“La izquierda, cuando va a perder las elecciones, se vuelve violenta”, argumentaba en la Asamblea este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se refería a las protestas y huelgas que tienen convocadas profesores y médicos de la educación y sanidad públicas. Aunque defendió que no hay motivos para salir a la calle más allá de los ideológicos, su propio gobierno admite deficiencias en un servicio público esencial por presupuestos escasos y poco acordes con la realidad. Así lo evidencia un documento interno de la Consejería de Sanidad al que ha tenido acceso elDiario.es.

El archivo se llama “La casita”, está fechado el 30 de junio de 2026 y es una presentación con datos de 2025 sobre la sanidad madrileña hospitalaria, en la que alerta de algunos indicadores y se congratula de otros. Según los metadatos, quien archiva y guarda el documento es la jefa de Gabinete de la consejera de Sanidad. La creadora del mismo no ha podido ser identificada por este medio.

La Consejería no reconoce el documento como oficial y lo ha enmarcado como un posible “borrador interno de trabajo, como hay centenares, que por supuesto ni ha sido validado ni presentado a nadie”, según su respuesta a preguntas de elDiario.es. En el informe se especifica que Madrid está en el penúltimo lugar de inversión sanitaria por habitante (1.779 euros, por detrás de regiones con menos riqueza) y que tiene un problema en recursos humanos en la sanidad pública de Madrid, que califica como “reto”.

Concretamente, diagnostica: “Menor inversión relativa versus otros sistemas [autonómicos]. Necesaria reorientación prioritaria de recursos a RRHH [recursos humanos]”. En el análisis, destaca que Madrid tiene una inversión en sanidad por debajo de la media (un 4% del PIB frente a una media española del 6%), pero que los indicadores sanitarios son buenos, de manera que hay “eficiencia”, aunque alerta de que si se sigue con la “contención de inversión” esa eficiencia puede empeorar. “Cambios tecnológicos, envejecimiento poblacional, escasez Recursos Humanos (RRHH)” son los síntomas preocupantes que destaca. También se da a sí misma la receta: “Mejorar inversión RRHH, planificación y gestión. Atención centrada en persona y mejora de resultados en salud”.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid el problema del personal sanitario empieza en el momento mismo en el que se presentan los presupuestos, porque son deficitarios nada más empezar: la cantidad que la Comunidad de Madrid destina al capítulo de personal del Servicio Madrileño de Salud cada año es inferior al gasto real del año anterior, de manera que tienen que acabar poniendo parches y haciendo modificaciones presupuestarias para poder abonar las nóminas: “Los créditos consignados en el Presupuesto [para el capítulo de personal] no cubren ni siquiera la plantilla autorizada”, pese al “gran esfuerzo de contención del gasto y una clara disminución del incremento del gasto”, lamenta el informe. Esto, en la comunidad autónoma con el PIB más alto de España.

Por ejemplo, como recoge el documento en 2024 se gastaron más de 4.800 millones en personal sanitario, pero al año siguiente se presupuestaron menos millones (4.700). elDiario.es ha preguntado a la Consejería de Hacienda el porqué de esta anomalía: “Los recursos se ajustan con posterioridad en función de la ejecución real de cada año”. También achacan a cambios estatales, como posibles subidas salariales, el hecho de haya que “realizar modificaciones de crédito posteriores”.

La diputada y portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, explica que este funcionamiento responde a que los gastos de personal sanitario se han convertido en el “grifo” para regular el gasto: “La Comunidad de Madrid no suele poner problemas a la compra de medicamentos, pero en personal, sí. Aprieta a las plantillas para que uno haga el trabajo de varios. Ya va todo tan justo, que al hacer esto regula la oferta, de modo que las operaciones y consultas que ofreces se limitan, porque la actividad que programas depende del personal que tienes”, explica. “Esto, en un contexto en el que cada vez hay más habitantes en Madrid mientras el presupuesto para personal está contenido. La lista de espera bajaría mucho si hubiera más personal, y así los pacientes no se irían a los hospitales de gestión privada”.

El poder adquisitivo de los facultativos, el más bajo

El documento, que destaca los buenos datos de esperanza de vida y seguridad del paciente que obtiene Madrid respecto a la media, también admite que los facultativos de atención hospitalaria de Madrid son los que menos poder adquisitivo tienen de España, cuando se utiliza el indicador resultante del cruce del salario más guardias y el coste de una misma cesta de bienes y servicios en cada comunidad. “En ese comparativo, nuestros facultativos se encuentran a la cola de todas las comunidades autónomas”, admite el informe interno de Sanidad. Paradójicamente, el documento apela a la importancia del capital humano con la frase en latín “Ubi homines, Ibi successus” (donde hay personas, hay éxito) en su primera página.

Precisamente, los médicos madrileños anunciaron el pasado miércoles que van a hacer huelgas para pedir la creación de un nuevo modelo de carrera profesional, las garantías de voluntariedad de las guardias y una mejora de la remuneración, reclamaciones que antes de la convocatoria electoral hacían también al Ministerio de Sanidad.

El informe también destaca algunos logros, como que se ha reducido la estancia media en hospitales y que han aumentado las cirugías, así como las consultas de telemedicina (+837%). Respecto a estas últimas, las marca como una apuesta de futuro: “El modelo asistencial evoluciona hacia la no presencialidad”.

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Se revuelve la calle a mes y medio de las elecciones. Médicos y docentes acumulan meses de protestas por todo el estado, a las que se suman en las últimas semanas las movilizaciones por la vivienda que cristalizarán en una huelga general el próximo 11 de noviembre. Cada uno por sus razones —hay quien dice que las huelgas de facultativos y del profesorado son contrarias en sus objetivos— y con diferentes destinatarios —el Ministerio de Sanidad los primeros, las comunidades autónomas los segundos— la realidad es que dos de las patas del estado del bienestar ponen tensión en la calle y los partidos en un momento clave.

Las quejas de los médicos se dirigen al departamento que dirige Mónica García por el estatuto marco. Agrupados en torno a los sindicatos propios y enfrentados a los generalistas, que de hecho pactaron con Sanidad, exigen un texto legal propio, separado de otros sanitarios, que atienda, dicen, las particularidades de su profesión.

El profesorado lleva al menos dos cursos manifestándose y parando por toda España para exigir más recursos que les permitan poder atender la creciente complejización de la docencia, con aulas más diversas y una ley que les obliga a atender de manera individualizada a cada estudiante.

Para Sergio García Magariño, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Pública de Navarra, no es una coincidencia que las protestas se produzcan en este momento. “Habría que examinarlo con más detalle para testarlo, pero los tiempos no son casualidad. Al haber expectativa de elecciones [las protestas vienen de mucho antes de que fueran convocadas] la movilización se vuelve estratégica, se puede sacar más partido por los tiempos políticos de la movilización”, sostiene.

Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ponía contexto a las protestas hace unos meses: “Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural, se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”.

Además, ambas protestas se producen, una situación que puede resultar contraintuitiva, en un contexto económico positivo, con España acumulando crecimiento trimestre tras trimestre. El problema, cree García Magariño, es cómo lo hace: “Los estudios sobre las condiciones sociales de las protestas por mejoras económicas plantean que lo que detona las protestas no es solo la condición objetiva de mayor o menor precariedad, sino sobre todo las expectativas de mejora frustradas, combinadas con la percepción de que es posible mejorar. Quienes protestan lo hacen porque ven una distancia entre lo que tienen y lo que esperarían tener”, arranca.

Además, sigue, “España está creciendo mucho a nivel macroeconómico, pero el poder adquisitivo de la gente ha bajado, porque la inflación es muy superior a la subida, por ejemplo, de los salarios (que también ha habido). Por último, España tiene una desigualdad estructural mucho más acentuada que la media en la UE y la desigualdad (y no la pobreza) suele ser el factor principal que nutre la indignación y el malestar. Ver que la economía crece, que hay más millonarios y que tú no te beneficias de ello es el principal catalizador del malestar social”, sostiene.

Este experto considera que la movilización en la calle, aunque se produzca con un Gobierno progresista en Moncloa, es favorable para la izquierda. “Las protestas que incluyen temas sociales claros (vivienda, salud pública, educación pública) suelen tener el efecto de movilizar al votante de izquierda, que está menos movilizado. Aunque aparentemente pueden entenderse como una crítica al Gobierno, también se entiende que un Ejecutivo de izquierda va a ser más sensible a estos problemas”, opina.

Los docentes no pueden más

Las protestas docentes van por barrios, por lo que mezclan cuestiones regionales con elementos comunes que afectan por todo el estado, y de fondo sobrevuela la creciente precarización de las condiciones en que se ejerce la docencia en los últimos años.

Al profesorado cada vez se le exige más. Lo explica una directora de instituto veterana: “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Y luego está todo lo que no está en la ley. “Nos caen todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”

El profesorado quiere mejores ratios (menos alumnos por clase), impartir menos docencia semanal para poder ocuparse mejor de cada estudiante En el meollo de las protestas también están las diferencias en las nóminas que reciben los docentes según la comunidad autónoma, pero el hecho de que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana hayan rechazado mejoras de cientos de euros al mes porque no venían acompañadas de recursos para el sistema indica que la económica personal no es la principal motivación de los paros.

Pero el descontento es generalizado. El curso pasado acabó con huelgas feroces en Catalunya (donde ya ha habido protestas este curso también) y la Comunitat Valenciana y este va a abrir con una indefinida en Madrid a partir del 14 de octubre y movilizaciones al menos en Andalucía, Cantabria y Aragón.

Médicos en pie de guerra

Los médicos también están en pie de guerra. El Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde —los que están presentes en las mesas del ámbito— hizo cundir el descontento entre las organizaciones sindicales del gremio, que reclaman una voz propia en la negociación y un estatuto propio. Desde febrero hasta junio, estos fueron protagonizando paros semanales cada mes.

La próxima cita marcada en el calendario de paros era el 28 de octubre, cuando estaba prevista una huelga indefinida. Los sindicatos médicos habían apostado por esta medida de presión tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del texto, pero han optado por un aplazamiento ante el adelanto electoral, que ha hecho decaer la norma, que se tramitaba ya en el Congreso como proyecto de ley.

Aunque coordinadas, para el 28 de octubre se habían registrado dos convocatorias de paro. Por un lado, la del Comité de Huelga Médica, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Por otro, la de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), que aglutina a las organizaciones de Madrid (Amyts), Catalunya (Metges), Galicia (Omega y Simega), Canarias (Semca) Comunitat Valenciana (Avanza) y Navarra. Todas ellas han optado por aplazar la huelga hasta que haya un nuevo interlocutor válido.

En la práctica, la interlocución con el Ministerio que dirige Mónica García llevaba meses interrumpida, entre acusaciones por ambas partes. Sanidad ha argumentado siempre que las reivindicaciones de los profesionales son competencia de las comunidades autónomas o de otros departamentos, mientras estos han pedido la dimisión de la ministra, que llegó a acusarles de “deslealtad” en la negociación. 

Las consejerías del ramo también reclamaron al Ejecutivo que “reinicie” las conversaciones sobre el Estatuto Marco, algo que, de facto, ocurrirá con el adelanto electoral. “Si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación”, señalaban desde el Comité de Huelga, para quién “este desenlace constituye un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes”. “La presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobado desde hace año y medio”, indicaron en un comunicado este miércoles.

Entre otras cosas, la norma reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.

Llega una paciente habitual a la farmacia y pide su tratamiento para la menopausia. “Uy, no me queda”, comienza a relatar la farmacéutica, que tras buscar en cada uno de los rincones en los que debería estar y no encontrarlo, decide indagar en el ordenador. “El proveedor tampoco lo tiene, pone que ya no se distribuye”, prosigue antes de pronunciar las palabras que auguran un nuevo comienzo: “Tienes que ir a tu médico y que te cambie el tratamiento”.

Miles de mujeres en España, tanto menopáusicas como trans, se encuentran en esta situación. “Suele pasar”, narran distintas farmacias de la capital, que admiten estar ahora en ese momento. Explican que las distribuidoras y proveedoras han dejado de suministrar algunos medicamentos como Lenzetto —un difusor de estradiol en espray—, lo que ha hecho que los médicos deriven a otros medicamentos con los mismos principios activos —como parches o cápsulas— a las pacientes y, a su vez, provoquen un exceso de demanda en ellos. “Falta un medicamento, luego otro y se produce un efecto dominó”, explica Mar, una farmacéutica de Gaztambide.

La interrupción del suministro o el desabastecimiento se debe, según las distintas farmacias consultadas, a los proveedores y distribuidoras, que tampoco informan o detallan la baja. “No hay explicaciones, faltan y ya, luego vuelven”, cuentan desde la Farmacia Argüelles. Las farmacéuticas suelen enterarse de la misma forma que las pacientes: van a buscar el tratamiento y “vemos que no hay”.

Algunas deciden indagar en el Centro de Información de Medicamentos (CIMA) para ver qué ocurre; la web reconoce, por ejemplo, problemas con el suministro de Lenzetto desde el 16 de marzo de este año y dice que la fecha de restablecimiento es el 30 de noviembre, mientras tanto indica: “El médico prescriptor deberá determinar la posibilidad de utilizar otros tratamientos comercializados”.

Las farmacias dan la misma solución que la página web. “Les decimos que llamen a su médico, que es lo más rápido, y pidan una receta nueva”, comenta el farmacéutico de una boticaria de la calle Andrés Mellado. Con otro tipo de medicamentos es “más sencillo”, porque las mismas puede proporcionar una alternativa, pero con los tratamientos hormonales, alegan, “es el médico quien tiene que prescribir”.

Los proveedores no suelen dar explicaciones, pero los farmacéuticos, tras años de experiencias crean sus hipótesis. “Hay desabastecimiento por mil motivos, incluso por cambios de caja. Normalmente, dejan de producir porque se quedan sin principios activos”, específica Alejandro, un farmacéutico de la calle Alberto Aguilera.

Otra causa identificable es el cúmulo de muchas personas en un medicamento que solo estaba pensando para unas pocas. “No está preparado para tanta gente”, específica.

Las explicaciones que recibe la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) no son muy diferentes. En febrero comenzó a registrar incidencias relativas a Lenzetto y preguntó a la empresa responsable de la comercialización, Gedeon Richter. En primera instancia afirmaron que estaban respondiendo con normalidad a la demanda, poco después reconoció “un aumento de demanda que no podía responder de forma inmediata” y luego informó de que ya no tenía existencias, explica este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad en un comunicado.

En la misma nota, el Ministerio denuncia que el laboratorio “incumplió con la obligación de informar con antelación de incidentes que le impidiesen cumplir con la obligación de mantener un suministro continuado del medicamento”. Asimismo, pone en entredicho la afirmación de la empresa en la que asegura que el suministro se renaudará progresivamente en noviembre: “Es una previsión basada en la información suministrada por Gedeon Richter, que no siempre ha sido exacta”.

Alternativas y fórmulas magistrales

Aunque Lenzetto “iba muy bien” al ser en espray, ahora se recetan parches que “continúa habiendo” o cápsulas. Es decir, cualquier tipo de suministro que contenga “el mismo principio activo”, el estradiol, según Antonio, el farmacéutico de Andrés Mellado.

La AEMPS reconoce también “problemas de stock intermitentes” de las alternativas como consecuencia del aumento de consumo. En el caso de los parches hay una problemática generalizada: de los Evopad, los únicos financiados actualmente, no hay stock y se prevé que regresen a mediados de octubre, los de Estradot han cesado su comercialización, mientras de los Estraderm sí hay suministro, de momento.

También hay terapias hormonales de THS por vía transdérmica en forma de gel. Por ejemplo, según la Aemps, Oestraclin gel, ha “aumentado su producción para afrontar un aumento de la demanda y mantiene un suministro continuado”, aunque no está financiado por el sistema público.

Si no es posible ninguna de estas, hay una última opción: la fórmula magistral. Se trata de un medicamento preparado de forma personalizada por un farmacéutico, para un paciente específico, siguiendo la prescripción detallada de un médico, según las farmacias consultadas, que coinciden en que es “la alternativa” ante el desabastecimiento.

Las comunidades autónomas pueden autorizar la elaboración de fórmulas magistrales, aunque según otro farmacéutico consultado, “no es un proceso tan rápido, porque primero hay que pedir los principios activos”. Catalunya ha abierto la puerta a autorizar a sus farmacias esta herramienta si persisten los problemas durante el mes de noviembre.

La Aemps aclara que estas fórmulas “deben ser el último recurso”. Desde la Agencia explican que la forma de administración transdérmica, en forma de líquidos, geles o parches, es “particularmente delicada”, porque estos “deben demostrar que son capaces de liberar una cantidad determinada del principio activo” que pase la barrera cutánea. “En el caso de medicamentos a base de estrógenos elaborados como fórmulas magistrales, no se tienen datos sobre este proceso de absorción, y puede verse afectado por la presencia de determinados excipientes”.

Desabastecimiento de otros medicamentos

Las farmacias alertan de que los problemas de suministros de medicamentos en España se extiende a otros medicamentos. Desde fármacos para tratar el TDAH, hasta medicamentos para la ansiedad, pasando por el conocidísimo Ozempic,.

Este, la marca comercial de la semaglutida, ha supuesto una revolución en la forma de tratar la diabetes. En concreto, está indicado para pacientes con diabetes tipo 2 mal controlada y obesidad, mientras ha surgido un consumo paralelo —no financiado— para la pérdida de peso, hasta que el laboratorio desarrolló wegovy, otra presentación del mismo principio activo, indicada para la obesidad, que no cubre la sanidad pública.

Una persona que empieza a tener problemas de memoria puede convivir durante meses con una pregunta sin respuesta: ¿qué me está pasando? Las consultas, las pruebas y las reevaluaciones se suceden mientras los síntomas continúan avanzando. En el caso del alzhéimer, conocer antes qué está ocurriendo podría parecer, a priori, una fuente añadida de angustia. Sin embargo, un nuevo estudio, titulado Comunicación temprana de biomarcadores sanguíneos, certeza diagnóstica y manejo clínico: un ensayo clínico aleatorizado dice justo lo contrario: adelantar los resultados no aumenta la ansiedad y permite tomar antes decisiones sobre la atención que merece cada caso.

