Se trata del tercer texto legislativo en materia de agricultura que tramita el Parlamento francés en menos de tres años. Después de una ley de orientación agrícola, en febrero de 2025, y de una controvertida “ley sobre los obstáculos a la profesión de agricultor” hace un año, este martes el Senado ha aprobado de manera definitiva un nuevo texto de “urgencia agrícola”. Una nueva pieza de legislación que ha detonado una tormenta política y cuya aprobación va a llevar, según anuncian varios medios franceses, a la ministra de Medio Ambiente, Monique Barbut —antigua directora de WWF en el país— a anunciar su dimisión este mismo miércoles.

Anunciado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, el pasado invierno, en plena movilización de protestas de los agricultores, la intención del Ejecutivo francés era elaborar una ley reducida para responder a peticiones concretas de los sindicatos agrarios. Pero el texto se ha ido ampliando en su tramitación hasta acumular cerca de 70 artículos en su última versión, incluidas disposiciones controvertidas sobre la gestión y el almacenamiento del agua, los ataques de lobos, los ingresos de los agricultores o la simplificación de los trámites administrativos para ampliar las explotaciones ganaderas.

No obstante, una medida ha centrado la mayor parte de los debates: la reintroducción, con carácter excepcional y bajo ciertas condiciones, del acetamiprid y la flupiradifurona, dos pesticidas prohibidos en Francia desde 2018 debido a su persistencia en el medio ambiente y los riesgos para la salud. Ambos están autorizados en otros países de la Unión Europea, entre ellos España.

La reintroducción del acetamiprid, un neonicotinoide, había sumido al Parlamento en una polémica explosiva hace un año, cuando se incluyó en la proposición de ley impulsada por un senador conservador, Laurent Duplomb, que provocó una petición con más de dos millones de firmas en contra, así como denuncias de parte de la comunidad científica y de diversas asociaciones.

Aquel texto fue finalmente aprobado —con los votos de la derecha, la extrema derecha y de una parte de los partidarios de Macron—, pero el Consejo Constitucional anuló esa medida y bloqueó temporalmente el camino para la reintroducción de los pesticidas.

En realidad, en esta nueva ley tampoco debía figurar esa cuestión. Pero el Senado —dónde la derecha tiene mayoría— modificó el texto inicial para añadir la reintroducción excepcional de los dos pesticidas, en contra de la opinión del Gobierno, que no quería reavivar la polémica y que temía que la Asamblea Nacional bloqueara el texto.

Pero los senadores impusieron su redacción, con la posibilidad de reintroducir los pesticidas, así como medidas favorables a los agricultores en la gestión de los depósitos de agua; medidas calificadas de “cortoplacistas” y “simplistas” por cinco exministros de Agricultura de diferentes partidos en una tribuna publicada en Le Figaro hace unos días.

La noche del lunes, en una sesión tensa en la Asamblea, los votos de la derecha, la extrema derecha y de una gran parte de los macronistas, fueron suficientes para aprobar el texto, que el Senado confirmó este martes.

Sin embargo, la medida seguirá siendo objeto de debate. La ministra de Medio Ambiente, Monique Barbut, se había opuesto a la reintroducción del acetamiprid y diversos medios han ido deslizando su posible dimisión. Este martes estaba prevista una reunión de Babut con Sébastien Lecornu, según adelantó la Agencia France-Presse (AFP), confirmando una información publicada por Le Parisien.

De confirmarse su salida, no sería el primer titular de Medio Ambiente nombrado por Emmanuel Macron que abandona el Gobierno dando un portazo. En 2018, Nicolas Hulot comunicó en una entrevista en directo en la radio pública su decisión de dimitir por la continua presencia de lobistas del mundo de la caza en el Elíseo, a menudo recibidos por el presidente.

En cuanto Barbut, antigua directora de WWF en Francia, que lleva menos de un año en el cargo, aceptó ponerse al frente de un ministerio que había perdido gran parte de sus prerrogativas frente a otras carteras como agricultura o economía, reflejo de la pérdida de peso en las prioridades del Gobierno. “Acepté el cargo de ministra en un momento algo complicado”, reconocía Barbut hace unas semanas al diario Le Monde, en un artículo repasando sus múltiples problemas en el cargo.

Fractura entre los macronistas

Además, la tramitación de esta nueva ley ha puesto de manifiesto las divisiones entre el Ejecutivo y el partido macronista, que se supone que debe apoyarlo en la Asamblea. En particular entre el primer ministro, Sébastien Lecornu, y el actual líder de los diputados macronistas, Gabriel Attal, uno de sus predecesores en el cargo. Los diputados del partido presidencial habían pedido al Ejecutivo que retirara la reintroducción a través de una enmienda, a lo que el Gobierno se negó.

Bajo la presión de la derecha y de los sindicatos agrícolas, Lecornu evitó implicarse y remitió a los grupos parlamentarios la responsabilidad de “decidir o modificar” la proposición de ley, al tiempo que bloqueó las enmiendas contra los pesticidas. “No ha sido decisión del Gobierno reintroducir esta medida”, trató de subrayar el martes la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, en relación con los dos pesticidas.

Los representantes de los grupos de derecha y de extrema derecha votaron unánimemente a favor, además de algo más de la mitad de los diputados del bloque de centro. No obstante, 16 centristas se abstuvieron —entre ellos varias figuras destacadas, como la ex primera ministra Élisabeth Borne y la exministra de Medio Ambiente Agnès Pannier-Runacher—, y otros 15 votaron en contra.

La redacción definitiva del texto prevé que sea la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES), a instancias del Ministerio de Agricultura, la encargada de decidir sobre las excepciones a la prohibición del acetamiprid. Una excepción que solo afectaría a la filial de la producción de avellanas, por un período de hasta tres años.

En el caso de los cultivos a mayor escala de remolacha, manzanas y cerezas, la ley allana el camino para el uso, en las mismas condiciones, de la flupiradifurona, sustancia que no pertenece a la familia de los neonicotinoides, pero que comparte con ellos muchas de sus propiedades.

“Un giro decisivo”

La FNSEA, uno de los principales sindicatos franceses del campo, se felicitó el lunes por la noche, tras la votación, por “un giro decisivo” y expresó su reconocimiento a los diputados que “han escuchado la realidad del día a día de los agricultores”. Por su parte, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, elogió a “los diputados que han optado por la responsabilidad” al votar a favor de este texto “elaborado junto a los agricultores” y que, según ella, permite “protegerlos mejor frente a la competencia desleal” de países que sí permiten usar estos pesticidas.

“Si hay una ministra que debe dimitir hoy, es ella”, respondió la secretaria nacional de Los Ecologistas Marine Tondelier. “Este texto supone retrocesos enormes en materia de pesticidas, ganadería intensiva y gestión del agua”. Los partidos de izquierda, que votaron unánimemente en contra, han denunciado una “ley veneno”, en palabras de la diputada insumisa Aurélie Trouvé, y “un día triste para la salud pública, la naturaleza y la agricultura”, según la ecologista Delphine Batho. Las fuerzas progresistas han anunciado que recurrirán al Consejo Constitucional una vez finalizada la votación.

Prohibidos desde 2018

Los efectos de los neonicotinoides, incluido el acetamiprid, han sido establecidos por múltiples estudios, que además señalan su permanencia en el organismo, en los suelos y en las aguas subterráneas. Y recientes investigaciones están alertando sobre posibles efectos nocivos en el desarrollo neuronal de los niños. De hecho, Francia ha reclamado en dos ocasiones a las autoridades europeas —en 2020 y 2022— nuevas evaluaciones al respecto.

En 2018, la Comisión Europea aprobó la prohibición de tres de las siete sustancias que componen esta familia de pesticidas —clotianidina, tiametoxam e imidacloprid—, señalada por científicos y apicultores como responsable de diezmar a las poblaciones de abejas desde los años 90. Y Francia legisló para prohibir otras, además de sustancias similares como la flupiradifurona.

En un informe publicado en mayo de 2024, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconocía “grandes incertidumbres en el abanico de pruebas sobre la toxicidad para el neurodesarrollo [toxicidad para la formación del cerebro] del acetamiprid”. La agencia europea reconoció que los actuales límites máximos de residuos en frutas y hortalizas representan un riesgo para los consumidores y recomendó que estos límites se dividieran por cinco, una recomendación que fue posteriormente aceptada por la Comisión.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley del tabaco, con la que el Ejecutivo quiere actualizar la normativa que aprobó hace 16 años. La nueva norma amplía los espacios libres de humo y equipara las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como los productos a base de hierbas para fumar o shishas, las bolsas de nicotina y otros productos que “imitan o se asocian al acto de fumar” al tabaco convencional. Además, incluye por primera vez sanciones para los menores que fumen o vapeen.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que el tabaco “provoca 50.000 muertes al año” y es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. “Es el principal factor de riesgo evitable”, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha estimado que la nueva norma supondrá un ahorro de entre 100 y 200 millones de euros al año en gasto sanitario, que podrán destinarse a otras enfermedades no evitables.

A falta de su trámite parlamentario, el texto aprobado por el Gobierno confirma la prohibición de fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes al aire libre, instalaciones deportivas y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos y parques nacionales. Entre las novedades que incorpora esta segunda vuelta se incluye la prohibición de fumar y vapear en playas, tanto marítimas como fluviales.

La prohibición de fumar en terrazas es una de las medidas que más polémica levanta. En 2023, cuando el Ministerio de Sanidad anunció su intención de recuperar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que incluía esta ampliación de los espacios libres de humo, la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en duda los informes “que nos dicen que fumar en terrazas es tan perjudicial”, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida calificó la medida de “disparatada”.

Espacios de protección reforzada

Fuentes del departamento que dirige Mónica García aclaran que ampliar los espacios libres de humo “es una medida ampliamente eficaz” que, además de limitar la exposición pasiva, “desnormaliza el consumo”.

El nuevo texto crea además espacios de “protección reforzada”. No se podrá consumir tabaco ni productos relacionados en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, deportivos, parques o recintos infantiles.

Prohibición a menores

La ley ya prohíbe la venta y distribución de tabaco a menores de 18 años, pero el nuevo proyecto amplía también esa limitación al consumo por parte de este grupo tanto de cigarrillos convencionales como electrónicos, bolsas de nicotina o shishas. Los jóvenes que lo hagan se enfrentan a sanciones leves, de 200 a 600 euros, a la que deberán hacer frente sus padres, madres o responsables legales. La multa se rebaja —para las leves antes iba de 300 a 600— y se puede sustituir por trabajo comunitario.

Según los datos de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, ETUDES 2025, la prevalencia de fumadores diarios entre personas de 14 a 18 años es del 4,3%, la cifra más baja desde que comentaron los registros en 1994. Sin embargo, los y las jóvenes que admiten haber consumido tabaco en el último mes se sitúa en el 15.5%. En el caso de los cigarrillos electrónicos, este último indicador ha pasado del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025.

Esta nueva puerta de entrada es la que quiere cerrar Sanidad con esta nueva ley antitabaco y la equiparación de estos dispositivos al tabaco convencional. “Incorporar [a la normativa] a estos nuevos productos evitaría este efecto de desplazamiento que se beneficia de esa ausencia de regulación”, consideran fuentes gubernamentales, que consideran que “la innovación comercial no puede ir por delante de la protección de la salud”.

Dónde comprar tabaco y cigarrillos electrónicos

La equiparación se traslada también a los puntos de venta, que solo podrán ser tiendas especializadas, cuyos requisitos se desarrollarán en una orden ministerial. Además, “la norma refuerza las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio”: se aplicarán a todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras, internet y cualquier otra forma de promoción directa o indirecta.

La promoción se limitaría a los puntos de venta. En este sentido, la principal novedad es que las acciones no podrán realizarse en escaparate. Y las que se hagan en el interior del local no podrán verse desde la calle.

Sin empaquetado genérico

El texto enfrenta ahora su trámite parlamentario, que desde el Ministerio confían en que concluya antes del fin de la legislatura, en 2027. Fuentes ministeriales esperan además poder introducir, vía enmiendas, el empaquetado genérico, que ha quedado fuera del proyecto aprobado en el seno del Gobierno. La idea de los de García es que lo incluya a través de esta vía el grupo parlamentario de Sumar, ante la negativa socialista a incorporarlo a la redacción original.

El texto también ha dejado fuera la prohibición de los vapers desechables, a la espera de que Bruselas se pronuncie al respecto. Desde el Ejecutivo confían que la resolución europea será favorable a sus intenciones y, en su momento, se incorporará a la norma. “No queríamos dilatar la aprobación así que se ha sacado con la idea de incorporarlo en la tramitación una vez tengamos el informe”, aclaran estas fuentes. Además, la prohibición de saborizantes se llevará a cabo a través de un decreto ley.

La doctora Marie Roseline Belizaire acaba de volver a Brazzaville, la capital congoleña, después de pasar 48 días sobre el terreno en Bunia, el epicentro de la tercera epidemia de ébola que asola este país africano. “Por cómo van evolucionando las cosas, tiene pinta de que va a ser la peor hasta ahora”, nos dice esta haitiana, que estudió Medicina en Cuba e hizo su doctorado en Epidemiología y Salud Pública en España, en el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad Alcalá de Henares. Hoy es directora regional de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud para África.

Después de haber luchado contra el sida en Haití, el ébola en África occidental, la fiebre amarilla en Angola y el dengue y la fiebre de Crimea-Congo en Mauritania, Belizaire es consciente de que “la respuesta efectiva a un brote debe considerar las costumbres locales, las creencias y las estructuras sociales. Tenemos que ver cómo adaptarnos, lograr que cultura y ciencia se encuentren. Esto evita resistencia y desconfianza por parte de la población”. Su mayor inquietud: “Cuando terminemos con el ébola, dejar las vidas de la gente mejor que como las hemos encontrado, que todo el mundo tenga acceso a comida, agua y letrinas”.

Acaba de estar en Bunia, el epicentro de la epidemia actual de ébola en la República Democrática del Congo (RDC). ¿Cómo están las cosas ahí ahora mismo?

Por lo rápido que está evolucionando, todo apunta a que va a ser el peor de los tres brotes de ébola declarados emergencia de salud pública internacional por la OMS. El problema es que se ha descubierto muy tarde. Se declaró el 15 de mayo, pero los casos empezaron en enero o febrero, según lo que nos cuenta la gente en Bunia. A día de 7 de julio de 2026, tenemos 1.759 casos confirmados y 600 fallecimientos en RDC y sigue extendiéndose. Al principio teníamos tres provincias afectadas, ahora tenemos dos más, aunque una de ellas lleva 42 días sin nuevos casos y está saliendo de la epidemia.

Desde el punto de vista humano, no solo se trata de contener un brote, sino de dar una respuesta conjunta, porque el ébola no es el único problema que tiene la población

¿Cómo es la situación desde el punto de vista humano, cómo están las personas?

