“No entendía qué me pasaba. Sentía que debía estar feliz pero no lo estaba y eso me avergonzaba”. Hace casi dos años que Lucía, de 34 años, dio a luz a su hija. Esa etapa de la vida, que se proyecta siempre como un momento lleno de felicidad, sin claroscuros, solo amor y alegría, fue para ella algo muy distinto. “Tenía un sentimiento de soledad muy profundo, sentía mucha exigencia, lloraba mucho, estaba muy triste, no tenía ganas de nada”, relata Lucía, cuya profesión, matrona, le ayudó y le perjudicó al mismo tiempo a la hora de atravesar lo que le sucedía. Le perjudicó porque sintió que las expectativas sobre ella eran aún mayores -si era matrona, sabría hacerlo todo-, y le ayudó porque pudo ponerle nombre a lo que le estaba pasando: tenía una depresión postparto.

A pesar de la prevalencia de esta enfermedad (la OMS calcula que al menos una de cada 10 mujeres la sufre durante el primer año tras dar a luz, aunque algunos estudios elevan esa cifra hasta el 30% de las madres), la depresión postparto sigue rodeada de estigma, desconocimiento y poca atención del sistema de salud. La periodista Diana Oliver acaba de publicar Deberías alegrarte. Lo que no se cuenta de la depresión posparto (Altamarea), un libro en el que hay investigación, narración, ciencia y memoria para indagar sobre esta experiencia frecuente pero invisibilizada y todavía desatendida.

“Las mujeres que lo cuentan relatan cómo se minusvalora su sentir. Escuchan mucho eso de 'es normal' o 'se pasará', 'es el caos hormonal', 'pero tu hijo está sano' o 'todo ha salido bien, deberías alegrarte' y, aunque se diga sin malicia, esas frases minusvaloran un malestar que les ha costado mucho expresar. Por otro lado, muchas no lo cuentan en el momento, sino a posteriori, incluso muchísimos años después, cuando sus hijos tienen 30, y te dicen que tiraron para adelante como pudieron”, afirma Oliver, que subraya el infradiagóstico que existe aún de esta enfermedad. Muchas de las mujeres con las que habló para su libro nunca tuvieron delante a un profesional de la salud que les confirmara un diagnóstico, no solo por la dificultad para relatar lo que les sucedía sino por la carencia de recursos sanitarios para atender esta dolencia.

Pero, ¿qué es una depresión postparto? “Es un estado depresivo con cierta sintomatología que puede iniciarse ya en el último trimestre de gestación pero que es frecuente que se vaya desarrollando en las primeras semanas tras el parto. Hay tristeza, desinterés por las cosas, falta de ilusión, imposibilidad o dificultad de disfrutar del día a día, culpa, puede haber insomnio, mucha ansiedad o dificultades de alimentación”, explica la psiquiatra Lluïsa García-Esteve que hasta su reciente jubilación era la jefa de la Unidad de Salud Mental Perinatal del Hospital Clínic de Barcelona, una iniciativa pionera; apenas existen departamentos así en España. García-Esteve especifica que la depresión postparto afecta al funcionamiento de la mujer en su día a día y como madre y que no puede entenderse como una depresión al uso puesto que está estrechamente relacionada con los cambios que implican un embarazo, un parto y un puerperio.

"Se ha mejorado algo, hay unidades y programas en algunos hospitales, en distintas ciudades se han ido montando dispensarios... pero en general se han montado más por el propio interés de las propias profesionales que porque las autoridades sanitarias hayan puesto atención e inversión", cuestiona García Esteve, que reclama presupuesto y programas especializados

“Ha estado totalmente invisibilizada y maltratada, no se le ha hecho caso”, resume la psiquiatra. Si bien en los últimos años son más las iniciativas en hospitales y centros de salud para detectar y acompañar a las mujeres que puedan padecer esta dolencia, la atención está muy lejos de ser sistemática y dependerá, más bien, del lugar donde viva la madre reciente y del centro que le corresponda. “Se ha mejorado algo, hay unidades y programas en algunos hospitales, en distintas ciudades se han ido montando dispensarios... pero en general se han montado más por el propio interés de las propias profesionales que porque las autoridades sanitarias hayan puesto atención e inversión”, cuestiona García-Esteve, que reclama presupuesto y programas especializados.

La experta subraya que no se trata de un asunto meramente hormonal. Lo confirma Diana Oliver, que en su retrato de la depresión postparto cuenta que lejos de ser una cuestión física y hormonal, “hay que tener en cuenta una mirada ecosistémica” en la que influye la biografía personal, traumas de la infancia, problemas familiares, sufrir o haber sufrido violencia, así como el contexto económico, material y personal. Las circunstancias en las que se desarrolla el parto tienen también mucho que ver: una investigación hecha en España descubrió que haber sufrido violencia obstétrica o que el bebé haya necesitado ingreso en una UCI aumenta el riesgo de que una madre desarrolle depresión postparto.

Ser la madre ideal

Lucía, matrona en la sanidad pública andaluza, confirma la falta de atención a la salud mental de las madres recientes. No se les pregunta o no se profundiza en eso, te interesas por los puntos, por la episiotomía, por el pecho, por el parto, ves si hay algún problema fisiológico... en media hora como mucho ves a madre y bebé, las consultas masificadas no ayudan“, resume. Por experiencia propia sabe, además, que preguntar '¿qué tal?' no es suficiente: los sentimientos complejos y contradictorios que puede estar experimentando una mujer con esta dolencia son difíciles de sacar a la luz sin tiempo ni una exploración en profundidad.

Diana Oliver destaca el peso de los estereotipos y las expectativas sobre la maternidad en la salud mental de las madres. "Tienen un peso enorme. Se han derribado muchas imágenes entorno a la maternidad o a cómo ser una buena madre, pero ahora hay otros estándares sobre ser la madre ideal", dice la autora de Deberías alegrarte, que ve en las redes sociales un enorme y peligroso altavoz para la idealización de la maternidad

Porque la culpa y la vergüenza que sentía Lucía no le dejaba apenas pronunciar palabra sobre lo que le sucedía. “No busqué ayuda, pensé que pasaría. Por mi profesión y los conocimientos que tenía pensaba que no podía estar pasándome eso”, recuerda. Su parto fue lo contrario a lo que ella anhelaba: una cesárea. Y su lactancia, un suplicio, hasta el punto que tuvo que abandonar la idea de dar el pecho en exclusiva. No poder cumplir con su plan ideal y con lo que se esperaba de ella, la derrumbó: “Sentí mucha autoexigencia para conseguir dar el pecho, tenía un nivel de estrés muy alto, estaban los comentarios externos...”.

Diana Oliver destaca el peso de los estereotipos y las expectativas sobre la maternidad en la salud mental de las madres. “Tienen un peso enorme. Se han derribado muchas imágenes en torno a la maternidad o a cómo ser una buena madre, pero ahora hay otros estándares sobre ser la madre ideal”, dice la autora de Deberías alegrarte, que ve en las redes sociales un enorme y peligroso altavoz para la idealización de la maternidad.

“Cuando hace quince años empezaron los blogs de maternidad se hablaba en primera persona y había una sensación de comunidad, de compartir experiencias, de sentirte parecida o acompañada, veías un punto de normalidad. En los últimos años, con las redes sociales, ha habido un cambio y se generan expectativas muy altas sobre la recuperación del posparto, sobre cómo afrontar la maternidad, cómo criar, las cosas que vas a poder hacer con tus hijos... Y eso te influye porque tú estás en tu postparto despeluchada o perdida, y no entiendes por qué esas mujeres pueden hacer todo eso y tú no”, comenta Oliver.

Lucía también siente que el “nivel de exigencia” que hay en la sociedad sobre las mujeres, también cuando se convierten en madres, impacta en su salud mental. En Deberías alegrarte aparece la pensadora Casilda Rodrigáñez Bustos, que reflexiona sobre cómo el patriarcado y su imposición de un modelo de madre ideal “pueden generar un malestar profundo en las mujeres” que deriva en culpa, autoexigencia, y desconexión con una misma y con su criatura.

“Pensé en desaparecer”

La fotógrafa Carol Renaux nunca obtuvo un diagnóstico de depresión postparto pero, años después de haber parido a su tercer hijo, tiene claro que eso es lo que vivió en sus tres puerperios. Con su primera hija tuvo un “parto horrible”. “A posteriori supe que eso era violencia obstétrica. Determinó mucho mi posparto y mi relación con la niña. Nada más llegar a casa, sentí terror de quedarme sola con ella, de que le pasara algo malo, de que muriera por muerte súbita, y peor aún, de que yo pudiera hacerle algo malo, tenía muchos pensamientos intrusivos, miedo de ahogarla en la bañera, de pegarle, de tirarla por la ventana...”, cuenta.

La fotógrafa Carol Renaux vivía en una alerta constante que le impedía dormir con normalidad y le generaba tristeza: "Lo comenté con mi pareja, él quiso quitarle imporancia, que si era la bajada hormonal, que si era mi primera experiencia... No lo consulté con ningún profesional, la matrona no me hacía caso. A la que pude me reincorporé a mi trabajo e hice como que no hubiera pasado nada

Sus síntomas sobrepasaban claramente lo que se ha llamado maternity blues o disforia posparto, un estado, explica la psiquiatra Lluïsa García-Esteve, que afecta hasta el 70% de las madres recientes y que está relacionado con los cambios hormonales bruscos. Su duración es, sin embargo, mucho más acotada en el tiempo y suele suceder durante unos días tras el parto.

Renaux vivía en una alerta constante que le impedía dormir con normalidad y le generaba tristeza: “Lo comenté con mi pareja, él quiso quitarle importancia, que si era la bajada hormonal, que si era mi primera experiencia... No lo consulté con ningún profesional, la matrona no me hacía caso. A la que pude me reincorporé a mi trabajo e hice como que no hubiera pasado nada”. La historia se repitió tras su segundo y tercer embarazo. Aunque fueron muy diferentes al primero, Renaux volvió a experimentar síntomas similares. Ella, además, había cambiado de hospital y buscado ayuda, aunque fue insuficiente.

El miedo -a la vulnerabilidad, a no tener el control, a la muerte, a no conseguir sacar adelante su maternidad- es un sentimiento frecuente en las madres recientes pero que, en el caso de la depresión postparto o del trastorno de ansiedad postparto, otra dolencia específica que cursa con síntomas depresivos, se vuelve abrumador.

“Mi matrona y un grupo de posparto me ayudaron mucho. Aun así, la matrona me decía que no me podía ayudar más, que no había ninguna unidad perinatal, ningún sitio al que me pudiera remitir, lo tenía que hacer por mi cuenta, por privado”, prosigue Renaux. En su tercer posparto, los síntomas escalaron hacia reacciones agresivas e ideas suicidas: “Pensé que solo tenía que seguir para darle la teta y luego desaparecer, pensé en hacer un seguro de vida para cuando yo no estuviera”.

Su matrona la animó a canalizar su proceso a través del arte y ella, fotógrafa, documentó ese tercer posparto en un proyecto, Puérpera, con el que ahora hace exposiciones y ayuda a otras mujeres. “Creo que ese proyecto me salvó la vida”, subraya Renaux, cuyo relato refleja un periplo para ser atendida, diagnosticada y tratada que nunca tuvo resultado.

Cribados de detección

La psiquiatra Lluïsa García-Esteve defiende que, sin cribados de detección en el posparto, las depresiones en este periodo pasan inadvertidas. Esos cribados detectan a las mujeres que están en riesgo de sufrir una y permitirían derivarlas a atención especializada, aunque hoy sea escasa.

El miedo -a la vulnerabilidad, a no tener el control, a la muerte, a no conseguir sacar adelante su maternidad- es un sentimiento frecuente en las madres recientes pero que, en el caso de la depresión postparto o del trastorno de ansiedad postparto, otra dolencia específica que cursa con síntomas depresivos, se vuelve abrumador

“Muchas madres ni siquiera consultan con los servicios de atención primaria porque ni siquiera creen que puedan estar deprimidas, sino que piensan que igual es normal; por la adaptación, el estrés del posparto; incluso se culpan porque sienten que ellas no son buenas madres”, dice la experta en el libro. “No se puede pensar en una atención a la salud mental de las madres sin tener en cuenta al bebé”, puntualiza García-Esteve, que explica que los tratamientos no deberían incluir la separación madre-hijo salvo en casos extremos en los que haya un riesgo real e inminente para el bienestar de una u otro. En países como Reino Unido, Francia o Canadá, cuenta Diana Oliver en su libro, existen programas de salud mental perinatal en hospitales con unidades madre-bebé. Pero para eso, primero, debe existir una unidad de salud mental perinatal.

A pesar de los matices de cada experiencia, Diana Oliver ve un punto en común muy claro: la soledad. “Todas comparten la soledad enorme que han sentido, una falta de escucha tremenda por parte de parejas, familias, entornos, profesionales de la salud... y mucho malestar por ello”. La periodista insiste en la necesidad de poner sobre la mesa recursos especializados, formación para profesionales y un plan nacional que incluya los cribados. “Hay que visibilizar la depresión postparto y atenderla. Y tener en cuenta que, además del estigma que sigue teniendo la enfermedad mental en sí, en el caso de la depresión postparto, al juntarse con la maternidad y esas ideas de lo que debe ser una buena madre, aumenta y hace todavía más difícil que las mujeres lo cuenten y que se les ofrezca ayuda”, concluye.

¿Cómo están y cómo son los médicos andaluces? A esas preguntas intenta responder todos los años el Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM) con su análisis de la profesión, que revela que el sistema está ahora en una fase de “crecimiento y transformación” pero arrastrando “retos estructurales relevantes”. Los datos de 2025 revelan que hay más facultativos en una profesión cada vez más feminizada, detectándose un creciente interés por el sector privado, aumento de trabajadores extranjeros y, sobre todo, que se viene una jubilación masiva para la que todavía no está garantizado el relevo.

El dato de partida es que hay 50.844 médicos colegiados en Andalucía, 1.573 más que en 2024, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido. De este total están activos 40.765 profesionales –el 80,5% del total–, de los que la mayoría (25.597, el 62,8%) ejercen en la sanidad pública, 9.240 ( 22,7%) en la privada y 5.160 (12,7%) en el ámbito mixto, es decir, en los dos sectores, lo que supone una tendencia en “progresiva consolidación”.

“Si no gano lo suficiente me tengo que ganar las habichuelas por otro lado”, ha explicado de manera gráfica sobre este incremento el presidente del Consejo, Alfonso Carmona, que lo es también del Colegio de Sevilla. Por eso considera “demagogia barata” que de cara a las elecciones andaluzas del 17M ya haya formaciones (como Por Andalucía) que han puesto sobre la mesa limitaciones para ejercer en ambos frentes si se es empleado público.

Tiempo, medios y dinero

Si los profesionales ganaran como en Francia, ha apostillado, no se irían luego a la privada a echar otras tres o cuatro horas. A su juicio, el foco debe ponerse en “vigilar cómo se trabaja y la excelencia” en lo público, a partir de ahí todo lo demás es “limitar la capacidad de trabajo, que es una libertad humana”. “Si tiene capacidad para trabajar en otro sitio tras su jornada, ¿por qué no lo va a hacer?”, teniendo además en cuenta que “la privada también paga mal, porque lo hace a base de volumen”.

“Los médicos necesitan más tiempo, más medios y más dinero”, ha subrayado, a lo que ha añadido también el “reconocimiento de la especialidad de medicina familiar” la secretaria general del CACM, Mercedes Ramblado, representante de los profesionales de Huelva. Y en cuanto a la campaña electoral, Carmona está convencido de que “se va a basar en la sanidad”, porque una de las candidatas (María Jesús Montero, que fue consejera del ramo más de una década) “conocer perfectamente la sanidad y nosotros conocemos la sanidad que hacía ella”.