“Conocer antes la enfermedad lo cambia todo”, resume Jordi Matías Guiu, neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Saber si una persona tiene alzhéimer es importante “desde el punto de vista personal, familiar y de planificación”, pero también tiene consecuencias sobre las decisiones clínicas y terapéuticas. 

Aunque no existe cura, sí existen tratamientos sintomáticos —tanto farmacológicos como de estimulación cognitiva— que pretenden ralentizar la progresión de la enfermedad neurodegenerativa. El objetivo es que el paciente sea independiente durante “más tiempo”, explica Pascual Sánchez, secretario del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología, quien asegura que “iniciar los tratamientos antes, retrasa la dependencia”.

La detección temprana cobra todavía más importancia ante la llegada de nuevos tratamientos capaces de modificar el curso de la enfermedad. “Hay mucho desarrollo en terapias que se llaman modificadoras de la enfermedad”, explica Matías. Dos de estos medicamentos actúan sobre la proteína beta-amiloide y su ventana de aplicación se encuentra precisamente en las fases iniciales del alzhéimer. En estos casos, añade, “cuanto más precoz es más beneficioso” y “el efecto que produce de ralentizar la progresión de la enfermedad es más importante”.

Para iniciar los tratamientos pronto, deben conocerse con anterioridad los diagnósticos. Precisamente, eso se pretende obtener con los biomarcadores, que también “reducen el número de pruebas innecesarias y las visitas de reevaluación”, explica Marc Suárez Calvet, neurólogo e investigador principal del estudio.

Si ahora los pacientes tienen que realizar varias visitas hasta dar con la clave de su enfermedad, los biomarcadores pueden acortar ese desconocimiento, pese a que no sea el resultado esperado: “Muchas veces, la incertidumbre, el no saber algo, causa mucho más estrés que el saber alguna cosa, aunque esta sea una buena o mala noticia”, relata el investigador. Los resultados del ensayo clínico lo avalan: quienes conocieron el diagnóstico a los tres meses no presentaron un aumento de ansiedad o depresión, mientras que los pacientes que tuvieron que esperar hasta los nueve meses registraron mayor ansiedad.

¿Qué es un biomarcador?

Los biomarcadores sanguíneos son herramientas de detección que consisten en un análisis de sangre para medir proteínas específicas, como la fosfo-tau 217. El alzhéimer surge por la acumulación anormal de dos proteínas en el cerebro, como la beta-miloide y la tau, que dañan progresivamente las neuronas. 

El estudio, desarrollado por la Unidad de Neurología Cognitiva y de Conducta como parte del proyecto PLASMAR, analiza la utilidad de esta herramienta y concluye que “obtiene diagnósticos de certeza y más rápidos, mientras elimina pruebas innecesarias y reduce las visitas de reevaluación”, explica Suárez Calvet.

Antes de los biomarcadores, los diagnósticos clínicos se realizaban mediante otros métodos: la punción lumbar, que consiste en “sacar líquido cefalorraquídeo”, o la Tomografía por Emisión de Positrones (PET), una técnica “cara” y que “requiere cierta tecnología que no está presente en todos los centros”. 

Pascual Sánchez, secretario del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología, considera que los biomarcadores ofrecen “la misma fiabilidad diagnóstica” y son pruebas mucho más sencillas de realizar: “Con un pinchazo ya es suficiente”. Todas estas características hacen que la prueba sea más accesible y se le pueda realizar a “un mayor número de pacientes”. “Una punción lumbar, al ser una prueba invasiva, no se le puede hacer a todo el mundo. Entonces, con una analítica eso mejora”, matiza el neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Para comprobar la utilidad de la técnica en el proceso del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, el estudio analizó durante nueve meses a 220 personas con indicios de problemas de memoria o cognitivos. A 112 de ellas y a sus médicos les dieron los resultados a los tres meses, mientras las 108 restantes tuvieron que esperar hasta los nueve. 

Entre quienes recibieron los resultados a los tres meses, más de la mitad alcanzó un alto grado de certeza diagnóstica, frente al 4,6% de quienes todavía no conocían el resultado de su biomarcador. Cuando estos últimos recibieron la información a los nueve meses, la diferencia desapareció. En relación a esto, el investigador Suárez Calvet sintetiza: “Muestran que van más allá de lo académico, se obtienen resultados con más precisión y se empiezan los tratamientos antes”.

Los biomarcadores “son necesarios”, sobre todo, en las fases iniciales porque los síntomas pueden ser inespecíficos y los problemas de memoria “pueden confundirse con un deterioro asociado a la edad, con depresión, ansiedad u otras enfermedades degenerativas”, relata Matías Guiu. De hecho, según Suárez Calvet, los 220 seleccionados para el estudio “no tenían una demencia muy avanzada”: “Seleccionamos a pacientes con quejas objetivas de memoria, con deterioro cognitivo leve y personas con demencia leve”.

Ahora bien, el diagnóstico no debe reducirse a una analítica, según Matías Guiu, puesto que “sigue siendo clínico”. El biomarcador es “un apoyo”, no una prueba que por sí sola determine que una persona tiene Alzheimer: “Como tampoco lo ha sido nunca el PET ni tampoco lo ha sido nunca la punción lumbar”. 

Instaurar los biomarcadores en todos los hospitales

Los tres especialistas coinciden en que los biomarcadores deberían instaurarse de forma generalizada en el sistema sanitario “lo antes posible”. Ahora que ya se ha demostrado que son de utilidad, el reto reside, según relatan, en implementarlos de forma homogénea al sistema sanitario. “Los obstáculos que hay son fundamentalmente de estandarización”, señala Pascual Sánchez. 

Aunque su incorporaron sobre todo en contextos de investigación, cada vez tienen “mayor presencia en la asistencia” y “se está empezando a utilizar en muchos hospitales”, según Sánchez. Jordi Matías explica que los biomarcadores en plasma han empezado a incorporarse a distintos hospitales y que la proteína fosfo-tau 217 ya está aprobada en varias plataformas en la Unión Europea: “Esto está haciendo que cada vez esté más disponible”.

En el Hospital Clínico San Carlos, donde trabaja Jordi Matías, comenzaron a utilizar esta herramienta incluso antes de que las plataformas obtuvieran el marcado CE europeo, después de haber realizado sus propios estudios de validación. “Nos adelantamos a eso”, explica. Ahora, al estar ya “en muchas plataformas con la certificación europea”, la prueba se extiende con mayor facilidad.

Auge de tratamientos e investigación

El crecimiento del uso de la técnica se produce simultáneamente con el avance de los tratamientos. En Europa se han aprobado fármacos dirigidos contra la proteína beta-amiloide, pero su disponibilidad es limitada. “Se están proporcionando en muchos países, en Estados Unidos, en varios países asiáticos”, explica Matías, quien señala que han mostrado resultados “buenos”. Aunque la Agencia Europea de Medicamento ha autorizado su uso, “muchos países, incluido España, de momento no han aprobado su financiación pública”. Mientras, algunos centros privados están empezando a contemplar su administración, pero “lo tienen que pagar el paciente”, subraya. 

Para Sánchez, esta evolución hace que disponer de “un diagnóstico precoz y preciso” sea “esencial”. Según explica, la medicina va a ser cada vez más personalizada: “La dirección de los tratamientos en enfermedad de Alzheimer va a ir hacia la terapia de precisión, donde vamos a tratar desde el punto de vista casi molecular”. Los primeros tratamientos actúan contra el amiloide, pero los tratamientos podrían expandirse “contra otra proteína tau o la inflamación”. 

Los biomarcadores también están ampliando sus propias líneas de investigación. El equipo del Hospital del Mar trabaja en estudios de proteómica para identificar proteínas relacionadas con la detección del alzhéimer y con el pronóstico para “buscar marcadores que nos digan qué personas progresarán más lentamente o más rápidamente”, relata Suárez Calvet.

Otra de las líneas pasa por llevar estas herramientas fuera de las unidades especializadas. El grupo ya trabaja en un estudio en atención primaria y en poblaciones que suelen estar menos representadas en este tipo de investigaciones. “Estamos haciendo un estudio en atención primaria en el Raval con una población mucho más diversa étnicamente”, cuenta el investigador y neurólogo. El objetivo es comprobar que los biomarcadores funcionan de forma adecuada en “toda la población que nosotros vemos” y detectar posibles diferencias en sus niveles según los perfiles de los pacientes.

Los casos de Covid-19 han aumentado un 376% en dos semanas: la pasada se registraron 119 contagios por cada 100.000 habitantes y entre el 14 y 20 de septiembre se cuantificaron 85, mientras en la anterior alcanzó los 50, según los resultados del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) recogidos por el Instituto de Salud Carlos III.

El incremento de casos, que coincide con el arranque de la campaña de vacunación, se debe a una cuestión “multifactorial”, según la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Gema Fernández. En concreto, lo achaca a la combinación de tres fenómenos: “Nuevas variantes, disminución de la inmunidad natural o adquirida por vacunación y menor tasa de vacunación”.

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Pello Latasa, añade otro factor: “Cambios en el comportamiento social”. Según explica, “al estar gran parte de la población inmunizada, se desarrollan comportamientos que pueden favorecer la transmisión del virus”.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Jaime Pérez, profundiza en la 'caducidad' de la eficacia de la vacuna: “Tiene una protección de aproximadamente cuatro y seis meses. Incluso las personas que se vacunaron el año pasado ya están susceptibles a la enfermedad”.

Todos recomiendan la vacunación, puesto que es “la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria, como la Covid-19, y sus complicaciones”. Pérez indica que los componentes de las vacunas se van modificando anualmente para que así pueden adecuarse a las distintas cepas: “Las dosis se adaptan a las nuevas variantes del virus, con lo cual son más efectivas o eficaces que las del año pasado”.

Latasa también se refiere a los cambios de las vacunas y comenta que la anterior estaba “adaptada al año pasado, a la variante LP8”, y la nueva “a la variante XFG”. Para ello, es necesario “identificar que cepa está circulando y cuáles son sus características”, cuestiones que se averiguan con “un sistema de laboratorios de referencia”.

El presidente de la Sociedad de Epidemiología insiste en la importancia de estos laboratorios y en la necesidad de contar con una agencia estatal de salud pública que vele por “el asesoramiento experto, el análisis de la situación con datos epidemiológicos y la evaluación de la situación”, puesto que así “se podrá estar mejor preparado para las ondas epidémicas o pandémicas que puedan venir”.

Las cifras aumentan, pero no todo el mundo recibe la “vacunación sistemática”, ya que hay indicaciones muy precisas para ello: “Personas mayores de 70 años, personas institucionalizadas, casos de diabetes, obesidad mórbida, alteraciones del bazo, entre otros”, enumera Fernández. No obstante, “todo el mundo puede solicitarla” y Pérez insta a ello: “Aquellas personas que puedan vacunarse, que se vacunen y lo hagan en la mayor brevedad posible”.

No es un virus de invierno

Aunque las enfermedades infecciosas respiratorias suelen asociarse al invierno y las bajas temperaturas, los expertos insisten en que es un virus “desestacionalizado”. “A diferencia de lo que ocurre con otros virus respiratorios, que todos tienen su momento, con la Covid tenemos una desorientación tremenda porque no ha llegado a estacionalizarse”, relata Jaime Pérez.

La aparición de casos en verano es “algo habitual”, según Gema Fernández, y en muchas ocasiones el aumento se relaciona con “la alta movilidad en verano, la vuelta a los colegios de los niños y el contacto entre ellos, que luego se llevan a las casas”.

Pérez ilustra la incertidumbre temporal con la experiencia de otras veces: “Hace tres temporadas hubo una onda epidémica de primavera y otra de invierno. Hace dos, una de primavera-verano, pero no hubo de otoño-invierno. Y esta temporada en la que estamos, 2025-2026, no ha habido Covid hasta ahora, que ha empezado a subir estas últimas semanas”. Latasa sintetiza: “No hemos tenido dos temporadas iguales desde la pandemia, todavía no sabemos cómo se comporta el virus, ni cuando va a ocurrir”.

Cuando la gripe y la Covid conviven

El informe semanal del SiVIRA señala que únicamente 1,7 por cada 100.000 casos de Covid-19 requirieron de hospitalización, mientras la semana anterior fueron 1,2. Aunque es la enfermedad respiratoria que acumula el mayor incremento porcentual de casos, el resto –gripe, VRS, bronquitis y bronquiolitis, entre otros– también registran cifras considerables: la semana pasada el total de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) fue de 478 casos por cada 100.000 habitantes.

La gripe, otra de las enfermedades respiratorias más comunes, acumuló entre el 21 y el 27 de septiembre un total de 12 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 23 de la semana anterior. La tasa de hospitalización fue de 0,6 casos y 1,1 en la anterior.

Hay semanas en los que hay más casos de gripe y otras de Covid. Igual sucede con la tasa de hospitalización, donde, en ocasiones se reúnen más de un virus que del otro, y a la inversa. Los expertos señalan que esto puede explicarse por “fenómenos de competencia o alternancia entre los virus”. “El Covid suele aparecer antes que la gripe, generalmente. Estas olas generadas por las nuevas variantes hacen que al aparecer el virus tome más fuerza y se vea más potenciado a nivel estadístico”, comenta Fernández.

Pérez indica que aunque “no es habitual”, ambos virus pueden coexistir: “Hay personas que pueden tener una coinfección por SARS-CoV-2 y por la gripe”, lo que “duplica la gravedad”.

“La vacunación es la mejor prevención”

Los expertos coinciden en que la “población está más relajada a la hora de pensar en la Covid”. Para Latasa es algo “natural”, porque “ha pasado de ser una emergencia de salud pública de importancia internacional a ser un fenómeno epidémico”. Fernández considera también que probablemente se actúa con menor cautela y “esto favorece a que se tomen menos medidas preventivas, como el uso de la mascarilla cuando hay síntomas respiratorios”.

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología considera que “ha habido problemas reputacionales” con la vacuna, porque había “mucha desinformación y eso ha hecho que la población sea un poco más susceptible”. Señala que ahora lo “fundamental” es “consolidar las medidas básicas de cuidado y de sentido común”.

Pese a que varían las cepas, no lo hacen los síntomas. “Los cuadros clínicos siguen siendo los mismos”, subraya la portavoz del SEIMC y los síntomas “no han cambiado de manera sustancial”, destaca. “Fiebre, tos, malestar general, congestión, dolor de garganta, entre otros”, enumeran.

Fernández y Latasa coinciden en que las variantes del virus continúan provocando “cuadros mayoritariamente leves o moderados de vías respiratorias altas en personas sanas”, cuestión que dificulta “la diferenciación de qué tipo de virus es sin una prueba diagnóstica”.

Igual que los síntomas, las recomendaciones no han cambiado: “Higiene de manos, mascarilla en caso de síntomas respiratorios, limitar las interacciones sociales innecesarias, entre otros”. Fernández concluye: “La vacunación sigue siendo una de las mejores medidas de protección”.

Manuel tiene 79 años y lleva uno y medio, “o más”, esperando una intervención. En su pierna derecha tiene artrosis, una enfermedad degenerativa que castiga los cartílagos y que se opera cuando estos ya están muy dañados, así que la espera y el dolor se le están haciendo interminables. “Tendré que asumir que esto es irreversible. Cuando no sea con bastones, tendré que ir en silla de ruedas”, lamenta, al borde de la desesperación, mientras espera la llamada del cirujano y sigue insistiendo en el hospital.

Según los datos del último informe del Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud, que elabora el Ministerio de Sanidad con los datos que le proporcionan las comunidades autónomas, a finales de 2025, un paciente esperaba de media para operarse unos 121 días. Había, como Manuel, más de 850.000 personas pendientes de una intervención.

Los datos, sin embargo, ocultan otras realidades. Esos 121 días de medias son los que un paciente espera desde que le incluyen en la lista de espera, pero los criterios entre comunidades autónomas son diferentes y, a estos, se suman otras demoras. Por ejemplo, cuánto se tarda por una consulta en Atención Primaria, para una visita a un especialista o por una prueba diagnóstica.

El mismo informe señala que el tiempo medio de espera para una consulta con un especialista en el Sistema Nacional de Salud es de 102 días. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Madrid (Adspm), Sergio Rodríguez, indica que en toda España “se encuentran 853.000 pacientes esperando una intervención quirúrgica” y “uno de cada cinco lleva esperando más de seis meses”.

En Madrid, donde esta semana ha estallado el escándalo de la manipulación de la preferencia de 57 pacientes pendientes de una intervención para alterar las listas de espera, sindicatos y asociaciones de pacientes llevan años advirtiendo de un “maquillaje” en estos registros.

Según los datos del Sermas —el servicio madrileño de salud—, en agosto había más de 120.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, con una demora media de casi 72 días; 698.500 personas pendientes de una consulta con el especialista por una media de 76 días; y otras 168.000 a la espera de una prueba, otra media de 66 días. En total, casi un millón de esperas que son, en realidad una suma y sigue, porque para una operación antes hay que pasar por un especialista y hacerse alguna prueba diagnóstica, un proceso que podría irse a los 214 días.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha negado estos días que se maquillen las listas de espera. La ministra del ramo, Mónica García, que intentó impulsar una nueva normativa para dotarlas de más trasparencia y trazabilidad, lo ha puesto en duda. Este mismo sábado, acusó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de “mentir”.

Pese a la falta de claridad por parte de las esferas políticas, lo que sí es un hecho es el incremento constante de pacientes a la espera de ser atendidos. Desde julio a agosto de este mismo año, son más de 29.000 pacientes añadidos a las listas de espera y, también, se suman 10 días más en el tiempo promedio de espera hasta ser atendidos.

Lola, una paciente de 59 años, sufre la rotura del menisco interno y externo, el cuerno del menisco y ligamentos externos de su pierna derecha. Esta fatalidad le sorprendió a Lola cuando se incorporó a su puesto de trabajo a finales del año pasado, tras volver de otra baja por cervicalgia: “Regresé al trabajo y me destrocé la rodilla en cuatro días”. 