Hay que decir que esta zona estaba ya muy mal antes del ébola. Hay más de 900.000 personas en los campos de desplazados internos. En algunos, llevan más de ocho meses sin recibir ninguna ayuda humanitaria, desde que se acabaron los fondos. No tienen letrinas ni agua potable y viven hacinados, en una pobreza extrema. Uno de ellos tiene más de 25.000 personas. Y tenemos casos de ébola en esos campos.

No hay que olvidar que es una zona con muchos movimientos internos, por la guerra y también por las minas que tiene el país. Además, según su cultura, cuando uno enferma tiene que ir donde está su familia, muchas veces a otras provincias. Por eso la epidemia se propaga tanto. Desde el punto de vista humano, no solo se trata de contener un brote, sino de dar una respuesta conjunta, porque el ébola no es el único problema que tiene la población. Antes de que empezara esta epidemia, había ya miles de muertos más por la guerra de los que hay ahora por el ébola. Es una población traumatizada tras 30 años de guerras. Ahora venimos únicamente porque está el ébola, pero cuando veo tanta miseria, todas esas cosas que esa gente vive, me pregunto: si no hubiera, ébola, ¿qué sería de ellos? Mi objetivo es que, cuando terminemos con este brote, dejemos sus vidas mejor de como las hemos encontrado, que todo el mundo tenga comida, agua y letrinas, que son cosas básicas.

Las cifra de mortalidad de la enfermedad que nos da la OMS hoy es del 34,1%. ¿Cuáles son los grupos de población más afectados?

De momento, las mujeres se contagian más que los hombres. Sin embargo, los hombres mueren más que las mujeres. El 20-30% de los enfermos de ébola tiene entre 20 y 49 años, el grupo de edad más activo de la comunidad. Son los que más se desplazan y los que más trabajan en las minas.

¿Qué es lo que más hace falta para combatir esta epidemia ahora mismo?

Hace falta de todo. Ahora tenemos 700 camas disponibles, pero la epidemia sigue evolucionando. Necesitamos más camas, más ambulancias, más recursos humanos y más materiales de protección individual, no solo en los hospitales, sino en todos los centros de salud. Hemos tenido 112 contagiados entre el personal sanitario, 34 de ellos han muerto. También necesitamos reforzar la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de contactos. Necesitamos dinero para pagar a los trabajadores comunitarios, porque la respuesta reposa sobre ellos, son quienes van de casa en casa, detectando nuevos casos. Además, de momento, tenemos 12 laboratorios para hacer pruebas diagnósticas, pero no es suficiente. Necesitamos más laboratorios y más material para hacer los tests.

¿Cómo se han notado los recientes recortes de financiación por parte de Estados Unidos que, según la OMS, garantizaba hasta ahora casi la mitad de la ayuda humanitaria a RDC?

Debo decir que el mundo está mostrando su solidaridad para combatir la epidemia y están dando lo que pueden: la Unión Europea, los países y donantes individuales... Pero, sí, en el ámbito humanitario se ha notado la falta de fondos. Eso agrava más la epidemia y viceversa, la epidemia agrava más la situación humanitaria. Es muy grave lo que está pasando, todo el conjunto de desgracias que se suman en la población congoleña.

¡El Congo es muy rico! Yo he ido a las minas y allí tú miras la tierra y ves oro. Los dueños de las minas, todos de compañías extranjeras, tienen su jet privado. Pero toda esa riqueza no repercute en la gente

Si este mismo brote de ébola hubiera ocurrido en Europa, o en cualquier país rico, hubiera sido muy diferente, ¿verdad?

¡Pero el Congo es muy rico! Yo he ido a las minas y allí tú miras la tierra y ves oro. Los dueños de las minas, todos de compañías extranjeras, tienen su jet privado. Pero toda esa riqueza no repercute en la gente. Es un contraste muy difícil de entender, una zona tan rica en minerales, donde la población vive en unas condiciones tan desfavorables.

Pero entiendo tu pregunta. Un brote así sería totalmente diferente en Europa. Ha habido un caso en Francia y ha sido muy bien manejado. Cuando, en 2014, hubo tres casos en España, por repatriados, se manejaron muy bien. También tengo que decir que el riesgo de que la enfermedad se extienda fuera de África es mínimo: desde el primer brote que hubo, hemos tenido casi 35.000 casos de ébola en África y solo 28 de ellos han sido exportados a otros continentes.

A veces, cuando hablamos de la ayuda internacional, pareciera que los extranjeros vamos a salvar la vida al Congo. Pero en RDC también hay médicos y autoridades sanitarias.

Sí (ríe). Bueno, tú sabes que cuando hay una epidemia, todo el mundo salva la vida desde su oficina. Ya ha habido 17 brotes de ébola en RDC. Por supuesto, aquí tienen capacidad, tienen personas que se han formado en esto. Aunque se complica porque el brote ocurre cada vez en una provincia diferente y es de una cepa distinta del virus. Para la actual, Bundibugyo, no existen vacunas ni tratamiento.

¿Qué es más urgente, la investigación científica en nuevos tratamientos médicos o la comida?

La ayuda humanitaria y la lucha contra las enfermedades debe ser integral. No puedo darle de comer a la persona, pero pensar que no es mi problema si muere de meningitis, malaria o ébola. Tenemos que ver al ser humano de manera integral, no solamente como alguien que necesita comer o que necesita medicinas.

Aunque aún no haya una cura, la esperanza de sobrevivir no es igual si los enfermos se quedan en casa que si van al hospital, ¿verdad?

Si se quedan en su comunidad tienen más probabilidad de morir que si son ingresados en el hospital y reciben tratamiento de soporte. Pero tienen que venir pronto, antes de que el virus les destruya todo el cuerpo.

¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Y cómo se implementan?

Aquí es muy importante la comunicación de riesgo, trabajar con la población para hacerles entender el riesgo vital de comer carne no bien cocida o de animales salvajes; lo importante que es instalar estaciones de lavado de manos en cada rincón y de toma de temperatura antes de entrar a los sitios. La otra clave de las medidas preventivas está en la vigilancia, intrahospitalaria y comunitaria. Esta cepa de ébola no presenta tanto sangrado externo, por eso, se puede confundir con una malaria normal. A veces, la gente piensa que es malaria y no envía ninguna señal de alerta.

En RDC, la malaria es la principal causa de muerte en la población [es el país del mundo más afectado, después de Nigeria]. Tenemos que hacer una vigilancia conjunta. A todo caso sospechoso, le hacemos los test de malaria y de ébola. Muchas veces tenemos que administrar al mismo paciente el tratamiento para malaria y tratamiento de soporte para el ébola.

Uno de los desafíos que tenemos actualmente es que mucha gente no quiere ir al hospital

La primera acción a tomar con los enfermos es el aislamiento, para evitar contagios. Sin embargo, si yo vivo en una aldea y me dicen que se tienen que llevar a mi hijo o a mi madre de mi casa porque tiene síntomas... igual no todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad?

Así es. Nos pasa mucho. Uno de los desafíos que tenemos actualmente es que mucha gente no quiere ir al hospital, muchos fallecen en sus casas. Los agentes de salud comunitarios van de casa en casa para ver si hay personas enfermas que no van al centro de salud. Son equipos multidisciplinares, con una persona que hace la comunicación de riesgo. Si hay alguien enfermo y no quiere salir de su casa, intentamos hablar con ellos, hacemos una negociación. Les explicamos cuáles son las ventajas que tiene si viene al médico, cómo le vamos a cuidar, que su familia le puede visitar, que tendrá comida tres veces al día. Es muy importante que sepan que ahora en todos los centros de salud, en todos los centros de tratamiento de ébola es obligatorio que haya una zona de visita para la familia: es un espacio donde pueden verse y hablarse, pero a dos metros de distancia, sin contacto.

Otro gran reto es el manejo de cadáveres...

Sí, eso es nuestro gran caballo de batalla. Tenemos muchos problemas operacionales, porque nos falta material para organizar la gestión de los cuerpos, pero también están los desafíos culturales. En los países africanos, existe una importante cultura funeraria. A veces, el muerto viene a ser más importante que cuando estaba vivo. Lo que tenemos que hacer es mantener sus ritmos, sus ritos, pero sin que sea peligroso. Pero, claro, eso es muy difícil, dado el número de cadáveres.

La respuesta efectiva a un brote debe considerar las costumbres locales, las creencias y las estructuras sociales. Por eso, tenemos también antropólogos sobre el terreno. Tenemos que ver cómo adaptarnos a su cultura, lograr que cultura y ciencia se encuentren. Esto evita resistencia y desconfianza por parte de la población.

¿Cómo es para una persona que llega de fuera, como usted, convivir con tanto dolor, tanto miedo y desesperación?

Es muy difícil. Tengas el cargo que tengas, siempre hay un lado humano que llevas contigo. En un brote como este, hay un montón de historias personales que descubres: cómo alguien se ha infectado, por qué ha huido, cosas de su vida. Todo esto tiene una carga personal para mí, porque yo soy de Haití, un país que está muy destrozado y con mucha necesidad de ayuda humanitaria. Si yo no hubiera tenido la oportunidad de salir de mi país, quizá estaría en esa misma situación.

No es solo el calor pegajoso, un sol implacable o las noches sin dormir. Los episodios de altas temperaturas que han ido encadenándose en las últimas semanas han provocado cientos de fallecimientos en España. Según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), desde el 1 de mayo se han producido 1.682 muertes atribuibles al calor.

La segunda ola de calor del verano, que se alargó desde el pasado fin de semana hasta este jueves, ha dejado un saldo mortal de 622 personas en apenas cinco días. Solo el jueves, se registraron 138 decesos atribuidos a las temperaturas y el miércoles, 123.

La primera ola, con noches “muy cálidas en amplias zonas del país”, arrojó 278 muertes entre el domingo 20 y el jueves 25 de junio, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El MoMo se puso en marcha en 2004, tras el gran episodio de calor del año anterior que fulminó a 70.000 personas en todo el continente, 6.500 de ellas en España. Desde 2015, el primer ejercicio del que hay registros, solo ha habido un junio más mortífero por las temperaturas que el que se acaba de despedir: el de 2017, con un millar de decesos atribuibles al calor. En estos 11 años, la media para junio ha sido de 249 defunciones. Este último mes han sido 937.

En cualquier caso, los resultados del MoMo “no son un conteo de muertes”, aclara su responsable en el Centro Nacional de Epidemiología, Diana Gómez Barroso, sino “fallecimientos que, mediante un modelo estadístico —con lo que ha ocurrido en los diez años anteriores— atribuimos que pueden deberse a las altas temperaturas”. “No significa que sea una muerte por un golpe de calor, sino por patologías que se agravan”, explica la experta.

Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas mayores. De hecho, la inmensa mayoría de los fallecimientos atribuidos al calor por la estadística del MoMo corresponden a mayores de 85 años: 632 de los 937 de todo el mes. En el grupo entre 75 y 84 años, se registraron 220 estimadas.

Las personas mayores se ven más afectas porque “termorregulan peor por motivos fisiológicos o por la propia degeneración de la edad, que hace que las glándulas sudoríparas funcionen peor”, explica la coordinadora de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) Divulgación, Rosa Pérez. Pero las altas temperaturas afectan también a aquellos pacientes con patologías crónicas, principalmente con problemas cardiovasculares, renales o respiratorios, diabetes o demencias, a bebés y a mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre.

La afectación por calor se nota también en las urgencias hospitalarias y las consultas. “De unos años para aquí, sobre todo en la gran ola de calor del año pasado y este, tenemos muchísimo más trabajo, sobre todo en grandes ciudades y en zonas de costa, donde se mueve mucha gente”, explica la doctora Pérez.

Según los datos del informe Calor extremo, salud en riesgo, realizado por el Observatorio DKV de Salud y Medioambiente y coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, a nivel nacional, “la probabilidad de hospitalización general durante el periodo estival aumenta aproximadamente un 13,5% en asociación con temperaturas extremas”, pero la tasa se dispara hasta el 25,4% en población pediátrica. En 2022, en Francia, “las visitas a urgencias por patologías térmicas se duplicaron y las consultas en atención primaria se triplicaron”. Y en Portugal “los ingresos hospitalarios diarios aumentaron un 18,9% durante los días clasificados como ola de calor”, indica el informe.

Un análisis de 11 millones de admisiones en urgencias en 48 provincias españolas entre 2006 y 2019, realizado por investigadores del IS Global, ya señalaba que las asistencias por trastornos metabólicos y relacionados con la obesidad se duplicaron, las insuficiencias renales crecieron un 77,7%, la infección de tracto urinario un 74,6% y la sepsis un 54,3%.

Y las predicciones sobre el calor no son buenas. “La proyección es que cada vez vamos a vivir más olas de calor, con más noches cálidas y tropicales”, advierte la coordinadora del hub de preparación del IS Global de Barcelona, la doctora Elizabeth Diago Navarro, que apunta a problemas en zonas tradicionalmente cálidas, pero también a aquellas donde el calor es menos habitual, el cuerpo no está preparado y tampoco hay recursos materiales habilitados.

Un ejemplo es la ola de calor que asoló Euskadi en junio y disparó la venta de ventiladores. Pero las altas temperaturas se expanden por el calendario. Pese a las nieves primaverales, a finales de mayo ya se habían batido 12 récords diarios de calor. Ese mes, el sistema registró 123 muertes atribuibles a las altas temperaturas, más que en el mismo mes de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 juntos. Y eso que en esos días “no ha habido olas de calor, pero si jornadas puntuales con altas de temperaturas” que también afectan a la salud, advierte Gómez Barroso.

Un sistema “incapaz de llegar a todo”

Más calor, durante más tiempo, con más problemas de salud asociados y más visitas a los hospitales y los centros de salud comprometen al propio sistema. Sobre todo cuando esta sobrecarga se produce en un momento de plantillas mermadas por las vacaciones. “El conjunto de estos factores puede comprometer los tiempos de respuesta, los circuitos de atención y la capacidad de priorización clínica, especialmente cuando los episodios de calor son prolongados o coinciden con otros factores estresores del sistema”, señala el informe.

Por eso, Diago Navarro insiste en la importancia de dotar de recursos a un sistema, “incapaz de llegar a todo”, para que pueda identificar previamente a “aquellos pacientes más vulnerables y revisar o cambiarles la medicación”. De hecho, algunos fármacos dificultan la termorregulación y compromete a los pacientes en picos de calor, como los diuréticos, los ansiolíticos y los antidepresivos —que toman un 19 y un 15% de las mujeres y un 10 y un 6% de los hombres, respectivamente—.

Todas las voces expertas consultadas señalan además a otros factores del cambio climático como posibles tensores del sistema y un riesgo para la salud de la población. “Estamos viendo cómo cada día aumentan los eventos meteorológicos adversos, que son cada vez más largos e intensos; las enfermedades infecciosas, que cambian su lugar de distribución; lluvias torrenciales, inundaciones y tormentas devastadoras, que tienen un impacto en la salud”, apunta Gómez Barroso.