¿Y qué significa eso? Pues que el sistema “está mucho mejor ahora” con el PP, por lo pronto porque la financiación ha pasado de 8.000 a 16.000 millones de euros y porque se han desenterrado ofertas públicas de empleo “que llevaban años en el cajón”. Los médicos ganan ahora de media casi 900 euros más al mes y se han beneficiado de “modificaciones realmente buenas”.

La gran jubilación

La feminización de la profesión la evidencia que la mujer representa el 50,6% del total de colegiados, un porcentaje que es aún mayor en el ejercicio activo, con 22.922 médicas frente a 17.843 hombres, y con mayor presencia sobre todo en la pública. Como las cifras de profesionales han ido al alza, esto permite mejorar ligeramente las cosas y que haya ahora mismo 4,7 médicos en activo por cada 1.000 habitantes (uno por cada 213), aunque todavía por debajo de la media nacional.

Pero el problema es el envejecimiento de la profesión, ya que más de un tercio de los profesionales en activo supera los 55 años, lo que augura una jubilación masiva en los próximos años, que no compensa que un 26-27% tenga menos de 35 años ni que hayan aumentado las plazas MIR. Si a esto le añadimos que sigue al alza la fuga de médicos (646 se fueron a otra comunidad autónoma y 114 a otro país), no es de extrañar que esto se esté supliendo con el fichaje de facultativos extranjeros, cuyo porcentaje no se recoge en el estudio, pero que Alfonso Carmona sitúa ya entre el 15 y el 20% porque está subiendo “una barbaridad.

Y dentro de esta jubilación en masa, ¿cuáles son las especialidades que se pueden ver más afectadas? Pues ya se augura que medicina de familia, preventiva, traumatología o pediatría, con bajas tasas de reposición. Por ello, desde el Consejo se ha lanzado no sólo un mensaje de reforzar estos campos, sino también de aumentar la inversión y los recursos en atención primaria, ya que el 80% de las patologías se pueden resolver en este nivel asistencial y derivar así a los hospitales a los pacientes que realmente lo necesiten.

El Ministerio de Sanidad tiene por delante una tarea que se antoja compleja: desbloquear el conflicto abierto desde hace meses con los sindicatos médicos. En el calendario está marcado el 27 de abril, cuando se reanudará la huelga de una semana que estas organizaciones vienen convocando cada mes desde febrero contra el nuevo estatuto marco, pactado entre los sindicatos de clase y el departamento que dirige Mónica García.

Hasta entonces, el Ministerio ha abierto dos nuevas vías. Por un lado, la negociación con el comité de huelga, que este jueves se reunió con el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Miguel Ángel Máñez, y el director de gabinete de la ministra, José Manuel López, para tratar de superar el cisma. Por otro, Sanidad habría aceptado incorporar la figura de un mediador, tras el Consejo Interterritorial, mantenido con las comunidades autónomas este viernes.

Del primer encuentro, que se alargó durante más de tres horas, los sindicatos de médicos convocantes de las huelgas valoraron el “clima de diálogo” y la apelación a “la voluntad de todas las partes”, así como el compromiso de “mantener abierto el diálogo”, según indicaron en un comunicado, con conversaciones que se retomarán tras la Semana Santa.

Por el momento, fuentes sindicales aclaran que su postura es la misma y que la convocatoria de huelga sigue adelante. “Las propuestas de Sanidad, hasta ahora, nos han parecido insuficientes y las reivindicaciones no han cambiado”, explican. Aunque hay “margen” para avanzar un acuerdo, son conscientes también de que algunas cuestiones escapan del ámbito competencial del Ministerio, a quien sí atribuyen capacidad para presionar y negociar con otros departamentos y comunidades.

Con todo, este mismo viernes el comité de huelga difundía otro comunicado en el que aclaraban que el calendario de reivindicaciones sigue intacto. Esa misma mañana, García había pedido que “cumplieran”: “Toda lógica diría que después de Semana Santa desconvocarán las huelgas”. Durante la reunión con las comunidades autónomas, cuyo orden del día constaba de 30 puntos y del que, tras cuatro horas solo se había abordado el conflicto con los sanitarios, consejerías y ministerio pactaron proponer al comité de huelga que sea “una organización de pacientes la que medie” entre las partes.

“En toda negociación, las dos partes tienen que ceder”, concedía García durante una entrevista en el VI Foro Económico de elDiario.es, quien espera “evitar las siguientes huelgas y seguir el camino de la negociación”. La ministra, no obstante, advertía que “el estatuto marco no da más de sí en lo que a competencias se refiere”, aunque reconocía “mucho malestar e inquietudes de los profesionales”, que debe resolver “quien tiene las competencias de gestionar, que son las comunidades autónomas”.

El comité de huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) reclama al ministerio seis puntos “fundamentales”: un estatuto y una mesa de negociación propia para el colectivo médico; la clasificación profesional, que refleje su “singularidad”; una jornada laboral máxima de 35 horas semanales con una retribución al 150% de la hora ordinaria para aquellas que excedan ese tope, que deberán ser voluntarias; coeficientes reductores de la edad de jubilación basados en la duración de la jornada laboral efectiva; y otras medidas en materia de conciliación y descansos.

Muchas de estas reivindicaciones, sin embargo, tocan directamente a otros departamentos, como Trabajo, Función Pública o Seguridad Social. Por ejemplo, acortar la edad de jubilación por el cómputo de horas choca con un principio básico: en España se cotiza por días de alta, no por horas, aunque estas sí aumentan la base de cotización —es decir, la pensión—.

"Dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales depende exclusivamente de las comunidades"

Mónica García — Ministra de Sanidad

También con las comunidades autónomas, como las retribuciones y la organización de las plantillas. “Nosotros ponemos los límites, pero el hecho de que un profesional pueda hacer una guardia de 10, 12 o 17 horas depende, única y exclusivamente de la plantilla. Si tienes compañeros con los que compartir noches y fines de semana, podrás hacer menos noches y fines de semana”, insistía la ministra, que hacía hincapié en que “dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales depende exclusivamente de las comunidades”.

Entre las organizaciones sindicales del gremio hay la sensación de que las administraciones se pasan la pelota. Incluso, que en la negociación entre el Ministerio y los sindicatos de clase se ha priorizado a otros colectivos, como el de las enfermeras, a quienes se les reconoce una mejora en la categoría profesional. “No se han tenido en cuenta las reivindicaciones de los médicos”, señalan, mientras no ven, “para nada”, que se haya producido un avance en el estatuto marco.

El texto, que deberá pasar el trámite parlamentario, recoge algunas mejoras. Sobre el papel, termina con las guardias obligatorias de 24 horas y solo contempla las voluntarias. Así, en condiciones normales, se reducen a un máximo de 17 horas, incluida la jornada ordinaria, si la hubiera, que computan en el límite de 45 horas semanales de trabajo efectivo. Este cálculo no se haría semana a semana, sino a través de una media trimestral.

Desde el Ministerio llevan tiempo insistiendo en los límites competenciales. De hecho, cuando se firmó el nuevo Estatuto Marco, ya señalaban que si este incluyese “alguna regulación demasiado detallada que impide que la comunidad autónoma pueda desarrollar sus propias estrategias de gestión de recursos humanos, la ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional en un conflicto de competencia”.

García reclamaba estos días a “la otra parte” que “cumpla con la desescalada del conflicto”. “Lo que se ha hablado en esas mesas, no siempre se ha cumplido”, defendía sobre las reuniones que se han mantenido con la profesión médica, al margen del comité de huelga y en las que, según la ministra, “los propios sindicatos han dicho muchas veces que el estatuto marco es un avance y una mejora, la primera en 23 años”.

El Foro de la Profesión Médica, donde está representado, entre otros, el sindicato CESM, arrancó a principios de marzo varios compromisos del Ministerio para atajar el conflicto, como una mayor participación de la profesión médica en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el refuerzo del Foro en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, así como el reconocimiento de la penosidad de las guardias. Sanidad se comprometía también a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación por esa causa.

Estos compromisos no fueron suficientes para los sindicatos convocantes de la huelga, que mantuvieron la fecha prevista para este mes, durante la semana del 16 de marzo.

García ha llegado a deslizar sus “dudas” sobre las “motivaciones” de la convocatoria de huelga. “Igual tienen que ver con motivaciones políticas más que de realmente representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco y que tienen que estar plasmadas en otras administraciones”, llegó a decir.

Estas dudas las avivó este miércoles la, hasta entonces, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (Ceem), Teresa Serrano, que dimitió con una carta en la que acusaba a los sindicatos médicos de “admitir en privado que saben que las reivindicaciones de las que se llenan la boca en público son imposibles” y que “el acuerdo les gusta pero como no saben si van a poder ponerse la medalla, igual no lo aceptan”. En la misiva, adelantada por El País, Serrano tildaba el conflicto de “circo”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves que el Gobierno va a modificar el real decreto que regula las listas de espera para darle “transparencia y trazabilidad” al sistema. La responsable de Sanidad ha explicado durante el VI Foro Económico de elDiario.es que la actual normativa, de 2003, solo permite utilizar las listas de espera “como un mecanismo político”, pero no para gestionarlas adecuadamente.

“Tengo 25 días, 35, 65, no nos sirve para nada”, ha argumentado la ministra. “Yo quiero saber cuánto se tarda en ir a una consulta, a la primera consulta de un psicólogo, por ejemplo. Cuánto se tarda en operar un proceso oncológico, que en nuestro país van muy rápidos. Y, sin embargo, estamos midiendo cuánto tardamos en operar una variz, un juanete o una vesícula. Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, ha explicado.

Durante la entrevista, la ministra también ha abordado otro de los grandes temas de actualidad que gestiona en este momento, que es la huelga de médicos en todo el país. García ha pedido a los profesionales una desescalada en el conflicto porque, ha asegurado, el ministerio ha cedido en muchas cuestiones en la negociación del estatuto marco y hay otras que dependen de las comunidades autónomas.

26 reuniones con los sindicatos

“Por parte del Ministerio hemos tenido toda la voluntad. Esta debe ser la vez número 26 que nos reunimos con miembros del comité de huelga, con los que hemos llegado en muchas ocasiones a acuerdos”, ha explicado García. La ministra ha argumentado que “el estatuto marco ha llegado al límite de sus posibilidades competenciales y jurídicas”, que es necesario reformarlo, y ha pedido gestos a los huelguistas. “Yo espero que una vez que se lleguen acuerdos, la otra parte cumpla con la desescalada del conflicto. Porque muchas veces en estas mesas hemos hablado de que necesitamos desescalar y evitar la huelga y seguir hablando, y lo que se ha hablado dentro de las mesas no siempre se ha cumplido fuera”, ha lamentado.

La ministra ha defendido que es “la primera vez en 23 años que se ponen encima de la mesa avances y mejoras” con el estatuto y que “la respuesta no puede ser siempre el conflicto, una huelga, cuando realmente estás avanzando, y cuando los propios sindicatos asumen que son avances. García ha defendido que el ministerio ”ha cedido en casi todo lo que tiene competencias“, pero ha sostenido que hay una parte que no les corresponde. ”Es verdad que hay muchos malestares de los profesionales que no los resuelve el estatuto marco, lo resuelven otras legislaciones y lo resuelven quien tiene las competencias, que son las comunidades autónomas“.

Por ejemplo, la ministra ha citado las retribuciones o la organización de las plantillas, dos de los grandes objetivos de la protesta. “Por ejemplo, uno de los debates que estamos teniendo son las guardias. Nosotros en el estatuto marco ponemos los límites, pero que un profesional pueda hacer una guardia de 10, 12 o 17 horas depende de la plantilla que tenga, básica y exclusivamente. Si tienes compañeros con los que compartir fines de semana y noches, podrás hacer menos fines de semana y menos noches, y eso, dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales, depende exclusivamente de las comunidades autónomas”.

“Suerte con eso, Madrid”

García ha abordado también la futura Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y con la que el Gobierno pretende poner límites a la privatización en la Sanidad. La ministra ha cargado duramente contra la Comunidad de Madrid a cuenta de su rechazo a la norma. Ha recordado García “los audios que pudimos ir en diciembre, que hablaban de que se mercadea con las listas de espera para ver si los pacientes son rentables o no son rentables” y ha sostenido que la resistencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, viene de que la ley “viene a fastidiarles el negocio que tienen aquí en la Comunidad de Madrid con Quirón o con Ribera Salud”.

La ministra ha calificado de “actitudes parásitas y especuladoras” las de estas compañías y ha defendido que “cada euro que va destinado a la salud tiene que ir destinado a la salud sí o sí. Necesitamos muchísima inversión, muchas áreas de mejora que tienen que ver con los profesionales, más profesionales, más acceso a terapias innovadoras, más investigación, y no puede ser que una parte de ese dinero vaya destinada a la caja de resultados de una empresa privada”.

Aprovechando que estaba hablando de la Comunidad de Madrid, la ministra ha abordado otro frente abierto con Ayuso a cuenta del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia que Madrid se niega a realizar, tal y como le exige la ley. García ha señalado el carácter especial (en negativo) de Madrid. “Excepto la Comunidad de Madrid, que se ha declarado en rebeldía contra la ley, en rebeldía contra la democracia, en rebeldía contra el Gobierno de España y en rebeldía contra las mujeres, suerte con eso, tenemos una buena coordinación dentro del Sistema Nacional de Salud. Hemos llegado a más de 100 acuerdos en el Consejo Interterritorial con todas las comunidades”.

La ministra ha explicado que el registro es una garantía también para los profesionales. “La objeción de conciencia es un acto libre, individual y activo. Eres tú el que tienes que decir que quiere cumplir la cartera de servicios del hospital, porque si no estarías obligado a hacerlo. Y en nuestro Sistema Nacional de Salud las interrupciones voluntarias del embarazo están incluidas como uno de los servicios preferentes. Entonces, ¿usted por qué no lo hace? No. Lo que garantiza el registro de objetores es la garantía de que las mujeres podemos abortar en la sanidad pública y poder organizar mejor los servicios y garantizar que los sujetos pueden objetar”, ha razonado.

Además, García ha sido preguntada con carácter general por los retos que afronta el sistema. “Uno son los profesionales”, ha contestado sin dudarlo. “Tenemos más profesionales que nunca trabajando en estos sistemas, y, sin embargo, no damos abasto. Tenemos un reto demográfico encima de la mesa. Tenemos que vehiculizar nuestro sistema sanitario desde la patología aguda, la patología crónica, a la cronificación, la pluripatología, los cuidados en el domicilio, la prevención en los cuidados. Y para eso también necesitamos mejorar las capacidades de la enfermería, de nuestros profesionales, del talento que tenemos dentro de nuestros profesionales”, ha enumerado.

Enfrente, entre las fortalezas del sistema la ministra ha destacado “el modelo sanitario”, con el que España es “líder”. “Esa robustez de un sistema sanitario público en el que los profesionales son servidores públicos, en el que la atención primaria es una parte de un pilar fundamental de nuestro sistema, esa capilaridad, esa descentralización de nuestro sistema, lo siento, pero no lo tienen muchos países. Eso nos hace que seamos líderes, por ejemplo, en trasplantes. Somos líderes también en ensayos clínicos y ahora hemos recuperado la última parte que nos quedaba, una sanidad universal”, ha reivindicado.