Hasta abril de este mismo año, Lola no fue atendida por el traumatólogo que lleva su caso en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. Después de la revisión, para Lola, todo quedó en un mar de dudas pese a que el especialista le confirmó que necesita ser intervenida quirúrgicamente: “Me citó el 21 de octubre para una radiografía y, a partir de ahí no sé qué hará el traumatólogo, si me pondrá en lista de espera o a ver qué hace”, expresa con desconcierto. 

Además, a las dificultades que atraviesa Lola se le añaden una artrosis degenerativa —destrucción del cartílago hialino que recubre las superficies óseas— que tiene “por todo el cuerpo” y fibromialgia—enfermedad crónica que provoca dolor musculoesquelético—.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) señalan que la Comunidad oculta las cifras reales de las listas. Rodríguez expone que la Consejería presenta los datos “como un éxito”, mientras que otros “sufren las demoras”. Con este argumento, explica “el maquillaje estadístico” que se aprecia, sobre todo, en esta región. Esta manipulación se observa en los casos de intervención quirúrgica, ya que “se cuenta la demora tras ver al anestesista” o que, como denunciaban en un comunicado en abril, “se excluye del cómputo global a determinados pacientes”. “Las listas de espera están completamente manipuladas”, insiste.

“Un deterioro en la salud física y mental”

Pedro José (64 años, nombre ficticio) tiene un problema urológico que lleva arrastrando durante años. Ya en 2019 se sometió a cantidad de pruebas y, entre cita y cita, “esperaba hasta seis meses”, explica. Cuando finalmente le indicaron una operación y le hicieron el preoperatorio, en marzo de 2020, llegó la pandemia: “La intervención quedó en el limbo más absoluto”, explica este vecino de Cádiz.

Finalmente, se canceló la operación, pero siguieron las pruebas. “Llevo un año sin dormir porque orino, día y noche, cada 15 minutos y tengo el abdomen tremendamente inflamado”, lamenta.

El presidente de la ADSPM asegura que si las esperas superan los seis meses, se produce “un deterioro en la salud física y mental”. Cita estudios que apuntan a episodios de “ansiedad o depresión” y advierte de riesgos con consecuencias más funestas, si la tardanza acaba provocando consecuencias irreversibles. “La complicación de enfermedades llega por el retraso”, insiste.

A Pedro José ya le han comunicado que, en este momento, con una operación no le aseguran “que vaya a quedar bien”. Los retrasos y aplazamientos han hecho que su patología empeore, le han aparecido divertículos —pequeñas bolsas que salen en el interior de la vejiga— y un tapón en la próstata. “Me puse muy triste porque tengo que estar sondado de por vida”, expresa el hombre, que ha puesto una reclamación ante el servicio de salud.

Hace un año que a Susana, de 62, le indicaron una operación para eliminar sus juanetes en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Mientras esperaba, le ofrecieron derivarla a un privado. “No, no y no”, se negó, mientras lamenta que desde la pública se incentive el paso a la privada. La mujer puso una queja ante el hospital y, finalmente, fue intervenida en la pública en dos semanas.

Esa misma estrategia siguió Manuel en una intervención anterior, de cataratas, a la de la artrosis por la que espera ahora. La queja aligeró la espera. “Estarán esperando a que la gente reclame”, barrunta. En Andalucía, según los datos de Sanidad, a diciembre de 2025, la demora media era de 173, la máxima entre las comunidades. En los últimos años, la Junta ha ido prorrogando contratos de cientos de millones de euros para derivar pacientes a la privada y acortar las listas de espera.

Es algo que ha ocurrido también en otras comunidades. En Madrid, según un documento interno, el “impacto económico” derivar pacientes de la pública a la privada entre 2018 y 2023 ha sido de 1.268 millones de euros extra derivados a la sanidad privada. 

“El día que mi psicóloga me habló por primera vez en terapia de lo que era una relación asimétrica creí que me explotaba la cabeza, era justo lo que me estaba pasando”, recuerda Lena. “Muchas veces nos sabemos la teoría feminista, pero nos cuesta ponerla en práctica en nosotras mismas. Todo el trabajo que estoy haciendo con mi psicóloga sobre la culpa, la complacencia y la búsqueda de aprobación se habría quedado cojo sin entender que hay vivencias y normas sociales y culturales que nos perjudican por el hecho de ser mujer”, explica Teresa. “Soy una persona muy diferente a cuando empecé la terapia; he aprendido a comprender de dónde venían muchas de mis emociones y a darme cuenta de que una parte importante de mi sufrimiento no tenía que ver con mi orientación sexual, sino más bien con los años de rechazo, miedo y vergüenza”, reconoce Vicente. 

Los anteriores son testimonios reales, con nombres figurados, de pacientes que, a través de una terapia psicológica con enfoque de género o afirmativo —especializada en el colectivo LGTBIAQ+—, han conseguido poner nombre a lo que les estaba pasando y empezar a abordarlo en toda su complejidad. 

La psicología, igual que otras disciplinas, ha ido poco a poco incorporando la perspectiva de género a nivel teórico y práctico. Conceptos que parten de realidades estructurales complejas, atravesadas por el género y otros condicionantes interseccionales —la raza, el nivel socioeconómico, la corporalidad, la identidad, la orientación sexual— ayudan a comprender a las personas en todo su contexto y a aplicar soluciones más integrales. 

María Huertas es psicóloga perinatal y profesora universitaria. Codirige Espacio Psinergia, un centro de psicoterapia integradora con perspectiva de género. Para ella, este enfoque es imprescindible en su trabajo diario: “La perspectiva de género no es un complemento ni una cuestión ideológica: es una herramienta clínica imprescindible”, afirma. 

En muchas ocasiones, la psicóloga encuentra ahí las claves para entender a sus pacientes: “Aplicar una perspectiva de género significa entender que el sufrimiento psicológico no se construye únicamente desde la biología o la historia personal, sino también desde el contexto social en el que vivimos”, explica. Recurre al símil del árbol y del bosque para ejemplificarlo: “Para entender al paciente, que sería el árbol, tú necesitas ver todo el bosque”, asegura. La experta invita a abrir el foco y mirar al entorno: “Cada persona vive inmersa en un contexto familiar, económico, cultural y relacional que condiciona profundamente su bienestar. Si no entendemos ese contexto, corremos el riesgo de interpretar como un problema exclusivamente individual lo que también está siendo sostenido por factores sociales”, profundiza.

Una de sus pacientes, Teresa, llegó a su consulta con un problema de salud mental derivado de una situación de acoso laboral por parte de un superior. “Probablemente, no habría vivido esta experiencia si yo fuera hombre. Así que sí, creo que ser mujer ha condicionado mi experiencia concreta y su impacto en mi salud”, asegura. Lena tenía claro que buscaba una terapeuta mujer. “Lo prefería porque presupongo en nosotras esa perspectiva. Sé que esto no tiene por qué ser necesariamente así, pero, en mi experiencia, incluso las mujeres que no aplican la perspectiva de género de manera consciente tienen un punto de partida más accesible al relato de una mujer que un hombre. Si encima das con una profesional, como es mi caso, que conoce bien y te sabe explicar con paciencia cómo determinadas dinámicas relacionadas con el género están afectando a tu salud, es una salvación”, argumenta.

Salud mental y género 

En el caso de Lena, su terapeuta la ha ido acompañando en sus diferentes etapas vitales, desde el día en que puso nombre al estado de su relación: “Llevaba con mi novio muchos años y, aunque las cosas iban bien en general, yo notaba que siempre cargaba con la responsabilidad de las tareas de casa o incluso las emocionales: abrir conversaciones incómodas o tener acuerdos de pareja”, continúa. Su psicóloga le explicó las asimetrías que suelen darse dentro de las relaciones heterosexuales, donde ellas cargan con la mayor parte de tareas –tanto de cuidados como de trabajos no remunerados, así como las emocionales–.

Desde entonces, sigue en terapia con la misma profesional, que la ha ido acompañando en las diferentes etapas vitales, también con la llegada de la maternidad: “Me ayudó a comprender la ambivalencia materna, la culpa que siempre nos persigue a las mujeres o mi relación compleja con mi madre, que empeoró al nacer mis hijos”, enumera. 

En su práctica diaria en consulta, María Huertas ve habitualmente situaciones derivadas de la desigualdad estructural relacionada con el género, según ella, especialmente en casos de salud mental perinatal –la que tiene que ver con el embarazo, parto, posparto y maternidad–. “En mujeres aparecen muy a menudo la sobrecarga de cuidados, la culpa cuando priorizan sus propias necesidades, la autoexigencia, la dificultad para poner límites, el agotamiento derivado de la doble jornada o el impacto que tienen las desigualdades en las relaciones de pareja”, explica.

Cuenta Lena que fue ese exactamente su caso cuando fue madre. “Tuve un posparto muy complicado, diría que rozando la depresión, pero afortunadamente mi psicóloga me ayudó a comprender lo que estaba pasando. Cuando mi chico se convirtió en padre tuvimos un desajuste tremendo y no parábamos de pelear. Estábamos agotados ambos, pero era yo quien asumía gran parte de la carga”, recuerda. Su novio, que también acudió a terapia de pareja con la misma psicóloga, reconoce que le costó entenderlo. “Al principio no lo veía, creía que mi novia y la psicóloga se habían aliado para echarme la culpa de todo. Poco a poco, fui entendiendo que efectivamente partíamos de una situación desigual, empecé a hacerme cargo de los cuidados y a reconocerle a ella toda la parte de sobrecarga mental que había estado soportando sin que yo me diera cuenta”, reconoce. 

Es precisamente en este punto donde la psicóloga Marta Fernández asegura que la perspectiva de género es “muy necesaria, casi más para trabajar con hombres”. Lo argumenta así: “Yo tengo la sensación de que cada vez más mujeres identifican muchas cosas y eso hace que sea más fácil abordarlo cuando te lo cuentan. Pero cada vez hay más hombres en terapia, que es una cosa buenísima, y requiere aún más conciencia porque nos cuentan su punto de vista”, explica Fernández.

También María Huertas pone el foco en ellos: “El género nos atraviesa a todos y en hombres también observamos el efecto de los mandatos: dificultades para expresar vulnerabilidad, miedo a pedir ayuda, presión por responder a determinados ideales de masculinidad o problemas para identificar emociones. Todo ello tiene consecuencias directas sobre la ansiedad, la depresión, las relaciones de pareja o la vivencia de la ma-paternidad”, asegura.

Mirada interseccional

Para Andrea Mezquida, psicóloga experta en psicología afirmativa —la que se ocupa específicamente del colectivo LGTBIAQ+—, hay que aplicar una perspectiva feminista “a cualquier tipo de profesión”, aunque reconoce que en psicoterapia “tiene un papel fundamental”. Esta profesional propone aplicar una perspectiva “feminista e interseccional”: “Sirve para que le paciente entienda por qué tiene ciertos comportamientos en función de su socialización de género, de su clase social, de su raza o de sus capacidades cognitivas y motoras”, argumenta. Según ella, la psicología afirmativa “atiende problemas que a una persona heterosexual no le ocurren o, al menos, no por las mismas razones”. Ejemplos de ello serían la “discriminación social y laboral por orientación sexual o de género, el estrés de las minorías, el rechazo social o la violencia lgtbifóbica”, enumera.

Uno de los pacientes de Andrea Mezquida es Vicente. A sus 41 años, ha tenido que tratarse de depresión y ansiedad por su historia vital, marcada por el hecho de pertenecer al colectivo LGTBIAQ+. “El origen de gran parte de mi sufrimiento fue el rechazo hacia mi propia identidad y orientación sexual. Inicialmente pensaba que era gay y más tarde comprendí que soy bisexual, pero ambos procesos estuvieron llenos de confusión porque sentía que no encajaba en una sociedad donde la heterosexualidad parecía ser la única opción válida”, explica. Por eso, buscó acompañamiento especializado. 

La psicóloga atiende muchos casos como el de Vicente, lo que ella denomina “bifobia u homofobia interiorizada”: personas bisexuales u homosexuales que no terminan de aceptar que lo son, o “bifobia y homofobia externa”, cuando su entorno no los acepta. También trata habitualmente casos de transfobia y otras situaciones relacionadas con el hecho de pertenecer al colectivo LGTBIAQ+. Por eso utiliza herramientas específicas, basadas en la “auto reafirmación, la autoaceptación y la seguridad personal”. A Vicente, esas herramientas le han servido para empezar a mejorar, tal y como cuenta él mismo: “Con el tiempo y tras mucho trabajo de por medio, he comprendido que el problema nunca fue mi orientación sexual, sino haber crecido sintiendo que debía ocultarla o cambiarla para ser aceptado. Esa diferencia ha sido fundamental en mi proceso de recuperación”. 

Minimización e infradiagnóstico por sesgos de género

Otra Andrea, en este caso paciente, también defiende la importancia de tratarse psicológicamente con un enfoque de género. Ella se define como feminista desde hace años, pero lamenta no haber encontrado todavía ninguna profesional que comprenda del todo el enfoque de género. “La primera psicóloga que tuve no supo entender el conflicto que me generaba como feminista reconocer que me moría porque no conseguía tener hijos”, recuerda. Ahora ha cambiado de terapeuta y, aunque la nueva profesional entiende un poco más las cuestiones de género, “tampoco lo hace de manera muy específica”: “Por ejemplo, le molesta mucho cuando generalizo y le digo ‘yo como mujer’ o ‘él como hombre’, pero para mí es importante hacer ese tipo de referencias, que muchas veces explican muchas cosas”, asegura. 

Para Lena, que lleva años tratándose en diferentes etapas vitales, su primer contacto con la psiquiatría también fue frustrante: “Acudí a consulta con un cuadro complejo, con mucho malestar y agobio, y todo lo que conseguí fue un diagnóstico rápido de ansiedad y una receta para comprar ansiolíticos”. Ni profundizar en las causas, ni hacer más pruebas ni un seguimiento consistente. “Me dijeron que no hacía falta nada más, que me veían muy nerviosa y que probase con esas pastillas”, cuenta. 

Es en este punto de los sesgos donde se detiene María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante y experta en enfoque de género en la medicina. Según ella, históricamente ha habido “minimización e incredulidad” de los síntomas de las mujeres en salud mental. “Tiende a diagnosticarse todo como ansiedad, como consta hasta en un 70% de las historias clínicas de atención primaria. Con el paso del tiempo y distintas pruebas, estos síntomas acaban diagnosticándose como otras patologías, pero la consecuencia para las mujeres es una hiperprescripción de fármacos”, denuncia. 

La psicóloga María Huertas defiende las aportaciones del feminismo a la psicología, entre otras cosas para terminar con esa mirada sesgada en salud mental: “El feminismo ha permitido visibilizar sesgos en la investigación, desarrollar mejores herramientas para comprender la salud de las mujeres, estudiar el impacto de la distribución desigual de los cuidados y analizar cómo los mandatos de género afectan tanto a mujeres como a hombres”, asegura. Y añade una última idea: “Una de sus grandes aportaciones ha sido devolver el contexto a la comprensión de la salud mental. Durante mucho tiempo, especialmente cuando hablamos del sufrimiento de las mujeres, la psicología y la psiquiatría tendieron a descontextualizar el malestar y a buscar la explicación únicamente en el individuo. El feminismo ha contribuido a cuestionar esa mirada reduccionista”, concluye. 

La adopción de estrategias nacionales de prevención del suicidio se ha convertido en una prioridad internacional, impulsada por el reconocimiento del suicidio como un problema de salud pública global y por la evidencia que demuestra que las intervenciones aisladas no son suficientes para revertir las tendencias de mortalidad.

Sin embargo, aunque más de 40 países han implementado iniciativas nacionales, entre ellos España, con su Plan de Acción para la Prevención del Suicidio (2025-27), los resultados son marcadamente desiguales. Mientras países como Finlandia, Noruega o Dinamarca han mostrado avances importantes, otros contextos con planes igualmente ambiciosos han observado un impacto limitado o inconsistente.

Aunque más de 40 países han implementado iniciativas nacionales, los resultados son marcadamente desiguales

Esta heterogeneidad obliga a analizar no solo el contenido técnico de las estrategias, sino los procesos que determinan su aplicabilidad, coherencia, sostenibilidad y capacidad de adaptación a contextos socioculturales diversos.

Los elementos que explican la eficacia

Los países que han logrado mayores avances tienen en común algo fundamental: cuentan con estrategias que actúan a varios niveles y que combinan intervenciones universales, selectivas e indicadas, junto con acciones de postvención tras intentos y muertes por suicidio, dentro de un marco de coordinación y gestión coherente.

Las medidas más sólidas incluyen sistemas de vigilancia epidemiológica capaces de integrar información procedente de múltiples fuentes, la restricción del acceso a medios letales y campañas de comunicación que abordan explícitamente el estigma, utilizando enfoques culturalmente adecuados.

Estas acciones no actúan de manera aislada, sino que operan sobre determinantes amplios y modifican actitudes de la población, al tiempo que reducen las barreras estructurales para la búsqueda de ayuda.

Las estrategias más efectivas han priorizado intervenciones dirigidas a grupos específicos –adolescentes, migrantes, minorías étnicas, personas mayores aisladas, comunidades LGBTQ+ o población penitenciaria

Las estrategias más efectivas han priorizado intervenciones dirigidas a grupos específicos –adolescentes, migrantes, minorías étnicas, personas mayores aisladas, comunidades LGBTQ+ o población penitenciaria– mediante modelos comunitarios, redes de apoyo y programas adaptados cultural y lingüísticamente.

La evidencia muestra que la sensibilidad cultural y la adecuación contextual no son elementos accesorios, sino determinantes de la eficacia, especialmente en poblaciones históricamente excluidas de los sistemas o circuitos de ayuda.