Desde Semes advierten que los efectos del calor son físicos y personales, pero también colectivos. “También afectan al conjunto de la sociedad. A veces hay problemas de suministro, los transportes se ven afectados o se generan desigualdades”, apunta la doctora Pérez.

Para los riesgos personales, la coordinadora de la sociedad de médicos de urgencias y emergencias hace las recomendaciones habituales: evitar salir a la calle en las horas centrales del día, buscar la sombra y lugares donde poder refrescarse, vestir tejidos naturales y cubrirse la cabeza y no realizar actividad física durante los tramos de más calor —tampoco bricolaje, jardinería o cocinar—. Además, recomienda ventilar la vivienda o buscar refugios climáticos si no es posible —buena parte de las asistencias por calor se producen en los domicilios—, hidratarse aunque no se tenga sed y no abandonar la actividad física, con paseos moderados cuando cae el sol.

La ciencia lleva años luchando una batalla silenciosa contra las bacterias. O, al menos, contra algunas de ellas. Más que eliminarlas, el objetivo es evitar que generen sus propias defensas frente a los antibióticos, buscar nuevos vectores de ataque para atajar infecciones multirresistentes y alargar y mejorar la vida de los pacientes. “Las bacterias estaban, están y estarán cuando los seres humanos desaparezcan. Es inútil pensar que vamos a cargárnoslas, pero ganaremos pequeñas batallas, porque nuestro objetivo es que los pacientes vivan más y con buena calidad de vida”, explica la doctora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, la doctora Carmen Hidalgo.

Según los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), las infecciones multirresistentes provocan en toda Europa unas 35.000 muertes al año. Y las estimaciones apuntan a que, si las autoridades sanitarias no son capaces de atajar el problema, para 2050 esta puede ser la principal causa de muerte del mundo, por encima del cáncer.

El portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), Rafael Cantón publicó en 2025 un estudio en The Lancet Regional Heatlh - Europe en el que estimaba que el impacto de las infecciones hospitalarias por bacterias multirresistentes sumaba unas 24.000 muertes asociadas al año en España. No son fallecimientos directos 'por' la bacteria, sino decesos 'con' ella, en los 30 días siguientes al diagnóstico, pero la cifra da una imagen de la magnitud. Por ejemplo, en 2024 fallecieron casi 23.000 personas por enfermedades cerebrovasculares; unas 22.000 por demencia; o algo más de 18.000 por insuficiencia cardiaca, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y, en total, se produjeron 436.000 defunciones, por lo que, con los datos de ese trabajo, más de un 5% tendrían una infección multirresistente.

El abordaje de este problema no es nuevo, aunque en los últimos años se han redoblado los esfuerzos mientras las resistencias no paran de crecer. Los primeros equipos 'antibiotic stewardship' surgieron en Estados Unidos a finales del siglo XX, cuando los clínicos se dieron cuenta de que un mejor uso de los antibióticos podía mejorar las expectativas de los pacientes y evitar resistencias.

Pioneros de la lucha contra la resistencia

En España, en 2012 se publicó el primer documento de consenso para los programas de optimización de uso de antimicrobianos, que algunos hospitales ya veían desarrollando de forma proactiva. En el Virgen de las Nieves, que hoy es uno de los centros de referencia, fueron pioneros en 2008, cuando empezaron “a intentar mejorar la prescripción antibiótica”, una competencia de cualquier clínico del hospital, “desde un experto en infecciosas hasta un cirujano, pasando por el MIR que acaba de llegar”, explica la doctora Hidalgo.

Por aquel entonces, Ana ya había pasado dos meses hospitalizada por una infección resistente a los antibióticos tras un trasplante renal. “Era una bacteria que tarda mucho en dar la cara y los médicos no pueden ponerte el tratamiento hasta estar seguros de que la tienes, para no generar más resistencias”, explica la mujer. Actualmente, el 70% de las infecciones son nosocomiales, es decir, se producen en un contexto de ingreso hospitalario.

El caso de Ana, aunque antiguo, es el ejemplo de una preocupación latente en la red hospitalaria, que llega hasta nuestros días. En 2023, la Comisión Europea emitió una serie de recomendaciones, que pasaban por reducir la prescripción de fármacos, así como la incidencia de tres bacterias resistentes a determinados antibióticos: la E. coli, la K. pneumoniae y la S. aureus. Pero España llevaba años trabajando en sus propios Planes Nacionales frente a la Resistencia a los Antibióticos. El primero arrancó en 2014 y el actual estará vigente hasta 2027.

Reducción de antibióticos

La coordinadora adjunta de salud humana del PRAN, dependiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), Reyes Castillo, explica que España es el tercer país que más ha reducido el consumo de antibióticos desde 2014, “si bien es cierto que no ha bajado todo lo que nos gustaría”. En esta década, la reducción se ha situado en el 13%.

Como muestran los siguientes gráficos, desde la puesta en marcha de los diferentes planes, España ha conseguido reducir las prescripciones farmacológicas, tanto en atención primaria como en los hospitales. Los años de la pandemia de coronavirus alteran la curva, en un contexto de aislamiento y reducción de visitas médicas. “Pensamos que se iba a mantener, pero está habiendo un efecto rebote”, lamenta Castillo.

La experta de la Aemps indica que la resistencia a los antibióticos tiene múltiples causas. Influye el uso de antibióticos en humanos, pero también en veterinaria y el impacto ambiental en la salud global. Por eso, estas estrategias se desarrollan bajo un enfoque 'One Health' —una sola salud—, que une estos tres vértices.

Los planes tienen seis puntos estratégicos: vigilancia del consumo y de la resistencia a los antibióticos; el control de las resistencias bacterianas; identificar e impulsar medidas alternativas de prevención y tratamiento; investigación; formación e información a los profesionales sanitarios; y sensibilización de la población. Una de las claves ha sido el impulso de los Proas, equipos multidisciplinares que trabajan en los centros hospitalarios para trasladar esas políticas a todo el personal.

Ese esfuerzo en los hospitales ha logrado frenar y reducir la incidencia en los últimos dos años de la Staphylococcus aureus, una de las que más preocupan. “Es una bacteria de infección hospitalaria, así que cuando se consolidan programas de prevención y control de infecciones en hospitales, la reducción se nota mucho en la gráfica”, señalan desde la Aemps, que apuntan a un efecto en la dirección contraria en algunos países del sur y el este de Europa.

Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios están llevando a cabo otras iniciativas para reducir el consumo de antibióticos y frenar las resistencias. Hace unas semanas, la Aemps anunció que eliminará a lo largo del próximo año siete grandes formatos por otros más pequeños, adaptados a las pautas clínicas habituales, para evitar que los pacientes acaben automedicándose o que esas medicinas sobrantes acaben en la basura.

“Pese a los esfuerzos, las resistencias siguen subiendo en la mayoría de patógenos que nos preocupan”, lamenta el doctor Rafael Cantón. Es lo que ocurre con el E. coli, que en 2024 presentó una incidencia en España de 12,45 casos por cada 100.000 infecciones. Es un punto y medio por encima de la media del espacio económico europeo y tres puntos y medio más que en 2019, según la última actualización del ECDC.

En el caso de la Klebsiella pneumoniae, la bacteria tiene casi el triple de incidencia en Europa que en España, aunque la tendencia es ascendente en ambos casos.

Para Cantón, el plan nacional está “muy bien” y ha conseguido “poner de acuerdo a muchos profesionales, también en el mundo animal”, pero “hay aspectos que cuesta llevar a la práctica porque se necesitan más recursos”. “Tenemos un muy buen entramado en investigación, pero se necesita un impulso público para que esas redes puedan ser más eficientes y eficaces”, reclama.

Para este experto, la clave está en la lucha contra la infección, evitando barreras que la facilitan; el impulso de los programas de mejora de uso antibiótico antimicrobiano; y la mejora del diagnóstico microbiológico.

Para la coordinadora adjunta de salud humana del PRAN, hay resistencias con las que tendremos que convivir, pero evita ser derrotista. “Tenemos que vigilar y estar preparados si hay un brote para tomar las mejores medidas”, indica. Porque las bacterias han ido evolucionando a lo largo de los siglos para sobrevivir en, prácticamente, todos los rincones del planeta. Y, ahora, los sistemas de salud se encuentran ante la misma disyuntiva: “Tenemos que adaptarnos, para que esto disminuya”.

Hola,

¿Qué tal? Espero que esta semana haya ido bien y que, con un poco de suerte, te pille ya de vacaciones.

Hoy quiero empezar hablándote de algo que tal vez tengas en casa. La mayor sociedad de neumología del mundo ha publicado un informe en el que pide prohibir las encimeras de cuarzo. El motivo es la epidemia global y devastadora de silicosis que provoca la manipulación de piedra artificial con sílice cristalina.

Si tienes una, no te preocupes. El peligro para la salud aparece durante su fabricación y manipulación, es decir, para miles de trabajadores jóvenes, para quienes, según el informe, las medidas de prevención propuestas por la industria y las administraciones públicas han fracasado estrepitosamente.

De hecho, el trabajo, firmado por un equipo interdisciplinar de 24 expertos, es muy crítico con las tácticas de lobby del sector, que compara con las del amianto, y que han dejado a los operarios expuestos al polvo tóxico que sigue superando habitualmente los límites legales de seguridad.

La Sociedad Torácica Americana (ATS) insta a países como España, cuya industria critica directamente, a seguir el ejemplo de Australia y California, que han optado por su prohibición.

“En España, todas las decisiones que se están tomando son insuficientes y vamos a la cola a la hora de atajar esta epidemia”, lamenta el presidente de la Asociación de Afectados por Silicosis del Aglomerado de Cuarzo (ASAC), Fernando Arévalo. Esta organización está formada por extrabajadores de Cosentino que han llevado a la empresa a los tribunales por retrasar y ocultar su diagnóstico.

El tema es muy interesante y, si las administraciones creen de verdad en la evidencia científica, va a dar mucho que hablar. Te recomiendo que te leas la información completa de mi compañero Antonio Martínez Ron, que ha hablado con muchos expertos.

Receta rápida

Una placenta artificial para bebés prematuros extremos

Cada año, cerca de 25.000 familias en toda Europa enfrentan el drama de un nacimiento prematuro extremo. Es aquel que se produce entre los seis meses o menos de gestación, en los que los recién nacidos se encuentran en un ambiente hostil que hace muy difícil que puedan salir adelante o tener una vida sin secuelas neurológicas.

Un grupo de investigadores del BCNatal lleva años trabajando en un proyecto para crear una placenta artificial, que permita asistir a los bebés más prematuros. Esta semana han presentado la segunda fase del estudio, todavía en animales. En la primera, consiguieron una supervivencia de 12 días en buen estado fetal en un modelo ovino. Ahora lo han alargado hasta 21.

Al proyecto le quedan todavía pasos muy importantes —recuerda que hace unas semanas te contaba que curar a un animal en un laboratorio no significa que ese tratamiento sirva para los humanos—, pero sí es esperanzador.

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasa muy buen fin de semana, cuidado con el calor que volverá a apretar y ¡salud!

El Defensor del Pueblo ha anunciado este viernes a través de un comunicado una actuación contra doce municipios de la Región de Murcia, que prohibirían en sus ordenanzas municipales el acceso a licencias de taxis y a trabajar como taxistas a personas con VIH.

La institución ha solicitado a estos ayuntamientos, de los que no ha hecho público el nombre, información sobre esta prohibición expresa, tras una queja del sindicato UGT en Murcia.

El sindicato, señala el Defensor, considera que “esta limitación podría constituir una vulneración del principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación de 15/2022”, así como diversas resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.

La concesión de licencias de taxi son competencia municipal y algunas ordenanzas no se han adaptado a la evidencia científica, por lo que continúan excluyendo a las personas con VIH. Una situación que llevan tiempo denunciando desde entidades como la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), porque genera una “falta imagente”. “No existe ningún peligro porque una persona con VIH conduzca un autobús, un taxi o cualquier otro medio de movilidad”, indicaban en 2025.

Además, entidades como Cruz Roja recuerdan en sus páginas web que “las personas que conviven con el VIH tampoco están obligadas a comunicar su condición a nadie en su puesto de trabajo, siendo simplemente, una opción voluntaria. Aun cuando sea obligatoria en los exámenes de salud una prueba de VIH, la persona deberá ser informada previamente de todos los análisis que se le pidan. Y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales debe garantizarle la confidencialidad de la información, sin poder compartirla con ninguna otra persona o área de la empresa.”

En los últimos años, desde los colectivos han insistido en el mensaje de que una persona con VIH diagnosticada y en tratamiento puede reducir su carga viral hasta hacerla indetectable y, por lo tanto, no transmitir la infección en ningún caso.

El Defensor del Pueblo ha pedido ahora a estos doce ayuntamientos murcianos que informen sobre sus ordenanzas, las limitaciones impuestas a personas con VIH y las medidas que “pudieran adoptarse por esas corporaciones para garantizar los derechos de las personas afectadas por la exclusión referida y evitar, así, cualquier posible trato discriminatorio”.

Según el informe 'Experiencia de estigma de las personas con VIH en España', publicado por el Ministerio de Sanidad en el año 2024, más del 60% de las personas con VIH han experimentado alguna forma de discriminación desde el diagnóstico.

Dos patas del estado del bienestar se tambalean. La educación y la sanidad llevan meses entre huelgas y movilizaciones por todo el país. El profesorado y el personal médico protestan cada uno por lo suyo, pero ambos colectivos expresan un malestar que trasciende la queja económica.

El profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid Jorge Crespo señala que “ni siquiera en la etapa de la anterior crisis económica hubo tanta movilización” como la que se está produciendo estos meses. Los recortes y las políticas de austeridad de la década pasada redujeron las retribuciones, se retiró una paga extra y se eliminaron las tasas de reposición (se dejó de contratar funcionarios). Los conflictos actuales no son estrictamente nuevos, pero hay una conjunción de factores que los han hecho coincidir en el tiempo y en amplias zonas del territorio, “en una situación de aparente crecimiento económico, donde parece raro que haya tantas huelgas en marcha o previstas”.

A Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), no le sorprenden las protestas. Este sociólogo cree que son fruto del inmovilismo de la administración. “No creo que sea coincidencia [que docentes y médicos estén en huelga]. Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural y se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. En el sector privado, para bien y para mal, cada vez que hay una crisis se produce una reestructuración total. Nacen empresas, cierran otras, cambian estilos de dirección... Nada de esto ha pasado en lo público. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”, reflexiona.

Y ha explotado. En el caso de los docentes, sin que haya pasado nada especial. Y eso, que no haya pasado nada especial que provoque las protestas, habla precisamente de la gravedad de las mismas, cree Miller. “No es una cuestión reciente ni de que no haya presupuestos”, sostiene, es un malestar generado gota a gota, año tras año.

