuncia.

Este letrado ha denunciado en los últimos años a José Félix Tezanos, presidente del CIS, por malversación - acusación rechazada por la Justicia recientemente - también se querelló contra el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos de la promoción de jueces en septiembre de 2020 en Barcelona, entre otras actuaciones. El pasado mes de diciembre también en una entrevista en la cadena COPE afirmó que las palabras de Yolanda Díaz sobre el comienzo de la pandemia servirían para reabrir la vía penal contra el Gobierno por la gestión del COVID. En primer lugar, pidió medidas cautelares contra la votación: que la Guardia Civil irrumpiese en el domicilio del diputado del PP Alberto Casero “para proceder al análisis de terminales y sistemas, reconstruyendo con el código de verificación la votación”, dice la denuncia.

Su petición de cautelares fue desestimada de plano por el juzgado 47 de Madrid con el apoyo de la Fiscalía. Para eso, dijo el juez, “se precisa autorización de dicho señor, la que no consta, o en su caso, Auto de entrada y registro judicial, basado en indicios claros de delito y no en meras sospechas”. El juez dejó claro que “no existe urgencia para la práctica de estas diligencias, como informa el Ministerio Fiscal, pudiendo ser practicadas por el Juez competente, en su caso, si lo estima oportuno”.

Ese será el siguiente paso: que otro juez se haga cargo de la denuncia y decida si existe el más mínimo indicio de un delito informático que justifique la puesta en marcha de diligencias. El juzgado 47 ha decidido remitir la denuncia al decanato para que lo reparta a un juzgado y tome una decisión al respecto. La denuncia afirma que el resultado de la votación es “un grave ataque pluriofensivo a una estructura sensible del estado y con el resultado de alterar el funcionamiento del poder legislativo del Estado”.