El 51,6% de la población a nivel nacional ha mantenido una valoración positiva del funcionamiento del sistema sanitario público. No obstante, este promedio esconde una marcada desigualdad territorial. Así, Cantabria ha liderado la valoración con un 66,4% de opiniones favorables, situándose 14,8 puntos por encima de la media. En el extremo opuesto, Andalucía registra el índice más bajo con un 38,8%, lo que supone una brecha de 27,6 puntos porcentuales entre ambas comunidades.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota, los resultados del Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), han confirmado que la opinión de la ciudadanía sobre el sistema sanitario está “profundamente” ligada al desempeño de cada comunidad autónoma. En un sistema donde las competencias están transferidas, el informe ha evidenciado “diferencias territoriales” en la percepción del funcionamiento del sistema sanitario.

Respecto a la atención primaria, el servicio más utilizado por la población (80,8%), el 80,4% de los usuarios ha calificado la atención recibida como buena o muy buena. Sin embargo, el análisis por comunidades ha revelado una distribución muy heterogénea. En el extremo superior, han destacado Cantabria y el País Vasco, donde los niveles de satisfacción positiva alcanzan el 90%, mientras que en los niveles más críticos,se sitúan Andalucía, Valencia y, especialmente, Galicia, que registra el porcentaje más bajo de satisfacción de todo el territorio, situándose por debajo del 73%.

Los andaluces, los que más esperan para una cita en primaria

Esta disparidad también se ha reflejado en los tiempos de espera para acceder al médico de familia. Frente a una demora media nacional de 9,15 días para quienes no obtienen cita el mismo día o al siguiente, el País Vasco se sitúa como la comunidad con menos demora, con sólo 4,91 días. En el lado opuesto, los residentes en Andalucía sufren la espera “más prolongada del país”, alcanzando una media de 11,16 días, seguida por Cataluña con 10,59 días.

En cuanto al ingreso hospitalario, la sanidad pública ha registrado una valoración del 81,4% de los pacientes, con una nota media de 7,02 puntos sobre 10, consolidándose como “uno de los servicios mejor valorados del sistema”. En este servicio, Cantabria encabeza los niveles de excelencia con una nota de 7,64 puntos, seguida de Asturias (7,55) y el País Vasco (7,53), mientras la valoración desciende hasta los 6,62 puntos en Canarias y las ciudades autónomas.

Por otro lado, la coordinación entre los servicios de atención primaria y el ámbito hospitalario ha contado con una valoración del 49,4% de la población a nivel nacional. Por comunidades, el País Vasco ha registrado la mayor valoración, con un 65,8% de ciudadanos que aprueban la comunicación entre niveles asistenciales. En contraste, Canarias ha registrado el punto más bajo del país con un 39,6% de opiniones favorables.

Servicios de urgencias y salud mental

Respecto a los servicios de urgencias, el 48,7% de la población española ha recurrido a la red pública en el último año. Aunque la atención ha sido valorada positivamente por el 72,4% de los usuarios a nivel nacional, la forma en que se accede a este servicio depende “estrechamente” de la organización en cada comunidad autónoma.

Así, mientras que la Comunidad de Madrid ha registrado el mayor uso de urgencias hospitalarias de España (68,6%), en regiones como Canarias o Extremadura ha sido la atención primaria la que ha absorbido la mayoría de los casos (más del 55%), “aliviando la presión sobre los hospitales”.

En cuanto a la calidad percibida, los servicios de emergencias 061 y 112 se han consolidado como los mejores valorados del sistema con una nota media nacional de 7,26 puntos, destacando especialmente el liderazgo de Castilla-La Mancha, con una puntuación de 7,90. Por su parte, las urgencias hospitalarias han obtenido sus valoraciones más altas en Cantabria y el País Vasco (6,71), frente a la percepción más crítica de Ceuta (5,05).

Preferencia por la sanidad pública

En relación con la salud mental, el informe ha revelado que el 19,9% de la población (prácticamente una de cada cinco personas) ha necesitado consultar a un profesional por un problema de salud o malestar emocional en el último año. De este grupo, el 51,1% fue atendido principalmente en el sistema público, donde el servicio recibe una valoración positiva del 56% por parte de sus usuarios.

Por otro lado, y a pesar de la variabilidad territorial detectada en otros indicadores, se ha mantenido una “sólida” y “mayoritaria preferencia” por la hospitalización pública, que elegiría el 73,9% de los ciudadanos frente al 23,9% que optaría por la sanidad privada.

Por último, esta confianza en el sistema público para los casos de “mayor complejidad” ha experimentado un crecimiento sólido de once puntos desde el año 2015, reafirmando que “la seguridad y los medios de los hospitales públicos siguen siendo el eje vertebrador y la opción de referencia para la población española”.

Un equipo de investigadores chinos ha diseñado una innovadora estrategia para evitar que los murciélagos propaguen y actúen como reservorios de virus letales: inmunizarlos mediante la liberación en su hábitat de “mosquitos-vacuna” que les transfieran la protección al picarlos o al ser ingeridos. En el trabajo, publicado en la revista Science Advances, los autores han demostrado experimentalmente que es posible prevenir la transmisión zoonótica de patógenos letales, como el virus Nipah y la rabia, mediante lo que denominan “vacunación ecológica”.

“Inmunizar a los murciélagos, particularmente a los que se encuentran en la naturaleza, podría servir como una medida proactiva para disminuir la transmisión zoonótica en su origen”, escriben los investigadores. El objetivo es impedir que las colonias de estos mamíferos actúen como reservorios naturales de una amplia variedad de virus interviniendo en su ecosistema.

Para ello, los autores usaron dos aproximaciones; además de usar mosquitos portadores de la vacuna, implementaron bebederos con una solución salina con la vacuna para lograr la vacunación por vía oral de los zorros voladores (huéspedes naturales del virus Nipah), que no se alimentan de insectos, sino de fruta. El virus Nipah, poco frecuente y transmitido por murciélagos, ha provocado infecciones humanas en distintos países de Asia y puede alcanzar una letalidad de hasta el 75%. Estos animales también pueden ser portadores de la rabia, una enfermedad que en personas resulta prácticamente mortal en todos los casos una vez se manifiestan los síntomas.

Una vacuna en la saliva

El primer paso del experimento se produjo en el laboratorio, donde los investigadores criaron mosquitos de la especie Aedes aegypti y los alimentaron con sangre que contenía la vacuna basada en el virus rVSV. Una vez ingerida, el equipo comprobó que el virus atenuado se replicaba en el interior del insecto y viajaba hasta sus glándulas salivales. A continuación, los científicos sometieron a los mosquitos a una dosis de radiación que los dejó completamente estériles y garantiza que no puedan reproducirse en el medio ambiente ni transmitir la vacuna a su descendencia. 

Para comprobar la eficacia de esta técnica, los investigadores realizaron primero experimentos controlados en el laboratorio: los animales expuestos a estos mosquitos (por picadura o ingestión) desarrollaron anticuerpos neutralizantes y sobrevivieron a dosis letales del virus. Además, para comprobar su viabilidad en la naturaleza, llevaron a cabo ensayos de cohabitación en espacios confinados donde los murciélagos interactuaron libremente con los mosquitos, induciendo respuestas inmunitarias robustas. De cara a un despliegue en el mundo real, los autores proponen liberar a los mosquitos esterilizados en hábitats específicos (como cuevas o árboles de descanso) utilizando barreras físicas o repelentes en los alrededores para evitar que se dispersen.

Para los murciélagos que se alimentan de fruta, los autores buscaron una alternativa oral. Las pruebas de laboratorio confirmaron que, al administrar la vacuna a través de pipetas, tanto ratones como hámsteres y murciélagos desarrollaron altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Al ser expuestos a dosis letales del virus de la rabia, el 100% de los ratones y murciélagos vacunados sobrevivió, logrando resistir incluso a un segundo desafío meses después. De igual manera, los hámsteres inmunizados oralmente contra el letal virus Nipah lograron sobrevivir a la infección. Para lograr aplicar esta estrategia en la naturaleza, el equipo diseñó trampas de solución salina que aprovechan la necesidad innata de los murciélagos de buscar minerales, construyendo bebederos que emiten una neblina de sal para atraerlos. 

Los intentos de frenar enfermedades transmitidas por mosquitos mediante su modificación se centran sobre todo en especies del género Aedes, responsables de propagar virus como el dengue, el zika o el chikunguña. Hasta ahora, las dos principales estrategias han sido la liberación de mosquitos modificados genéticamente para que su descendencia no sobreviva, o bien hacerlos inofensivos, inoculados con la bacteria Wolbachia, que bloquea la replicación de virus en su interior. La primera estrategia tiene la limitación de que hay que liberar mosquitos de forma continua y a gran escala para mantener el efecto, y la segunda, aunque es más autosostenible, requiere un despliegue inicial complejo y un seguimiento prolongado para asegurar que la infección se establece y se mantiene. Con este planteamiento se suma una tercera estrategia en la que son los mosquitos los que portan la medicina para frenar la transmisión. 

Aplicaciones y dudas

Christian Gortázar, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), considera un gran logro que los autores hayan conseguido generar anticuerpos frente a rabia o Nipah en murciélagos tras alojarlos con mosquitos y tras ofrecerles agua salina con virus modificado. “Eso supone descubrir una nueva forma de administrar vacunas a murciélagos”, afirma. Sobre la aplicación que podrían tener estas tecnologías, cree que no sería factible aplicarlo a los miles de coronavirus “candidatos a emerger” que existen en múltiples reservorios. En otros casos, como el problema endémico de rabia transmitida por murciélagos vampiros (Desmodus rotundus) de América del sur, sí sería interesante. “Si fuese posible vacunarlos, podrían modificarse las estrategias de control actuales”, asegura. “E igual de interesante sería disponer de herramientas para prevenir los casos de Nipah y otros virus similares asociados a murciélagos frugívoros”.

David Roiz, también investigador del IREC, cree que es una idea atractiva e interesante, pero con una aplicación real muy limitada. “Me parece positivo en el sentido de que hay que buscar estrategias innovadoras”, explica a elDiario.es. “Recordemos que la primera vez que se propuso introducir mosquitos con Wolbachia para reducir la transmisión de dengue pareció una idea muy complicada y actualmente se está demostrando efectiva y rentable, al menos por un período”. 

Hay problemas de bioseguridad y la aceptabilidad social será limitada. Es una idea original, pero con evidencias débiles de que sea viable y efectiva

David Roiz — Investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)

Sin embargo, advierte el experto, la estrategia tiene algunos inconvenientes, como que podría afectar a otros animales y a personas, además de poder ocurrir potencialmente contaminación ambiental, a través de agua, heces u otros reservorios, dependiendo del virus. “Los efectos pueden ser limitados y no se sabe qué proporción debería vacunarse habiendo colonias de miles de murciélagos”, señala. “Además, hay problemas normativos de bioseguridad, hay que estudiar los costes económicos y la aceptabilidad social, que será limitada y no está ni mucho menos asegurada. En resumen, es una idea original, pero con evidencias débiles de que sea viable y efectiva”.

“Jeringuillas voladoras”

Elisa Pérez Ramírez, viróloga del CISA-INIA-CSIC experta en salud animal, coincide en que la propuesta es muy interesante, pero tiene algunas posibles limitaciones éticas, regulatorias y ecológicas. “Ya se inmuniza a los zorros contra la rabia con cebos orales y se han hecho otros experimentos para usar mosquitos como jeringuillas voladoras contra leishmania o zika, aunque en algunos casos no ofrecían protección completa y no se siguió investigando”, apunta. A su juicio, intervenir en los sistemas siempre tiene implicaciones ecológicas importantes y hay que tener mucho cuidado. 

“Habría que comprobar qué efecto tendría esto en humanos, así como la aceptación social, si la gente se entera de que están liberando mosquitos que podrían picarlos y vacunarlos”, señala Pérez Ramírez. Por eso, frente a la estrategia de los mosquitos, que es irreversible, suministrar la vacuna en bebederos le parece menos problemático, porque siempre se podrían retirar. En general, la idea de una vacuna voladora le parece muy sugerente y cree que el enfoque — además de ser de bajo coste— va en la línea acertada de considerar la salud global y actuar en las poblaciones animales. “Se trata de actuar antes de que se produzca el salto de la enfermedad a los humanos”, concluye.

Acción-reacción, el PP está respondiendo a los movimientos de los últimos meses del Gobierno para limitar la expansión de lo privado en la educación y la sanidad. Desde lo legislativo, a través de leyes autonómicas o iniciativas diversas, hasta lo judicial, donde entran los recursos hasta donde haga falta llegar, los populares defienden su modelo educativo, que por extensión es lo mismo que defender la “colaboración público-privada”, alrededor siempre de la idea de la “libertad de elección”, que el Estado no puede socavar favoreciendo lo público, según su argumentario.

Universidad, FP, educación obligatoria, atención primaria, especializada, hospitales... El partido de Alberto Núñez Feijóo pelea en todos los frentes y contras las medidas del Ejecutivo en favor de lo público. En el Congreso o en las asambleas autonómicas. En la calle, en los medios o en los juzgados, y lo hace como parte de un enfrentamiento abierto entre PP y Gobierno a cuenta del modelo de país. Pedro Sánchez, tras siete años largos en La Moncloa, ha decidido dar la batalla ideológica al PP, históricamente menos reacio a aplicar sus políticas allá donde puede.

Lo explicó el presidente el día que presentó el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades. “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y, después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, razonó entonces Sánchez. Sirve para los colegios, las universidades o los hospitales.

Primero fue la universidad, luego los hospitales

Recurrir este decreto, que el Gobierno modificó el pasado mes de octubre para endurecer los requisitos necesarios para abrir (o mantener) una universidad, ha sido precisamente lo último que ha hecho el PP en materia educativa. Los populares han cargado contra este RD por todas las vías. Han acudido a los tribunales bajo la idea de que “invade competencias” y están tratando de derogarlo en el Congreso porque considera el partido que el Gobierno “se ha extralimitado en la regulación de una materia que precisa rango de ley, generar inseguridad jurídica, haber sido aprobado sin consenso, y regular unos criterios que atentan a la calidad del sistema universitario”, pese a que la CRUE (que reúne a más de 80 universidades, tanto públicas como privadas), sindicatos, alumnado y el resto de los partidos están a favor del texto, que también ha sido avalado por el Consejo de Estado.

También se han revuelto los populares contra el anuncio de una Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que pretende limitar, ni siquiera revertir, la privatización del sistema sanitario que comenzó con José María Aznar en 1997 y que en algunas comunidades gobernadas por los populares –históricamente Madrid, en los últimos años Andalucía aparece como alumna destacada– se ha disparado.

Tanto el PP nacional como los autonómicos salieron en tromba contra la ministra Mónica García. “La ministra García prefiere una sanidad 100% pública y colapsada que una sanidad eficaz que cuente con la colaboración público-privada. No se trata de gestión, se trata de sectarismo”, valoró la portavoz popular, Ester Muñoz, en una entrevista en RNE. “Andalucía defenderá su autonomía. No vamos a permitir que desde un despacho en Madrid se nos diga cómo gestionar nuestros hospitales si el modelo de colaboración es eficiente”, dijo Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz. “Esta ley es un ataque directo a la libertad y a un modelo que funciona. Intentan prohibir por ley lo que funciona para imponer su ideología, aunque eso suponga más listas de espera para los ciudadanos”, añadió la madrileña Díaz Ayuso.

El partido ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional con unos argumentos similares a los empleados para el decreto universitario: invade competencias. Lo afirmó Díaz Ayuso el mismo día que se anunció la norma, exactamente como sucedió con el decreto de universidades.

En el apartado de oposición y recursos futuros está también la FP desde que el presidente Sánchez anunciara, hace dos semanas, que pretende limitar la expansión privada en este sector, desenfrenada como lo está en otras etapas educativas o en la sanidad. Explicó Pedro Sánchez que el Gobierno va “a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías” porque algunos se han convertido en “chiringuitos que solo dan diplomas”, un argumentario calcado al que se utilizó con la universidad.