En noviembre, el Gobierno pactó con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF un acuerdo para la subida salarial de los funcionarios en un 11% acumulado hasta 2028, que beneficia a buena parte de las personas trabajadoras en huelga y muestra, que en muchos casos, las reivindicaciones no tienen que ver solo con la parte salarial. “La pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos es algo común, pero colectivo a colectivo, las motivaciones son distintas”, considera Crespo.

Las educadoras infantiles reclaman superar los salarios de subsistencia, cercanos al mínimo interprofesional, y que se enmarque su labor como una etapa formativa más y no solamente asistencial. El profesorado, que en el caso de Catalunya ha votado que no a un acuerdo que incluía una subida salarial de 600 euros mensuales, quiere trabajar mejor: que se reduzcan las ratios en las clases, que se rebaje la carga lectiva y que haya más profesionales para poder atender bien al alumnado. En la profesión médica exigen una mayor representatividad, mejorar su categoría profesional y trabajar menos horas.

Sin precedentes recientes

En el caso de los y las médicas, el conflicto escalado a nivel estatal no tiene precedentes recientes. Sí ha habido huelgas y movilizaciones a nivel autonómico, pero desde la Confederación de Sindicatos Médicos, una de las organizaciones que ha convocado los paros semanales que vienen produciéndose una vez al mes desde febrero, no recuerdan una situación similar en los últimos años. De hecho, el punto de inflexión ha sido el nuevo Estatuto Marco, la primera reforma en más de 20 años, desde que se transfirieron las competencias en sanidad a las comunidades autónomas, en 2002.

Aunque CESM convocó en octubre de 2020 una serie de paros por la aprobación de medidas excepcionales para cubrir las necesidades asistenciales derivadas de la covid-19, solo se celebró una jornada de huelga. La convocatoria terminó suspendiéndose por la llegada de una nueva ola de contagios. Desde entonces, los sindicatos han ido apretando en diferentes comunidades autónomas. En 2023, hubo conflictos en Madrid, Catalunya, Balears, Andalucía, Aragón, Extremadura o Navarra, Cantabria, Galicia o Murcia.

Los sindicatos de la mesa de negociación del Estatuto Marco —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y CIG-Saúde— sí amenazaron a finales de 2025, en el marco de las conversaciones para alcanzar ese nuevo marco jurídico con una huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud, que acabó suspendiéndose tras lograr un preacuerdo con Sanidad.

El conflicto que guarda más similitudes con el actual tal vez sea el de 1995, cuando varios miembros del comité de huelga llegaron a encerrarse en el Insalud antes de la transferencia competencial. Ya entonces los sindicatos médicos reclamaban una mesa técnica y mejoras en la jornada laboral, así como un incremento salarial de hasta 100,000 pesetas mensuales en tres años. En aquel momento, como recoge la hemeroteca, la ministra del ramo, la socialista Ángeles Amador, llegó a acusar a los convocantes de “vender un engaño con mala fe”.

Esas palabras recuerdan a las de la actual titular de Sanidad, Mónica García, que ha acusado al Comité de Huelga de no ser “honestos” con los profesionales y de “deslealtad” en una negociación que está ya enrocada y por la que los sindicatos del ramo también han pedido otro interlocutor y la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un malestar a fuego lento

El sector de la enseñanza lleva ya al menos dos años de protesta en protesta. En este caso —por el momento— son autonómicas y se dirigen contra los Gobiernos de las comunidades, pero el malestar es generalizado y se ha manifestado de norte a sur y de este a oeste en un constante in crescendo que ha acabado explotando esta primavera en Madrid, con las educadoras de Infantil, Catalunya y la Comunitat Valenciana. Pero antes habían sido Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi, Extremadura o Galicia.

El precedente más parecido fueron las huelgas contra los recortes de la pasada década, que acumularon 12 días de huelga, pero nunca había habido paros indefinidos de tanta duración como ahora: las educadoras de Infantil llevan desde abril en Madrid y los docentes valencianos estuvieron cuatro semanas seguidas.

El factor diferencial de estas protestas está en que la reivindicación salarial solo es una más en una serie de exigencias. El descontento viene cociéndose a fuego lento desde hace años. “La sensación de no llegar, de sobrecarga, está ahí desde que yo empecé como profesor”, cuenta Héctor Adsuar, responsable de Pública en la Federación de Enseñanza de CCOO, “y desde que soy delegado sindical estamos con las mismas reivindicaciones”. No son pocos años en ninguno de los dos casos.

Los males que agitan la profesión se pueden resumir en “cada vez más exigencias, pero sin recursos para realizarlas”, sostiene Adsuar. Y a la cabeza de todas ellas está la atención individualizada a la diversidad que impone la ley. El problema es que la Lomloe estableció esta medida, pero lo hizo sin proveer recursos para cumplir y sin obligar a hacerlo a las comunidades autónomas, que tienen las competencias. Y cada vez hay más alumnado con necesidades educativas, fruto a medias de los avances en el diagnóstico y de una mayor concienciación.

Y el profesorado no llega. Comisiones Obreras publicó un informe a principios de curso en el que calculaba que la diversidad en las aulas ha crecido un 75%, mientras los recursos para atenderla lo han hecho un 25%. “Es una combinación letal”, explica Adsuar. Una burocracia que aplasta, poca consideración social, el empeoramiento del ambiente en clase o incluso, estas semanas, el calor insoportable en los centros están disparando la desafección del profesorado hacia su trabajo, como ya advertía un informe de Esade del pasado mes de marzo.

“Las soluciones siempre son lentas”

Con estos conflictos en marcha, a los que se suman otros sectores específicos en determinados puntos del territorio, como los bomberos que han convocado paros parciales durante este mes en Murcia y mantienen protestas en Madrid, el experto en gestión pública Crespo advierte que “cuando se habla de la administración, las soluciones siempre son lentas”.

Miller se declara “pesimista”, también porque la política, que es donde están las soluciones, ha cambiado. “Los gobiernos son muy inestables, no hay mayorías. Durante las tres primeras décadas de la democracia pasaba que un partido llegaba al gobierno, entraba con mucha fuerza y durante esa primera legislatura hacía cambios de verdad. Eso se ha perdido”, advierte. Y nadie se atreve a realizar las reformas que, opina el investigador, necesita el país.

La relación entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad empeora semana a semana y el conflicto va camino de una guerra total. En la quinta semana de paros en lo que va de año, a cuenta del nuevo Estatuto Marco pactado entre la ministra Mónica García y los sindicatos del ámbito, el Comité de Huelga ha amenazado con una huelga indefinida de facultativos a la vuelta del verano.

El clima de tensión entre ambas partes es total. Este lunes, García afirmaba que “los sindicatos no están siendo honestos con los profesionales a la hora de trasladarles las mejoras del estatuto”. “En las últimas reuniones que hemos tenido no nos han trasladado las reivindicaciones de los médicos, sino sus demandas sindicales”, señaló en una entrevista en 20 Minutos, donde acusó a estas organizaciones de querer “romper la legalidad vigente sobre la libertad sindical”.

Por la mañana, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) se manifestaron frente a la sede del Ministerio en Madrid bajo el lema: “No más maltrato a pacientes y profesionales”.

Pese a las reuniones mantenidas con Sanidad en los últimos meses, los sindicatos del gremio consideran que hay en estos momentos una “ausencia total de propuestas” por parte del Ministerio, que ha llevado al “nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora”. Esto, unido al “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto [del Estatuto Marco]”, les ha llevado a “escalar en las movilizaciones” y convocar una huelga indefinida tras el verano si no hay avances.

Pero desde Sanidad no parecen dispuestos a mover ficha. “El Ministerio ha hecho su trabajo proponiendo la reforma laboral sanitaria más ambiciosa en 20 años. Ahora les toca a las comunidades autónomas cumplir la parte de sus competencias y materializar las reivindicaciones pendientes. El texto del Estatuto Marco llegará al Congreso, donde podrá enmendarse y votarse, como cualquier ley”, señalan fuentes el departamento de García.

Es el mensaje que llevan repitiendo los últimos meses. El estatuto reduce las guardias obligatorias de 24 a 17 horas, establece oposiciones cada dos años para acabar con la interinidad y la temporalidad abusiva y reduce la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otros avances, insuficientes para los profesionales, que exigen la implantación de la semana de 35 horas, un estatuto y una mesa de negociación propios, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible. Pero el grueso de competencias, como la planificación y organización de las plantillas o las retribuciones, está en manos de las comunidades autónomas.

De hecho, a lo largo de la semana habrá también dos protestas convocadas frente a las consejerías de sanidad de la Comunitat Valenciana, el miércoles, y en Madrid, el jueves, además de concentraciones en decenas de hospitales y centros de salud de Andalucía, Galicia, Euskadi, Melilla, La Rioja, Extremadura, Balears, Aragón, Alicante y Castellón, y frente a varias subdelegaciones del Gobierno.

Aunque estos meses se han convocado huelgas autonómicas coincidentes con las estatales, con el foco puesto en Mónica García, los consejeros del ramo optaron la pasada semana por escenificar la soledad de la ministra. “Se ha quedado sola”, verbalizó el consejero vasco, Alberto Martínez, que había acordado con el resto de gobierno autonómicos un texto conjunto que leyeron al inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado para abordar la crisis y en el que se negaron a intervenir.

El acuerdo que firmaron todas las comunidades salvo Catalunya, que envió después un comunicado asegurando que estaba de acuerdo con el contenido, pasaba por exigir a la ministra que negocie con los médicos en huelga y acometa reformas “estructurales” de un sistema sanitario con las competencias transferidas desde 2002.

“En el Gobierno ya estamos acostumbrados a que cuando alguien tiene que asumir sus responsabilidades, en vez de hacer su trabajo, mira a quién le puede echar la culpa”, afeaba García en la entrevista. “Solo la eliminación de las guardias de 24 horas ya requiere un esfuerzo organizativo y presupuestario. Y, claro, las comunidades se resisten, es legítimo”, deslizaba.

Aunque todas las partes —Ministerio, comunidades y sindicatos médicos— aseguran que mantienen la mano tendida para encontrar una salida al conflicto, no parece que este esté cerca, ni que esas manos estén dispuestas hacia la misma dirección. Mientras, el Comité de Huelga ha pedido nuevos interlocutores y ha exigido que el presidente Pedro Sánchez resuelva el entuerto. El portavoz el Partido Popular, Borja Sémper, utilizó este lunes la crisis abierta para atizar al Gobierno: “Feijóo va a convertir la sanidad en prioridad nacional”.

El Plan Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contempla 41.639 contrataciones autorizadas para cubrir las vacaciones de los profesionales de la sanidad pública andaluza, un 14% más que el año pasado (5.139 profesionales más) y un 31,5% más que en 2018. Para estas contrataciones hay previstos inicialmente más de 168 millones de euros frente a los 135 millones del año pasado, un 24,4% más. Estas cifras contrastan con el hecho de que, un año más, el 75% de los centros de salud cerrarán por la tarde, tal y como han denunciado los sindicatos ante la ausencia de cifras en este sentido por parte del Gobierno andaluz.

Por meses, se prevé que se realicen 1.245 contrataciones en junio, 14.032 en julio, 14.454 en agosto, 10.539 en septiembre y 1.368 en octubre. Éstas son las cifras que ha puesto sobre la mesa el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, que este jueves ha informado sobre la planificación de actividad y cobertura en atención primaria y hospitalaria para este verano. El volumen de contrataciones previsto, ha insistido, “supone un 14% más que el año pasado” y “responde al objetivo de que el SAS disponga de los profesionales necesarios para asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el periodo”.

Pese a estos incrementos, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT ven “insuficiente” el plan, y recuerdan de paso que “sólo un 25% de los centros de salud de atención primaria estarán abiertos por las tardes”. Asimismo, señalan que “las cifras globales no garantizan por sí solas una adecuada cobertura asistencial”, por lo que ha reclamado conocer el desglose por centros y categorías profesionales.

Categorías profesionales

Por categorías, supone una previsión de 1.993 contrataciones para médicos (un 82,7% más respecto a 2025), 14.741 para enfermeras (un 15,2% más), 13.424 para TCAE y otros técnicos (un 11,7% más) y 11.480 contrataciones para personal de gestión, mantenimiento u hostelería (un 8% más). En total, son 30.158 contrataciones para personal sanitario, lo que supone un incremento del 16,4% respecto al pasado año, y 11.480 contrataciones para personal de gestión, mantenimiento y hostelería, un 8% más que en 2025, según los números desglosados por el Gobierno andaluz.

Sanidad señala que la reorganización de la actividad de los centros de atención primaria durante el periodo estival tiene como objetivo central asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia. El criterio que se sigue para ello es ajustar los recursos asistenciales a la demanda generada por los movimientos poblacionales por vacaciones que tienen lugar en Andalucía entre 29 de junio y el 4 de octubre.

A esto hay que añadir la organización asistencial para permitir el disfrute de permisos reglamentarios del personal y la realización de las obras y reformas necesarias de los centros de atención primaria que se hayan planificado previamente. Así, el SAS mantendrá en funcionamiento durante este verano los 1.517 centros de atención primaria de Andalucía, cuatro más que en 2025, aunque sólo un 25% abrirá por las tardes.

Cierra uno de cada cuatro quirófanos

Por otro lado, y en la misma línea, Sanidad defiende que la planificación hospitalaria para el periodo estival se basa en la adecuación de los recursos disponibles a la demanda asistencial prevista en cada centro sanitario, “garantizando en todo momento la capacidad de respuesta del sistema”. En este sentido, resalta que el Plan Verano 2026 “mantiene una elevada capacidad asistencial” en el conjunto de los hospitales andaluces, con una previsión de disponibilidad del 85,7% de las camas y del 75,9% de los quirófanos existentes durante los meses de julio a septiembre.

En concreto, durante el periodo estival permanecerán operativas 12.774 camas hospitalarias y de cuidados intensivos en Andalucía, manteniéndose además 2.125 camas en reserva que podrán activarse de forma inmediata en caso de incremento de la demanda asistencial. Los centros sanitarios cuentan, asimismo, con planes de contingencia que garantizan la disponibilidad de estos recursos en un plazo máximo de 24 horas si las necesidades asistenciales así lo requieren. En el ámbito quirúrgico, la previsión contempla la disponibilidad de 431 quirófanos, el 75,9% del total existente, lo que permitirá mantener la actividad programada y urgente durante todo el verano.

Se estima la realización de alrededor de 85.000 intervenciones quirúrgicas (un 2% más que en 2025), más de 3,19 millones de consultas externas (un 3,7% más) y más de 3,2 millones de pruebas diagnósticas (un 3,6% más) entre julio y septiembre. La planificación prevista incorpora además mecanismos de seguimiento continuo de la actividad y la posibilidad de activar recursos adicionales cuando la evolución de la demanda asistencial así lo aconseje, garantizando una atención sanitaria accesible y de calidad para la ciudadanía durante todo el periodo estival.