Las acciones dirigidas a personas con riesgo elevado o con intentos previos constituyen un punto crítico. Los estudios coinciden en que el seguimiento intensivo tras un intento de suicidio y la incorporación de protocolos estructurados en atención primaria son dos de los mecanismos de mayor impacto. Asimismo, la formación de gatekeepers –personas clave capaces de identificar señales tempranas de riesgo y activar los recursos asistenciales adecuados– en entornos educativos, comunitarios y sanitarios facilita la detección precoz y la activación de circuitos asistenciales eficaces.

El análisis comparado evidencia que la mera existencia de un plan nacional, incluso cuando está basado en recomendaciones internacionales, no garantiza resultados. La diferencia entre estrategias efectivas y estrategias nominales radica en la forma de ponerlas en marcha.

La clave está en una buena coordinación

La coordinación de varios sectores es especialmente determinante: allí donde salud, educación, servicios sociales, justicia y medios operan de manera aislada, las intervenciones pierden coherencia y capacidad de impacto. Por el contrario, los países que han avanzado –como Noruega o Alemania– han desarrollado estructuras estables de gobernanza, con responsabilidades bien definidas, mecanismos de coordinación y sistemas de seguimiento integrados.

La disponibilidad de recursos humanos y financieros es otra variable crítica. Países como India, que aprobó hace pocos años su estrategia nacional, han debido reorientar su plan hacia un modelo de salud mental comunitaria debido a la escasez estructural de profesionales especializados. Este tipo de adaptación, lejos de debilitar la estrategia, la hace más realista y sostenible en contextos de recursos limitados.

La obtención de datos fiables permite evaluar con precisión el impacto de las intervenciones y orientar decisiones de política pública

A ello se suma la importancia de los sistemas de vigilancia. La obtención de datos fiables –que pueden incluir certificación forense rigurosa; registros multiagencia, es decir, sistemas en los que varias instituciones u organismos comparten y cruzan información sobre un mismo problema, o autopsias psicológicas– permite evaluar con precisión el impacto de las intervenciones y orientar decisiones de política pública.

Las desigualdades territoriales, la fragmentación institucional y el estigma cultural siguen actuando como barreras transversales. En Groenlandia, por ejemplo, la estrategia nacional ha situado la equidad territorial como eje central, reconociendo las distancias geográficas como una barrera estructural para el acceso a la atención.

Canadá, con su Plan Nacional de Acción 2024–2027, ha explicitado por primera vez mecanismos formales de colaboración multisectorial para corregir déficits de coordinación acumulados durante años.

Estas experiencias muestran que las barreras no se superan únicamente con prescripciones técnicas: requieren transformaciones estructurales.

Lo fundamental: cómo medir el impacto real

Uno de los desafíos más persistentes en la prevención del suicidio es la dificultad para atribuir descensos de la mortalidad directamente a la implementación de estrategias nacionales. La conducta suicida está influida por muchos factores –cambios sociales, fluctuaciones económicas, reformas sanitarias, dinámicas culturales o variaciones en la disponibilidad de recursos–, lo que complica el aislamiento del efecto específico de un plan [nacional].

Precisamente por ello, los planes más maduros, como los de Suecia, Noruega, Finlandia y Australia, han incorporado sistemas de evaluación continua que permiten monitorear cambios antes de que se observen variaciones en la mortalidad. Estos sistemas incluyen indicadores intermedios como tiempos de acceso a servicios, continuidad asistencial, registro de intentos y medidas poblacionales de estigma. Este enfoque reconoce que la reducción de muertes es un objetivo a largo plazo, y que los indicadores de proceso permiten detectar si la estrategia está modificando los factores que, previsiblemente, acabarán influyendo en la mortalidad.

No existe un modelo único, pero sí un conjunto de fundamentos que comparten las estrategias más robustas

La capacidad de un país para revisar, ajustar y corregir su estrategia a partir de estos datos constituye un elemento central de efectividad. De hecho, las estrategias más exitosas no son las que acumulan más acciones, sino aquellas que establecen mecanismos explícitos de aprendizaje, retroalimentación y mejora continua, integrando datos procedentes de vigilancia epidemiológica, evaluaciones externas y análisis de desempeño.

No existe un modelo único, pero sí un conjunto de fundamentos que comparten las estrategias más robustas.

En cuanto a experiencias con resultados positivos, destacan los casos de Noruega, que ha logrado reducciones significativas mediante estrategias sostenidas desde 1995; Finlandia y Dinamarca, que combinaron restricciones de medios letales con expansión de servicios; Alemania, cuyo programa NAAD permitió reducir un 24 % los actos suicidas, y Países Bajos, que implementó el modelo SUPRANET Community, articulando gobernanza local y coordinación multisectorial.

Estas experiencias evidencian que la reducción de la mortalidad depende de planes a largo plazo, con objetivos realistas y estructuras de gobernanza capaces de sostener las intervenciones.

Cuando estos elementos se integran –calidad del diseño, coherencia en la implementación, gobernanza estable y evaluación continua–, la reducción del suicidio se convierte en una posibilidad concreta. En un fenómeno tan complejo, la consistencia estratégica y la planificación basada en datos son tan esenciales como las intervenciones específicas orientadas al riesgo.

La experiencia internacional deja, por tanto, una lección clara: prevenir el suicidio no consiste simplemente en acumular intervenciones. Requiere construir sistemas capaces de coordinarlas, sostenerlas, evaluarlas y adaptarlas en el tiempo.

Elizabeth Suárez Soto es doctora en Psicología y Psicóloga Clínica Infanto Juvenil de la Universidad Internacional de Valencia

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

El de próstata es el segundo tumor más común en hombres en todo el mundo. En los países en los que se ha reducido drásticamente el tabaquismo —y los asociados a esta adicción han caído—, está a la cabeza. Como en España, donde en 2025, se diagnosticaron en torno a unos 35.000 cánceres de este tipo, la inmensa mayoría en hombres mayores de 50 años, y se registraron 6.000 muertos. Con una detección temprana, la esperanza de vida más allá de los cinco años supera el 90% y algunos pacientes viven décadas sin que la enfermedad se desarrolle. En otros, en cambio, la evolución es rápida y letal.

Hasta ahora, las pruebas diagnósticas eran capaces de diferenciar muy bien qué tumores están en los extremos —cuáles tienen muy buen pronóstico y cuáles muy malo—, pero el espectro intermedio es más difícil de definir. Un análisis de las alteraciones del ADN genómico de las células tumores de casi 1.000 pacientes ha permitido identificar los patrones que definen esos ritmos, lo que permitirá estratificar mejor a los pacientes y definir las terapias más adecuadas en cada caso.

El estudio, publicado este miércoles en la revista Nature, parte de una colaboración internacional coliderada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y desvela los procesos que dañan el ADN en la mayoría de cánceres de próstata, tras analizar 959 tumores de hombres de siete países. “El equilibrio de los procesos que tienen lugar en el interior de un tumor es lo que determina la probabilidad de que el cáncer se propague”, apunta el jefe del grupo de Oncología Computacional del centro, Geoff Macintyre.

“Hemos analizado las alteraciones del ADN genómico de esos tumores, con la idea de ver cuáles son los daños que existen. Al analizar esos daños o patrones en el ADN, podemos ver qué mecanismos los han causado y entender biológicamente cuáles han sido los procesos que han alterado esos genomas en los pacientes con cáncer de próstata primarios”, explica la investigadora y coautora del estudio Bárbara Hernando.

Una combinación de daños

El trabajo se centra en alteraciones del ADN a cuatro niveles: desde pequeños cambios, de una letra o tramos del genoma, hasta otros más grandes, como trozos de cromosoma que se juntan o la repetición de copias de material genético. “Hasta ahora, se había mirado individualmente”, explica Hernando, por lo que la novedad está en la integración de estas alteraciones, con la que se han dado “ocho patrones de cambios que se relacionan con procesos dañinos internos de la célula”.

Es decir, el daño no proviene de un error en un solo gen, sino de “mecanismos celulares que han dejado de funcionar bien: los que copian el ADN, los que lo reparan y la propia señalización hormonal de la próstata”. Así, cada tumor presenta una combinación de los ocho patrones descubiertos, que explica el daño en el 85% de los cánceres de próstata.

Una vez conocidos esos patrones, el siguiente paso es buscar nuevos tratamientos específicos para ellos. “Hasta ahora, queríamos entender la biología del cáncer de próstata a nivel de ADN y ahora empezaremos una nueva etapa de ensayos clínicos”, avanza la investigadora. Es decir, probar en pacientes con tumores concretos tratamientos específicos y analizar su evolución durante los próximos años.

“Secuenciar casi 1.000 tumores en cáncer de próstata es un esfuerzo enorme”, considera la oncóloga especialista en cáncer de próstata en el Hospital 12 de Octubre, Elena Castro, que “ahonda en entender mejor cómo se producen esas alteraciones y sus estructuras” porque, mientras otras publicaciones son más parcheadas, en este trabajo “se hace un análisis más completo”.

Entender mejor la enfermedad

En la práctica clínica, cuando se detecta un cáncer de próstata, los oncólogos tienen en cuenta la histología del tumor —cómo son sus tejidos—, el número de metástasis, cuándo han aparecido o las cifras de PSA —una proteína presente en la sangre—. “Son factores pronósticos que nos permiten establecer qué tumores van a ir muy bien y cuáles muy mal, pero en los del medio a veces no sabemos [cómo será la evolución]”, explica Castro. Por eso, cada nuevo conocimiento “ayuda a entender mejor la enfermedad y tener mejores estrategias de seguimiento”.

Y en los últimos tiempos ha habido mucho nuevo conocimiento, celebra la especialista. Por ejemplo, se han ido desarrollando biomarcadores que han permitido un abordaje más personalizado de la enfermedad, como la mólecula diana PSMA. “Cuando se le engancha otra molécula, nos permite ver dónde está la enfermedad y cuando se le incorpora otra, nos permite tratarla”, explica la oncóloga Castro. Es lo que ha venido a llamarse 'teragnosis' —una combinación de terapia y diagnóstico—. Una de esas estrategias, lutecio-177 PSMA, se aprobó en enero para pacientes con cáncer de próstata avanzado y metastásico.

A falta del salto a la clínica del estudio publicado este miércoles en Nature, todos estos pasos que han ido permitiendo contar hoy con nuevos tratamientos han sido capaces de elevar la tasa de supervivencia neta a cinco años por encima del 90%, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica.

El porcentaje es esperanzador, pero las expertas piden más concienciación sobre un tumor “muy frecuente, del que se habla muy poco”. Y para el que hace falta más investigación. En un artículo publicado en junio, la SEOM ya alertaba de que “se estima que un 20-30% de los pacientes tratados con cirugía o radioterapia desarrollará metástasis a lo largo de su evolución, lo que hace necesario disponer de nuestras estrategias terapéuticas eficaces”.

Un hombre de 84 años falleció este verano en Salamanca. Es uno de los cuatro casos de fiebre hemorrágica Crimea Congo identificados por las autoridades sanitarias esta temporada en España. En la última década, el Ministerio de Ciencia ha contabilizado un total de 19 infecciones, de las cuales seis no sobrevivieron al virus de esta enfermedad emergente. Hasta 2016, no se había detectado en el país, según indica el Informe epidemiológico sobre la situación de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. Años 2016 a 2025, que califica estos hallazgos de “esporádicos”, aunque preocupan a los expertos.

La fiebre hemorrágica Crimea Congo es una infección vírica que se transmite de animales a humanos —zoonosis—, principalmente a través de garrapatas infectadas. Según explica el doctor Álex Almuedo, doctor del Hospital Clínic de Barcelona e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), esta enfermedad es conocida y endémica en varios países, mientras está emergiendo en otros como España por diferentes causas. Por ejemplo, por el comercio de ganado ilegal en África o por la emergencia climática en latitudes más cercanas: “Las garrapatas, con el cambio climático, están muy contentas”.

Las garrapatas se encuentran cómodas con temperaturas más altas, como las que se están registrando cada vez más durante el periodo estival en la península, y los inviernos más suaves, que favorecen su propagación.

El primer caso documentado de esta enfermedad se produjo al final de la Segunda Guerra Mundial (1945) en la península de Crimea, entre las tropas rusas, y la afección vírica, que parecía un fallo hepático, se propagó entre los soldados. Más tarde, en 1956, se detectó otro caso en el Congo Belga (República Democrática del Congo). Cuando, en 1968, se concluyó que ambos casos respondían a la misma enfermedad, se la bautizó como Fiebre Hemorrágica Crimea Congo.

La posibilidad de transmisión es muy baja, en comparación con la población de garrapatas

Félix Valcárcel — Investigador de enfermedades parasitarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Los expertos indican que la garrapata es el principal transmisor de esta enfermedad. “La causa más frecuente de infección en la gente que va al campo y se encuentra con uno de estos parásitos”, explica Almuedo, a través del contacto con la sangre de estos animales o de otros humanos infectados.

Pese a que se trata de una patología emergente, que puede llegar a ser mortal, el investigador de enfermedades parasitarias del Consejo Superior de Investigaciones Específicas (INIA-CSIC), Félix Valcárcel, indica que “la posibilidad de transmisión es muy baja, en comparación con la población de garrapatas”. De hecho, solo “en un 0,1% de los casos se encuentra el virus”. Entre los proyectos para estudiar la evolución del virus, se están construyendo dos animalarios —uno de ellos en el Instituto de Salud Carlos III—, para comprobar el contagio de la garrapata Hyalomma marginatum.

Valcárcel, licenciado en Veterinaria, apunta otra de las causas de expansión del virus: la migración de las aves: “Estas garrapatas se alimentan muy bien en aves y, si migran al norte, las traen”. La proliferación del virus entre las garrapatas en zonas de África hace que esté más presente en esos viajes.

El 80% de los pacientes infectados son asintomáticos

Álex Almuedo — Doctor especialista en Enfermedades Infecciosas e investigador

Sobre el histórico de diagnósticos en España, el investigador Valcárcel señala que el número suele ser estable, sin picos exagerados, y en zonas muy concretas. La evolución deja, sin embargo, muchos interrogantes. Se han detectado casos en “la zona del norte de Cáceres, el sur de Ávila y el sur de Salamanca, aunque no hay una razón clara del porqué”, expone.

El doctor Almuedo indica que los casos que se están diagnosticando son aquellos que presentan síntomas. Es, dice, “la punta del iceberg” porque “el 80% de los pacientes infectados son asintomáticos”.

¿Y los que presentan síntomas? “A los 6-9 días se entra en la fase de hemorragia: manchas en la piel, hematomas, coágulos y complicaciones en el hígado. Un metaanálisis dice que hay entre un 10-40 % de mortalidad, pero hay poblaciones vulnerables, la capacidad de respuesta sanitaria, la capacidad de alerta y el tiempo de demora en que aparezcas en el centro sanitario”, explica el investigador del ISGlobal.

En los casos de mortalidad por esta enfermedad, Almuedo asegura que se han asociado a una edad mayor y se han encontrado en fases complicadas de la enfermedad. “Si tienes mucha carga viral, plaquetas bajas, coagulación muy alterada... puede ir muy mal. Sin embargo, una persona puede sobrevivir si la enfermedad se le diagnostica rápido”, señala.

Sin vacuna ni tratamiento

La fiebre hemorrágica Crimea Congo no cuenta, por el momento, con ninguna vacuna preventiva ni tratamiento: “Se ha hablado de un fármaco, la ribavirina, que se utiliza en Turquía, aunque no está autorizado para esta enfermedad y su eficacia es controvertida”, expone el doctor Almuedo.

Valcárcel señala que la ciencia está intentando entender el ciclo de la enfermedad y su abordaje. “Hay compañeros que están estudiando cómo hacer vacunas, otros mejorando los métodos diagnósticos y la educación de la población y, otros, estudiando nuevos productos acaricidas”.

Por otra parte, la proliferación de las garrapatas, para Félix Valcárcel, supone algo “frustrante”. “En media hora, recoges unas 30 ó 40 garrapatas de la lusitanicum [en el campo]. Sin embargo, de la marginatum, puedes encontrar una o dos, y estamos contentos”.

Sales del chalet, tienes un campito y ahí está lleno

Félix Valcárcel — Investigador de enfermedades parasitarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Los animales de campo trasladan el virus a la ciudad

En la península ibérica, las garrapatas que actúan como vectores de transmisión de la enfermedad están comenzando a localizarse también en la zona norte. Se han encontrado en Cantabria, por la zona de los Pirineos y en toda Catalunya, donde se han identificado varias plagas. Lo más preocupante para la salud humana es su aparición en las conocidas como zonas periurbanas. “Sales del chalet y tienes un 'campito' que está lleno”, explica Valcárcel. Un diagnóstico con el que coincide Almuedo.

No son solo en zonas de chalets. Las garrapatas se han detectado en vertederos e, incluso, en zonas de playa, como Oropesa del Mar (Castellón), donde llegaron enganchadas a jabalíes. Precisamente, estos artrópodos encuentran en los animales silvestres el mejor medio de transporte. “Como tienen menos campo a su disposición, estos animales se acercan a las poblaciones y las garrapatas, con ellos”, explica Valcárcel, para quien el problema “se acentúa” cuando la gente les da de comer.

En cuanto a las medidas de prevención, el doctor Álex Almuedo aconseja utilizar manga larga y pantalón largo en el campo o en la montaña, pantalón por dentro del calcetín, ropa clara y utilizar repelentes con el componente icaridina: “Después de cada actividad de campo, revisarnos axilas, ingles, cabello, detrás de las orejas, ropa y animales de compañía que hayan viajado con nosotros”.

Si se sufre la picadura de una garrapata, lo recomendable es utilizar pinzas finas y tirar suave hacia arriba sin aplastarla —y sin poner aceite ni alcohol en la picadura— y limpiar la zona después de extraer el artrópodo. El doctor recomienda estar pendiente de los síntomas en este caso.

Desde el CSIC, Félix Valcárcel comparte los siguientes medios de prevención: “Estamos luchando para que se pongan carteles de precaución”, en zonas donde se encuentren garrapatas. “Aconsejamos escuchar a los médicos y la protección antes, durante y después de estar en el campo e informarse”. También hace referencia a la aplicación impulsada por el Ministerio de Sanidad, Garrapata Alert, para estar al tanto de las aportaciones y muestreos realizados por los expertos, señalados en un mapa geográfico del territorio español.