Calcada también ha sido la reacción popular. El portavoz de Educación, Jaime de los Santos, tachó a Sánchez de “hipócrita”. El del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, sostuvo que “el único chiringuito” es el que puso en marcha su mujer, Begoña Gómez, en alusión a la cátedra de la Complutense.

Regular a favor

Además de oponerse a lo que va intentando hacer o anuncia el Gobierno, la otra vía de defensa de lo privado pasa por regular en su favor allá donde puede, que en estos momentos es en varias comunidades autónomas, siempre con Madrid a la cabeza.

Está sucediendo estos días, con unas dificultades probablemente inesperadas que se han cobrado la cabeza del consejero de Educación, con las universidades. Entre otras muchas medidas, el proyecto de ley pone a disposición de los campus privados los recursos de los públicos como laboratorios, etc.

En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla ha aprobado en solitario una ley que da voto a las universidades privadas en el diseño del sistema público.

Pero el ejemplo más paradigmático de esto quizá sea la Ley Maestra de libertad de elección educativa madrileña. Elocuente desde el nombre, la normativa se hizo en 2022 específicamente como respuesta a la ley nacional aprobada por el PSOE (Lomloe) y para “blindar” la escuela privada concertada, busque insignia del modelo educativo popular en la región, según admitió en su momento Ayuso.

Lo hace, por ejemplo, introduciendo el término “demanda social” para garantizar la oferta de plazas “sostenidas con fondos públicos”, la muletilla habitual cuando se quiere meter en el mismo saco a la escuela concertada y a la pública. Con esta “demanda social” y la “libertad de elección”, que el Gobierno regional nunca ha explicado como calcula, y cuando lo ha intentado no había argumentos, se justifica la creación de centros privados subvencionados, obviando que es difícil elegir público cuando no existe, como sucede en muchos nuevos desarrollos de Madrid.

Ya entonces el PP había recurrido a su movimiento habitual de intentar ganar en los tribunales lo que había perdido primero en las urnas y luego en el parlamento. Los populares participaron muy activamente de la campaña Más Plurales para intentar tumbar la última ley de educación, la Lomloe, a la que acusaban de atacar a la concertada. Fue aquella una campaña agresiva, en la que participó Hazte Oír con autobuses que mezclaban la imagen de la entonces ministra, Isabel Celáa, con Hitler, y en la que se recurrió incluso a niños pequeños.

El partido entonces de Pablo Casado recurrió a una táctica habitual en los azules: llevar a Europa lo que pierde en España. Como es habitual, porque muy rara vez Bruselas se inmiscuye en una ley nacional, no tuvo éxito.

Ayuso también ha sido pionera en crear el cheque-bachillerato, con el que paga parte de las matrículas centros privados de una etapa no obligatoria a familias que ingresen hasta 140.000 euros al año, un colectivo que para la presidenta es “clase media” y que necesita ayuda porque nunca nadie se acuerda de él, según ha explicado en alguna ocasión.

Planta H4B de Digestivo y Neurología, 22.00. Empieza el turno de noche en el cuarto piso del Hospital Son Llàtzer de Palma, aunque podría ser en cualquier otro de España, donde 353.635 enfermeros colegiados y más de 151.000 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería trabajan en la atención de pacientes. José Luis arranca su jornada junto a otros dos enfermeros y dos auxiliares. Se encargarán de 28 ingresados, cuatro de la recientemente inaugurada Unidad de Ictus; antes eran 33. No colgarán el pijama sanitario hasta las 8.00, cuando les dará el relevo otro equipo de tres enfermeros y tres auxiliares hasta las 15.00. Otros compañeros, en mismo número y composición, harán la sesión vespertina. En total son 17 sanitarios que van rotando en turnos. Son los guardianes del cuidado. Porque ellos, entre luces frías y puertas que se abren ante incertidumbre médica, sostienen un hilo de humanidad que se cose con cada gesto. El título lo tienen todos, pero la implicación personal y la empatía es lo que marca la diferencia. 

Ahora mismo cada enfermero de la planta atiende a 12 pacientes. Las visitas matutinas contadas y fugaces de los médicos contrastan con el trasiego permanente de los profesionales de apoyo que recorren kilómetros por los pasillos y entran y salen de las habitaciones. Como si fuera ya un apéndice propio, arrastran un carrito con medicamentos y material higiénico y sanitario. Las enfermeras y enfermeros se encargan de administrar los tratamientos pautados, monitorizar la evolución del paciente y buscar soluciones inmediatas ante cualquier necesidad. Frente a un sufrimiento que casi se hace tangible, hay que convertir la técnica en caricia y la rutina en aliento. Los auxiliares asean a los pacientes, atienden su alimentación y su movilización, incluidos cambios posturales, y les toman las constantes vitales. La atención de algunos es tan delicada que su presencia es reconfortante y sanadora. 

Un oficio feminizado

Enfermería requiere un grado universitario y es una profesión muy feminizada. El 85,5% son mujeres. José Luis de Pablos es uno de los hombres que integran el otro 14,5%. Es uno de los más antiguos de la planta H4B, donde lleva casi dos décadas. Recibe elogios de pacientes y familiares y se observa el respeto de sus compañeros. Es uno de los 7.900 que trabajan en Balears. Nacido en Segovia, tiene 45 años y lleva la mitad de su vida en Mallorca, donde se desplazó en 2002 desde Soria al concluir sus estudios para cubrir un contrato de verano en la UCI de un hospital privado.

Tras el estío, dejó que la isla le atrapara. Pasó al hospital público de referencia, Son Dureta, que cerró en 2010 y hoy está en obras para resurgir como un macrocentro sociosanitario. “Yo quería estudiar Medicina, pero no me llegó la nota y, para no perder el año, me matriculé en Enfermería. Y desde ese momento ya supe que era mi profesión, porque para mí no hay nada como el trato al paciente”, explica. Rebosa vocación y verle trabajar proporciona alivio. Es un ejemplo de esa profesionalidad que exige trato humano y empatía. Ante diagnósticos y pronósticos que caen como jarros de agua helada que dejan a pacientes y familiares en hipotermia severa, su consuelo es como una manta caliente que trata de recuperarlos. Pronuncia con delicadeza el nombre de cada enfermo y a cada pinchazo antecede un susurro explicativo y una caricia. 

Yo quería estudiar Medicina, pero no me llegó la nota y, para no perder el año, me matriculé en Enfermería. Y desde ese momento ya supe que era mi profesión, porque para mí no hay nada como el trato al paciente

José Luis de Pablos — Enfermero

Fuga de talentos

Hay mucha movilidad en esta profesión. Más de 8.000 enfermeras se trasladaron en 2023 en busca de mejores condiciones laborales, según los últimos datos disponibles del Consejo General de Enfermería (CGE): 6.646 a otra provincia o comunidad autónoma y 1.473 a otro país. Los principales destinos extranjeros fueron Noruega y Estados Unidos, con 336 y 226, respectivamente. La razón principal es la precariedad laboral que vive el sector y, dentro de ella, la temporalidad y las malas condiciones laborales, apuntan desde el organismo, que cifra en un 30% la eventualidad de las contrataciones. 

Gisela Marí es una de ellas. Es de Villena, Alicante, y tiene 37 años. Estudió en la Universidad de Alicante y se trasladó a Mallorca en 2009, con 21 años, para ocupar una vacante en un hospital privado, donde estuvo en las plantas de maternidad y pediatría. “Me atraía la sanidad, aunque realmente no me había planteado estudiar Enfermería y, después de ejercer, tengo claro que es lo mío. Me encanta el trato con los pacientes, hablar con ellos, que confíen en mí…”, expone.

Me atraía la sanidad, aunque realmente no me había planteado estudiar Enfermería y, después de ejercer, tengo claro que es lo mío. Me encanta el trato con los pacientes, hablar con ellos, que confíen en mí…

Gisela Marí — Enfermera

Fue encadenando sustituciones y compaginando contratos parciales hasta obtener plaza por oposición en el sector público. Trabajó en cardiología, neumología, trasplantes, urgencias pediátricas y reanimación antes de incorporarse a la planta H4B de Son Llàtzer. “Me gusta mucho la neurología y abordar nuevos casos para aprender, intentando dar siempre lo mejor de mí”, añade. Gisela, que ha pasado por muchas especialidades, es un ejemplo de la preparación que tienen las enfermeras españolas, lo que las hace “muy solicitadas en los países más desarrollados del mundo”, señalan desde el CGE. La cara negativa es la fuga del talento y, en cambio, se está incorporando al sistema español a un importante número de enfermeras de Latinoamérica. En 2021, último dato disponible, se homologó el título a 305 extracomunitarias, según datos de la CGE.

La precariedad laboral empuja a muchos enfermeros a emigrar a Estados Unidos y Noruega. Frente a esta fuga del talento, el sistema español incorpora a un importante número de enfermeros de Latinoamérica: en 2021, último dato disponible, se homologó el título a 305 extracomunitarios

Compañía y dignidad

En la planta H4B se encuentran ingresados hombres y mujeres de diferentes edades. Varios pasean en camisón por el pasillo con cierta dificultad, evidenciando las secuelas de un accidente cerebrovascular. A una mujer le acaban de suministrar sedación para menguar su dolor. El médico coordinador de paliativos entra a algunas habitaciones y habla pausadamente con familiares y pacientes. Hay un chico joven, extranjero, operado de un grave problema digestivo. Ha estado inconsciente, le han practicado una traqueotomía y no han podido localizar a ningún familiar ni amigo. Una señora que tiene a su marido de 92 años en el hospital por un derrame cerebral entra a verle y le sonríe. “Llevamos aquí dos meses y nadie ha venido a visitarle. Me da pena y, aunque parece que no me oye, yo le hablo para que sienta compañía”, dice Pilar. Los sanitarios le recuerdan con suavidad que no puede entrar a la habitación. Pero ella lo olvida. O no quiere hacerles caso. 

Los médicos dictan un diagnóstico y pronóstico y pautan un tratamiento. En el día a día, enfermeros y auxiliares son valiosas figuras de apoyo. Hay momentos de tensión que afrontan anteponiendo entereza a cansancio: un paciente que respira con dificultad y necesita oxígeno, otro con una sonda nasogástrica que se sale, otro con fiebre alta, otro al que hay que hacer un análisis de sangre, otro con pañal rebosante que hay que cambiar… Y así encarnan otra medicina, que complementan con sanidad humana: la que baja la voz en la noche para no despertar a quien por fin duerme, la que acomoda la almohada sin que nadie lo pida, la que explica con paciencia por qué duele una vía o cómo afrontar el dolor.

“Es un cuidado invisible hasta que falta”, comenta Berta, la hija de un ingresado. “Es fundamental para mantener la dignidad del enfermo, que está fuera de su casa, con gente desconocida, con miedo y dudas frente a su evolución, vulnerable ante su incapacidad de valerse por sí mismo y mantener algo tan básico como su higiene, su intimidad. Les agradezco mucho su labor, porque sostienen la vida con la lógica de quien entiende que sanar no es solo curar”, añade. 

Es un cuidado invisible hasta que falta. Es fundamental para mantener la dignidad del enfermo, que está fuera de su casa, con gente desconocida, con miedo y dudas frente a su evolución, vulnerable ante su incapacidad de valerse por sí mismo y mantener algo tan básico como su higiene, su intimidad

Berta — Hija de un ingresado

Falta de profesionales

Alejando Ávalos es auxiliar de enfermería, un título que se obtiene a partir de un grado medio de Formación Profesional. Nació en Elche y tiene 35 años. Su vocación partió de una experiencia personal. “¿Ves estas cicatrices? Con 14 años atravesé por accidente una puerta de cristal y me tuvieron que coser: 60 puntos internos y externos”, cuenta. “En ese momento supe que quería dedicarme a esto”, agrega. Tras los estudios, empezó a trabajar en una residencia de ancianos. “La gestión era mala, poco material y muchas restricciones”, detalla. Después se incorporó a un hospital privado de Palma, pasó por otros dos públicos, Son Espases e Inca, y desde hace siete trabaja en Son Llàtzer. Desde hace unos meses su destino es la Planta H4B. Prefiere la hospitalización: “Es más pausada y permite conocer al paciente”.

Maribel Bisquerra también es auxiliar. Nació en Palma y tiene 45 años. Ella acabó en esto casi por azar. “Me metí en esos estudios sin tenerlo muy claro, porque una amiga se matriculó, pero, como me gusta ayudar a los demás, lo vi una opción”, cuenta. Ha trabajado en una residencia geriátrica, en una clínica dental, en un hospital privado y hace 22 o 23 años que entró en Son Llàtzer, donde lleva más de 20 en la unidad de Neurología y Digestivo. “Afronto el día a día tratando de dar a los pacientes una sonrisa, empatía, cariño, el máximo respeto… ayudarles a estar lo mejor posible en su tiempo de hospitalización”, señala. “Creo que es importante escuchar al enfermo, pero también a los familiares. Escuchar sus miedos, sus emociones, porque somos los que más tiempo pasamos con ellos y los que mejor podemos percibir cómo se sienten”, matiza. 

Es importante escuchar al enfermo, pero también a los familiares. Escuchar sus miedos, sus emociones, porque somos los que más tiempo pasamos con ellos y los que mejor podemos percibir cómo se sienten

Maribel Bisquerra — Auxiliar de Enfermería

Algunos enfermos pasan largo tiempo en planta y las relaciones se estrechan. “Me ha afectado el fallecimiento hace unos días de un paciente que llevaba meses aquí, sin familiares y derivado por una asociación”, confiesa José Luis. A veces el sanitario se lleva a casa al enfermo en su pensamiento y al día siguiente aparece con una solución que nadie le ha pedido. “He pedido a urología unos polvos que utilizan en quirófano para ver si así refuerza el adhesivo y no se sale el colector”, le explica a un paciente que lleva una especie de preservativo con un tubo que conduce la orina a una bolsa. “Si hay una profesión que la Inteligencia Artificial no podrá suplir jamás ésa es la enfermería y los cuidados auxiliares. El trato humano delicado, una palabra amable, una caricia, es imposible de sustituir”, sentencia un familiar.

Sin embargo, según el informe Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España de 2024, “se necesitarían al menos 100.000 enfermeras adicionales para que España alcance la ratio promedio de la UE, una situación que, al ritmo actual de crecimiento, se tardaría en conseguir entre 22 y 29 años”. Esto, sin tener en cuenta que “el 39,4% de las enfermeras encuestadas manifestó la intención de dejar la profesión en los próximos 10 años”, prosigue. Algunos informes de CCOO hablan de una falta de casi 50.000 auxiliares. En estos momentos la ratio en España es de 6,3 enfermeras por 1.000 habitantes frente al promedio de la UE que alcanza las 8,5. Y hay cinco autonomías que se sitúan por debajo de la media española: Murcia (4,79), Galicia (5,13), Comunidad Valenciana (5,46), Andalucía (5,51) y Balears (5,93).

“En tiempos de especialización extrema y velocidad médica, y también de gestión que persigue reducción de gasto, convendría recordar que la salud también se defiende con manos que sostienen y miradas que comprenden. Los sanitarios sin trato delicado, que también los hemos visto, son malos profesionales”, puntualiza la hija de Alberto, un médico con seis especialidades convertido en paciente por un ictus, que ha fallecido al concluir este reportaje y que cada día de su ingreso dio las gracias a los enfermeros y auxiliares que le cuidaron con conocimiento y mimo.

Sus anuncios aseguran vitalidad, vigor y energía continuas. Incluso, a veces, son un intento de borrar el paso del tiempo sobre nuestras pieles. Colágeno, Omega 3, cartílago, complejos multivitamínicos, creatina, proteína en polvo. Los expertos advierten de los peligros que esconde la creciente demanda de complementos nutricionales. Enfocados normalmente en la mujer para conseguir el canon de belleza que se les impone, pero también en las personas que realizan actividad física. Su ingesta siempre debería ser pautada por un profesional de la salud para evitar toxicidad y la reacción cruzada con algún medicamento. 