Millones de turistas

Sanidad también informa de que el SAS ha actualizado el protocolo específico de gestión de la demanda asistencial en zonas con mayor afluencia turística, que se puso en marcha el año pasado, con el objetivo de anticiparse al incremento estacional de la presión asistencial y reforzar la coordinación entre atención primaria y hospitalaria y los dispositivos de urgencias. El protocolo parte del análisis de la actividad registrada en los últimos veranos, marcada por el incremento de la población desplazada y el aumento de patologías asociadas al periodo estival, especialmente en provincias costeras como Cádiz, Málaga, Almería y Huelva.

En el verano de 2025 Andalucía recibió más de 13,8 millones de turistas, un 9,3% más que el año anterior. Como elemento central, el documento prevé la constitución de comisiones de seguimiento en atención primaria y atención hospitalaria, integradas por equipos directivos y responsables asistenciales, con funciones de evaluación continua de la situación, coordinación entre niveles, redistribución de recursos y activación de medidas organizativas en función de la evolución de la demanda.

En el ámbito hospitalario, el protocolo contempla la reorganización de circuitos de urgencias para agilizar la clasificación y atención de pacientes, la habilitación de circuitos diferenciados para patologías leves e infecciosas, la optimización de turnos profesionales y la gestión dinámica de camas y espacios asistenciales. También se incluyen medidas de refuerzo en áreas críticas como UCI, hospitales de día, diagnóstico y apoyo asistencial, así como el impulso de herramientas de telemedicina y sistemas de seguimiento en tiempo real.

Críticas de los sindicatos

El plan no convence a los sindicatos sanitarios, y así por ejemplo desde CSIF-A han expresado su “preocupación” porque el incremento en un 14% del número de contrataciones es “insuficiente para mantener abiertos los centros sanitarios y cubrir zonas de difícil cobertura y zonas de costa”. Ante esto, la “preocupación” de CSIF es “importante”, ya que “una parte del incremento en un 24,4% de la previsión de gasto se quedará probablemente sin ejecutar porque faltarán profesionales”, han vaticinado en una nota de prensa.

Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha argumentado que el plan “intenta vender una ligera mejoría” con respecto al pasado año, pero a la hora de la verdad “significa que se reducirá de manera significativa la actividad asistencial en el período estival”.

Asimismo, CCOO Andalucía ha sostenido que si el SAS ha incrementado las contrataciones en todas las categorías y en todas las provincias es “muestra de que los planes de verano de los años anteriores fueron un despropósito”. Sin embargo, “no hay que olvidar que Andalucía sufre un déficit crónico de profesionales y que, a pesar de que se eleve el número de contratos, éste se agudiza en verano”, ha apostillado.

La central sindical advierte de que, frente a lo que asegura Sanidad, “sólo van a funcionar” el 75% de los quirófanos, a lo que añade un el cierre de los centros de salud por la tarde que “este año es mayor que en 2025”. “No se reducen las necesidades de asistencia sanitaria en una comunidad como Andalucía, en la que la población crece en verano, sino que se cierran las puertas de entrada al sistema con menos consultas en atención primaria y menos intervenciones quirúrgicas y esto lleva a una reducción en cadena inducida por la propia Administración”, añade.

Sin datos sobre la duración de los contratos

En el caso de UGT-A, el plan ha sido calificado como un documento de “cifras globales que trata de esconder que sólo un 25% de los centros de atención primaria estarán abiertos por las tardes; que se eliminarán al menos el 15% de las camas hospitalarias o que un 25% de los quirófanos permanecerán cerrados durante el período estival.

“Si quieren que nos creamos que hay más contratos –ha insistido UGT–, deberán de decirnos cuál es la duración de esos contratos, porque preferimos tres contratos de tres meses a 90 contratos de un día y, sin embargo, parece mucho más esto último. Pero es que si analizamos el número de profesionales, es todavía más preocupante, ya que para sustituir a más de 21.000 médicos especialistas van a realizar 1.800 contratos; para sustituir a más de 33.000 enfermeros son 14.000 contratos; de más de 21.000 TCAE sólo hacen 10.000 contratos; y el Personal de Gestión y Servicios es absolutamente ridículo el número de contratos que realizan”.

Por último, el Sindicato de Enfermería (Satse) ha valorado que el incremento de contrataciones anunciado por la Junta de Andalucía es “positivo”, si bien ha advertido de que “es necesario analizar en detalle cómo se traduce en la práctica en los centros sanitarios”, y en este sentido apunta que “las cifras globales no garantizan por sí solas una adecuada cobertura asistencial”, por lo que ha reclamado conocer el desglose por centros y categorías profesionales.

Asimismo, Satse ha subrayado que, pese al aumento del 15,2% en las contrataciones de enfermeras –con 14.741 previstas–, “estaremos vigilantes a que se garanticen unas ratios adecuadas de profesionales por paciente”. De paso, advierte de las “dificultades que persisten” para cubrir determinados puestos debido a la falta de profesionales disponibles en la bolsa de empleo.

En 2024, último año del que hay datos disponibles, se diagnosticaron en España unas 93.000 infecciones de transmisión sexual. La tendencia es ascendente para las principales ITS que monitoriza el Instituto de Salud Carlos III. Desde el año 2000, han aumentado la gonorrea, la sífilis y la clamidia, señalaba el último informe de vigilancia epidemiológica, del que se ha hecho eco este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García: “Las ITS existen y pueden estar más cerca de lo que pensamos”.

El Ministerio ha presentado su nueva hoja de ruta para el periodo 2026-2030, con el que busca revertir una tendencia que atribuye a “cambios en los comportamientos sexuales y en las formas de relación, así como a la mejora de la vigilancia epidemiológica y del acceso a las pruebas diagnósticas”, indican en un comunicado.

El aumento de los casos no es negativo per se, si este se debe a un mayor control y una mejora de los diagnósticos, porque cada positivo que se detecta y se trata corta la propagación de la infección. De hecho, dos de las palancas que quiere activar Sanidad en su nuevo plan son la “innovación en el diagnóstico” y la “universalidad” en el acceso a la protección de la salud para personas extranjeras.

En el primer caso, el Ministerio ha autorizado el primer kit de autotoma de muestras en España para “facilitar el diagnóstico de ITS fuera de los entornos clínicos convencionales”. En el segundo, “se impulsa la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria”.

En el apartado de prevención, el Gobierno tiene previsto destinar más de nueve millones de euros para financiar, a partir de 2027, preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años. “La mayoría de los diagnósticos se produce en adultos jóvenes con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS, a excepción de la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años es elevada”, indican desde el Ministerio, cuya campaña recuerda “que estas infecciones no se limitan a una población, edad o contexto específicos”.

Por otro lado, Sanidad priorizará el control de la gonorrea multirresistente. Una infección que preocupa especialmente, “ante el riesgo de aparición de cepas que comprometan los tratamientos actuales”. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, estas resistencias afectan a fármacos como las tetraciclinas, los macrólidos, las combinaciones de sulfonamidas y trimetoprim y, más recientemente, las quinolonas, lo que dificulta el abordaje de la enfermedad.

En 2024 se notificaron 37.257 casos de infección gonocócica, lo que supone una tasa de 77 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la Chlamydia trachomatis, se detectaron 41.918 infecciones, con un aumento del 19.6% desde 2016. La sífilis alcanzó los 11.930 casos, un 19,4% más que en 2021.

Además, se notificaron 1.966 casos de linfogranuloma venéreo. No obstante, desde el ISCIII, recordaban en su informe de vigilancia epidemiológica que es necesario implantar el seguimiento de esta enfermedad en todas las comunidades autónomas.

La Fundación CRIS contra el Cáncer donará los 3,6 millones recaudados contra el cáncer de páncreas a la empresa fundada por Mariano Barbacid, según ha informado a elDiario.es. De este modo, el dinero obtenido en una polémica campaña que generó falsas expectativas no se gestionará desde el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), sino que irá a Vega Oncotargets, la empresa privada creada por Barbacid en 2024 para la posible explotación comercial de los resultados.

Paralelamente, la Fundación aportará 750.000 euros al grupo de Oncología Experimental del CNIO, del que Barbacid es jefe, para seguir realizando estudios en ratones con cáncer de páncreas. “Queremos cumplir la decisión de todos los donantes y ejecutar la canalización de los fondos”, han asegurado desde CRIS Contra el Cáncer. Este dinero se le irá proporcionando a Vega Oncotargets de manera progresiva, tras el cumplimiento de ciertos hitos establecidos y supervisados por un comité de expertos, aseguran desde CRIS. El plazo de ejecución es de dos años y, tras este periodo, los resultados de los estudios llevados a cabo en Vega Oncotargets “volverán” al CNIO para ser validados.

Una polémica campaña

A principios de año, el equipo de Mariano Barbacid anunció que había conseguido eliminar un tipo de cáncer de páncreas en ratones con una terapia combinada de tres fármacos. Para llevar este éxito del laboratorio a los ensayos clínicos con humanos, CRIS contra el Cáncer lanzó una campaña masiva que fue muy mediática, recaudando más de 3,5 millones de euros tras la donación de 80.000 ciudadanos. Este nuevo descubrimiento generó una gran expectación que se alejaba de la realidad, pues los resultados solo habían sido probados en ratones, lo que no garantizaba el éxito en humanos también.

Tras la exitosa y mediática campaña de recaudación, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS) retiró el estudio publicado en la revista PNAS por no haber declarado un conflicto de intereses de Barbacid como miembro de la academia: tanto él como dos de sus coautoras, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tenían participación en Vega Oncotargets. Después de conocerse el escándalo, Barbacid renunció a sus acciones dentro de la empresa, que eran de un 9,77%.

“He decidido desvincularme por completo de Vega Oncotargets devolviendo a dicha empresa todas mis acciones, valoradas en 750 euros, así como de la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al CNIO, independientemente de su nulo valor”, explicó Barbacid en el comunicado.

Hace tan solo unos días, la revista PNAS volvió a publicar el trabajo sobre el cáncer de páncreas de Mariano Barbacid, esta vez tras reconocer que el investigador español y sus colaboradores son cofundadores de Vega Ocnotargets. “MB [Mariano Barbacid] era propietario de 750 acciones, lo que representa el 9,77% del total, pero ya no posee acciones de Vega Oncotargets SL”, se lee en el trabajo de nuevo publicado. Tras la extensa campaña de recaudación de fondos liderada por CRIS contra el Cáncer, los 3’6 millones de euros recaudados se quedaron “congelados” a la espera de definir el plan técnico. 

Cuando un paciente llega a su consulta para dejar de fumar, lo primero que hace es felicitarle. José Manuel Iglesias (1958, Ferrol) es médico de familia y uno de los portavoces de la iniciativa 'Semana Sin Humo' de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La semFYC acaba de publicar una encuesta a más de 9.300 personas que arroja resultados esperanzadores en la lucha contra el tabaquismo: alrededor del 75% apoya ampliar espacios sin humo y que se refuercen las campañas de prevención.

Algunos datos son más preocupantes, como que el 12% de los adolescentes de entre 14 y 18 años consumen cigarrillos electrónicos bajo una falsa percepción de que son menos perjudiciales. El doctor pone un ejemplo gráfico sobre esa supuesta estrategia de “reducción de daños”: “Qué prefieres, ¿tirarte desde un tercer piso, desde un segundo o no tirarte? Como sanitario, no puedo decirte que te tires desde el segundo, ni vendértelo como algo saludable?”.

La encuesta de la semFYC refleja que el 12% de la población fuma. ¿Estamos ante un estancamiento en la reducción del tabaquismo o sigue habiendo avances?

Hay que esperar a las encuestas nacionales, pero estamos en un descenso progresivo del cigarrillo convencional. Lo que nos da la voz de alarma es que se está desviando el consumo, sobre todo entre la población joven, a los nuevos dispositivos de nicotina. Manejamos cifras de entre el 18 y el 20%.

Muchos adolescentes creen que vapear “no es fumar”. ¿Qué riesgos reales tienen estos dispositivos para ellos?

Algunos de esos riesgos ya han sido detectados. Ha habido casos de fallecimientos en Estados Unidos —si bien es cierto que la mayoría lo utilizaban combinado con otras drogas—. En España, hemos tenido casos de neumonías lipoideas y hay diferentes estudios en los que se aprecia daño celular, sobre todo en el árbol respiratorio, y casos de riesgo cardiovascular. Está demostrado que la nicotina aumenta el riesgo de sufrir infartos e ictus.

¿Esos riesgos están asociados a los dispositivos que no llevan nicotina?

Respecto a los cigarrillos sin nicotina, ya se han detectado alijos en los que se veía que contenían nicotina, a pesar de que en el etiquetado ponía que no. Hay más de 32.000 dispositivos de liberación de nicotina, por lo que su control es bastante difícil. Se pueden adquirir a través de internet y la industria está utilizando el truco de poner lo que denominamos ‘análogos de la nicotina’, que son altamente adictivos, pero con los que se saltan toda la normativa de los productos con nicotina.

Hablamos de la nicotina como componente, pero los cigarrillos electrónicos, aparte de la nicotina, llevan muchas otras sustancias. Se calcula que alrededor de 200 o 300 para convertir el líquido en un vapor. Las más conocidas son el propilenglicol, que se utiliza para el humo de los escenarios, y la glicerina, que se ha detectado en una parte de las neumonías. También hay sustancias tóxicas de metales pesados, pequeñas partículas y cantidades de sustancias productoras de cáncer. Como ocurrió con el tabaco, se tardará tiempo en ver los efectos a medio y largo plazo, porque son de introducción reciente.

La industria no deja nada al azar, está empleando todas las herramientas que utilizaban con el tabaco

¿La industria ha reinventado las estrategias de captación que utilizó con el tabaco tradicional?

La industria no deja nada al azar. Está empleando todas las herramientas que utilizaban con el tabaco. Si antes eran actores famosos, que salían fumando en todas las películas, ahora son los influencers, que utilizan vapeadores o bolsitas de nicotina en sus directos de TikTok o Instagram, siempre bajo la idea de que están dejando de fumar y utilizan este nuevo producto, que venden como algo menos dañino. Tienen miles de visualizaciones y la gente joven quiere imitar esas conductas.

Desde la industria del tabaco se traslada incluso que estarían de acuerdo con prohibir el tabaco.

Porque dicen buscan alternativas que venden como de ‘reducción de daños’. Nosotros ponemos un ejemplo muy típico: qué prefieres, ¿tirarte desde un tercer piso, desde un segundo o no tirarte? Como sanitario, no puedo decirte que te tires desde el segundo, ni vendértelo como algo saludable. Aun en el supuesto de que los vapeadores fuesen menos dañinos, tirarte desde el segundo también supone un riesgo para la salud.

El 75% de los encuestados apoyaría ampliar los espacios sin humo. Parece que sí hay una conciencia social en torno a la reducción de estos hábitos. ¿Cree que hay un factor generacional en cuanto a la percepción del riesgo?