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, ha descartado este miércoles cesar a la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, pese a la acumulación de salidas en el equipo directivo del principal centro hospitalario público del archipiélago y a la reciente denuncia pública de una extrabajadora, quien asegura haber sufrido situaciones de acoso y humillación durante su etapa en el hospital.

Tras la presentación de un nuevo convenio con la Universitat de les Illes Balears (UIB), y preguntado por un eventual relevo de Granados, Ureña ha cerrado filas en torno a la gerente, asegurando que “en ningún momento” se ha planteado la posibilidad de apartarla del cargo. El máximo responsable del IB-Salut ha defendido la trayectoria de Granados así como su experiencia al frente de distintos hospitales. “Tenemos una gerente con mucho conocimiento y experiencia, ha trabajado en muchos hospitales”, ha incidido.

En esta línea, ha puesto en valor que, cuando viajan a otras comunidades autónomas, antiguos compañeros o subordinados de Granados se acercan a hablar de ella “con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos y con la sensación de que han aprendido mucho a su lado”.

La defensa pública de Granados llega en un momento de creciente controversia en torno a la gestión del hospital. La semana pasada, el director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, comunicó su voluntad de dimitir tras aproximadamente un año y medio en el cargo. Su marcha se suma a una cadena de bajas en la estructura de Son Espases -tanto equipo en el equipo directivo de Granados como en la gerencia- desde la llegada de la actual gerente en septiembre de 2023, coincidiendo con el arranque de la actual legislatura del PP.

Al respecto, Ureña ha reconocido que en Son Espases “ha habido algunas salidas”, aunque ha tratado de relativizar su alcance al señalar que se trata del centro con “el equipo directivo más grande” y que algunas de las personas cuya marcha se ha publicado “formalmente no son directivos”.

“Ha habido salidas, algunas propuestas por la dirección y otras atribuibles completamente a circunstancias personales que evidentemente respetamos”, ha señalado. Ureña ha añadido que, al tratarse de un centro de trabajo con más de 6.000 profesionales, un elevado presupuesto y numerosos servicios, “puede haber situaciones de tensión”.

La denuncia de “una superviviente de la gerencia de Son Espases”

Ureña se ha pronunciado, asimismo, sobre la denuncia pública efectuada este martes por Sabrina Vidal, periodista que desde noviembre de 2024 dirigía el gabinete de comunicación de Son Espases, un escrito en el que llega a definirse como “una superviviente de la gerencia de Son Espases”. Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí, aunque reconozco que con esta estrategia sí logró callarme, apagarme“, confiesa en alusión a la gerencia.

La extrabajadora relata una serie de episodios que, según su testimonio, se produjeron durante el año y medio que trabajó en el hospital, como el hecho de que, en varias reuniones semanales de la dirección y delante de unas 15 personas, recibiese en distintas ocasiones la frase “tú cállate que no tienes ni idea”. También señala que durante la Navidad fue apartada de la fotografía de familia de la dirección con la expresión “tú no, tú vete”.

Vidal, quien no identifica expresamente a Cristina Granados pero sí alude a la “gerencia”, asegura que la persona a la que atribuye estos comportamientos acudía “a menudo” a sus superiores para decir que ella “no le servía”, quería que le pidiera perdón para mejorar la relación y pretendía controlar “cada movimiento” que hacía. La veterana periodista asegura asimismo que fue apartada de reuniones, reprendida públicamente en cadenas de correos y desautorizada profesionalmente. “Me puenteó, me regañó en hilos de mails frente a nuevo público, me dijo que hacía mal mi trabajo sin leer mis informes…”, recuerda.

“Aprendí a sobrevivir”, escribe, antes de explicar que llegó a presentar proyectos a través de compañeros para evitar enfrentamientos. La exresponsable de Comunicación afirma que recopiló pruebas durante meses con la intención de denunciar la situación y asegura que se le indicó que el procedimiento adecuado pasaba por crear un grupo de investigación. Según su versión, la persona que debía dirigirlo o designarlo era la propia gerente. También afirma que solicitó un cambio de centro que finalmente le fue concedido.

La situación terminó afectando a su salud: relata que acudió a tres psicólogas, sufrió ataques de ansiedad, permaneció dos meses de baja y solicitó un traslado de puesto. Finalmente abandonó el IB-Salut. La conexión con Granados deriva de que el gabinete de Comunicación dependía directamente de la gerencia del hospital.

El IB-Salut asegura que no conocía el caso

Al respecto, el director general ha afirmado que no recibieron ninguna comunicación sobre el supuesto acoso ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni mediante el canal interno de denuncias de la organización. Ureña ha destacado que ese canal ha recibido este año unas 2.800 denuncias, avisos o reclamaciones.

El alto cargo ha rebajado el alcance del conflicto, señalando que lo que sí había detectado el IB-Salut eran “desavenencias técnicas a nivel profesional”, una lectura que contrasta con lo relatado por la comunicadora. Según la versión de Ureña, se ofreció a Vidal la posibilidad de cambiar de centro de trabajo. “Esta persona cambió de hospital y estaba ahí ejerciendo cuando dejó el IB-Salut”, ha señalado. El máximo responsable del IB-Salut ha agradecido sus servicios y le ha deseado una pronta recuperación, al tiempo que ha situado “el bienestar de los profesionales” entre sus “máximas preocupaciones”.

Por su parte, el sindicato de enfermería SATSE ha reclamado la apertura extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud y de una Junta de Personal para abordar la situación denunciada por Vidal y determinar, si procede, la apertura de un expediente por acoso laboral. Asimismo, ha solicitado la presencia de Cristina Granados para que dé explicaciones no solo sobre la denuncia de la antigua responsable de Comunicación, sino también sobre la sucesión de dimisiones y ceses que se han producido en la estructura directiva del hospital.

La Junta de Personal está llamada a abordar la situación mientras el IB-Salut mantiene su respaldo a Granados y descarta por ahora cualquier relevo.

Cristina Granados llegó a Son Espases en septiembre de 2023 con un amplio currículum en gestión hospitalaria. Médica especialista en Admisión y Documentación Clínica, ha desarrollado buena parte de su carrera en puestos de responsabilidad en hospitales públicos y privados de distintas comunidades autónomas, entre ellos los de Móstoles, Guadalajara, Toledo y Salamanca, además del Hospital Universitario de Torrejón. Antes de incorporarse al IB-Salut también ocupó responsabilidades directivas en Quirónsalud. El Govern de Marga Prohens destacó precisamente su experiencia al nombrarla gerente del principal hospital de Balears en sustitución de Josep Pomar.

Los otros conflictos de Son Espases

La polémica se suma a otros conflictos recientes en Son Espases, entre ellos las denuncias sindicales sobre la situación recurrente de colapso en el servicio de Urgencias. En este sentido, USAE denunciaba el pasado mes de abril “la insostenible situación que se vive diariamente en este servicio”, aseverando que habían llegado a concentrarse hasta 70 pacientes pendientes de ingreso que acumulaban hasta 118 horas de espera. USAE criticó que la gerencia del Hospital “continuase sin adoptar un protocolo de actuación” ante sus sistemáticas denuncias y la “nefasta gestión que se está haciendo de este servicio de urgencias”.

Asimismo, SATSE acusó en agosto al IB-Salut de “poner en riesgo” la seguridad de enfermeras y recién nacidos en Neonatología de Son Espases por la falta de profesionales. El sindicato alertó de que la unidad, con 12 plazas, había llegado a atender a 16 pacientes sin aumentar la plantilla, lo que había obligado en múltiples ocasiones a una enfermera a atender a tres pacientes de UCI neonatal, frente a la ratio habitual de dos.

SATSE denunció además turnos sin cubrir, acumulación de horas extraordinarias y un “agotamiento” de las profesionales, así como nueve plazas de matrona sin cubrir en el área materno-infantil. La entidad aseguró haber comunicado el riesgo al Comité de Seguridad y Salud y amenazó con trasladar el asunto a otros órganos, incluidos los judiciales.

Dos días antes, el Govern había puesto el foco en el incremento de recursos humanos de Son Espases. En un comunicado, la Conselleria de Salud aseguró que el hospital había aumentado su plantilla un 8% desde 2023, con 441 profesionales más, entre ellos 320 incorporaciones de enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 78 médicos especialistas. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, la plantilla del hospital de referencia de Balears asciende actualmente a 5.822 trabajadores.

El propio Ejecutivo había difundido el 29 de julio una información específica sobre la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de Neonatología, centrada en la incorporación de 27 sillones ergonómicos destinados a mejorar el bienestar de los pacientes y sus familias. La comunicación, sin embargo, no hacía referencia a las ratios de enfermería ni a la cobertura de los turnos en Neonatología, que son precisamente algunos de los aspectos sobre los que SATSE alertó posteriormente al denunciar la falta de profesionales en la unidad.

En octubre de 2025, la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, clausuró en Son Espases el acto por el 15º aniversario del hospital y destacó ante sus trabajadores su “implicación, trabajo y esfuerzo”. La gerente participó también en la jornada y puso en valor los avances del centro, atribuyendo los hitos sanitarios alcanzados al trabajo de sus profesionales y asegurando que “cada uno de vosotros es necesario”. La consellera de Salud, Manuela García, definió por su parte Son Espases como un “hospital más humano” gracias al compromiso de sus trabajadores y situó a los profesionales como “el valor más importante” del centro.

La noche del 2 de septiembre de 1936, Sadí de Buen y nueve personas más fueron fusiladas en Córdoba, frente a las tapias del cementerio de San Rafael. Junto al epidemiólogo, había dos albañiles, un pintor, dos jornaleros... Eran, según el término del periodista Manuel Chaves Nogales, “la España fusilable”. Cuando fue detenido, el 22 de julio, el entonces inspector general de Sanidad del Gobierno de la República se encontraba en la provincia en viaje oficial. No hubo juicio ni proceso, pero se sabía bien quién era, qué familia tenía y sus antecedentes republicanos e izquierdistas.

Sadí de Buen Lozano fue uno de los artífices de la campaña sanitaria más importante que se llevó a cabo en España en la primera mitad del siglo XX: la lucha contra la malaria. Un reducido grupo de personas, con la idea clara de la medicina científica y social, fueron capaces, entre 1920 y 1936, de llegar casi hasta la erradicación de la plaga, que el tajo brutal de la Guerra Civil revitalizó durante 30 años más.

Las campañas se llevaron a cabo con ayuda internacional porque “antes de la Guerra Civil, la lucha antipalúdica fue la única iniciativa de la Sanidad central bien vista por la Fundación Rockefeller, interpretando esta opinión como una evaluación externa del sistema sanitario español”, escribe el historiador de la medicina Esteban Rodríguez Ocaña.

Sadí (Barcelona, 1893) fue el tercero de los seis hijos del catedrático Odón de Buen, quien en 1914 fundó el Instituto Español de Oceanografía. Se crio en un ambiente liberal, en la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, bajo la tutela de su madre, Rafaela Lozano Rey. Sus padres se habían casado civilmente en 1889 y no bautizaron a ninguno de sus hijos.

Cuatro de sus hermanos —el mayor, jurista; los dos oceanógrafos y el quinto, también epidemiólogo que pasó una temporada en la cárcel y no pudo salir de España hasta 1951— y su padre murieron en el exilio mexicano. Odón de Buen da actualmente nombre al mayor barco oceanográfico de la flota española.

Sadí de Buen estudió medicina y pronto se especializó, junto al catedrático y médico italoespañol Gustavo Pittaluga, en paludismo. Pittaluga, que también tuvo que exiliarse y murió en La Habana en 1956, fue el gran agitador de la sanidad pública española y el inspirador de las campañas antipalúdicas, ejecutadas por De Buen y otros.

En 1920, ―recién casado, también por lo civil― Sadí de Buen comenzó a trabajar contra la malaria —probablemente la enfermedad que más personas ha matado en la historia de la humanidad— en Talayuela, Cáceres, la zona más azotada por la infección. No en vano se dice que la trompa del mosquito es responsable de más muertes que todos los ejércitos de la historia. Las campañas estaban basadas en el control epidemiológico estricto, la administración gratuita de quinina y la información a los afectados, además de una red de dispensarios instalados en todas las zonas palúdicas.

El paludismo era, históricamente, una plaga con un coste tremendo en vidas humanas y con un impacto terrible en las economías locales, porque hacía perder muchas jornadas laborales debilitando la salud de los afectados. Transmitida por mosquitos del género Anopheles, el parásito entra en la sangre tras la picadura y, de acuerdo a su ciclo reproductivo, produce fiebres cada tres o cuatro días, según la especie de parásito. Además, provoca gran malestar, dolores de cabeza e hinchazón del bazo.

A principios del siglo XX, la tasa nacional de mortalidad estaba en unos 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes, pero comenzó a bajar de manera sostenida a partir de 1920. En 1936, se situaba ya en 0,67 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Para 1943, la contienda bélica había vuelto a disparar este indicador hasta 6,77 casos por cada 100.000 personas. Ese año, el número absoluto de fallecidos registrados por causa palúdica fue diez veces superior al de 1926 y solo a partir de 1949 se estableció por debajo de la cifra de 1936.

Las gentes del campo observan más que leen; por eso la mejor propaganda son los hechos, especialmente las campañas en pleno campo

El éxito de la campaña fue posible gracias a una organización liderada por Sadí de Buen, que priorizaba conocimiento y confianza, ciencia y conversación. Se dieron las circunstancias para aunar el apoyo público con la dedicación inteligente de un grupo de personas comprometidas que trabajaban directamente junto a los enfermos. Obtuvieron primero respaldo legal y después fueron capaces de convencer a los afectados, en su mayor parte jornaleros muy pobres del campo extremeño, de la bondad de los tratamientos si se hacían de manera rigurosa y constante.

“Las gentes del campo observan más que leen; por eso la mejor propaganda son los hechos, especialmente las campañas en pleno campo”, dejó escrito el epidemiólogo. Los hechos convencieron a los enfermos y Sadí de Buen se convirtió en una figura muy popular a la que hacían hijo adoptivo de los pueblos “salvados del paludismo” y a la que dedicaban calles. Ese grupo de profesionales fue capaz de convertir cada centro antipalúdico en un centro de profilaxis rural, donde, además de hacer los análisis de sangre y administrarles la quinina, la enseñanza de las medidas de control de mosquitos contribuían a consolidar y ampliar los buenos resultados.

Pero, además de los trabajos en el campo, este grupo supo tener una gran presencia internacional gracias a la cual no solo estaban al tanto de las últimas novedades internacionales, sino que participaban de las corrientes decisorias. En aquellos años de la que fue bautizada por 'la Edad de Plata de la Ciencia', esos trabajos de la sanidad española formaban parte de la corriente europea más moderna en la que estaban insertos. Tanto Pittaluga como Sadí de Buen participaban en las reuniones que en Ginebra, bajo el paraguas del Comité de Higiene de la Liga de las Naciones, decidían qué hacer y cómo experimentar con los nuevos medicamentos, con procedimientos y regulaciones sobre esta plaga internacional.

Además de las medidas terapéuticas, dedicaron muchos esfuerzos a combatir a los mosquitos con todos los medios disponibles de la época: echar petróleo u otros aceites pesados en las charcas o el hoy prohibido insecticida verde París. Y con los que ellos trajeron como novedad, como la aclimatación de unos pececillos de Estados Unidos, las gambusias, feroces comedoras de larvas de mosquito que fueron entonces una solución sencilla y barata, y son hoy un grave problema ecológico.

En aquella lucha sin cuartel por salvar vidas, esos peces, aclimatados en Talayuela por los De Buen por recomendación de la Cruz Roja internacional, fueron después exportados a todos los países de Europa que sufrían paludismo y hacia el este, hasta Australia.

Tras la guerra civil la organización antipalúdica se deshizo, con muchos de sus miembros encarcelados o depurados. La familia De Buen es una de las que la que más miembros aporta a las depuraciones del CSIC, recientemente publicadas en línea. Su fusilamiento, que ha llegado hasta nuestros días gracias al relato del médico Carlos Zurita González-Vidarte, testigo presencial, es un ejemplo de entereza estremecedora, el de la dignidad del fusilado y de la indignidad de los fusiladores. En noviembre de 2024, sus restos fueron traslados de Córdoba a Zuera, el pueblo de su padre.

Cuando los bebés de Susana nacieron, las primeras semanas fueron un calvario. Llegaron en la semana 27 de embarazo y pesaban 620 y 780 gramos. “No estaba concienciada sobre lo que es un niño prematuro. Crees que nacen más pequeñitos y que tienen que estar un tiempo en la incubadora, pero no eres consciente de que hay que enseñarles a respirar, que mientras respiran se olvidan de latir y se les para el corazón, que tienes que reanimarles, que no les ves la cara, porque están llenos de aparatos, o lo fuerte a nivel psicológico que es ver a un bebé de ese tamaño”, recuerda. De todas las preocupaciones que la familia atravesó esos días y los siguientes, hubo una que no apareció por sus cabezas: la económica.

La atención a neonatos es uno de los procesos hospitalarios con un coste medio más elevado en España, según la estadística publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad. Dependiendo del peso al nacer de los bebés y sus necesidades, esa cantidad oscila entre los 47.000 y los 80.000 euros. Unas cifras que muestran el blindaje de la sanidad pública. “Sé que no hubiera podido afrontarlo, así que si en medio de toda esa ansiedad tienes que pensar cómo pagarlo, ¿qué haces? ¿Los dejas morir?”, plantea Susana.

“El aseguramiento público y el derecho a la salud son grandes logros del Estado del Bienestar, que hacen que ganemos en solidaridad y convivencia”, explica la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz González López-Valcárcel. Un escudo que, indica, “no permite el gasto catastrófico, que las familias se tengan que arruinar o dejar morir al enfermo” si no pueden pagar la factura de un tratamiento complejo o una enfermedad crónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un gasto catastrófico aquel que oscila entre el 10% y el 25% de los ingresos familiares. Como indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Asamblea Mundial de la Salud, “en el año 2022, 1.600 millones de personas se arruinaron tratando de hacer frente a los gastos sanitarios y una cuarta parte de la población mundial enfrentó dificultades financieras para sus costes de salud”.