Esta “locura” por los suplementos alimenticios comenzó en los años 80. Así lo sostiene el secretario general del Colegio de Diestistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN), Antonio Zoido. “Llegó un momento en que la publicidad ya no se centraba en tener una salud correcta, sino en tener la mejor salud posible, y así lo explotó la industria”, adelanta. Según sus datos, en los últimos años se ha dado un aumento interanual del consumo de suplementos de entre un 6 y un 8%. “La gente debería saber que una salud óptima siempre nos la dará una alimentación equilibrada y variada. Eso es lo que nos proporcionará las cantidades diarias recomendadas de nutrientes”, añade el experto.

Los cánones de belleza, sobre todo enfocados en la mujer, son la punta de lanza para la ingesta de muchos de estos suplementos. También el hacerse mayor. Muchas personas los utilizan como prevención para futuras artrosis o enfermedades degenerativas de corte neurológico, así como profilaxis para la sarcopenia (pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y funcionalidad muscular) a través de proteínas. “Si podemos ajustar esas cantidades en la propia alimentación será mejor, porque en el alimento no solo tomamos ese macronutriente, sino muchos otros que también nos hacen falta”, apuntilla Zoido.

Estos suplementos tienen nombres propios. Colágeno, Omega 3 y las proteínas son los que más se venden, según el secretario general del CODINAN. “Nos dan a entender que el colágeno es beneficioso para la piel y las articulaciones, pero estas afirmaciones no pueden aparecer en sus envases. Quizá sí favorezca la prevención de la artrosis, pero el beneficio es muy pequeño”, comenta el mismo Zoido. Algo similar pasa con el Omega 3. Este experto asevera que, “de forma generalizada no está demostrado científicamente que un mayor aporte que el de una dieta equilibrada suponga un beneficio”.

La posibilidad de comprar complejos multivitamínicos o multiminerales sin receta en una farmacia también entraña algunos riesgos. Zoido apunta que estos productos pueden tener plantas medicinales, lo que podría provocar una reacción cruzada con algún medicamento que esté tomando el paciente. “Incluso hay riesgo de toxicidad si el sistema metabólico no funciona de forma correcta”, asevera.

Un efecto inmediato que no existe

Caer en la ingesta de estos productos que prometen mayor rendimiento y energía en el día a día responde al signo de los tiempos. Todo lo queremos aquí y ahora. Vivimos en la sociedad de lo rápido. “Y estos complejos casi nos prometen un efecto inmediato, pero no es así”, dice Zoido, por eso disfrutan de tanta prédica.

Para la nutricionista-dietista Belén Rey no es raro encontrarse a alguien en su consulta demandando suplementos nutricionales. “Siempre digo que hay que repensar muy bien de dónde nos llega la información”, introduce esta argentina asentada en Galicia. Sin embargo, ella tiene claro que un profesional de la salud no debería vender o recomendar un producto de este tipo sin conocer o ver a la persona que lo demanda.

Según su experiencia, son las mujeres en quien más impacta la publicidad de estos complejos adquiribles en cualquier farmacia. “Piden mucho colágeno y cartílago, y también multivitamínicos. La B12 suele ser algo muy común y ahora parece que suplementarse con vitamina D está en auge”, señala. En este sentido, incide en que siempre hay que evaluar de manera particular e individual la idoneidad de aconsejar su ingesta.

Por otro lado, Rey muestra su preocupación ante el auge de profesionales de la salud que recomiendan estos productos a través de las redes sociales, señalando no solo un tipo de producto sino una marca en concreto. “Hace años esto también existía, pero de puertas adentro de un consultorio, y hoy se ha vuelto algo viral en redes”, alerta. 

Los riesgos de no tener supervisión

Marta Otero es otra nutricionista-dietista gallega, aunque no solo. También es farmacéutica y tiene una consulta online especializada en trastornos de la conducta alimenticia (TCA). “Yo veo que la gente pide la suplementación nutricional de manera indiscriminada”, sostiene. De todas formas, sabe que su uso debe ser siempre individualizado. Así lo ejemplifica: “Si veo a una mujer con infecciones urinarias recurrentes, puedo recomendarle tomar arándano rojo americano, que está demostrado que protege las vías urinarias, pero eso no significa que sea positivo para todas las personas”.

Si te la tomas en suplemento y no te hace falta, estarás provocando un exceso, y eso es tóxico. Que sea natural no le resta toxicidad

Marta Otero — Dietista-nutricionista

Sobre la ingesta de la vitamina D, esta especialista subraya que se trata de una vitamina liposoluble, es decir, que no se elimina del organismo fácilmente. “Si te la tomas en suplemento y no te hace falta, estarás provocando un exceso, y eso es tóxico. Que sea natural no le resta toxicidad”, añade. Al igual que su colega Rey, admite sentir “preocupación” ante la cantidad de gente que pide suplementarse sin ni siquiera haberse realizado una analítica antes.

Los riesgos no solo están ahí, sino en lo inmaterial del asunto. “La suplementación no enseña a comer y la falta de educación nutricional puede desembocar en un TCA. Yo no estoy en su contra, porque en muchos casos es una ayuda, pero siempre debería ser a nivel individualizado”, repite. Por eso, remarca que la gente no debería caer en el boca a boca. Siguiendo la célebre cita de Paracelso de “la dosis hace el veneno”, Otero reitera que la suplementación sin supervisión médica también entraña ciertos riesgos.

La creatina en el deporte, el suplemento más estudiado

Uno de los suplementos más comunes en las personas que realizan deporte es la creatina. Zoido confirma que es el suplemento deportivo más estudiado. “Nos permite obtener una mayor intensidad de trabajo en un menor espacio de tiempo. En la actividad física, es lo que nos permitirá hacer un levantamiento más o un ejercicio de alta intensidad de corta duración”, ilustra. Es lo mismo que piensa Toni Solà, dietista-nutricionista y profesor en la Universidad de Vic (Barcelona), quien argumenta que los suplementos deberían categorizarse.

Según este investigador y emprendedor en el sector de los suplementos proteicos, la proteína en polvo podría llegar a calificarse de alimento. “Es un producto poco procesado y no deja de ser un concentrado de un alimento. Yo la veo como una opción más de la despensa”, defiende.

Por otro lado, Solà aclara que la creatina es una sustancia esencial que genera el propio organismo de cualquier animal. La encontramos cuando comemos carne o pescado, en los músculos, y también la generamos nosotros. Este nutricionista coincide con Zoido al afirmar que si se suplementa el habitual aporte y creación de creatina por parte de una persona se puede dar una mejora en la condición física. “Nos proporciona mayor masa muscular y resistencia, y eso está probado científicamente tras décadas de estudios en atletas de primer nivel”, comenta el experto catalán, quien recalca que la creatina ya se dispensa también orientada a la mejoría de la salud.

De todas formas, más allá de la creatina y la cafeína, y la proteína en polvo, las demás sustancias legales orientadas al deporte tienen unas mejorías “muy sutiles” en el rendimiento deportivo, continúa Solà. “A no ser que haya un déficit de algún mineral o vitamina, a nivel de suplementos a veces poner más tampoco es mejor”, abunda.

Por último, este experto profundiza en la responsabilidad del comprador de estos suplementos de saber qué se está llevando a la boca. Se refiere a la calidad de los productos. Al igual que alguien se fija en la calidad de una manzana o de la carne, pocas personas se paran a pensar de dónde procede esa proteína en polvo o qué sustancias se han añadido para cambiar su sabor y textura. “El problema a veces no está en la base, sino en lo que se le incorpora”, concluye Solà.

Primero fue la universidad. Esta semana le ha tocado a la Sanidad. En dos meses será el turno de la Formación Profesional (FP). Tras siete años en la Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha embarcado en una ofensiva contra la creciente privatización de los pilares básicos del estado del bienestar, una medida que la izquierda venía reivindicando hace tiempo, siempre con un ojo en la Comunidad de Madrid. En los tres casos, Moncloa se ha encontrado con la resistencia del PP, que pelea cada medida en favor de lo público en todos los frentes, desde el político hasta el judicial.

Estas medidas forman parte de la batalla ideológica contra la derecha ultraliberal que Sánchez inició haces meses y que representa fundamentalmente Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. A cada palo del Gobierno regional a derechos o servicios públicos, el Consejo de Ministros ha intentado contestar con medidas. Por ejemplo, ocurrió cuando el PP de Madrid sucumbió a una propuesta de Vox para torpedear el derecho al aborto obligando a los servicios municipales a informar de un falso síndrome postaborto. El Ejecutivo contraatacó con medidas para blindar el aborto en la Constitución y para obligar a las comunidades a cumplir con la ley enviando el registro de objetores de conciencia. 

En Moncloa están convencidos de que el mensaje acabará calando en los ciudadanos, aunque en los dos últimos test electorales, en Aragón y Extremadura, la estrategia no ha funcionado y la derecha se ha disparado mientras que los socialistas se han hundido. La intención del Gobierno es, en todo caso, seguir dando la batalla en lo ideológico, a pesar de la complejidad de que algunas iniciativas terminen por ver la luz dada la minoría parlamentaria de la coalición. Uno de los problemas es que en la aritmética tienen que encajar dos fuerzas de derechas, como PNV y Junts, que ha roto, además, con Sánchez mientras no se cumplan una serie de exigencias. El otro es que el PP ya ha dejado claro que será un dique en defensa de la privatización, mediante iniciativas parlamentarias y recursos en los tribunales.

Lo que sostienen en el Gobierno es que a la ultraderecha se la frena, además de no blanqueándola, con políticas. “Es lo que está haciendo el Gobierno: más política frente al intento de avance de la anti-política”, expresó la portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, donde se aprobaron medidas como el combate a la privatización sanitaria, las multas por el 'spam telefónico' de las energéticas o la prohibición de las subidas exageradas de precios en casos de emergencia.

Más allá de las palabras, la importancia que el Gobierno da a estas iniciativas se puede calibrar en el hecho de que, en el caso de las que atañen a los ministerios que lleva el PSOE, ha sido el propio presidente quien ha salido a presentarlas en vez de las respectivas ministras, un movimiento que Moncloa realiza cuando quiere que algún anuncio tenga más efecto. Todo lo que hace el presidente ocupa lugares destacados en los medios de comunicación; si el anuncio lo hace Diana Morant o Milagros Tolón probablemente no ocupe portadas ni sumarios del telediario.

“Presentan la privatización como única salida”

En uno de esos actos, hace casi un año, Pedro Sánchez desgranó cómo funciona el método que –principalmente los diferentes gobiernos del PP, el nacional en su momento y los autonómicos ahora– han puesto en marcha para minar lo público e impulsar lo privado: “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y, después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, razonó entonces Sánchez.

El paso ha sido recibido con buenos ojos por la comunidad educativa (solo el PP y algunos centros privados se han opuesto al endurecimiento de los requisitos para crear nuevas universidades), aunque muchos piensan que no van lo suficientemente lejos. “Son medidas necesarias, pero insuficientes”, valora Enrique Díez, catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León. Este experto explica que en los últimos años se ha “llevado a las universidades públicas a un proceso de competición permanente a través de rankings, búsqueda de financiación, captación de alumnado... Un modelo que lleva a la mercantilización de la educación superior”, sostiene.

En opinión de Díez “hay que ir hacia la sucesiva supresión de lo privado en los bienes comunes, en los derechos sociales. No puede haber beneficio, ánimo de lucro y usura, como sucede en el caso de Quirón. En ese caso se ve muy evidente porque es salud, pero sucede exactamente lo mismo con la educación”, sostiene.

Díez concede que el marco se ha ido desplazando tanto que solo plantear esto suena radical, pero está convencido de que es una cuestión de “voluntad política”. “Poco después de la Inquisión, dos personas decidieron que iban a desamortizar todos los bienes de la iglesia”, recuerda en alusión las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en el siglo XIX. “Se decía que era imposible, pero en una época en la que la Iglesia tenía un inmenso poder, se hizo. Es voluntad política”, insiste. “Pero, claro, tras la moción de censura lo primero que firmaron en sede parlamentaria los grupos que apoyaron a Sánchez fue derogar la ley mordaza, algunos [como Sumar] pidieron derogar los acuerdos con el Vaticano. Pero no se hizo nada”, expone esa, en su opinión, falta de ambición.

El mismo argumento, palabra por palabra

En la educación, la privatización progresa adecuadamente. El estancamiento de la oferta pública tanto en la FP como en la universidad, unido al aumento de la demanda de formación ante un mercado laboral ultracompetitivo han propiciado el desembarco de todo tipo de actores, con los fondos de inversión a la cabeza, para ocupar el espacio que el sector público ha dejado libre. Se compran y venden universidades con un 100% de beneficio, las empresas registran ganancias que rondan el 10%, cifras difíciles de alcanzar en otros sectores, y la clientela parece garantizada y, en algunos casos, creciente: España es la puerta de entrada a Europa para toda Latinoamérica.

La resistencia del Gobierno empezó con la universidad el pasado mes de octubre, cuando el Congreso aprobó la reforma del real decreto 640/2021, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El Ministerio de Universidades de Diana Morant endureció las condiciones para abrir nuevos centros tras comprobar, a base de experiencia, que la modificación anterior, realizada por el exministro Manuel Castells, no había surtido el efecto deseado: al dejar la decisión de aprobar o no un proyecto completamente en manos de las comunidades autónomas, estas podían dar el visto bueno aunque no cumpliera los requisitos. Y así lo hicieron: en los últimos años se han aprobado al menos tres universidades con informes desfavorables del Ministerio.

“Una universidad no puede ser una máquina expendedora (...) una fábrica de títulos sin garantías”, argumentó el presidente cuando presentó la segunda actualización del Real Decreto. Ese día habló de “chiringuitos”. “Toca elegir entre un modelo de educación superior universal, de calidad, que dé oportunidades a quien las necesita y que cohesiona el territorio, o un modelo que discrimina entre quienes pueden pagar y quienes no”, explicó.

Desde el pasado octubre, para abrir universidades privadas es necesario que una agencia de calidad independiente (nacional o autonómica) dé el visto bueno al proyecto, más allá de que este debe cumplir una serie de requisitos para obtener una licencia de universidad.

El (intento) de reforzar el sistema público educativo se quiere complementar ahora con la FP, otro sector en el que la privatización se ha disparado en los últimos años. En algunos ciclos populares, como los biomédicos o informáticos, se están matriculando más personas en centros privados que en públicos, básicamente porque estos no existen.

El presidente anunció hace dos semanas que quiere seguir el camino iniciado con la universidad y que va a “poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías” y que, afirmó, “se han convertido en chiringuitos que solo dan diplomas” sin calidad formativa. Casi palabra por palabra con el argumento utilizado para la universidad hace un año. En este caso, sin embargo, Sánchez no adelantó por dónde va a ir la reforma de un proceso que, en este momento, apenas pide a la iniciativa privada ajustarse a ciertos requisitos de instalaciones y profesorado. Como ocurre con la universidad, las competencias para autorizar centros las tienen en exclusiva las comunidades autónomas.

“Las garras especuladoras” de la Sanidad

El plan en Sanidad sigue la misma línea. No se trata de revertir lo ya privatizado, sino de al menos establecer algunos límites y mecanismos de control a un modelo instaurado hace 30 años por el Gobierno de José María Aznar y que ha dado como resultado que los grandes grupos de la sanidad privada estén haciendo negocio a costa de la insuficiencia de recursos públicos.