Los jóvenes creen que son menos perjudiciales. Además, la adolescencia es una época en la que el riesgo implica emoción y el marketing juega con eso. Te lo venden como la libertad de decidir, de escoger algo ‘cool’, porque los cigarrillos electrónicos tienen diseños atractivos, hay variedades de sabores y te dicen que no son perjudiciales.

Desde la gran reforma antitabaco de 2010 no ha habido un salto regulatorio comparable. ¿Cree que la regulación ha ido por detrás de la expansión de vapeadores y nuevos productos de nicotina?

La industria va siempre un poco por delante: como nos prohibís esto y disminuye nuestro beneficio, nos inventamos otra cosa. Por eso creemos que hay que avanzar en las medidas, porque ellos van adelantándose a cada una. De hecho, la ley de protección frente al tabaquismo que está parada en el Congreso va en esa línea: prohibir los sabores en todos los productos de nicotina, restricción de la publicidad en redes sociales, prohibir la venta a menores… Hay máquinas expendedoras hasta en los aeropuertos, se venden en los conciertos, en las discotecas… Te los regalan al entrar en algunos festivales. Hay que avanzar en la regulación.

Si hay un consenso social, ¿por qué cada vez que se ponen sobre la mesa medidas, como la ampliación de espacios sin humos, se monta un revuelo político?

Por intereses comerciales de las multinacionales. Nuestra encuesta muestra que más de un 80% de los españoles no quiere que se fume en terrazas. El porcentaje es más elevado entre no fumadores, pero incluso la mitad de los fumadores estarían de acuerdo. Socialmente, hay un respaldo a la medida, pero existen lobbies que visitan a los políticos e instituciones que pueden hacer que una ley avance. De otra forma, no tiene sentido que tengamos esta norma aparcada.

No parece normal que se venda un dispositivo de nicotina con la imagen de Bob Esponja

¿Echáis en falta algo en esa ley?

Esa ley es un avance. Nosotros queríamos que el empaquetado sea genérico, que se regule la publicidad, que los productos no sean atractivos o que no haya dispositivos infantiles. No parece normal que se venda un dispositivo de nicotina con la imagen de Bob Esponja o que en las comuniones sea un regalo divertido, como antes se daban los cigarrillos de chocolate. Por eso, consideramos importante cualquier avance y ese plan integral iba de eso, aunque está ahí durmiendo el sueño de los justos.

Cuando un paciente llega a su consulta y le dice que quiere dejar de fumar, ¿qué pasa después?

Lo primero, le felicitaría por su decisión, que es muy personal. Sabemos que muchas familias están machacando continuamente a los fumadores, pero son ellos quienes tienen que tomar la decisión. Después, preguntamos si tiene algún motivo concreto para dejarlo, para que puedan reflexionar, y explicamos que el tabaco tiene diferentes componentes, que es una adicción crónica que dura toda la vida y que es recurrente.

¿Esa idea de que solo hace falta fuerza de voluntad ha quedado atrás?

La fuerza de voluntad es llegar a la consulta para dejar de fumar. Hay un porcentaje muy elevado de fumadores que lo han intentado por su propia cuenta y recaían pronto, probablemente porque no utilizaron todas las herramientas que les podemos ofrecer desde los centros de salud. Esa recaída no es un fracaso, sino parte del aprendizaje, porque las adicciones son difíciles. El tabaco está asociado a muchos hábitos que hay que romper, así que ayudamos a la persona entrenándola para cambiarlos, hasta que se acostumbren a hacerlo todo sin tabaco. Si es necesario, hacemos terapia cognitiva conductual y farmacológica, que multiplica por tres las posibilidades de éxito. Por eso, reclamamos que los fármacos sean accesibles y estén financiados para toda la población.

Cuando preguntan qué motivos llevan a un fumador a querer dejarlo, ¿qué le responden?

Lo primero que sale es la salud, pero siempre vamos un poco más allá: ¿Qué es para ti la salud? Empiezan a mencionar que quieren respirar mejor, cansarse menos, mejorar su actividad física, porque tienen alguna enfermedad… A veces te dicen que lo hacen por su familia o por disfrutar más de sus nietos. Otra respuesta que nos llama mucho la atención en consulta es que son presos de una adicción, que buscan ser libres, que no quieren irse a la cama pensando si les queda o no tabaco o llegar a un sitio de vacaciones y buscar un estanco antes que nada. La libertad es otro de los motivos que da mucha gente. No lo decimos los médicos, lo argumentan los fumadores.

En España, cada menor recibe más de 4.000 anuncios publicitarios de comida no saludable al año a través de la televisión, lo que se traduce en casi 11 anuncios de este tipo al día. Si se tienen en cuenta otros canales de comunicación, como las redes sociales, la cifra asciende a 30. Y es que 9 de cada 10 anuncios de alimentos dirigidos a niños y niñas son de productos con perfiles nutricionales muy pobres. La importancia de proteger la salud de niños y niñas está más al día que nunca, y su alimentación y dieta juega un papel crucial en ello. 

Este martes se votará en el Congreso, para su toma en consideración, la ley impulsada por Sumar para regular la publicidad de alimentos no sanos dirigidos a menores. Entre otras medidas se encuentran la obligación de incluir sellos advirtiendo de los valores nutricionales de los productos o prohibir la venta de bebidas con alto contenido en cafeína a menores. Todo, para dar un paso más hacia las recomendaciones pautadas por entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 

Una de las principales novedades de la ley es incluir el conocido como “sello chileno” en los productos que superen los límites establecidos por los perfiles nutricionales de la OMS. Esta identificación, que toma su nombre de su extendido uso en Chile y otros países de Latinoamérica, es una etiqueta con forma de octágono negro y texto blanco que indica si un producto envasado es “alto en” calorías, azúcares, grasas saturadas o sodio. Así, busca apoyar la elección de productos más sanos y diferenciar los posibles contenidos perjudiciales de los que no lo son. 

Otra medida para concienciar e impulsar el consumo de productos más sanos es la regulación de la publicidad hacia menores de 18 años de alimentos y bebidas no incluidos dentro de los perfiles nutricionales de la OMS. Esta no es la primera medida sobre protección y mejora de una dieta saludable en los menores. El Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, entró en vigor hace poco más de un mes. Este asegura que colegios e institutos públicos y concertados tienen que dejar de ofrecer bebidas azucaradas y bollería en las máquinas expendedoras de los centros, además de ofrecer menús saludables y limitar los ultraprocesados en la dieta de los alumnos.

Ahora, la nueva ley que impulsa Sumar amplía el área más allá de los centros educativos, abarcando también sus alrededores: se prestará especial atención a la oferta y publicidad de productos no sanos en un radio de 150 metros en escuelas, parques, instalaciones deportivas y otros lugares frecuentados por menores. El uso de los “sellos chilenos” de manera obligatoria y el uso restringido de elementos visuales atractivos en embalajes y envases buscan proteger a los menores de productos menos saludables. 

Además de restringir la publicidad de estos productos en lugares físicos, se hará también online, en las redes sociales. Sumar pide establecer mecanismos que controlen y limiten la exposición de menores a alimentos no saludables a través de plataformas digitales. Y no solo por la publicidad que encuentran en ellas: los niños que usan pantallas comen más y peor, en gran parte debido a la distracción de estímulos exteriores que les supone estar absortos en una pantalla.

Según el Informe sobre nutrición infantil 2025 de UNICEF, las plataformas digitales se han convertido en un entorno “obesogénico” donde los menores reciben estímulos constantes de alimentos de baja calidad nutricional. Lo que se traduce en que no solo comen peor por distracción, sino también porque están saturados de estímulos que los empujan hacia opciones más rápidas, más dulces y menos nutritivas.

El Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles estableció ya la prohibición de vender productos envasados con un contenido de cafeína mayor a los 15 mg/100 ml en cafeterías de centros educativos. Sumar lo avala y lleva fuera de las aulas, prohibiendo vender bebidas con alto contenido en cafeína a menores de 16 años y, las que tengan una concentración igual o mayor a 32 mg/100 ml, a menores de 18 años. 

Además de limitar los productos menos sanos, se catalogarán y dará más visibilidad a los que sí lo son. Los productos saludables llevarán un distintivo oficial que lo indique, y además habrá un registro público de productos autorizados para publicidad dirigida a menores.

El proyecto de ley impone multas establecidas por el incumplimiento de estas medidas, que podrían llegar hasta los 600.000 euros. Si el Congreso aprueba su toma de consideración, la propuesta continuará su proceso de tramitación y comenzará su recorrido legislativo oficial.

La gran epidemia de peste de mediados del siglo XIV liquidó a más de un tercio de la población europea. Además de cientos de miles de muertos, dejó algunas enseñanzas en salud pública, como la importancia de los sistemas de cuarentena, los cordones sanitarios o los lazaretos y la necesidad de recopilar datos y vigilar los brotes de enfermedades infecciosas. Muchos siglos después, el cólera puso de manifiesto la urgencia de mejorar el alcantarillado y el acceso a agua potable en las ciudades.

Las grandes crisis sanitarias de la historia han permitido avances en materia de salud pública, todavía insuficientes ante los ingentes retos que enfrenta hoy en día el mundo, pero que permiten afrontar estos desafíos desde una nueva óptica. “Aprendemos mucho, otra cosa es que lo hagamos todo lo que deberíamos”, resume la exdirectora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que vivió la pandemia de coronavirus en esa responsabilidad.

“Los propios brotes de coronavirus de principios del siglo XXI nos sirvieron para aprender cómo funcionan estos virus, detectarlo mucho antes, hacer la secuenciación, tener herramientas diagnósticas en poco tiempo y aplicar medidas no farmacológicas de aislamiento y distancia social”, explica la especialista en medicina interna.

Un reciente informe de la Junta de Monitorización de la Preparación Global —GPMB, por sus siglas en inglés— de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte a los Estados sobre la posibilidad de que se “intensifique la aparición y amplificación de peligros infecciosos” en la próxima década. El cambio climático, los cambios demográficos, la inestabilidad geopolítica y otras “presiones convergentes” amenazan la seguridad sanitaria mundial, por lo que los países “deberán mejorar su colaboración multilateral”, con inversión “más estratégica y eficiente”.

Pese al tirón de orejas por la lentitud en la financiación, la organización admite que la covid-19 ha supuesto la puesta en marcha de “muchas reformas importantes”. Sin embargo, la OMS concluye que “su impacto total solo se hará evidente en los próximos años”.

El presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), Eduardo Satué, considera que en los últimos años ha habido “una de cal y otra de arena” a nivel global. “Vamos bien en vigilancia, suspendemos en coordinación y podríamos hacer más en investigación”, resume este experto.

Esos tres pilares son claves en epidemiología: permiten establecer los mecanismos que avisan cuando llega una crisis sanitaria; qué hacer cuando ocurre; y estudiar cómo evolucionan los mecanismos por los que se transmiten las infecciones para evitar que se produzcan y se propaguen. “Lo que salva vidas son las actuaciones de prevención y control”, avanza este experto, que pone como ejemplo algunas actuaciones en el contexto de la fiebre del Nilo, del que se han detectado casos en España en los últimos veranos. “Se están haciendo cosas muy interesantes, como la utilización de mosquitos estériles, para acabar con esa generación”, explica.

La vigilancia es también el campo donde ha identificado más avances la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Maria João Forjaz. Por ejemplo, tras la pandemia de covid-19 se reforzaron en este país los sistemas y se impulsaron nuevos mecanismos, como el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SIVIRA). Se trata de un sistema de vigilancia conjunta de gripe, coronavirus y otros patógenos, como el virus respiratorio sincitial, integrado a nivel autonómico y nacional que, según la epidemióloga, “está mostrando grandes beneficios”.

Hay cosas pendientes. El pasado mes de junio, el Congreso aprobó la Agencia Estatal de Salud Pública, pero todavía no se ha desarrollado, algo que echan en falta las voces consultadas. Como el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud, redactado pero también pendiente de aprobación.

En 2025, las autoridades sanitarias también modificaron el Reglamento Sanitario Internacional. Los cambios en el documento, que salió a la palestra recientemente en plena crisis por el hantavirus, facilitaron su aplicación. Y recientemente se adoptó el acuerdo sobre pandemias que, sin embargo, dejó suelto uno de los flecos más relevantes: el anexo para compartir y asegurar que los países del sur global tengan acceso a tratamientos y vacunas. “Sigue habiendo una brecha norte-sur en el acceso a toda esta innovación”, ratifica la exdirectora científica e investigadora del Institute for Global Health, Denise Naniche.

En 2016, tras la epidemia de ébola de 2014, se concibió la Coalición para las Innovaciones en Preparación Para Epidemias (CEPI), que se puso en marcha al año siguiente para desarrollar vacunas contra patógenos emergentes. “En 2021, tras la pandemia de covid, se puso en marcha la 'misión de los 100 días', con el compromiso de un gran número de entidades de proporcionar test diagnósticos, tratamiento y prototipos de vacunas en los 100 primeros días desde que la OMS declara una emergencia de salud pública”, explica Naniche, para quien el actual brote en República Democrática del Congo será una de las pruebas de fuego de ese plan.

Con más de 170 muertes sospechosas en apenas una semana, solo en la provincia de Ituri, en un brote de un ébolavirus sin tratamiento ni vacuna, la OMS ya ha adelantado que está valorando dos opciones de antídoto pero que la “candidata más prometedora” tardará entre seis y nueve meses en producirse.

En esta crisis, no obstante, los médicos sobre el terreno tienen una herramienta de la que no disponían hace una década. “Tenemos gente con experiencia y una relativa facilidad para montar centros de tratamiento”, explicaba en una entrevista con elDiario.es el epidemiólogo de Médicos Sin Fronteras Manuel Albela. “Ahora sabemos cómo se tienen que aislar los pacientes, las características antropológicas, las relaciones sociales y familiares, los tratamientos de soporte, etc.”, añade Aparicio.

El abordaje del VIH es otro ejemplo de los avances científicos, pero también de la brecha norte-sur que sigue existiendo en el mundo. “En los años 80 [del siglo XX], no había nada y, aunque seguimos sin vacuna, ahora tenemos todo un armamento de test, tratamientos y cuidados. Y, sin embargo, sigue siendo un gran problema en el África subsahariana, donde se producen más del 70% de las nuevas infecciones”, explica la investigadora del IS Global, que ha dedicado buena parte de su trayectoria a este virus.

De fondo, las expertas mencionan el “elefante en la habitación”. Los recortes económicos de la administración Trump, que ponen en peligro programas en todo el mundo. La cooperación es fundamental para el abordaje del VIH, del ébola o de factores que empeoran la salud de la población, como la propia pobreza, que dificulta el acceso a los sistemas sanitarios. “La prioridad en salud pública no responde a si afecta a un país pobre o rico, porque lo que le pase a uno, le pasará a los demás”, señala João Forjaz, sobre los nuevos enfoques One Health. “Los virus y las personas se mueven, por eso hay que reforzar la cooperación internacional, la OMS, el ECDC, la CDC... necesitamos una visión global”.