En 2024, hubo 44 altas por procesos con quemaduras extensas de tercer grado, con injerto de piel. Es la intervención que tiene un coste medio más alto, según estos datos: 117.950 euros. Aquel año, el salario medio bruto en España no llegaba a los 30.000.

En ese agujero financiero hubiera caído Dolores, de haber tenido que costear a tocateja el coste de su trasplante de pulmón, otro de los procesos más caros del catálogo, por más de 85.000 euros. “Estoy agradecida a mi donante y a todo el sistema, que ha hecho que volviera a revivir. Si no, estaría criando malvas”, explica la mujer con humor. Porque estas intervenciones no suelen venir solas. En su caso, recibió el órgano in extremis, cuando ya estaba conectada a un aparato de oxigenación por membrana extracorpórea. Este soporte respiratorio tiene un coste medio de 58.000 euros.

Los datos utilizados provienen de la aplicación de consulta GDR (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) de los Costes de hospitalización recopilados por el Ministerio de Sanidad. Los datos contienen el precio medio de los costes hospitalarios, que no conllevan el coste final del tratamiento, sino de los precios de facturación emitidos. Solo se efectúan las comparaciones para aquellos tratamientos que comparten la descripción del tratamiento para los años 2019 y 2024.

La estadística muestra el “coste” del proceso, entendido como lo que cuesta prestar ese servicio en un hospital del Sistema Nacional de Salud. Es, también, la base para pagar a los centros privados con los que se concierta. “Estos aceptarán el trato si su coste de producción es menor que la tarifa, para no perder dinero”, explica López-Valcárcel, que recuerda que “los costes de producción de los hospitales privados son desconocidos”, porque no están obligación de reportarlos. “Ni tienen interés en hacerlo”, considera la economista de la salud.

La experta hace, sin embargo, una diferencia clave entre el “coste” y el “valor” de un proceso. Este último concepto “debería medirse en términos del valor de la salud ganada, mediante los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs)”, explica. Por ejemplo, un trasplante cardíaco “cuesta” 90.420 euros, pero su valor es mucho mayor, si se tiene en cuenta los años con calidad de vida que ganan los pacientes que se someten a él.

Siguiendo con el mismo ejemplo, la supervivencia media de un trasplante de corazón se sitúa en torno a los 15 años. Si de ese tiempo, se vive con buena calidad un 85%, el tiempo total en buen estado de salud sería de más de 12 años y medio. Aunque no hay una referencia oficial de lo que 'vale' un AVAC en España, algunos informes y documentos de autoridades sanitarias mencionan cifras que oscilan entre los 22.000 y los 33.000 euros. Es decir, la intervención 'cuesta' 90.000 euros, pero tiene un 'valor' de entre 275.000 y 412.500 euros. “Es coste-efectivo: vale más de lo que cuesta”, resume López-Valcárcel.

Sin ir a los extremos, un ingreso medio de cinco días por una enfermedad vírica sube la factura a 3.468 euros, un parto son 3.318 y una hospitalización por gastroenteritis, 3.233 euros.

Estos precios han experimentado importantes subidas entre 2019 y 2024, como resultado de una combinación de factores. En primer lugar, a un aumento de la inflación, tanto general como sanitaria, ambas disparadas en ese periodo. Pero también a problemas con las cadenas de suministro tras la pandemia y un mayor uso de recursos médicos tras la crisis sanitarias.

En su actualización del programa de estabilidad para los años 2021-2024, el Gobierno indicaba también que “el coste de los servicios sanitarios depende de distintos factores como la edad de los pacientes, su estado de salud, el tipo de tratamiento que reciben, la evolución de la tecnología sanitaria, los costes salariales de los servicios sanitarios y factores institucionales”.

Solo en 2024, el Estado destinó más de 101.000 millones de euros a gasto sanitario público, según la última estadística del Ministerio de Sanidad. De esa cantidad, el 60% —unos 60.000 millones— se destinó a los servicios hospitalarios y especializados, que “se mantienen como eje central del sistema”, indicaba el informe.

Según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidads Aseguradoras y Fondos de Pensiones), a finales de 2025 había 14,2 millones de asegurados en España, con un volumen de primas de más de 13.540 millones de euros. Es un 11% más que el año anterior. A la par, el Observatorio del sector sanitario privado 2025, de la Fundación IDIS —la patronal del sector—, indicaba que estas empresas gastan 624 euros por asegurado.

Las experiencias de Susana y Dolores les han hecho ser conscientes de para qué sirven los impuestos que se pagan en España. “Cuando alguien me dice que son muchos, siempre respondo que el día en que a tu hijo le pase algo, le van a atender tengas dinero o no. Sé que hay listas de espera y que habrá casos [negativos], pero mi experiencia es muy positiva”, explica la primera. Este año, cuando llegó a casa de Dolores el borrador de la declaración de la renta, su marido comenzó a esbozar una pequeña queja por las retenciones. Ella le cortó rápidamente: “¡Con lo que he gastado yo!”. “Ojalá no hubiera hecho falta, pero ahora lo veo de otra manera”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en las últimas semanas en que la situación en Ceuta tras la entrada, hace un mes, de miles de migrantes es una “crisis humanitaria”. A esas personas, que llevan semanas durmiendo a la intemperie, dice, “no hay que confinarlas, sino asegurarles un espacio seguro donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o epidemiológicos que sean pertinentes”.

Esos espacios son los que han comenzado a habilitarse en los últimos días. García cifra en unos 3.800 los migrantes alojados ya en estos recursos, espera que se pueda dar alojamiento en las siguientes jornadas a otras mil personas y que “en dos o tres semanas” todos los migrantes estén bajo techo y “en condiciones dignas”.

¿Cómo valora las situaciones de violencia que se han vivido en las últimas horas en Ceuta, con los intentos de impedir el reparto de ayuda humanitaria y el asalto a los campamentos donde están las personas migrantes?

Lo primero es la condena rotunda a esa violencia racista, que tiene un guion orquestado por la derecha y la ultraderecha de este país. Estaba claro que después de discursos racistas, segregatorios y de bulos sanitarios, como el del señor Feijóo, y de una semántica de confinamiento, invasión y enfermedades se iba a utilizar ese marco para generar violencia. El PP está alterando la convivencia para intentar desestabilizar al Gobierno y no se dan cuenta de que están impidiendo una solución para normalizar la vida de los ceutíes.

¿Cómo se puede contrarrestar ese guion y esos discursos xenófobos que menciona?

Hay una espiral macabra en la que, cada vez que intentamos denunciar esos discursos, se nos acusa de violentar o de decir que están en boca de quien no están. Los discursos xenófobos y racistas han estado y siguen estando en boca de la ultraderecha, seguida de un PP que se ha subido a ese carro. Los migrantes no traen enfermedades, las tienen por las condiciones de hacinamiento. No hay que confinarlas, hay que ayudarlas, cuidarlas y asegurarles un espacio donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o los epidemiológicos que sean pertinentes.

¿Qué ha hecho el Gobierno en este mes para paliar esas condiciones de hacinamiento?

Hemos demandado, desde el primer momento, que esa gente sea realojada. Durante las dos primeras semanas ha habido una actitud, digamos, de desidia por parte de la ciudad de Ceuta, porque jugaban la carta de la expulsión. Esa expulsión, si la hay, no puede estar por encima de los derechos humanos ni de la legislación nacional e internacional, que es lo que nos pide el PP. Nos acusan de llegar tarde, pero nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos. Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo, no podremos garantizar los procedimientos sanitarios ni de extranjería para recuperar la normalidad de la población.

¿El Gobierno central no tiene capacidad para alojar de forma rápida a estas personas?

No, sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta. En 2021, cuando se realojaron temporalmente a unas 8.000 personas, la ciudad cedió una serie de espacios que ahora niega, como pueden ser los polideportivos. Entonces hubo una agilidad para sacar a la gente de la situación de calle que no hemos visto ahora. Es cierto que ha habido un cambio de actitud y gracias a las demandas de los diferentes ministerios, se han avenido a que haya emplazamientos seguros donde llevar a cabo todas estas labores. Es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa.

¿Qué expectativas tiene para las para los próximos días? ¿Cuándo se podrá realojar a todo el mundo?

Ya están alojadas en torno a 3.800 personas y en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más. Para eso necesitamos esa colaboración, que ahora sí estamos teniendo, de la ciudad de Ceuta. Sin realojos, no hay nada de lo demás. No nos pueden acusar de llegar tarde a espacios que no están cedidos o a cosas que no podemos hacer en la playa.

¿Entiende que exista la sensación de que el Gobierno llega tarde cuando se crea un mando único un mes después del inicio de la crisis? ¿Qué aporta ese mando único esta semana, que no hiciera falta hace dos o tres semanas?

Que no hubiera un mando único no significa que todas las instituciones no hayamos estado trabajando de manera colaborativa. Todos los departamentos ministeriales nos hemos reunido personalmente con la ciudad de Ceuta para trasladar nuestras demandas que, vuelvo a insistir, pasaban porque nos cedieran espacios. Este mando único nos permite pasar a la siguiente fase y agilizar la disposición y la coordinación de esos espacios y el seguimiento de los diferentes expedientes.

Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos

¿Tiene el Gobierno un calendario para dar por resuelta esta crisis?

Primero tiene que haber un calendario de realojos. Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos. A partir de ahí, hay determinados procedimientos que durarán más o menos. Para eso hemos aumentado los recursos en funcionarios, turnos de oficio, los sanitarios y hemos dotado a Ceuta de 25 millones de euros a través de la Conferencia sectorial de infancia. ¿Qué respuesta tiene el PP para que tres de sus comunidades no fueran a esa Conferencia para ayudar a Ceuta? Con una mano están utilizando el sufrimiento legítimo de la población ceutí y con la otra, les niegan la solución.

¿Qué evidencia científica hay en torno a una medida como la de confinar a las personas migrantes, como propuso Feijóo?

El señor Feijóo no es epidemiólogo porque no quiere y porque está dotado de una profunda ignorancia y mala fe. Confunde términos como confinar y aislar —para lo que existen unos protocolos concretos, en Ceuta y en cualquier territorio de España—, pero no es inocente en absoluto. Nos lleva a esa nube semántica de marginar, expulsar, invadir… que justifica una respuesta bélica y violenta. Identificar migración con enfermedades, con delincuencia y con inseguridad es el ABC de la internacional ultraderechista para deshumanizar a estas personas.

¿En este momento, cuál es el riesgo sanitario para la población ceutí?

Según la evaluación de riesgos que hemos hecho desde el primer momento, es bajo. Hemos separado muy bien los circuitos en los que hemos atendido la emergencia humanitaria de la vida cotidiana. No se ha suspendido ni una cirugía, ni una consulta, ni ha habido una disminución del acceso a las urgencias o los centros de salud. Hemos aumentado los recursos y hay una serie de puntos de asistencia fuera del sistema sanitario, en los que colaboran Médicos del Mundo y Cruz Roja de manera absolutamente ejemplar y que ahora están siendo atacados, algo que ya hemos visto en otras partes del mundo.

Es compatible la sensación de sobreesfuerzo de los profesionales con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario

Ha evitado hablar de “colapso” del sistema sanitario en Ceuta. Su diagnóstico no coincide con la descripción que hacen algunos profesionales. ¿A qué se deben estas discrepancias?

Has usado la palabra perfecta: diagnóstico. No se puede diagnosticar, bajo ningún parámetro, un colapso sanitario. No es que haya evitado la palabra, es que la niego. Tenemos un hospital al 50% de sus capacidades donde, a día de hoy, hay 13 migrantes ingresados. Por supuesto que ha habido un sobreesfuerzo, pero la palabra colapso no es real, es un bulo. Parte del alarmismo que quieren imponer determinados sectores que anhelan ese colapso.

Eso no quiere decir que no haya habido un sobreesfuerzo por parte de los profesionales, que han impedido ese colapso. Cuando dicen que están cansados y agobiados, es así, y ese esfuerzo y esa saturación personal, vivida de manera subjetiva, es la que ha impedido el colapso, porque desde el minuto uno se empezaron a reorganizar los servicios y las urgencias. Es compatible la sensación de sobreesfuerzo y de una situación extraordinaria con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario.

¿Comparte el análisis de que Marruecos es un socio fiable? ¿Qué papel ha jugado en esta crisis?

Es evidente que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país, que está relacionado con un intento de desestabilización que, si abrimos el foco, va más allá de nuestra propia frontera y en el que, es evidente, Marruecos tiene una responsabilidad. Es evidente también que ese intento de desestabilizar al Gobierno y al país tiene anclajes con la ultraderechización internacional, con Trump y Netanyahu.

¿Cree que es un ataque de Trump y Netanyahu a través de Marruecos?

Ha habido un ataque a la soberanía nacional con una crisis migratoria, lo cual es perfectamente compatible con un intento de desestabilizar a un gobierno progresista y a nuestro país. Nadie puede poner en duda que parte de este conflicto tiene un plano internacional y geopolítico. Es absolutamente indudable, como lo es el papel de la derecha en nuestro país. El jueves, el señor Aznar decía que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país. ¿Y de qué lado se han puesto? De Trump, de Netanyahu… siempre del lado de quien quiere desestabilizar al país a través del Gobierno. Es bastante antipatriota que estén en ese juego.

La situación de Ayuso es insostenible. Ha ido saltando de ático en ático, pretendiendo que fuéramos los madrileños quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece

Al margen de la crisis de Ceuta, en el plano autonómico, la gran polémica ha sido la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de 6,3 millones que se iba a destinar a “reuniones” oficiales. ¿Cree que faltan explicaciones?

Faltan todas y no falta ninguna. Han dado todas las explicaciones, incluso explicaciones absolutamente contradictorias, que vienen a explicar que la situación de Ayuso es insostenible. Se ha regido por un velo de impunidad durante todos los años que ha estado gobernando y que han sido una estafa de primer orden a los madrileños y las madrileñas. Ha ido saltando de ático en ático sin pisar el suelo, pretendiendo que fuéramos los demás quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece.

Uno de los argumentos para no presentar el expediente de la compra es que afectaba a terceras personas, en este caso a la vendedora, que ya ha dado permiso para hacerlo público. ¿Qué esperan encontrar en ese documento?

La obscenidad. El expediente nos puede decir cuál es la letra pequeña, pero la señora Ayuso ha estado jugando al monopoly con el dinero de los madrileños y está en una situación absolutamente insostenible. Tiene muy difícil explicar por qué ha puesto a la Comunidad de Madrid a defender sus intereses y su vida de lujo.

Feijóo ha dicho que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que dar explicaciones sobre el ático, ¿cree que la presidenta sale debilitada dentro del PP?

El Partido Popular también está cansado de la señora Ayuso. Ha hecho ‘clic’ y es insostenible, pero es la gota que colma el vaso. Era indefendible durante la pandemia, el contrato de su hermano, el ático en el que vivía, la comisión que se llevó su pareja y los dos millones defraudados a Hacienda, el flujo de dinero a Quirón desde que gobierna… Es absolutamente insostenible todo, pero, como con todas las personas que tienen idilios sátrapas, hay una gota que colma el vaso.

La presidenta ha dedicado las últimas semanas a recorrer los pueblos afectados por los incendios. A usted no se la ha visto tan presente en ese día a día madrileño. ¿Cree que le puede perjudicar en el próximo ciclo electoral en el que le disputará la Comunidad?

La señora Ayuso va a hacerse fotos mientras no soluciona problemas. Donde tiene que hacerse una foto es con los bomberos que le reclaman recursos, buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Con esos nos hemos reunido nosotros y con quienes demandan desde hace tiempo que no se quiebren ni se vulneren los servicios públicos de nuestra región, pasando por la sanidad, la educación, la contención de los incendios, nuestros servidores públicos… No hay una sola área de servicio público en nuestra comunidad que no haya sido mermada, atacada o recortada por la señora Ayuso. Los incendios son una buena prueba de su mala gestión. Nosotros primero gestionamos y luego ya veremos si procede o no hacerse la foto.

¿Sigue teniendo la intención de continuar en el Ministerio hasta la convocatoria de elecciones?

Sigo teniendo la intención de terminar mi trabajo en el Ministerio. Nos quedan varias cosas muy importantes por hacer. Obviamente, contamos con la dificultad añadida de unas comunidades, que son las verdaderas gestoras de la sanidad pública, que obstaculizan las transformaciones que necesita nuestro Sistema Nacional de Salud, pero seguimos en el empeño. Necesitamos que las listas de espera sean transparentes y trazables, reorganizar el itinerario formativo de los profesionales, tenemos que dar un empujón a esas leyes que ya están en el Congreso, la de medicamentos, la del tabaco, etc.

Quedan apenas unos meses para que termine la legislatura y la aritmética parlamentaria no es todo lo fácil que le gustaría al Gobierno. ¿Es optimista respecto a ese trabajo que les queda?

La aritmética del Congreso se alinea cuando hablamos de problemas y se aglutina en torno a la defensa de la salud, que va más allá de los intereses partidistas. Es cierto que, en ese camino, a veces se cruza el interés del PP por boicotear las mejoras y transformaciones de nuestro sistema sanitario para su propio interés, pero tenemos estos próximos meses para dar el todo por el todo.

Los sindicatos médicos dijeron en junio que, si no se atendían sus demandas, irían a una huelga indefinida en septiembre. ¿Ha habido avances este verano para resolver el conflicto sobre el Estatuto Marco?

En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular, que son las que se niegan a reducir las guardias de 24 horas. Y son las comunidades autónomas con las que muchos sindicatos han negociado mejoras avaladas o inspiradas en el Estatuto Marco. Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

Las comunidades también le han pedido que retire ese texto. ¿Se lo ha planteado en algún momento?