Aquella ley, de 1997, estableció que las comunidades autónomas podían apoyarse en el sector privado en dos vertientes: externalizando la gestión de centros hospitalarios públicos a cambio de un canon anual y subcontratando servicios y tratamientos de la sanidad pública a la privada. El resultado, tres décadas más tarde, es una red pública cada vez más en manos privadas, y unas empresas que hacen caja con los presupuestos de las administraciones regionales.

Hace un par de meses, el Ministerio de Sanidad sentó las bases para justificar la medida que ahora han tomado. Presentaron un demoledor informe en el que señalaban que entre 2011 y 2023 el gasto público en sanidad privada se había disparado un 84%, a consecuencia de que en la actualidad uno de cada tres hospitales de la red pública esté gestionado por una empresa.

La salud es como la educación, siempre tiene clientela. Pero en el caso de la Sanidad hay muchos costes que pueden mermar los beneficios, así que las compañías han ido encontrando la manera de potenciar su rentabilidad. Por ejemplo, como señala el informe, rechazando los procedimientos clínicos más costosos, que acaban asumidos por el sistema público. Pero hay casos más extremos: el Hospital de Torrejón demostró que las prácticas para mejorar la cuenta de resultados llegaban al extremo de rechazar pacientes en función de su gravedad, se daban órdenes para reutilizar material de un solo uso, se prescindía de algunos tratamientos o se aligeraban listas de esperar cambiado el triaje de los pacientes.

El anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado el pasado martes y al que le queda un largo camino hasta que se debata en el Congreso, no entra a revertir esas privatizaciones. Pero sí plantea requisitos para las nuevas, como justificaciones a las externalizaciones de gestión de hospitales, auditorías a las cuentas o la obligación de priorizar a entidades sin ánimo de lucro frente a las empresas. “Vamos a proteger el Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, resumió la ministra de Sanidad, Mónica García.

Eso sí, para que eso acabe sucediendo el texto tiene que ser aprobado en un Congreso enormemente fragmentado, y con una mayoría que pasa por sumar a algunos partidos que lejos de tener problemas con la privatización sanitaria, la han impulsado en sus territorios.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha fijado los servicios mínimos a aplicar desde este próximo lunes, 16 de febrero, cuando comienza la primera de las semanas completas de huelga convocadas por los médicos para reclamar un Estatuto Marco propio. Los paros terminan en la semana del 15 al 19 de junio siempre y cuando no haya antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

A dicha huelga están convocados en torno a 30.000 facultativos andaluces, a lo que se suman los residentes (MIR) y los facultativos no médicos. En la última convocatoria de huelga, que se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de diciembre, se suspendieron más de 308.000 consultas médicas, 18.200 pruebas diagnósticas y 4.000 intervenciones quirúrgicas.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica este viernes la orden para “garantizar el funcionamiento del sistema público” para las semanas del 16 al 20 de febrero; del 16 al 20 de marzo; del 27 al 30 de abril; del 18 al 22 de mayo; y del 15 al 19 de junio. La orden entra en vigor este mismo viernes, según se recoge en el texto consultado por Europa Press.

En el caso de atención primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del SUAP “no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos”. En los centros donde no se ubique un SUAP, o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio, “se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro de atención primaria”.

Los consultorios, sin servicios mínimos

Los centros que sean consultorios auxiliares “no tendrán servicios mínimos asignados”. En atención hospitalaria, “se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo”. “En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo”. Los servicios “garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo”.

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, “en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes”. En caso de hospitalizaciones, “debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8 a 15 horas”.

“Debe respetarse –continúa la orden– la programación funcional habitual de los quirófanos”, a fin de “evitar la reprogramación de actividad impidiendo los efectos de la huelga”. En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Adicionalmente, “se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de médicos que habitualmente haya un fin de semana o festivo”. En servicios de urgencias hospitalarias que haya menos de tres MIR en la guardia, “no se establece ningún tipo de refuerzo”.

Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años al que le diagnosticaron el 5 de junio de 2025 un cáncer de páncreas, ha fallecido. Lo ha comunicado su familia a través de las redes sociales de este joven, que era padre de dos hijos y había pedido matrimonio a su pareja dos días después de haber recibido la fatídica noticia. “Xisco vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis”, comentan sus familiares en la publicación en la que han dado a conocer su fallecimiento.

Desde ese momento, decidió compartir su día a día a través de las redes, haciendo pública su enfermedad e intentando curarse de ella, pese a que las posibilidades de superar el cáncer eran remotas. Xisco tenía un cáncer de páncreas en fase avanzada con metástasis en el hígado. Su ejemplo ha servido de inspiración para miles de personas que han seguido la evolución de su enfermedad durante más de medio año.

“Las palabras del médico fueron textualmente: ‘Si va bien, podemos paralizarlo y alargar esto unos meses’”, explicó él mismo en uno de sus vídeos. El diagnóstico llegó después de varias pruebas médicas. “Me hicieron análisis de sangre, una ecografía abdominal y entonces llegó aquella frase: ‘Tienes un tumor, ha hecho metástasis en el hígado y no se puede operar’”, señalaba el joven, quien militó en equipos del fútbol balear como el CD Atlético Rafal, el Gènova, el Platges de Calvià y el Ferriolense.

Todo comenzó con fuertes dolores de estómago. El joven acudió entre cuatro y cinco veces a urgencias. “Todas las veces lo mismo, antiinflamatorio y protectores de estómago”, contó. El dolor remitía de forma momentánea, pero regresaba al poco tiempo. “No podía más”. En paralelo, estuvo de baja laboral y buscó alivio en fisioterapia para tratar la zona del core y en un quiropráctico –una pseudociencia según el consenso científico– para la zona lumbar.

“Estaba convencido de que era un fallo mecánico”

“Tengo 28 años, estaba convencido de que era un fallo mecánico, una sobrecarga por el deporte, por el trabajo”, opinaba él. Durante esos meses también experimentó otros síntomas que no encajaban. “Estaba con un nutricionista, en mi mejor momento físico y aun así tenía dolor. Aparte, seguía bajando de peso”. A ello se sumaba un cansancio inusual. “Dormía entre 7 y 8 horas y a mitad del día estaba fundido. Antes con 7 horas era capaz de entrenar dos veces”.

Con el paso de las semanas, el dolor se intensificó hasta impedirle dormir. “Me dolía tanto la barriga que el dolor me llegaba hasta la zona lumbar”. Convencido de que algo no iba bien, insistió hasta conseguir una cita en medicina interna para el 4 de junio. “Ese hombre sí que me miró distinto y me dijo: ‘Vamos a asegurarnos de todo’”.

El especialista le solicitó varias pruebas: una analítica —que pudo realizar al día siguiente—, una resonancia lumbar programada para dos meses después, una ecografía abdominal fijada para el 19 de junio y una gastroscopia, pendiente de la llamada de la anestesista el día 16 del mismo mes. Le indicó que, cuando tuviera todos los resultados, volviera a consultarle.

Aquella semana ni siquiera pudo trabajar. El dolor era tan intenso que apenas podía salir de casa. Sin embargo, no hubo que esperar a completar todo el proceso. Al día siguiente de aquella consulta, el 5 de junio, se detectó el tumor en el páncreas. “En ese momento sentí que se me caía el puto mundo. 28 años, mis dos hijos, mi familia…”, relató al recordar el instante del diagnóstico.

El tiempo corría en contra y el tratamiento comenzó de inmediato. “Empezamos una quimioterapia urgente, de inmediato”, explicó. Fue en ese contexto cuando decidió dar un giro a su manera de afrontar la enfermedad y compartir el proceso públicamente. Ha fallecido ocho meses después de conocer su diagnóstico.

Xisco pasó los últimos meses de su vida en la clínica Universidad de Navarra, de titularidad privada, rodeado de sus seres queridos. “Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles”, ha señalado su familia, que ha pedido “respeto y cariño” en estos momentos “tan difíciles”. “Siempre vivirá en nosotros”, concluyen.

Recaudó casi un millón de euros

Xisco acudió tanto a la sanidad pública como a la privada, lo cual le supuso un enorme gasto que al final era imposible de asumir. Hizo un llamamiento para recaudar dinero a través de un crowdfunding, y así poder reunir el dinero suficiente. Consiguió alrededor de 900.000 euros, no sin que saltara la polémica en redes.

El joven mallorquín se justificó diciendo que su intención era costear su tratamiento pero que no sabía cuánto iba a durar. En caso de no superar la enfermedad, explicó que gran parte del dinero iría destinado a la investigación del cáncer –en especial de páncreas–, así como a su familia, que había aportado dinero en la medida de sus posibilidades. “Sin olvidar el pago de los impuestos correspondientes y de la comisión que se lleva la aplicación [del crowdfunding]”, aseguraba.

Asimismo, Xisco reconocía que entendía la polémica que se había generado al “haber recaudado una cantidad tan elevada” pero que quien le conoce sabe que su única intención era “curarme y ayudar a las personas que están padeciendo esta enfermedad”. “Suelo agradecer de corazón todo el apoyo y ayuda que he recibido por todos los deseos bonitos que me llegan”, concluyó.

Desde hace algunas semanas, varias de las compañías lácteas más grandes del mundo –incluidas, entre otras, Nestlé, Danone, Granarolo y Lactalis– están retirando y bloqueando lotes de fórmula infantil, por el temor a que estén contaminados con una toxina llamada cereulida.

Esta situación ha provocado retiradas masivas de productos y ha suscitado gran preocupación entre los padres. La alerta es global y afecta a más de 60 países en todo el mundo.

Se estima que al menos 29 países europeos están involucrados. España no es una excepción: la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido varias notificaciones de retirada preventiva de diversos lotes de leche de fórmula infantil por la posible presencia de cereulida.

Náuses, vómitos y diarreas

La cereulida es una toxina termoestable producida por las bacterias Bacillus cereus y Bacillus weihenstephanensis. Resistente al ácido y a las enzimas digestivas, provoca náuseas y vómitos intensos y cíclicos repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. También puede causar dolor abdominal y, a veces, diarrea. Incluso ocasionalmente da lugar a intoxicaciones graves relacionadas con insuficiencias hepáticas agudas.

En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del cuerpo y provocar complicaciones como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé. Los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer enfermedades graves.

De todas formas, la acumulación de cereulida en productos alimenticios es un riesgo significativo porque no se destruye fácilmente mediante métodos de procesamiento o digestión de los alimentos. En algunos casos, incluso puede llegar a ser mortal.

El principal sospechoso

El motivo de la posible contaminación con cereulida ha sido rastreado hasta un ingrediente específico: el aceite de ácido araquidónico o ARA, suministrado a las compañías por un proveedor internacional. El ARA es un ácido graso omega-6 utilizado en la industria alimentaria. Los fabricantes de fórmulas infantiles lo emplean en algunos productos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/127.

Dada la situación, la Comisión Europea solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) que emitiera asesoramiento científico urgente para respaldar las decisiones sobre la retirada de productos. Tras una evaluación rápida de los riesgos, la AESA ha establecido un nuevo nivel máximo de ingesta diaria segura para la cereulida.

El “síndrome del arroz frito”

Bacillus cereus es el principal agente causante del “síndrome del arroz frito” que se produce cuando el arroz hervido se deja a temperatura ambiente durante unas horas. Se estima que Bacillus cereus es responsable del 1,4 % al 12 % de todos los brotes de intoxicación alimentaria en el mundo. La bacteria produce enfermedades gastrointestinales de dos tipos: eméticas y diarreicas. El tipo emético, que a menudo es asociado con la ingesta de pasta y de arroz contaminado, surge por la presencia de la cereulida en los alimentos. En 2008, la muerte súbita de un adulto joven (20 años) fue asociada a una intoxicación alimentaria por Bacillus cereus.

Todo comenzó el 1 de octubre, cuando el joven enfermó tras ingerir restos de espaguetis con salsa de tomate, preparados cinco días antes y dejados en la cocina a temperatura ambiente. Después de asistir a clase, los calentó en el microondas. Inmediatamente después de comer, salió de casa para realizar actividades deportivas, pero regresó 30 minutos después y sufrió dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y diarrea acuosa. Después de medianoche, se quedó dormido. A la mañana siguiente, a las 11:00, sus padres estaban preocupados porque no se había levantado. Cuando fueron a su habitación, lo encontraron muerto. Los análisis posteriores aislaron cepas eméticas de Bacillus cereus y se encontraron altos niveles de cereulida en los espaguetis.

Cocinar alimentos contaminados a las temperaturas recomendadas elimina las células vegetativas de Bacillus cereus. Sin embargo, las esporas de esta bacteria, que son resistentes al calor, pueden sobrevivir al proceso de cocción y volver a germinar si los alimentos se enfrían lentamente.

Si los alimentos se mantienen durante varias horas a temperaturas inadecuadas antes de servirlos –por encima de 5 °C en el caso de alimentos fríos o por debajo de 57 °C en alimentos calientes– pueden desarrollarse concentraciones peligrosas de bacterias o de toxinas antes del consumo.

El correcto almacenamiento de los alimentos es fundamental para evitar las intoxicaciones alimentarias en el hogar.

Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca y miembro de la Sociedad Española de Microbiología .

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Cinco bebés han sido hospitalizados en España tras beber leche de fórmula supuestamente contaminada con la toxina cereulida, producida por una bacteria. Otros tres pequeños han presentado síntomas, según el boletín de alertas del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC). El ministerio de Sanidad informa de que todos fueron dados de alta.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria había lanzado una alerta sobre esta toxina en leche de la marca Nestlé al comienzo del mes de enero. La empresa retiró lotes de su producto tras conocerse la contaminación. Ahora se han conocido estos casos por la publicación europea.

“Ninguno de los casos ha sido confirmado en el laboratorio”, añade el documento por lo que no se ha podido “establecer una relación causa-efecto entre los síntomas y el consumo”. El Centro informa de que durante enero se retiraron estos productos del mercado tanto en la Unión Europea como fuera de la UE al detectarse esta toxina que produce un cuadro repentino de náuseas y vómitos poco después de consumirse.

Además de en España, el ECDC reporta que en Francia ingresaron 11 niños “que ya se recuperan en sus casas”, en Reino Unido se han detectado 36 casos de bebés con síntomas tras consumir esta leche, más otros cinco casos confirmados en Bélgica. Las autoridades en Dinamarca han recibido informes sobre menores con síntomas una vez ingerida la leche.

La investigación de la causa ha llevado hasta un complemento con omega-6 que se añadía a la leche.

El Hospital La Paz debe indemnizar con 218.563,79 euros a la familia de un médico fallecido tras contraer la covid-19 en el desarrollo de su actividad profesional. La sentencia, adelantada por El Confidencial, concluye que el centro hospitalario “no cumplió la exigencia de la normativa de garantizar la seguridad y salud en el trabajo”.

Joaquín Díaz Domínguez era Doctor en Medicina y Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Paz desde el año 2013. Además, el facultativo había sido Director Médico entre 1994 y 2004 del mismo hospital, que depende de la Comunidad de Madrid. Díaz falleció tras contraer la covid-19 en su puesto de trabajo, y el centro hospitalario madrileño, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, habría incumplido la legislación de prevención de riesgos laborales en los primeros días de la epidemia al no suministrar al profesional los equipos de protección necesarios.

La sentencia, que aún no es firme, ha sido dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número 28 de Madrid, que considera que el hospital incurrió en una “omisión negligente” y condena al centro a pagar una indemnización de 154.661,81 euros a la viuda y 21.300,66 euros a sus tres hijas, una cuantía que asciende al total de 218.563,79 euros en concepto de daños y perjuicios por responsabilidad empresarial. Desde el equipo jurídico encargado del caso, valoran esta sentencia como “objetiva”, aunque el interés de la familia no era económico, sino de “justicia”, declara Sr. Víctor Lucas Olmedo, socio del Departamento Laboral de EVERLAW. 