Uno de esos ejemplos de cooperación global ha sido la gestión de la crisis del hantavirus, en la que participaron la Unión Europea, la OMS, el ECDC y más de una veintena de países con nacionales a bordo del crucero MV Hondius donde se detectó el brote. Hubo otra lección. “La importancia de una comunicación clara y unida entre quienes toman decisiones que van a afectar a la salud pública”, explica Naniche.

Precisamente, los pasajeros españoles de aquel barco se encuentran en este momento en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', en Madrid, donde están realizando la cuarentena. Uno de ellos, que dio positivo en hantavirus, se encuentra aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), que se inauguró en 2015, tras la crisis del ébola de 2014.

Pese a los avances, España tiene una asignatura pendiente. Según la última estadística de Eurostat, este país dedica una media de 95 euros por habitante a programas de prevención y salud pública, lo que equivaldría a un 3% del gasto sanitario total. Una cantidad que sitúa a España en la parte baja del ranking, donde la media de la Unión Europea supera los 200 euros por persona.

El reciente brote de hantavirus entre los pasajeros de un crucero de lujo ha reavivado las preocupaciones globales ante la posibilidad de una futura pandemia, y cómo de preparados estamos. La gestión de esta crisis sanitaria ha coordinado un gran despliegue internacional para evacuar y tratar a los pasajeros afectados, en la que países como España han jugado un papel esencial. En 2020, la pandemia del Covid-19 también puso de manifiesto las carencias y fortalezas del sistema de salud global, además de la desigualdad entre la distribución de vacunas en todo el mundo. 

Esta semana ha tenido lugar en Madrid la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud, antesala de la Cumbre de Jefes de Estado de noviembre, en la que la salud, y en particular la preparación ante pandemias, el acceso a medicamentos y la soberanía sanitaria, ocupan un lugar central. Una de las asistentes es Aurélia Nguyen, experta en salud global y directora general adjunta de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés). elDiario.es ha podido hablar con ella sobre los riesgos actuales de la salud global, y la distribución de vacunas en situaciones de emergencia. 

CEPI es la única organización global centrada exclusivamente en la investigación y desarrollo frente a epidemias y pandemias. Durante la pandemia del Covid-19, Nguyen y su equipo lideraron los esfuerzos de COVAX, una iniciativa global creada en 2020 para garantizar el acceso equitativo y rápido a las vacunas del Covid-19. Nguyen cuenta con una sólida experiencia en acceso a vacunas, implementación de programas y alianzas multilaterales, con un fuerte enfoque en la equidad. Sobre todo, desde CEPI luchan por la distribución equitativa de vacunas en todos los países ante posibles futuras emergencias sanitarias.

En primer lugar, quería preguntarle sobre la propagación de enfermedades transmitidas por vectores (y zoonóticas, como el hantavirus) a nuevas regiones. ¿Cómo se relaciona esto con el cambio climático y la globalización constante? 

Efectivamente, en estos momentos todo el mundo está pendiente del brote de hantavirus que se ha producido. Esto resulta interesante en dos aspectos. Por un lado, estamos viendo cómo enfermedades que existen en determinadas partes del mundo están provocando brotes en nuevas zonas del planeta, por lo que observamos esa propagación. Y eso se debe a varios factores: el cambio climático, los rápidos patrones de desplazamiento y la urbanización. También estamos viendo brotes de nuevas enfermedades que no habíamos visto antes. Así pues, este es el estado de constante cambio en el que vivimos, y creo que esto demuestra que la frecuencia y la magnitud de los brotes están aumentando.

Solo el año pasado tuvimos brotes de ébola, chikungunya, nipah y marburgo. Todas ellas son enfermedades para las que hoy en día no existen vacunas. Y ese es precisamente el trabajo que realiza CEPI en lo que respecta a prepararse para brotes cada vez más frecuentes y de mayor magnitud de estas enfermedades.

¿Qué opina de la gestión de la actual crisis del hantavirus?

El hantavirus es, y creo que los expertos están de acuerdo, un caso muy concreto en cuanto a cómo se ha producido el brote y cómo ha podido propagarse dentro de un crucero. Por lo tanto, sigue siendo un caso muy concreto, pero creo que la fuerte respuesta pública que ha habido es un buen reconocimiento del hecho de que estos sucesos pueden ocurrir en cualquier lugar y requieren una acción coordinada muy, muy firme.

La respuesta pública, sobre todo con el liderazgo del Gobierno español y la estrecha coordinación con organizaciones internacionales como la OMS, creo que ha sido muy, muy positiva para recordar a la gente que se necesitan sistemas sólidos, se necesita cooperación internacional. Porque había muchísima gente de diferentes nacionalidades, de más de 20 países a bordo de un solo barco, y todos ellos eran vulnerables y estaban en riesgo. 

Y por eso la cooperación internacional forma parte de cualquier respuesta de salud pública. Y creo que también es un recordatorio muy claro de que las enfermedades que pueden provocar brotes no son necesariamente las que uno esperaría. No creo que el hantavirus estuviera en el radar de mucha gente. 

Y además, en esta situación concreta, probablemente para la gente el hantavirus parecía algo muy lejano, y esto demuestra lo rápido que, antes de que te des cuenta, puede estar muy, muy cerca de ti. Por eso es necesaria una respuesta muy coordinada en la que los mejores expertos trabajen para identificar de qué vacuna se trata, determinar las medidas de protección y comprender la situación. En CEPI, hemos estado trabajando para determinar qué vacunas están disponibles o no en esta situación, y qué se necesitaría. Todas esas cosas deben ponerse en marcha de inmediato. Y deben prepararse con antelación. 

La respuesta pública, sobre todo con el liderazgo del Gobierno español y la estrecha coordinación con organizaciones internacionales como la OMS, creo que ha sido muy, muy positiva para recordar a la gente que se necesitan sistemas sólidos, se necesita cooperación internacional

Aurélia Nguyen — Experta en salud global y directora general adjunta de CEPI

En nuestro país, ha habido gente que se ha opuesto a acoger y atender a los pasajeros del crucero. ¿Qué opina al respecto? ¿Cree que falta solidaridad internacional?

Creo que cualquier brote de una enfermedad infecciosa va a generar preocupación y ansiedad, ya que acabamos de pasar por una pandemia. Todos hemos sido testigos de los graves efectos que tuvo sobre la salud de las personas, sobre la pérdida de seres queridos, pero también sobre la imposibilidad de ir a trabajar o de que nuestros hijos asistieran al colegio.

Así que creo que esa ansiedad es real y no se puede ignorar. Pero, al mismo tiempo, cuanto antes se pueda atender a los pacientes, incorporarlos a sistemas sanitarios que puedan monitorizar sus síntomas, que puedan diagnosticar si tienen fiebre, si se trata del hantavirus o de otra cosa, mejor será para contener el brote. Y por eso creo que el Gobierno español ha demostrado un liderazgo excelente al ser capaz de hacerse cargo y desembarcar a los pasajeros muy, muy rápidamente para que puedan ser atendidos en un entorno adecuado.

Y con la atención que necesitan, lo importante para la población es demostrar que la forma en que se hace es muy, muy responsable, muy protectora de la población, de modo que el riesgo para ellos sea extremadamente bajo.

¿Está el mundo preparado para futuras pandemias y epidemias en un contexto de falta de cooperación entre países en lo que respecta al acceso a las vacunas? 

El mundo está mejor preparado que antes de la pandemia, pero creo que aún le queda camino por recorrer. Y CEPI, en mi opinión, ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por mejorar esa preparación. Es evidente que CEPI desempeñó un papel muy importante durante la pandemia, al ser una de las organizaciones que formaban parte de COVAX, que distribuyó 2.000 millones de dosis en 146 países y ayudó a salvar 2,7 millones de vidas. 

Hemos demostrado que, gracias a la cooperación internacional y a la rápida movilización de los mejores conocimientos científicos, organizaciones como CEPI, que fueron capaces de apostar muy rápidamente por las vacunas que iban a dar resultado y ayudar a proteger a la población, formaron parte de una respuesta muy rápida. Así que hemos aprendido y hemos podido demostrar ciertos aspectos.

Pero creo que, en otras medidas, seguimos careciendo de una protección muy sistemática y amplia. Por eso, en CEPI estamos elaborando una nueva estrategia que comenzará en 2027, en la que estamos analizando minuciosamente cada uno de los componentes que creemos que aún faltan para ayudar a complementar un sistema en el que, cuando llegue la próxima pandemia, podamos dar una respuesta más sólida.

Y hay tres grandes componentes en ello. El primero, y esto enlaza con tu comentario sobre el hantavirus, es que existen diferentes amenazas (las llamamos familias virales) de las que podría surgir una pandemia. Por lo tanto, no debemos fijarnos solo en el coronavirus, porque fue ahí donde ocurrió la última vez, ni solo en la gripe, porque sabemos que es una amenaza. Tenemos que fijarnos en todas estas familias virales diferentes y entender cuáles son los tipos de riesgos y cómo empezamos a pensar en diseñar una vacuna contra esos riesgos muy rápidamente. 

Nos fijamos, en la práctica, en qué tecnología se necesita. Así que, en cierto modo, se quiere tener una vacuna que sea un poco «plug and play», en la que se haya establecido que va a ser una vacuna segura. Se comprende cómo va a funcionar la eficacia. Así, cuando surge un nuevo patógeno, se puede adaptar la vacuna muy rápidamente, ampliar su producción y distribuirla. Y luego, la última parte de nuestra estrategia, que también es una lección aprendida de la pandemia del COVID, es que tener la tecnología es una cosa, pero se necesita una coordinación conjunta. Y eso se consigue contando con capacidad regional en cada continente para poder ampliar la producción y fabricar vacunas. 

Vimos en la pandemia que el continente africano se quedó muy rezagado porque tenía muy poca capacidad de fabricación. Por eso pensamos en todos los diferentes elementos que deben confluir, de modo que no haya un único lugar del que todos dependamos. De hecho, existe esa resiliencia en todo el mundo para poder ampliar la producción de vacunas y distribuirlas muy rápidamente de una manera que será mucho más justa y equitativa que lo que vimos durante la pandemia.

¿Cuánto nos falta para lograr una distribución equitativa de vacunas a nivel mundial, independientemente de los ingresos o la ubicación de los países? 

Creo que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca. Creo que COVAX ya ha demostrado que somos capaces de distribuir vacunas a una escala sin precedentes: 2.000 millones de dosis. Lo hemos conseguido más rápido de lo que habíamos hecho antes. Entre el día en que se secuenció el SARS-CoV-2 y la primera vacunación transcurrieron 326 días. Pero aún no estamos lo suficientemente cerca. Hemos formado parte de las organizaciones que realmente apoyan lo que se conoce como la «Misión de los 100 días». 

Se trata de una ambición muy grande: si pudiéramos hacerlo mejor que lo que hicimos con la COVID (326 días hasta la primera vacunación) y lo lográramos en 100 días, ¿qué haría falta? Y si lo hubiéramos hecho con la COVID, habríamos salvado ocho millones de vidas al reducir ese tiempo, dada la rapidez con la que se propagaba la pandemia.

Así que lo que realmente queremos hacer es trabajar en cada uno de los aspectos en los que podemos ahorrar tiempo. ¿Cómo se diseña una vacuna en cuestión de horas y no de días o semanas? ¿Cómo se prueba para asegurarse de que es totalmente segura, de que la gente va a confiar en que puede vacunarse de una forma mucho más rápida? ¿Cómo se distribuyen miles de millones de dosis, no solo desde una fábrica, sino desde muchas fábricas diferentes? Ahora mismo estamos estableciendo esas colaboraciones. 

Se trata de una ambición muy grande: si pudiéramos hacerlo mejor que lo que hicimos con la COVID (326 días hasta la primera vacunación) y lo lográramos en 100 días, ¿qué haría falta? Y si lo hubiéramos hecho con la COVID, habríamos salvado 8 millones de vidas

Aurélia Nguyen — Experta en salud global y directora general adjunta de CEPI

¿Podría explicarnos con más detalle la labor de CEPI en América Latina y cómo está ayudando a los países a alcanzar la independencia regional respecto a la redistribución de vacunas en casos de emergencia?

La verdad es que es un placer estar en Madrid con motivo de la Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud. Y para mí también resulta muy alentador ver la cooperación activa entre España, Portugal y los países latinoamericanos, porque, desde el punto de vista epidemiológico y científico, hay muchos aspectos que unen a estos países. Por ejemplo, los tipos de enfermedades que preocupan a la región latinoamericana (el chikunguña, el dengue, el zika), los brotes que hemos visto con bastante frecuencia últimamente, requieren un entendimiento científico común sobre cuál es la carga de morbilidad, dónde se está produciendo la enfermedad, cuál es su magnitud y cómo se está propagando.

Obviamente, el trabajo actual sobre el hantavirus y su rastreo han sido importantes. También está la cuestión, como mencionabas antes, de la fabricación, de garantizar que exista una base regional sólida para que, en caso de una gran epidemia o pandemia, haya centros de fabricación listos para entrar en acción, que cuenten con la tecnología, el personal y los conocimientos técnicos necesarios. Y luego, una vez que se produce la vacuna, lo ideal es que los países cooperen entre sí desde el punto de vista regulatorio.

Así, no todo el mundo está intentando revisar un expediente regulatorio para asegurarse de que todo está en orden. Cuando el tiempo es muy, muy valioso, se puede confiar unos en otros de una manera que te da la tranquilidad que necesitas. Podría seguir. Hay otros aspectos relacionados con el trabajo de laboratorio, pero creo que estos son todos los diferentes aspectos en los que esa cooperación regional, dado que son países con intereses comunes y son capaces de trabajar juntos en términos de compartir sus conocimientos y poder confiar en los sistemas de los demás y complementarse mutuamente, creo que es una oportunidad fantástica.

¿Cuáles son los principales objetivos de la nueva estrategia de CEPI, que se completará en 2031, y que tiene como objetivo reducir la probabilidad, el impacto y el coste de futuras epidemias?

Creo que esta estrategia llega en un momento muy importante, ya que estamos asistiendo a un aumento de los brotes y a la aparición de muchas enfermedades diferentes en lugares donde antes no se habían registrado, es decir, nuevos brotes. Creo que también vivimos en un mundo en el que el recrudecimiento de los conflictos constituye otro factor de riesgo en lo que respecta a la propagación de enfermedades infecciosas.

Además, nos encontramos en un contexto en el que contar con estrategias regionales sólidas va a ser realmente importante, sobre todo cuando quizá haya una menor dependencia de las instituciones mundiales. Por eso, nuestra estrategia se ha concebido en gran medida dentro de este contexto, en el que nos centramos en las prioridades regionales para el desarrollo de vacunas contra enfermedades que afectan a determinadas regiones. Estamos desarrollando las redes y la capacidad de fabricación para que sean sólidas a nivel local, pero también lo hacemos con un enfoque muy centrado en el acceso equitativo. Y eso es algo que constituye un motor muy importante para CEPI: garantizar la disponibilidad de vacunas independientemente de dónde vivan las personas, independientemente de su capacidad para adquirir dosis. Así que eso es algo que respaldamos firmemente. Las otras dos novedades de esta estrategia que se basan en el trabajo que hemos realizado anteriormente tienen que ver con la inteligencia artificial. 