Las comunidades están en contra del Estatuto Marco por lo contrario que los sindicatos. Los profesionales reclaman el fin de las guardias de 24 horas y yo soy la primera persona en una institución que habla del fin de las guardias de 24 horas, mientras las comunidades han pedido por escrito en sus informes quitar los artículos que se refieren a la mejora de las condiciones. Por ejemplo, Madrid y Baleares nos han dicho que es imposible quitar las guardias de 24 horas.

Usted es médica y fue una de las caras visibles de la Marea Blanca. Si tuviera que volver mañana al hospital, ¿la Mónica García de 2012 estaría contenta de hacerlo bajo las condiciones del nuevo Estatuto Marco?

Espero volver al hospital en algún momento, porque me encanta mi trabajo, y espero no tener las mismas condiciones que cuando me fui. Tardé 10 años en tener una plaza fija y espero que, cuando vuelva, mis compañeros tengan oposiciones cada dos años. Entraba a las guardias a las 8 de la mañana y, cuando vuelva, espero entrar a las tres de la tarde y, en lugar de hacer 24 horas, poder hacer 17 o que mi jefe de servicio pueda organizarlas en torno a 12 horas.

Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras.

Esta semana hemos adelantado en elDiario.es que la Agencia Española de Nutrición publicó un informe con recomendaciones a mujeres con menopausia con datos obtenidos en hombres. ¿Cómo se puede paliar esa brecha en la investigación y la atención médica a las mujeres?

Ese informe pertenece a una cartera que no es la nuestra. Desde el Ministerio hemos puesto mucho énfasis en los sesgos de género en sanidad y medicina y no se puede extrapolar ese informe a la práctica clínica real. Los sesgos han existido siempre y hay un trabajo de fondo que los tiene muy identificados e intenta revertirlos, tanto en las investigaciones como en las sociedades científicas y, por supuesto, en las consultas. Lo que es bastante increíble es que se sigan manteniendo en algunos lugares. No solo como ministra, sino antes, he asistido a bastantes fotos que hablan de este tema y hemos puesto de relieve que estos sesgos no afectan solo a las mujeres con menopausia —una de las entidades biológicas menos estudiadas y atendidas—, sino también al infradiagnóstico de enfermedades cardiovasculares o el sobrediagnóstico de la enfermedad mental. Eso está ahí y ha sido estructural, pero creo que se está trabajando desde muchos lugares para que ese sesgo de género termine.

Entrevista completa:

El informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre la alimentación adecuada en mujeres durante la menopausia ofrece recomendaciones basadas en datos obtenidos exclusivamente en hombres, según denuncian las científicas de la Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). El documento, publicado en abril de 2026 “sobre los riesgos nutricionales de la mujer durante la menopausia, perimenopausia y posmenopausia”, recoge valores de ingesta de hierro y vitamina C extraídos de estudios realizados directamente en varones, sin advertir explícitamente de este hecho, lo que supone una mala praxis y una falta de rigor científico, según las denunciantes.

La primera en detectar estas graves deficiencias fue Sonia de Pascual-Teresa Fernández, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición (CSIC) y miembro de AMIT, que trabajaba en un proyecto sobre el consumo de vitamina C. “Al ver la tabla 4 del informe fui directamente a la fuente de los datos, que son dos informes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), y aluciné”, explica a elDiario.es. Bajo el epígrafe “Recomendaciones de ingesta adecuada de nutrientes” el cuadro ofrece valores de ingesta de vitamina C y hierro obtenidos en estudios exclusivamente con hombres, mientras que otros corresponden a población general y no a la población a la que va destinado el documento.

A diferencia de lo que hace el informe de AESAN, los documentos de la EFSA sí advierten explícitamente y en repetidas ocasiones de que no existen datos en mujeres y que, por tanto, se limitan a extrapolar matemáticamente los datos obtenidos de los estudios realizados con hombres a partir del peso. Además, los valores que recomienda la agencia europea son para la población adulta general (a partir de los 18 años) y no para la franja de edad de mayores de 40 años, como establece engañosamente la AESAN en su polémico informe. “Es una desinformación total para la población”, asegura Sonia de Pascual-Teresa.

Aunque las investigadoras que denuncian este sesgo aseguran que la AESAN no ha respondido satisfactoriamente a sus quejas en los últimos meses, fuentes de la agencia consultadas por elDiario.es admiten que en algunos casos se han basado en resultados limitados y no específicos de mujeres y anuncian que se añadirá una nota aclaratoria al informe. Desde la agencia defienden que el documento recoge los datos publicados por la EFSA, ya que ellos no elaboran investigaciones y ensayos clínicos propios, y que en sus conclusiones se recogía que son necesarias investigaciones adicionales para definir recomendaciones específicas. La nota aclaratoria en la tabla 4, anuncian, se publicará en la primera semana de septiembre y se han realizado consultas con la EFSA para modificar también la traducción al inglés que se hizo de su informe.

Un sesgo androcéntrico omnipresente

Para Teresa Samper, socióloga de la ciencia de la Universitat de València y miembro de la junta directiva de AMIT, lo de utilizar referencias de población adulta y expresarlas como de población femenina mayor de 40 años es un grave error. “Si normalmente invisibilizamos a las mujeres en el estudio de la medicina, choca todavía más que se haga en un área como es la menopausia”, señala. “Es un sesgo androcéntrico en un área de estudio de las mujeres; eso es lo que hace saltar las alarmas”.

Es un sesgo androcéntrico en un área de estudio de las mujeres; eso es lo que hace saltar las alarmas

Teresa Samper — Socióloga de la ciencia de la Universitat de València y miembro de la junta directiva de AMIT

Si no se sabe el dato, un informe no puede asumirlo, argumenta la investigadora. Lo honesto es poner encima de la mesa la necesidad de tener datos específicos y no tratar de maquillar con datos incompletos. “La incertidumbre debería ocupar un lugar tan visible como las propias conclusiones”, señala. El error es especialmente grave, opina, dado el carácter estatal de la agencia. “Los organismos públicos no solo producen informes, también construyen confianza”, apunta. “Sus documentos contribuyen a definir qué consideramos conocimiento consolidado y qué entendemos todavía como hipótesis o evidencia provisional. E influyen en las decisiones clínicas, orientan la investigación futura, sirven de referencia para la industria y moldean la percepción pública de aquello que la ciencia sabe y de aquello que aún desconoce”.

Para Sonia de Pascual-Teresa, el problema principal es que no existen datos de mujeres y por eso tienen que cogerlos de hombres. “Este problema es aplicable a toda la investigación biomédica y farmacológica”, explica. “Clásicamente se ha utilizado a los hombres en todos los ámbitos porque las mujeres generaban mayor desviación estándar en los resultados debido a los cambios de su estado hormonal”. Se da la circunstancia de que hace solo dos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un programa para tratar de corregir la infrainvestigación histórica dotado con 18 millones de euros y destinado a mejorar “el diagnóstico y el tratamiento en áreas que no han recibido la atención necesaria”.

Una aclaración por sorpresa

Desde AMIT expresan su sorpresa ante el anuncio de aclaración de AESAN a elDiario.es, pues durante las comunicaciones mantenidas con la agencia en ningún momento se reconoció el error. “La directora de la agencia ni me contestó, así que empezamos a pensar que había que darlo a conocer”, asegura Maite Paramio, presidenta de AMIT. A su juicio, no son errores que vayan a poner en riesgo la salud de las mujeres, pero son muy relevantes en un contexto de investigación biomédica históricamente sesgada. “Pedimos a varias de nuestras socias, que son médicas, que revisaran las objeciones que había puesto Sonia y reconocieron que tiene toda la razón y que el informe recoge datos que se dice que son para las mujeres cuando no han sido las estudiadas”, explica.

Hay fallos que se tienen que corregir porque, si nadie dice nada, se mantendrán los mismos errores continuamente

Maite Paramio — Presidenta de AMIT

En uno de esos informes, a los que ha tenido acceso a elDiario.es, una reconocida experta en salud reproductiva advierte de que la principal limitación del informe de la AESAN es que gran parte de la evidencia científica utilizada para fundamentar las recomendaciones procede de estudios realizados en población general y no específicamente en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas. “Esta limitación es especialmente relevante porque los cambios hormonales y metabólicos propios de la menopausia pueden modificar tanto los requerimientos nutricionales como la respuesta a determinadas intervenciones”, subraya.

Además, según esta valoración, la falta de estudios específicos en mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas, reconocida por el propio informe en unas de las secciones, no se refleja de forma destacada en las conclusiones y recomendaciones finales, como defienden desde la agencia. “Esta limitación es una importante laguna de conocimiento sobre un tema que afecta a la salud de prácticamente todas las mujeres a lo largo de una parte sustancial de su vida”, concluye. “Por ello, sería imperativo que futuras recomendaciones priorizaran la generación de evidencia específica en esta población, permitiendo desarrollar orientaciones más sólidas y mejor adaptadas a sus necesidades reales”.

Para la presidenta de AMIT, Maite Paramio, estos fallos son debidos a una falta de interés por estudiar realmente con el grupo de individuos, que en este caso eran las mujeres menopáusicas. “Esta crítica es parte de nuestro trabajo y es con el objetivo de mejorar toda la ciencia, la sociedad y la forma en que se trata a las mujeres”, resume. “Todos agradecemos que hagan un estudio sobre mujeres menopáusicas, porque hay muy pocos, pero hay fallos que se tienen que corregir porque, si nadie dice nada, se mantendrán los mismos errores continuamente”.

La cifra mágica de las ocho horas de sueño aparece en las guías de salud, los folletos de bienestar y se repite una y otra vez en cuanto se busca información sobre la calidad del descanso. El número cobró popularidad a mediados del siglo XIX, cuando se dividió el día en tres partes (ocho horas de trabajo, ocho de ocio y ocho de sueño) y se consolidó junto a otra creencia muy extendida: que la industrialización y la luz eléctrica nos han robado horas de sueño. Pero ninguna de estas creencias es correcta, a la luz de la última revisión sistemática publicada este martes en la revista Brain Medicine: no necesitamos ocho horas de sueño y no dormimos menos que nuestros ancestros.

El trabajo, liderado por Seithikurippu R. Pandi-Perumal, integra la antropología, la historia y el análisis filogenómico y llega a la conclusión de que el momento y la regularidad, más que la duración, diferencian el sueño moderno de los patrones ancestrales. Los autores han analizado el sueño de tres sociedades de cazadores-recolectores que viven sin luz eléctrica — los Hadza de Tanzania, los San de Namibia y los Tsimane de Bolivia— y han visto que estos grupos duermen entre 6,4 y 7,1 horas por noche, que no es más que el promedio industrializado. Tampoco han encontrado evidencias de que estos grupos dividan el sueño nocturno en dos bloques, otra creencia muy extendida sobre el sueño ancestral.

La transición de los entornos naturales a las ruidosas metrópolis modernas sí reconfiguró nuestra forma de descansar, pero no de la forma en que creemos, según los investigadores. De acuerdo con este análisis, el sueño se retrasó, la rutina diaria se perdió, la adaptación a la luz natural se debilitó y los trastornos del sueño diagnosticables se hicieron más comunes. El número total de horas de sueño, el único indicador que predomina en el debate público y en los formularios de admisión clínica, fue el que menos se modificó.

“La literatura científica sigue preguntándose si dormimos menos que nuestros antepasados, y creemos que esa es la pregunta equivocada”, asegura Pandi-Perumal. “Si comparamos los datos de campo con los registros históricos y con la genómica, lo que diferencia el sueño industrial del sueño preindustrial es cuándo se produce y con qué regularidad se repite, no cuántas horas dura”.

El dudoso sueño “bimodal”

Los autores derriban la creencia de que nuestros antepasados dormían en dos bloques separados por una o dos horas de vigilia, un intervalo dedicado a la oración, la contemplación, el sexo o las tareas domésticas. El sueño consolidado contemporáneo no es una imposición moderna sobre una norma ancestral y el sueño preindustrial no estaba segmentado de forma uniforme, señalan. De hecho, la revisión demuestra que el descanso de nuestra especie siempre ha sido un proceso sumamente plástico, flexible y adaptado en cada época a las exigencias ecológicas, climáticas y culturales de su entorno.

Por un lado, el estudio muestra que términos como “primer sueño” o “segundo sueño” eran sumamente ambiguos; por otro, señala que en los estudios arqueológicos sobre la Roma clásica apenas encontraron evidencias escritas o materiales de un sueño segmentado estandarizado, sugiriendo en su lugar que el descanso romano era fluido y estaba determinado por la clase social y la distribución del espacio en las viviendas. En la realidad preindustrial, concluyen los autores, la luz de las velas, el fuego y las interacciones sociales permitían habitualmente un sueño continuado y sin interrupciones.

Dormir poco no es una enfermedad

En cuanto a la genética, el nuevo trabajo analiza el papel del gen DEC2, identificado en personas que solo necesitan unas seis horas de sueño por noche sin presentar problemas. La existencia de variantes genéticas como esta, plantean los investigadores, es otro elemento que desafía el dogma de las ocho horas en las guías universales de sueño. En su opinión, la medicina debe reconocer esta condición como un fenotipo saludable y no patológico, para evitar someter innecesariamente a personas sanas a estudios médicos de insomnio o a tratamientos de corrección conductual y farmacológica que no necesitan.

“Clínicamente, la consecuencia más inmediata es que deberíamos dejar de tratar a cada persona que duerme poco como un paciente”, afirma Ahmed S. BaHammam, coautor del estudio. “Cuando una variante validada, como la DEC2 P384R, es la causante de la falta de sueño en una familia, la investigación y la corrección resultan contraproducentes”.

Deberíamos dejar de tratar a cada persona que duerme poco como un paciente

Ahmed S. BaHammam — Coautor del estudio

Por todas estas razones, los autores argumentan que la evaluación del sueño debería ir más allá de la mera duración e incorporar de forma rutinaria el horario, la regularidad y los índices de sincronización circadiana, ya que son precisamente estas las dimensiones que la vida moderna altera. Dormir ocho horas por noche puede ser o no lo adecuado para cada persona, señalan. El problema es que, sencillamente, hemos estado midiendo lo incorrecto. “No se trata solo de cuánto tiempo pasamos con los ojos cerrados —concluyen—, sino de cuándo, cómo y con qué regularidad lo hacemos”.

No hay que medicalizar el despertar nocturno

Milagros Merino, neuróloga y coordinadora de la Unidad de Trastornos Neurológicos de Sueño- Hospital Universitario La Paz, cree que el estudio es muy interesante, porque no solo muestra que las sociedades preindustriales no duermen más que nosotros; su promedio es de 6.4 a 7.1 horas por noche, sino que el “sueño bimodal o bifásico” no era una regla biológica fija, sino una adaptación cultural y ambiental. “El artículo introduce una advertencia importante, porque estudios recientes sugieren que forzar un sueño dividido en el estresante entorno industrial moderno puede tener un coste biológico alto”, señala.

Muchas personas se despiertan a las 2:00 a.m. Al etiquetarlo como "insomnio patológico", la medicina moderna a veces sobremedica una conducta que está dentro del espectro de la evolución humana

Milagros Merino — Neuróloga y coordinadora de la Unidad de Trastornos Neurológicos de Sueño- Hospital Universitario La Paz

Es cierto, argumenta la experta, que la industrialización y la vida en urbes y la llegada de la bombilla eléctrica, han provocado el retraso del reloj biológico y un desajuste del ritmo circadiano, insomnio y mayor riesgo cardiometabólico o de diabetes. Pero el estudio incide en que hay factores genéticos que también influyen. “Por eso debemos hacer una reflexión: lo más dañino es medicalizar el despertar nocturno”, sostiene. “Muchas personas sufren de ansiedad porque se despiertan a las 2:00 a.m. y no pueden volver a dormirse de inmediato. Al etiquetarlo como ”insomnio patológico“ (un concepto que nació a finales del s XIX), la medicina moderna a veces sobremedica una conducta que está dentro del espectro de la evolución humana”.

En definitiva, resume Merino, se trata de establecer un nuevo código del sueño. “No es solo cuestión de cuánto tiempo pasamos con los ojos cerrados, sino de cuándo, cómo y con qué regularidad lo hacemos”, asevera. “Este estudio propone que el enfoque de la ciencia del sueño debe incluir diferentes perspectivas (múltiples disciplinas) y proponer soluciones individualizadas mediante la combinación de datos poblacionales y biológicos”.

Ainhoa Álvarez, neurofisióloga y presidenta de la Sociedad Española de Sueño (SES), cree que es una reflexión muy interesante. En su opinión, la tecnología está modificando de nuevo nuestra forma de dormir y, en general, nuestra manera de vivir. “Por lo tanto, hace años que los expertos en sueño defienden la importancia del ritmo circadiano y de mantener una regularidad en los horarios de sueño todos los días, sin grandes diferencias entre los días laborables y los festivos”, señala. “Centrarse únicamente en dormir ocho horas es un error: la cantidad de sueño importa, pero también cuándo y con qué regularidad dormimos”.

“Planteo que el Gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública”. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sugirió este fin de semana la aplicación de esta medida excepcional ante el “riesgo sanitario” por “enfermedades infectocontagiosas” en la ciudad de Ceuta, tras la llegada de miles de migrantes que permanecen hacinados en las playas. “No tengo todos los datos”, reconoció, pero, a su juicio, los casos de varicela, tuberculosis y sarna pueden producir “un enorme impacto en la población”.

El Gobierno respondió rápidamente a Feijóo. Lo hizo a través de la ministra de Sanidad, Mónica García, que, ese mismo domingo, recordó que las competencias en materia de salud pública están en manos del Gobierno ceutí —del PP—, explicó los casos sospechosos y el método de transmisión de la tuberculosis, la varicela, la sarna y la gastroenteritis —“presentes en nuestro entorno y cuyos sistemas de vigilancia están siempre activos”— y consideró que la medida estaba “injustificada” y es “contraproducente”.

La petición de Feijóo, que enumeró “enfermedades infectocontagiosas” como la tuberculosis, la sarna, la gastroenteritis y la varicela, no está justificada en este contexto, sostienen los expertos. “El confinamiento se decretó durante la pandemia de covid-19 porque era una enfermedad nueva, que estaba causando muchísima mortalidad, contra la que no había tratamiento y que tenía una tasa de propagación muy alta”, explica la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), María João Forjaz.