Exposición al contagio

La “omisión negligente”, a la que hace alusión la sentencia, se define como la causa que “provocó una exposición al contagio que podría haberse evitado o al menos minimizado el riesgo de contagio causando el accidente de trabajo que provocó la muerte” del doctor Díaz. Este aspecto ha sido clave para la defensa que ha trabajado durante cinco años en la defensa de este caso, que presenta un “enfoque diferente al resto” de los sucedidos en el marco de la pandemia. Así lo explica Sr. Lucas, quién, además, hace hincapié en el carácter apolítico de la sentencia, ya que se aleja de “cuestiones políticas” para poner el foco en “los derechos del trabajador y en las normas de la empresa”.

El abogado insiste en que esta sentencia es “aséptica” ya que, según explica, ha valorado las pruebas y constata que “no se cuidó de la salud del profesional sanitario cuando se tenía oportunidad para ello”, cuenta. La sentencia aún no es firme, por lo que la parte demandada podría recurrirla, asevera Sr.Lucas. 

Nueve años ha durado España “libre” del sarampión. El país obtuvo ese estatus de la OMS en 2016 y lo perdió el pasado mes de septiembre –aunque la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha trascendido este martes–, un escenario que hace solo un año pocos expertos preveían pese al repunte de los casos.

España tocó suelo en incidencia del sarampión en 2023, con solo siete casos confirmados, pero en 2024 subió hasta 227 y en 2025 continuó con el ascenso hasta 397 confirmados, evolución que ha motivado el cambio de estatus del país decretado por la OMS. “Es un aumento de los casos importante, pero no hay que dramatizar”, valora Quique Bassat, del Instituto de Salud Global de Barcelona. En comparación, en todo EEUU hubo 2.000 casos ese mismo año, cinco veces más para siete veces más población.

Pese al retroceso que supone que uno de los virus más contagiosos vuelva a circular por el país, los médicos consultados no creen que haya motivo de alarma, aunque sí sostienen que hay que preocuparse y ocuparse de la situación. “Lo que hace la OMS, como ya ha hecho con Alemania, Francia o Italia, es advertir de que puede haber un salto en la transmisión”, apunta Valentí Pineda, vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP). “Son mecanismos de la OMS para reforzar las estrategias nacionales de los países y que se pongan las pilas”, resume Bassat. Ninguno de ellos menciona el movimiento antivacunas como un factor de impacto en este caso, al menos no en España.

Los expertos en salud pública coinciden en que el problema es global, no local. De hecho, en la misma tacada que España han perdido el estatus de país libre de sarampión lo han hecho Reino Unido, Austria, Armenia, Azerbaiján y Uzbekistán. “En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región”, explica el Ministerio de Sanidad en un comunicado, “entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida”.

“No tenemos un problema aquí”

“No tenemos un problema aquí”, coinciden Bassat y Pineda. En España, las coberturas vacunales son elevadas y la penetración de movimientos antivacunas es limitada, añaden (al menos en este caso). El país presenta una tasa de vacunación del 97% con la primera dosis (se considera un 95% como la cifra adecuada) y un 93% (con algunas comunidades autónomas por encima y otras por debajo) en la segunda dosis, que en este caso no sirve como refuerzo sino para cubrir al 3%-4% de la población a la que la vacuna no le funciona con un solo pinchazo. Los números, insisten los expertos, son sólidos. También añaden que con la alta capacidad de infectar del virus, bajar de ese porcentaje, aunque pueda ser poco, puede disparar la transmisión.

¿Qué está pasando entonces? Covid, pobreza y movilidad y la altísima capacidad de infección del virus (unas cuatro veces más que la cepa original de Covid) explican la situación, coinciden los médicos. El impacto de la pandemia golpeó a los servicios médicos de todo el mundo, las tasas de cobertura cayeron y hay países, europeos y no, que aún no se han recuperado. La pobreza en algunas de estas naciones y las migraciones consecuentes completan el relato, explica el epidemiólogo Amós García Rojas, que también introduce el “factor bélico” como causa de la caída de la vacunación en algunos países, por ejemplo Ucrania.

“Hay entornos que provienen de países con coberturas vacunales más bajas donde la circulación del virus es mucho mayor”, explica Quique Bassat. Pineda añade que España está “en medio de dos zonas, Marruecos y Rumanía, con muchísimos casos, coberturas de vacunación muy baja y con miles de casos. Es posible que al recibir ciudadanos de estos países aparezca la enfermedad, se transmita de casos importados a autóctonos [esas pequeñas bolsas sin vacunar], y cuando se llega a un cierto número de casos podría haber contagio entre personas autóctonas”.

Sanidad ha explicado que de los 227 casos detectados en 2025, “un 23,3% fueron importados, un 44,9% estaban relacionados con la importación y en un 32,2% no pudo establecerse el origen”. Entre los 397 confirmados en 2025, añade el ministerio, “se incluyen 108 casos importados (principalmente de Marruecos y Rumanía)”. El ministerio incide en la necesidad de aumentar la cobertura, de dar ese paso extra. “Dada la situación de circulación del sarampión en países de nuestro entorno, dada la situación mundial de circulación del sarampión, es fundamental conseguir coberturas muy altas, más del 95% en las dos dosis, porque en un contexto de eliminación del sarampión hay que asegurar que toda la población o la inmensa mayoría de la población está protegida”, con especial foco en los grupos vulnerables, explica María José Sierra, subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Los expertos no creen que haya un problema de tipo autonómico. Pese a que la cobertura no es homogénea por todo el país y hay comunidades que bajan del 90% en la tasa de segundas dosis aplicadas, las tres en las que más casos se detectaron en 2025 (Andalucía, Catalunya y Euskadi) están entre las mejores en esa estadística, por encima de la media nacional las tres y con coberturas del 94% o más, según datos del Ministerio de Sanidad, por lo que no se puede establecer una causalidad directa. Pineda resta importancia al dato regional: “No tenemos constancia de que el registro sea un 100% fiable, algunos perfiles pueden no aparecer”, explica, por ejemplo si se han vacunado en la privada.

“Las cosas se están haciendo bien”

En cualquier caso, los expertos coinciden en que “las cosas se están haciendo bien”, aunque conceden que se puede mejorar algo la tasa de vacunación en segunda dosis para alcanzar ese 95% mínimo deseable. Una manera de hacerlo podría ser, propone Pineda, adelantar el momento de administración de ese segundo pinchazo, actualmente cerca de los tres años, a los dos, tal y como propone el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

La AEP insta también a los profesionales a “pensar en el sarampión” en aras de lograr diagnósticos rápidos que permitan actuar, por ejemplo aislando a los contagiados para que no propaguen el virus. “Esto nos dice que estemos al tanto, que entrenemos a pediatras y médicos de familia a detectar el sarampión, pensar en él y actuar de inmediato”, dice Pineda.

Una línea argumental similar a la del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV) de la OMS, que ha pedido “a todos los Estados miembros a mejorar los sistemas de vigilancia para mejorar la detección de casos y capturar más datos epidemiológicos y de laboratorio para permitir un análisis adecuado y la identificación de las cadenas de transmisión y las fuentes de brotes”, según ha informado Sanidad.

Amós García lamenta que “después de años y años de trabajo por parte de los sanitarios, de la sociedad también, se consigue declarar el territorio libre de una enfermedad que tiene un impacto terrible en la ciudadanía y, de repente y por parámetros no sanitarios, se genera un escenario que permite la circulación endémica de la enfermedad”.

Este epidemiólogo advierte contra el negacionismo (aunque no parezca aplicar a este caso) y defiende que “es una vacuna magnífica, de las mejores del mercado”.

Pineda concluye con un mensaje positivo: “No hay que generar alarma, pero sí hay que alertar y explicar a la gente que sin unos porcentajes de vacunación muy altos puede haber problema. Pero en España en lo que va de siglo solo ha fallecido una persona por esta causa”, relativiza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sacado a España de la lista de países libres de sarampión (measles elimination status, dice la nota), junto a otras naciones europeas, “tras un aumento de los contagios en todo el continente”. El Ministerio de Sanidad ha comunicado este martes que ha recibido una comunicación del organismo internacional que atestigua que, “tras la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024, se considera que se ha reestablecido la transmisión endémica del sarampión en España”.

El ministerio informa en su nota de que en nuestro país, en 2024 se notificaron 467 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227: un 23,3% fueron importados, un 44,9% estaban relacionados con la importación y en un 32,2% no pudo establecerse el origen. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos, entre los que se incluyen 108 casos importados (principalmente de Marruecos y Rumanía).

Los contagios se han disparado en los últimos dos años. En 2023 hubo 14 casos en España. “Durante 2024, se registraron 30 brotes en 12 comunidades autónomas, en general de pequeño tamaño y duración limitada. Uno de ellos, vinculado a una población infantil con baja cobertura vacunal, causó 52 casos y se mantuvo activo durante tres meses”, explica el departamento que dirige Mónica Gracía. En 2025, Sanidad detectó 397 casos confirmados, una subida del 75% respecto a los datos de 2024 que provocaron la pérdida del estatus de país libre del sarampión en España, decisión que se tomó el pasado septiembre aunque se notifica ahora, según ha informado Reuters.

Reino Unido, Austria, Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán también han dejado de ser países libres de sarampión, según la agencia. La OMS pide a todos estos países que refuercen la tasa de vacunación, “especialmente entre las poblaciones insuficientemente protegidas”, para evitar que la enfermedad vírica infecte a un mayor número de niños. “La situación en 2024 destacó la necesidad urgente de un mayor compromiso político y financiero de los países y las organizaciones internacionales”, apunta la OMS.

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación, pero es altamente contagioso, por lo que suele ser una de las primeras enfermedades en reaparecer cuando descienden las tasas de inmunización. Habitualmente provoca síntomas como fiebre alta y erupciones cutáneas, aunque también puede dar lugar a graves complicaciones a largo plazo e incluso a la muerte.

Carlos Lorente Colomar ve dos caras conocidas al salir del hospital de Eivissa. Un matrimonio –mediana edad– que sabe qué hay dentro de la carpeta que lleva este hombre –alto, voluminoso, moreno, gafas de pasta– bajo el brazo izquierdo. 

–¿Tenías cita hoy, Carlos? –dice él.

–¡No, no! He quedado con estos periodistas, que quieren preguntarme por mi historia. ¿Y vosotros qué hacéis por aquí?

–Nada, nada. Venimos porque yo –dice ella– tenía que ver al dermatólogo. Pero tú… ¿cómo vas de lo tuyo?

“Lo tuyo” es un tumor que hizo que el riñón derecho de Carlos –cuarenta y siete años cuando le diagnosticaron la enfermedad, hace ahora dos veranos– llegara a pesar “un kilo”. “Cuando lo normal es que como mucho pese doscientos gramos. Después de una operación, en Son Espases [el hospital balear de referencia, en Mallorca] y diecisiete ciclos de inmunoterapia, vuelvo a encontrarme bien. He tenido mucha suerte. ¿Sabes por qué? El cáncer me lo descubrieron en una visita a Urgencias, si hubiera tenido que esperar a que me dieran una cita con un especialista que luego me derivara a un oncólogo… Por desgracia las listas de espera son muy lentas en esta isla”.

La de Oncología, algo más de dos semanas. “La tercera más baja” de las Illes Balears, como presumen desde el Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. Pero la estadística da, según los colectivos de pacientes de cáncer que tienen sede en las Pitiüses, una imagen incompleta de lo que ocurre al sur del archipiélago. No tan sólo porque el servicio oncológico de Can Misses lleve años sin trabajar a pleno rendimiento –ahora, hay tres plazas y media cubiertas de las siete con las que debería contar el departamento–, sino porque el colapso es estructural. Los dieciocho días que tarda, de media y derivado por otro especialista –el neurólogo, la hematóloga, la neumóloga, el traumatólogo…–, un paciente en encontrarse por primera vez con el oncólogo que le acompañará y guiará en su proceso de curación se multiplican por una cifra difícil de definir cuando se intenta calcular el tiempo que pasa entre una visita al médico de cabecera y la operación para extirpar un tumor o el inicio de un tratamiento.

“Para el cáncer el tiempo es muy importante. Si se tarda en dar las citas, no hay tiempo para valorar al paciente adecuadamente y hay listas de espera muy largas para las pruebas diagnósticas”, explica Paloma Medina Rebollo, una palentina que ejerce como psicooncóloga para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) desde las Pitiüses. “A lo mejor, cuando se detecta el cáncer –continúa la terapeuta– es ya demasiado tarde o el tratamiento va a ser mucho más complicado y las posibilidades de recuperación van a ser menores. Para poder mejorar, hay que fijarse en todo el proceso. Y el proceso empieza desde una buena prevención, hacer bien los programas de cribado, un sistema sanitario bien estructurado. El problema no está solo en Oncología, también está fallando la Atención Primaria, las pruebas diagnósticas y las Urgencias”.

Para el cáncer el tiempo es muy importante. Si se tarda en dar las citas, no hay tiempo para valorar al paciente adecuadamente y hay listas de espera muy largas para las pruebas diagnósticas

Paloma Medina Rebollo — Psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer

La misma sensación que explica la psicóloga Medina la comparten algunos médicos del sistema de salud público pitiuso con los que ha hablado elDiario.es. Estos profesionales cuentan que si al informe de un paciente que entra en la consulta con síntomas sospechosos no se le pone la etiqueta de “preferente” se corre el riesgo de que su caso se quede vagando como alma en pena por los pasillos de Can Misses. La coletilla, sin embargo, no siempre funciona. Amanda (nombre ficticio) es un ejemplo. Su caso lo contó el digital Noudiari a mediados de diciembre. En mayo de 2023, su médico solicitó, por la vía de urgencia, una cita con Digestivo. Por “un error”, como alegó el Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, la petición se degradó “de preferente a normal”. Tuvo que ser necesaria la repetición de una prueba de heces –con resultados anormales–, una falsa derivación a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario –gracias a los convenios millonarios que mantiene el Ib-Salut desde hace décadas con la familia Vilás, los propietarios del único hospital privado que existe en Eivissa y Formentera– y una queja en el servicio de atención al paciente para que una colonoscopia confirmara lo que Amanda y su médico ya temían: metástasis en el aparato digestivo después de dos años sin ver a un oncólogo.

Una paciente pasó dos años sin ver al oncólogo porque su petición pasó de 'preferente a normal' por un 'error'

La historia de Amanda recuerda mucho a la de Lucía, a la que aún no ha explorado un especialista de la sanidad pública pese a que los primeros síntomas de la demencia que la acompaña se manifestaron, como le ocurrió a la paciente oncológica, hace dos primaveras. Ambas pasan de los setenta años, una edad en la que los problemas de salud se agravan.

La desbandada de especialistas

Los problemas en Oncología son crónicos. En 2022, como reconocen desde Can Misses, hubo “una desbandada” de especialistas. De cinco –el número de plazas autorizadas que había entonces– se pasó a uno. Fue necesario ofrecer peonadas a oncólogos mallorquines para que cruzaran el puente aéreo entre las islas y aliviaran un servicio desbordado. Pese a que desde 2024 se han ampliado las plazas –para firmar contratos más largos–, los precios desbocados de la isla –alquileres o hipotecas, gasolina, cesta de la compra, atasco en otros servicios públicos: Tráfico, ITV, Seguridad Social…– son un handicap difícil de salvar. Aunque los nuevos fichajes –el último, hace una semana– cobren 1.650 euros al mes como complemento de vivienda al tratarse de empleos “de muy difícil cobertura” y una oficina del Ib-Salut ponga en contacto a caseros y sanitarios interesados en alquiler por debajo de lo que pide un mercado salvaje. 