En cuanto a la inteligencia artificial, hay, si se me permite decirlo, un lado positivo y otro negativo. Desde el lado positivo, ofrece una enorme oportunidad para acelerar el desarrollo de vacunas al comprender dónde surgirán los virus, diseñar vacunas más rápidamente, realizar ensayos clínicos que demuestren su seguridad y eficacia, y ayudar con la revisión regulatoria. Todas estas medidas acelerarán el proceso de una forma que resultará útil en caso de brote.

Pero, obviamente, hay un lado negativo en el sentido de que estamos acostumbrados a lidiar con enfermedades que se producen de forma natural, pero ahora nos encontramos en un mundo en el que debemos pensar en brotes de enfermedades que podrían producirse accidentalmente o debido a un uso indebido deliberado. Y el uso indebido deliberado de un virus es más fácil con técnicas mejoradas por la IA. Por eso, en CEPI tenemos un plan de trabajo, lo que llamamos «bioseguridad», que consiste en tratar de comprender dónde surgen los riesgos, cómo nos adelantamos a ellos y cómo nos aseguramos de que, si ocurriera algo, podamos responder y proteger a la población muy rápidamente. Esta es, pues, la estrategia que estamos proponiendo y para la que estamos buscando el apoyo del Gobierno español y de nuestros otros inversores, con el fin de que nos ayuden a seguir adelante.

Eso es algo que constituye un motor muy importante para CEPI: garantizar la disponibilidad de vacunas independientemente de dónde vivan las personas, independientemente de su capacidad para adquirir dosis

Aurélia Nguyen — Experta en salud global y directora general adjunta de CEPI

¿Cómo contribuye Europa, y en concreto España, a reforzar la seguridad sanitaria mundial?

En primer lugar, el Gobierno español lleva mucho tiempo invirtiendo y apoyando a CEPI. Les estamos muy agradecidos, pero también porque esto se suma a otros aspectos de CEPI, y es que España cuenta con una base de investigación y en ciencias de la salud muy sólida. Por eso también invertimos en España, para ayudar a desarrollar nuevas tecnologías de producción de vacunas, en lo que respecta a las instalaciones de fabricación.

Así que hemos trabajado con organizaciones como Algenex, Biofabri y CZ Vaccines, que son actores muy importantes aquí y buenos colaboradores para nosotros. Así que, en el contexto español, realmente demostramos que la cooperación desde una perspectiva científica y técnica, así como desde una perspectiva de financiación, se une y, en mi opinión, construye una asociación muy sólida. 

Y eso se extiende al ámbito europeo en el trabajo que realizamos con la Comisión Europea. Trabajamos muy estrechamente con el organismo europeo HERA (Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias), que también desarrolla contramedidas médicas para complementar el trabajo que hacemos. Así que, tenemos una cooperación a nivel nacional con España, a nivel regional con Europa y, además, el trabajo internacional que realizamos en otros continentes. También mantenemos muy buenas relaciones con muchos de los demás países europeos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afrontado la crisis del buque del hantavirus recién diezmada por el abandono de la institución de EEUU y Argentina. Precisamente Argentina es uno de los probables focos del contagio inicial de este caso. Y EEUU se ha visto obligado repatriar a 17 ciudadanos desde Tenerife, a uno de ellos con medidas especiales por haber dado un positivo leve, aunque finalmente ha acabado dando negativo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha considerado que la crisis del hantavirus demuestra la necesidad de un dispositivo internacional de salud como es la organización que dirige: “A los virus no les importan nuestras políticas, ni nuestras fronteras ni las excusas que podamos tener”, ha recordado estos días. “La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, ha subrayado también.

Por eso Adhanom ha creído que este brote podría amortiguar los ataques frontales que la internacional ultraderechista encabeza por Donald Trump y Javier Milei dirigen a la OMS. E incluso, reconsiderar su salida. Ambos gobiernos ya se han apresurado a volver a despreciar a la OMS.

El exfuncionario de la organización y exdirector general de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Alberto Infante, cuenta a elDiario.es que “estas dos administraciones han decidido colocar sus prejuicios por encima de la evidencia de la ciencia y la sensatez. Son poco permeables a lo racional por lo que no cabe esperar a corto plazo que cambien de criterio”.

Este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla. La situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global

Alberto Infante — Exdirector general la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud,

Con todo, la realidad es que la organización trabaja este 2026 con un presupuesto un 20% menor: ha pasado de 5.300 a 4.200 millones de dólares. La caída ha sido provocada por los 600 millones que EEUU ha dejado de aportar y agravada por los recortes derivados del viraje de muchos estados miembro hacia el gasto en armamento. “A pesar de nuestros esfuerzos, hemos llegado a un punto en el que no tenemos otra opción que reducir nuestros programas y empleados”, llegó a admitir por escrito Adhanom.

Alberto Infante sostiene que “este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla”. El médico argumenta que “la situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más, más veces y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global”.

En este sentido, el epidemiólogo del Fisabio, Salvador Peiró, explica que “aunque países con buenos sistemas de salud pública, como la Unión Europea, Gran Bretaña, Australia o Nueva Zelanda, no necesiten a la OMS directamente en sus territorios, si la necesitan para reducir los riesgos procedentes de otros países con sistemas más deficitarios”.

El Reglamento Sanitario Internacional

La operación del MV Hondius ha implicado la llegada de un experto de la OMS al buque “para colaborar en la evaluación médica”, la coordinación del “envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países para reforzar la capacidad de realización de pruebas” además de elaborar “las orientaciones operacionales” para el desembarco en Tenerife.

“Este suceso pone de manifiesto la razón de ser del Reglamento Sanitario Internacional” al que están suscritos los países de la OMS como España, subraya el organismo de la ONU. Este reglamento es “el conjunto de normas que definen los derechos y obligaciones de los países a la hora de responder a situaciones de salud pública con capacidad para cruzar fronteras”. Se trata de un “instrumento de derecho internacional legalmente vinculante”, aclara la OMS.

En el mundo actual, con extraordinaria movilidad, la función de escudo de la OMS es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la organización

Salvador Peiró — Epidemiólogo del Fisabio

“El reglamento es una de las fortalezas de la OMS y ha permitido tener unas estipulaciones convenidas gracias a las que se ha podido afrontar esta crisis del hantavirus de manera relativamente rápida y con un mecanismo estipulado y previsible”, aclara Alberto Infante. Así se estableció cuál debía ser el primer puerto de arribada, cómo accedían los expertos y los pasos que había que seguir después. “Ha dado mucha seguridad a las autoridades y al público en un caso con tanta exposición mediática”.

Salvador Peiró resume que la función de escudo exterior de la OMS “en el mundo actual, con extraordinaria movilidad, es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la OMS”. Además, la OMS “realiza toda una serie de trámites necesarios como la clasificación de causas de muerte, la definición de algunas enfermedades o la homogeneización de estadísticas entre países que, si no, no podrían ni mirarse”.

Sin arrepentimiento de los ultras

Así que el mismo director general de la OMS, a la luz de los hechos, vio en esta crisis sanitaria internacional una oportunidad para convencer a EEUU y Argentina de volver al organismo del que, al fin y al cabo, se están beneficiando sin aportar. “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria”, ha expresado en público.

No hay caso: el presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido en que, lejos de arrepentirse de decretar el día de su toma de posesión la salida de su país de la OMS, está satisfecho: “Me alegro”, ha dicho desde el despacho oval. “Le estábamos dando 500 millones de dólares al año y no nos estaban tratando muy bien. Estaban haciendo diagnósticos equivocados”.

En Argentina —aparte de negar que el contagio del Hondius surgiera en su territorio— el Gobierno de Javier Milei ha arremetido contra la organización: “La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado esta tarde la actualización del protocolo de manejo de personas con relación con el brote de hantavirus. El principal cambio es que Sanidad considera a partir de ahora el 10 de mayo, cuando los pasajeros españoles dejaron el barco, como ‘día cero’. Previamente, el Ministerio había considerado que era el día 6, cuando fueron evacuados los últimos pacientes con síntomas desde Cabo Verde a Países Bajos.

De esta forma, y ante el caso positivo por hantavirus de un pasajero español confirmado este martes, Sanidad se amolda a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja empezar a realizar la cuarentena en el momento del desembarco. Esta continuará siendo de 42 días, que ahora se cumplirán el 21 de junio.

En cualquier caso, el protocolo será “reevaluado, como tarde, transcurridos 28 días, para adaptar las medidas a la evolución epidemiológica y al conocimiento científico disponible”. Que este documento vaya siendo modificado es algo que ya preveían desde Sanidad.

El protocolo contempla que únicamente las personas evacuadas del crucero realizarán su cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, mientras para “cualquier otro contacto las autoridades sanitarias realizarán una valoración individualizada”. El documento señala que “para favorecer el bienestar de las personas en cuarentena”, si la PCR realizada el próximo lunes es negativa, “podrán recibir visitas externas, utilizando el equipo de protección individual adecuado y realizar salidas supervisadas de sus habitaciones por las zonas comunes”.

En caso de que alguna de estas personas desarrolle síntomas, será aislado en una habitación con presión negativa para la realización de pruebas diagnósticas específicas. Si da positivo, será ingresada en una de las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

Una segunda prueba PCR ha confirmado el positivo por hantavirus de uno de los 14 pasajeros españoles que viajó a bordo del MV Hondius. Sanidad había informado el lunes de un “positivo provisional”, que es ya definitivo tras la segunda prueba de confirmación. El resto de ciudadanos españoles han dado negativo en las pruebas que se les realizaron al llegar al Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla'.

El paciente que ha dado positivo en hantavirus comenzó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad durante este lunes. En concreto, “febrícula y síntomas respiratorios leves, aunque actualmente se encuentra estable y sin empeoramiento clínico evidente”.

Esta persona se encuentra actualmente en una de las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), del Hospital militar Gómez Ulla, donde permanecerá hasta su recuperación clínica, según indica el protocolo de manejo de casos del Ministerio de Sanidad.

Los otros 13 pasajeros del crucero, desembarcados el domingo en Tenerife y trasladados inmediatamente a Madrid, han dado negativos y permanecerán en cuarentena. Si continúan sin presentar síntomas, se les volverá a realizar una nueva PCR en sangre y suero el próximo lunes.

El “positivo leve” estadounidense da negativo

Fuentes ministeriales han informado también que el ciudadano estadounidense, que su país había decidido tratar como caso confirmado tras dar “positivo leve” en hantavirus en el barco ha sido confirmado como negativo.

Este ciudadano había sido testado en el MV Hondius el 6 de mayo. El primer resultado dio “positivo leve” y el de confirmación, negativo. Por este motivo, tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad consideraron no clasificarlo como caso probable. “Desde el HSC han informado de que el caso no concluyente, y posteriormente negativo, analizado en Cabo Verde ha resultado negativo”, trasladan desde Sanidad.

El pasajero español del crucero afectado por un brote de hantavirus que ha dado positivo provisional ha sido trasladado ya a la unidad de aislamiento de “alto nivel” del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. A la espera de una segunda PCR que confirme o no el diagnóstico, el afectado ha sido ingresado en este tipo de instalaciones que ya estaban preparadas precisamente por si entre los evacuados del Hondius había algún positivo. Se trata de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del centro, una infraestructura levantada en 2015 para contener y tratar enfermedades infecciosas consideradas de alto riesgo.

Las otras 13 personas –12 pasajeros y un tripulante– permanecen aislados en habitaciones sin visitas y mantendrán una cuarentena que podrá llegar a los 42 días, periodo de incubación del virus. Según Sanidad, la persona que ha dado positivo ha presentado esta noche “febrícula y síntomas respiratorios”, aunque “en el momento actual” está “estable y sin empeoramiento clínico evidente”. Aún así, el protocolo contempla su ingreso en la UATAN del Gómez Ulla, una de las siete unidades que hay en España de este tipo que fueron creadas a raíz de la crisis del ébola de 2014, que acabó con el fallecimiento de un misionero y el contagio de una auxiliar de enfermería.

La del hospital madrileño es la que tiene mayor capacidad, con siete camas, y se encuentra en la planta 22 del centro, la última. La unidad permite un aislamiento muy estricto y los equipos sanitarios que las atienden está especialmente formado para ello y maneja estrictos protocolos de seguridad. Según explicaba a este medio Paloma Navas, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, estas unidades son “el más alto nivel de aislamiento del sistema sanitario español” y están concebidas arquitectónica y tecnológicamente, así como a nivel de personal, para ser “un búnker sanitario en el que nada de lo que hay dentro, salga fuera”.

Las habitaciones están especialmente preparadas para ello. Cuentan con sistemas de presión negativa que funcionan con una ventilación especial de forma que el aire se introduce en la habitación y lo filtra antes de salir. Este aire 'limpio' que entra del exterior evita que el posiblemente contaminado salga hacia afuera dificultando así la propagación. Además, cada una cuenta con esclusas para permitir la desinfección antes de salir a las zonas de uso común. Según explicaba el propio centro en su inauguración, cada profesional debe pasar por la esclusa de sucios y la de limpios, ya sin Equipo de Protección Individual (EPI), y una “estación de descontaminación” antes de salir a zonas comunes.

La UATAN está sometida a un control de entradas, salidas y movimiento de personal y pacientes desde una sala de vigilancia en la que se monitorizan también las puertas, que están automatizadas. Además, cuenta con un sistema especial de residuos y un laboratorio BLS-III integrado que minimiza el riesgo al permitir el análisis de muestras sin la necesidad de salir. Por lo general, las habitaciones cuentan con un espacio suficiente para que se pueda manejar un paciente crítico dentro de las mismas. Por otro lado, son unidades que implican a varias especialidades médicas. “Son complejas y requieren mucha coordinación dentro del hospital”, señalaba el videpresidente de la Sociedad Española de Epidemiología Pello Latasa.

El proceso de autorización de las UATAN está liderado por el Ministerio de Sanidad, que lleva a cabo una estricta evaluación de la planta para ello. Entre los elementos a evaluar está desde la gestión de los residuos, al procedimiento de activación de la unidad, su desinfección y limpieza, la esterilización del material o la disponibilidad de contar con “cápsulas de aislamiento” para el traslado de los pacientes, según el último protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud.

Aunque la transmisión entre humanos no es sencilla y la posibilidad de estar ante un problema expansivo de gran calado es lejana, la Organización Mundial de la Salud ya había avisado de que podría darse algún positivo del total de evacuados debido al periodo de incubación. Además de esta persona española pendiente de confirmar, Francia también confirmó este lunes su primer caso de hantavirus y Estados Unidos anunció un “positivo leve” que ya viajó en unidades de biocontención en el avión desde Tenerife.