Pese a que desde 2024 se han ampliado las plazas, los precios desbocados de la isla son un hándicap difícil de salvar. Los nuevos fichajes –el último, hace una semana– cobran 1.650 euros al mes como complemento de vivienda

El volumen de tareas tampoco ayuda a fidelizar profesionales. Inicios de tratamiento, tomar el barco una vez a la semana para atender a los pacientes de Formentera, consultas de revisión, comités de tumores y un extra, fuera de Oncología: guardias en planta. En diciembre, tras un motín de los pesos pesados del Àrea de Salut que propició un cambio de gerente, se reorganizó el tiempo de los oncólogos, que ahora pasan consulta también por la tarde. Una optimización de recursos que evidencian una realidad: no hay arraigo y, ante una oferta buena que llegue de la península –por ejemplo, para investigar– un oncólogo con mucha carrera por delante elige marcharse. Un dato: sólo el responsable de departamento lleva más de cinco años trabajando en Eivissa. No lo hace a jornada completa, al igual que dos de sus compañeros. 

No hay arraigo y, ante una oferta buena que llegue de la península, un oncólogo con mucha carrera por delante elige marcharse. Sólo el responsable de departamento lleva más de cinco años trabajando en Eivissa. No lo hace a jornada completa, al igual que dos de sus compañeros

Los titubeos del Ministerio de Sanidad que dirige la anestesióloga Mónica García (Sumar) para impulsar cambios legales que impidan –al menos, a los jefes de servicio– trabajar a la vez en la privada y la pública permite a este médico ibicenco trabajar de forma simultánea en los dos modelos sanitarios. Algo muy diferente a lo que ocurre en Menorca. El Mateu Orfila –misma categoría que Can Misses: hospital insular– cuenta con cuatro oncólogos. Todas las plazas están cubiertas. Todas, a jornada completa. Con una zona sanitaria mucho menos poblada –96.000 frente a 161.000 habitantes–, los especialistas menorquines atendieron en 2025 más visitas –13.392 frente a 7.723– que sus colegas ibicencos.

A Carlos Lorente Colomar no le resulta extraña esta información. Antes de que le encontraran el tumor, ya seguía por la prensa el baile de oncólogos en Can Misses. Tampoco le pillan por sorpresa casos como los de Amanda o Lucía. Quizás no tan crudas, pero sí se ha encontrado algunas muy parecidas al sentarse cada semana en un semicírculo –Paloma Medina Rebollo, que es su psicóloga, en el medio– con otros enfermos de cáncer. “La terapia y los talleres que ofrecen estas asociaciones son necesarias para entender y relativizar lo que te pasa… escuchando a los otros. Sale de todo y, lo peor, es la impotencia que siente a quien, por la lentitud del sistema, no le han podido operar o dar un tratamiento a tiempo. Si no tienes síntomas y te lo descubren tarde… qué se le va a hacer. Pero cuando tú sabes que no estás bien y no hay manera de que te vea un especialista que te mande después al oncólogo… eso es muy difícil de digerir. Yo tuve, en el fondo, mucha suerte. A mí no me han visto varios oncólogos –como le ha ocurrido a mucha gente– porque, como están saturados y, sobre todo, se paga muchísimo por tener una vivienda en Eivissa –y ni te digo en Formentera– prefieren irse a otros hospitales”.

Sale de todo y, lo peor, es la impotencia que siente a quien, por la lentitud del sistema, no le han podido operar o dar un tratamiento a tiempo. Si no tienes síntomas y te lo descubren tarde… qué se le va a hacer. Pero cuando tú sabes que no estás bien y no hay manera de que te vea un especialista que te mande después al oncólogo… eso es muy difícil de digerir

Carlos Lorente — Paciente oncológico

Ir a Urgencias le salvó la vida

Una tarde de julio de 2024. Carlos Lorente Colomar deja de leer el libro que tiene entre las manos. Está sentado en el sofá de su casa y el corazón se le pone a mil por hora. Sin previo aviso. Tiene un pulsómetro a mano. Ciento cincuenta en reposo. Una locura. No es el calor húmedo. Tampoco una crisis de ansiedad. Ni una sensación nueva. Si acaso, más bestia que otras veces. Lleva semanas empapando las sábanas por las noches, perdiendo peso de forma alarmante, faltando al trabajo de forma intermitente. Algo le quema por dentro. Se lo ha contado a su médico de cabecera que, según el paciente, no sospecha nada. El corazón sigue desatado, pero no se lo piensa. Coge la cartera, el cargador del móvil, la bolsa de aseo, un libro. También prepara un pastillero. Con sumo cuidado: ordena dosis para varios días. Los medicamentos los deja cerca de la persona que está dejando en casa, la anciana a la que cuida desde hace años. Es su abuela. La misma mujer que lo crió cuando él era niño. Ahora –nonagenaria y dependiente– las tornas han cambiado. 

Con los deberes hechos, unos minutos le bastan a Carlos Lorente Colomar para plantarse en la puerta del hospital. Nervios a flor de piel, pulsaciones que siguen siendo altísimas. En Urgencias alucinan con su estado. Le inyectan una dosis de morfina, lo visita un psiquiatra, se descarta que el paciente haya tomado algo para quitarse de en medio. Y, entonces, llega la internista que le cambia la vida. Dice el paciente oncológico:

–Tuve la gran suerte de que la doctora Macarena Pan Pérez-Villalobos fue quien me trató en Medicina Interna y, sabiendo que soy cuidador, me dio la opción de estar ingresado haciendo pruebas o, si lo prefería, ir por consultas externas. Opté por seguir su recomendación y al tercer día de estar ingresado, mientras comía, me dan la noticia: cáncer renal de células raras. “¿Ves, Carlos? Es como si a tu riñón, que encima tiene forma de herradura, está fusionado con el izquierdo, no hubieran dejado de echarle agua para que la absorbiera. Por eso está tan hinchado”, me dijeron. Después de cinco días ingresado me vio el urólogo y me dijo que era operable, pero en Son Espases. Tres meses después, el 16 de octubre de 2024, me extirparon el riñón derecho con un robot Da Vinci. Fue genial. Al mes de la intervención tuve un control, también en Mallorca, y luego seguimiento en Eivissa. Estaba en la lista del comité de tumores y, en enero de 2025, ya me vio el doctor Diego Iglesias Riera, uno de los oncólogos de Can Misses. Fue muy empático, me dio mucha documentación y me ayudó a decidirme por el tratamiento de inmunoterapia. El 2 de enero he acabado el último ciclo. Ya sólo me faltan el TAC y una analítica de control.

El relato de Carlos Lorente Colomar recuerda a otros que, sin desvelar datos personales, explican los médicos de Atención Primaria consultados para este reportaje y las asociaciones de pacientes de cáncer. Todos corrieron hacia Can Misses y los hospitalizaron. El box aceleró los trámites. Fue una gatera para acelerar un proceso donde el trato humano de los sanitarios marca la diferencia.

“Si aquella internista que me vio de urgencia no me hubiera preguntado si era fumador”, reflexiona el paciente oncológico, “y como nunca he fumado, no hubiera seguido rascando hasta saber que durante muchos años trabajé en una empresa de handling en el aeropuerto, y que lo que me ocurría podría estar relacionado con los humos y las radiaciones a las que estábamos expuestos –llevábamos cascos para los oídos, chalecos reflectantes, guantes… pero ni una mascarilla–, quizás me vuelvo a casa con una receta y a esperar cita con el urólogo o el nefrólogo. Mi cáncer se pudo operar porque todas las células que se habían vuelto locas estaban en el mismo punto. ¿Pero qué hubiera pasado si las hubiera tenido repartidas por el cuerpo?”.

Mi cáncer se pudo operar porque todas las células que se habían vuelto locas estaban en el mismo punto. ¿Pero qué hubiera pasado si las hubiera tenido repartidas por el cuerpo?”

Carlos Lorente — Paciente oncológico

Carlos Lorente Colomar lleva de baja desde aquel ingreso veraniego en Can Misses. En su empleo remunerado –seguía en el aeropuerto, pero de dependiente en un quiosco– porque a su abuela –“Llevamos esperando más de un año a que nos asignen una cuidadora en las listas de dependencia del Govern”– no ha dejado de atenderla. “Mi madre está en Burgos y tengo una tía y una prima aquí que, cuando lo he necesitado, me han ayudado. Pero no es fácil. Cada uno tiene su vida. A mí me llena pasar tiempo con mi abuela, es devolverle lo que me dio”, explica mientras va guardando sus documentos –diagnóstico, resultados, consentimientos, altas; noticias amargas y dulces– en la carpeta. Investigando por aquí y por allá, ha averiguado también el coste de todas las atenciones que generaron el papeleo que ahora lleva bajo el brazo. No las lleva apuntadas porque se las sabe de memoria. Antes de despedirse, las recita:

–En la Fundació Puigvert [una institución barcelonesa especializada en urología y nefrología] me dijeron que la operación me habría costado unos 45.000 euros. Cada ciclo de Pembrolizumab, 13.000 euros. Y he recibido diecisiete: la inmunoterapia me habría costado 221.000 euros. A esto hay que añadir los costes de las consultas, analíticas y TAC… que no sé cuantificar. Pero han sido analíticas cada seis semanas y también consultas con el oncólogo. Por eso mismo, nunca he estado tan orgulloso de pagar impuestos. Hasta que no nos pasa no somos conscientes de la sanidad pública que tenemos.

La comparsa femenina La Camorra, de Marta Ortiz, denunció en su actuación en el Teatro Falla de Cádiz la “política de muerte” del Gobierno andaluz, que ha derivado en el escándalo de los fallos en los cribados de cáncer de mama, que ha dejado “andaluzas destruidas por tu nefasta gestión”. El pasodoble, muy crítico con la gestión de Juan Manuel Moreno, se remataba pidiendo directamente la dimisión del presidente, a lo que el público reaccionó con gritos de “Bonilla dimisión” y “sanidad pública”.

La agrupación, que hacía su primera actuación en el Concurso del Falla (COAC), se presentaba con un tipo con ropajes religiosos, y buena parte de su intervención ha estado centrada en criticar a la Iglesia por comportarse como una mafia. Ha sido en su segundo pasodoble en el que han cargado con dureza contra el Gobierno andaluz, denunciando que “3.000 mujeres han sido ignoradas en meses y en años y muchas han sido enterradas porque la llamada jamás les llegó”.

Arrancaban así su crítica por la cuestión de los cribados, “un escándalo gritado, la de un TAC no realizado y que hubiera permitido la salvación de vidas, de mujeres afligidas, andaluzas destruidas por tu nefasta gestión”. “A mí ya no me sorprende tu incompetencia, un modo de política característico de la derecha, atribuyendo el presupuesto público al concierto privatizador”.

“Es terrorismo de Estado”

Por eso la comparsa considera que “no es un error humano, es terrorismo de Estado con plena conciencia y sin ningún temor”. “Nos has abandonado, las mujeres te han gritado y cual mafia en el poder su historia les has borrado”, lo que atribuyen –dirigiéndose directamente a Moreno– a “tus corruptas maneras”.

En este sentido, cargaban también contra su maltrato “de la institución y de tantas compañeras que han señalado, con la dignidad de sus pechos mutilados, que la sanidad es una cuestión de Estado que necesita protección y cuidados”. En este sentido, le reprochaban que la política sanitaria “no es un negocio que ha incrementado en los años en que has gobernado con tu política de muerte”, rematando el pasodoble asegurando que “no parará el grito popular que clama sin cesar dimisión del presidente”.

Reivindicación del derecho al aborto

La Camorra es especialmente crítica con la institución religiosa, a la que presenta como Iglesia SA, una “multinacional” que usa la fe para acumular dinero, con mensajes como “mientras tu pasta en vida emplearé, del fuego eterno te salvaré”. Realizan así una versión satírica de los mandamientos, criticando la homofobia, el robo de bebés y la exención de impuestos del dinero público, todo con el sello de una “mafia incorruptible, la ciudad del Vaticano”.

Por eso, critican a la institución católica frente a la figura de Jesucristo, hasta el punto de que si Cristo despertara “se moriría de pena y de rabia” al ver una iglesia de “temor y avaricia”. También denuncian el papel de la iglesia en la represión tras el golpe de Estado de 1936, además de lamentar que existe un consenso con el Estado para “hacer pervivir el franquismo con aromas del incienso”.

También reivindican el derecho al aborto, reclamando que las mujeres deben decidir sobre sus cuerpos frente a las opiniones de “varones con cuerpos de hombres expertos”, de ahí su exigencia de un “aborto libre, público, legítimo, legal y gratuito”. Y de paso, también denuncian que España no es realmente un estado aconfesional, criticando las subvenciones a cofradías y la educación concertada religiosa.

No hay evidencia de que el uso de paracetamol durante el embarazo aumente el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual entre los niños, según la síntesis más rigurosa de la evidencia actual publicada hasta la fecha en la revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health. 

En septiembre de 2025, la administración estadounidense sugirió que tomar paracetamol durante el embarazo podría aumentar el riesgo de autismo entre los niños. Los metaanálisis anteriores sugirieron pequeñas asociaciones entre el paracetamol en el embarazo y un mayor riesgo de autismo y TDAH, pero a menudo se basaban en estudios propensos a sesgos. 

Esta nueva revisión sistemática y metaanálisis analizó 43 estudios y halló que los estudios más amplios y metodológicamente rigurosos, como los que comparan a hermanos, aportan evidencia sólida de que el paracetamol durante el embarazo no causa autismo, TDAH ni discapacidad intelectual. 

Los autores afirman que los hallazgos de las comparaciones entre hermanos y los resultados agrupados de múltiples estudios sugieren que las asociaciones previamente reportadas entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo, el TDAH o la discapacidad intelectual podrían deberse a otros factores maternos, como dolor subyacente, malestar, fiebre o predisposición genética, más que a un efecto directo del paracetamol.  

Ian Douglas, profesor de Farmacoepidemiología en la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), cree que los investigadores han sido minuciosos. “Tras excluir los estudios de menor calidad que no tienen en cuenta las diferencias importantes entre las madres que usan o no paracetamol durante el embarazo, de forma tranquilizadora, los estudios restantes no sugieren que el uso de paracetamol en el embarazo esté asociado con un mayor riesgo de ninguna de las condiciones del neurodesarrollo consideradas”, explica al SMC.

Los padres de niños con discapacidad pueden ser más propensos a tomar paracetamol debido a dolores relacionados con el estrés de la crianza o con sus propias afecciones crónicas

Steven Kapp — Profesor titular de Psicología en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido)

“Su rigor científico incluyó el control de factores de confusión, como tener un hermano con la condición, ya que estas neurodivergencias se dan en familias”, añade Steven Kapp, profesor titular de Psicología en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido). “Los padres de niños con discapacidad pueden ser más propensos a tomar paracetamol debido a dolores relacionados con el estrés de la crianza o con sus propias afecciones crónicas (que es más probable que tengan los padres neurodivergentes). El control entre hermanos en estos estudios demuestra que el medicamento no causa la discapacidad del niño”. 

“Las mujeres embarazadas no necesitan el estrés de cuestionarse si el medicamento más comúnmente utilizado para un dolor de cabeza podría tener efectos de gran alcance en la salud de su hijo”, recalca Grainne McAlonan, catedrática de Neurociencia Traslacional del King’s College London (Reino Unido), también al SMC. “Este estudio, exhaustivo y claro, abordó la cuestión realizando tanto una amplia revisión sistemática de la literatura como un metaanálisis de los estudios elegibles”, concluye. “Aunque el impacto del anuncio del año pasado ha sido considerable, espero que los hallazgos de este estudio den por zanjado el asunto”.