No es el caso en Ceuta. Las enfermedades detectadas en Ceuta son “conocidas, comunes en España y para las que tenemos tratamiento”, apunta la epidemióloga. “Tampoco hay tantos casos que justifiquen medidas extremas”, añade.

Según los datos de Sanidad, desde la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta el pasado 31 de julio, se han detectado tres casos confirmados de tuberculosis. “Uno venía con tratamiento, no siendo contagioso; otro se trataba de una tuberculosis cerebral, que no es contagiosa; y el tercero era una persona presente en Ceuta desde antes, que estaba sometida a un proceso diagnóstico desde hace tiempo y que ha iniciado tratamiento”, señalaba García.

En el caso de la varicela, se han detectado tres casos sospechosos, sin relación con la población migrante que malvive a la intemperie en Ceuta tras entrar a finales de julio. “No está erradicada en nuestro país”, recuerda Sanidad, como tampoco la sarna, “mucho más frecuente de lo pensado”. En cuanto a la gastroenteritis, desde el Ministerio reducen el brote estudiado por parte del servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta, “ya controlado y sin desarrollo posterior”, a 55 casos.

Todas ellas, apunta el jefe de servicio de infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), José Miguel Contreras, son “comunes y tienen unos mecanismos de transmisión bien conocidos”. Tuberculosis pulmonar y varicela, por vía respiratoria; la gastroenteritis, por el consumo de agua o alimentos en mal estado; y la sarna, por contacto cutáneo estrecho.

Esto limita el riesgo de transmisión. “Es real entre los propios migrantes, porque comparten una situación de hacinamiento y condiciones insalubres, y entre las personas que vayan a atenderles por razones sanitarias, de seguridad o limpieza, que tienen medidas de prevención muy eficaces —mascarillas y guantes—, pero la población general que no tiene contacto con estas personas no tiene más riesgo que el normal”, apunta Contreras.

Ese riesgo “normal” está bien definido y, en muchos casos, se vincula con situaciones de pobreza. “En la ciudad de Sevilla, la incidencia de tuberculosis en los barrios pobres es de 17 casos por cada 100.000 habitantes, mientras en el resto es de siete casos”, ejemplifica el experto. Según los datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la tasa nacional es de 8,8 casos por cada 100.000 habitantes, aunque se trata de una patología infradiagnosticada.

En los casos detectados de tuberculosis, los protocolos médicos si mandatan el aislamiento de la persona enferma, pero en ningún caso un confinamiento general.

Con la información epidemiológica disponible, no existen razones de salud pública que justifiquen establecer un confinamiento preventivo de las personas migrantes por el mero hecho de pertenecer a este colectivo

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) también se ha mostrado en contra de la confinación de la población migrante. En un comunicado difundido este lunes, consideran necesario “trasladar un mensaje de serenidad, rigor científico y confianza en las autoridades y profesionales responsables de la vigilancia y protección de la salud pública”.

“Con la información epidemiológica disponible, no existen razones de salud pública que justifiquen establecer un confinamiento preventivo de las personas migrantes por el mero hecho de pertenecer a este colectivo. La detección de casos de tuberculosis, varicela o infecciones gastrointestinales exige una respuesta sanitaria adecuada, pero no constituye, por sí sola, evidencia de una transmisión comunitaria generalizada ni permite atribuir a un conjunto de personas una situación de riesgo que debe ser valorada epidemiológicamente de manera específica”, defienden.

Desde Sespas apuntan a una medida “prioritaria”, en la que coinciden todas las fuentes consultadas: “Garantizar alojamientos suficientes y adecuados, reducir las situaciones de hacinamiento y asegurar el acceso continuado a agua potable, duchas, aseos, saneamiento, limpieza, gestión de residuos, alimentación segura y atención sanitaria”. Una petición que choca con la imagen de miles de personas pernoctando en malas condiciones de las playas ceutíes y la tardanza del Ejecutivo en habilitar plazas de acogida, que varios ministros han achacado a la negativa de Ceuta de facilitar espacios para ello.

“Las medidas para resolver esta crisis humanitaria y lo que puede generar de enfermedades transmisibles pasan, en primer lugar, por resolver el principal problema que las ocasiona: las condiciones de insalubridad”, apunta Contreras. Al mismo tiempo, “diagnosticar a las personas que pudieran estar enfermas” y “administrar vacunas”.

Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este lunes activar el mecanismo de solidaridad para enviar a Ceuta 15.000 dosis de triple vírica y 10.000 contra la difteria, 10.000 contra la varicela y 10.000 de polio. Irán destinadas a los migrantes que entraron a la ciudad hace 25 días, pero también a la población autóctona no inmunizada, como herramienta de prevención “ante la situación en la ciudad autónoma”.

“Causa alarma social y promueve la xenofobia”

Llamadas al confinamiento, como la de Feijóo, tienen para la población un “gran impacto”, considera la presidenta de la SEE, porque “causa alarma social y promueve la xenofobia”. “Es una gran barrera para que las personas que tengan síntomas acudan a los servicios sanitarios, retrasa el diagnóstico y entorpece el seguimiento y tratamiento”, explica Forjaz sobre este tipo de mensajes, “muy dañinos”.

Por el contrario, esta experta reclama “invertir en el cuidado y la asistencia humanitaria, en condiciones de saneamiento, higiene, alimentación y no hacinamiento y facilitar el acceso a los servicios sanitarios, al diagnóstico, tratamiento y seguimiento”.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado este lunes el envío de 45.000 vacunas para inmunizar a las personas migrantes que se encuentran en Ceuta —y las locales sin vacunar— contra sarampión, rubéola, parotiditis, difteria, varicela y polio. La medida, anunciada por el Ministerio de Sanidad el domingo, tiene como objetivo la prevención “ante la situación en la ciudad autónoma”.

Según indican fuentes ministeriales, “aunque la situación no es una emergencia de salud pública, hay que trabajar en prevención, destacando que la medida más urgente es garantizar unas condiciones dignas para las personas migrantes”.

El acuerdo se ha tomado en una reunión con las comunidades, que se ha celebrado con críticas de algunos gobiernos autonómicos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado esta mañana a la ministra Mónica García de convocarles “de manera chantajista” porque “o accedes a lo que se te va pidiendo o no quieres colaborar”.

En total, se ha acordado a través del mecanismo de solidaridad del envío de hasta 15.000 dosis de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio. “Ceuta contará con las vacunas necesarias de prevención de potenciales enfermedades mediante vacunación, tanto para personas ceutíes no vacunadas como en personas migrantes”.

La situación sanitaria, que desde el Ejecutivo califican de “crisis humanitaria”, se ha convertido en los últimos días en un campo de batalla. Este mismo domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó al Gobierno a que “estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública” ante las “enfermedades infectocontagiosas” de las que se ha tenido conocimiento.

Una petición que la ministra García ha considerado “injustificada” y “contraproducente”. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a Feijóo de “generar angustia y miedo”: “Lo que sí es contagioso es la xenofobia”.

Fe de errores: En un primer momento se informaba de que se enviarían 10.000 vacunas de difteria-tétanos, varicela y polio, pero se trata de 10.000 de cada una.

“Una vacuna contra el melanoma supera con éxito un ensayo clínico en fase III”. Enunciado así, el avance que hicieron público las compañías MSD y Moderna el pasado miércoles suena revolucionario. Podríamos pensar en una vacuna que nos protegerá del cáncer como otras nos evitan contraer enfermedades infecciosas, pero no funciona así.

Veamos en qué consiste exactamente y cuál es el alcance del nuevo ensayo.

Una vacuna que no previene, sino que trata

'Intismeran autogene' —así se llama la nueva tecnología que se ha puesto a prueba— no se administra a personas sanas para reducir su riesgo de melanoma, sino que se trata de una vacuna terapéutica.

En el ensayo del que se han hecho eco los medios –y que disparó la cotización en bolsa de MSD y Moderna– participaron 1.137 personas con melanoma cutáneo de alto riesgo. Es decir, tenían una probabilidad elevada de que la enfermedad reapareciera o se extendiera a otras partes del cuerpo. A todas ellas se les había extirpado el tumor por completo mediante cirugía. Esto puede sonar extraño: si el tumor ya no está, ¿qué queda por tratar?

Una cirugía exitosa no garantiza que no queden células tumorales sueltas. Pueden ser demasiado escasas para detectarlas, pero capaces de causar una recaída con el tiempo. Por eso existen los tratamientos adyuvantes: se administran después del tratamiento principal —en este caso, la cirugía— para reducir ese riesgo.

Así que en este ensayo la pregunta no era “¿podemos evitar el melanoma?”, sino “¿podemos ayudar al sistema inmunitario de alguien que ya lo ha tenido a eliminar las células que puedan haber quedado?”.

¿Por qué la llamamos vacuna?

Lo que define a una vacuna no es que se administre antes de enfermar, sino su estrategia. Se trata de enseñar al sistema inmunitario a reconocer y atacar algo concreto. En las vacunas frente a virus, ese “algo” son piezas del virus, mientras que aquí son piezas de las propias células tumorales.

La tecnología 'Intismeran autogene' tiene una particularidad: cada vacuna se fabrica específicamente para cada paciente a partir de su propio tumor. Primero se analizan las mutaciones de sus células tumorales y después se identifican las que podrían activar mejor al sistema inmunitario contra ellas. Son los llamados neoantígenos, que la vacuna lleva codificados en forma de ARN mensajero (ARNm).

Por tanto, no se trata exactamente de “una vacuna contra el melanoma”; es más bien una vacuna contra las características moleculares del melanoma de cada paciente. No obstante, enseñarle al sistema inmunitario qué debe reconocer es solo una parte del problema.

Encontrar a Wally... y poder actuar

Podemos imaginarlo como un enorme Buscando a Wally. El sistema inmunitario tiene que reconocer células tumorales entre millones de células sanas. Sin embargo, los tumores pueden aprovechar mecanismos naturales que frenan la respuesta inmunitaria. Por eso, incluso un linfocito capaz de reconocer una célula tumoral puede tener dificultades para actuar contra ella.

Aquí entra en escena el medicamento llamado pembrolizumab, un tipo de inmunoterapia que ya se utiliza en melanoma y que bloquea uno de esos frenos. La pregunta entonces parece evidente: si combinamos la vacuna, que facilita el reconocimiento, con una inmunoterapia que libera la respuesta inmune, ¿obtendremos mejores resultados?

Para comprobarlo, los participantes del ensayo se dividieron en dos grupos: unos recibieron inmunoterapia más la vacuna personalizada y a los otros se les administró únicamente inmunoterapia.

¿Ha funcionado?

El estudio analizó principalmente cuánto tiempo permanecían los pacientes sin que el melanoma reapareciera. Es lo que se denomina “supervivencia libre de recurrencia”. Adicionalmente, los investigadores analizaron cuánto tiempo permanecían sin desarrollar metástasis a distancia; es decir, sin que el melanoma apareciera en lugares alejados del tumor original.

Y aquí llega la noticia: según MSD y Moderna, añadir la vacuna a pembrolizumab mejoró significativamente ambos resultados frente a utilizar solo pembrolizumab. Las compañías califican además esas diferencias como clínicamente relevantes.

Hasta aquí, suena muy bien. El siguiente interrogante es: ¿cuánto mejor? Y hay un matiz importante. Las empresas farmacéuticas han anunciado que el ensayo ha alcanzado esos objetivos, pero todavía no han publicado los resultados completos de la fase III. Es decir, sabemos que los pacientes tratados con la combinación permanecieron más tiempo sin recurrencia y sin metástasis a distancia, pero no cuánto más.

MSD y Moderna presentarán esos datos en un próximo congreso médico internacional. Además, el ensayo continúa para estudiar otros resultados, entre ellos la supervivencia global.

Entonces, ¿de dónde salen los porcentajes de 49 y 59% de éxito que se han difundido en algunas noticias? Las cifras son reales, pero no pertenecen al nuevo ensayo. Proceden de uno Fase IIb, anterior y mucho más pequeño, con 157 pacientes. En él ya se había hecho la misma comparación con resultados prometedores.

Así, tras cinco años de seguimiento, añadir la vacuna se asoció con una reducción del 49% en el riesgo de recurrencia o muerte y con una disminución de un 59% en las probabilidades de metástasis a distancia o muerte. A continuación había que comprobar si aquella señal se mantenía en un ensayo mucho más grande, que es del que estamos hablando ahora.

Aunque sabemos que también ha dado un resultado positivo, la incógnita es cuánto beneficio ha supuesto realmente añadir la vacuna. Para despejarla tendremos que esperar a que se presenten los datos completos.

¿Estamos ante un hito en las vacunas contra el cáncer?

La idea de utilizar vacunas para tratar el cáncer no es nueva, ni tampoco lo es fabricar vacunas personalizadas contra las mutaciones de cada tumor. De hecho, este tipo de vacunas de ARN ya se probaba en pacientes de melanoma hace casi una década.

Lo que cambia ahora es la escala: por primera vez, una vacuna personalizada de ARN mensajero dirigida contra los neoantígenos de cada paciente ha alcanzado resultados positivos en un ensayo de fase III con más de mil participantes.

Si los datos completos confirman un beneficio clínicamente relevante, sería un paso importante para este tipo de tratamientos. No porque hayamos descubierto que podemos enseñar al sistema inmunitario a reconocer un tumor, sino porque una estrategia que llevaba años mostrando resultados prometedores en estudios más pequeños habría probado que puede funcionar también en un gran ensayo clínico.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

La situación en Ceuta, con miles de migrantes malviviendo en la calle y a la intemperie, ha avivado los discursos que vinculan inmigración con enfermedades. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anticipó este miércoles “una crisis de salud pública” y atribuyó a estas personas “casos de tuberculosis y de sarna” y de otras patologías “infectocontagiosas”, mientras médicos y enfermeras advierten de un “colapso” sanitario, que el Ministerio de Sanidad reduce a “importante tensión”.

En este contexto, la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, María João Forjaz, reclama que en el enfoque de esta “crisis humanitaria” debe abordarse desde “una perspectiva de derechos humanos, que va muy en línea con la salud pública”.

Como epidemióloga, ¿cómo valora la situación sanitaria en Ceuta?

Más que una crisis sanitaria, hablaría de una crisis humanitaria, con problemas de infravivienda y acceso a servicios básicos, de higiene, pernocta digna y hacinamiento. Son problemas que continúan por resolver.

¿Cómo afectan esas condiciones a la salud de las personas migrantes que llevan semanas durmiendo en playas y a la intemperie?

Desde la Sociedad Española de Epidemiología queremos enfatizar la necesidad de aplicar una perspectiva de derechos humanos, que va muy en línea con la salud pública. Se debe velar por el bienestar de todas las personas, sean inmigrantes o no. Para cualquiera, haya nacido en España, en Marruecos o en otro país, vivir sin techo, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a higiene va a debilitar su salud física y mental y promoverá la aparición de enfermedades.

En estos momentos, ¿qué personas están más expuestas a problemas de salud?

Las migrantes. Son personas jóvenes y, normalmente, sanas, porque han afrontado trayectorias migratorias muy duras. Cuando llegan, sus problemas de salud tienen que ver con deshidratación y malnutrición, a veces con heridas y con problemas de salud mental, por el gran estrés postraumático que sufren. Ninguna de estas condiciones es contagiosa. Sin embargo, al llegar a Ceuta, por esas malas condiciones en las que están, pueden contraer enfermedades contagiosas de piel, gastrointestinales —muy asociadas al agua y la alimentación— y también respiratorias, menos frecuentes en verano.

Ayer el presidente del PP citó casos de tuberculosis y sarna, ¿cómo se propagan estas enfermedades?

La sarna se contagia a través del contacto directo y prolongado, piel con piel, o si se comparten sábanas, toallas y ropa contaminada. En el caso de la tuberculosis, a través de microgotas de la persona infectada a las demás. Ese riesgo aumenta en lugares cerrados y sin ventilación, por lo que si hay más personas juntas, puede haber más contagios.

¿Hay una alarma real?

En el caso de la tuberculosis, en términos absolutos hay más casos en la población general. En Ceuta ha habido tres sospechosos. Uno de ellos se descartó; otro venía diagnosticado y tratado desde Marruecos; y el tercero era una persona autóctona. En cuanto a la sarna, en España es común que haya brotes en residencias, en cuarteles, en situaciones de vivienda comunitaria… Se documentó un brote en militares, pero no está asociado a los migrantes —Defensa lo descartó—.

¿Cómo puede dificultar la estigmatización de la población migrante las medidas de salud pública?

Asociar estas enfermedades a los migrantes provoca un estigma que supone una gran barrera para la atención médica de estas personas, que no van a acudir a los servicios sanitarios. Limita el acceso y retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, si no se tratan es un peligro para la población migrante y no migrante.

Los mensajes que relacionan a las personas migrantes con la propagación de enfermedades, ¿son bulos?

Uno de ellos es que los migrantes traen enfermedades, cuando tienen menos patologías crónicas que la población autóctona y, la mayoría de las que tienen, las contraen aquí por las condiciones en las que viven. Cuando hablamos de enfermedades desatendidas que pueden traer de su país, están asociadas a la pobreza y a las zonas tropicales donde vivían por lo que, una vez en España, al no haber vector, no hay peligro. El otro es que nos roban los recursos, pese a que utilizan menos servicios sanitarios que las personas autóctonas y muchos están en situación de irregularidad laboral, sin derecho a bajas.

¿Qué diferencia hay, desde el punto de vista epidemiológico, entre detectar una enfermedad en una persona migrante y que exista un brote o un riesgo de transmisión comunitaria?

El riesgo de transmisión es moderado o alto entre los migrantes, pero muy bajo para la población general. Es más alto para los sanitarios y quienes realizan labores humanitarias. Son quienes tienen más riesgo y es importante que tomen precauciones, como en cualquier hospital o centro de salud. Las enfermedades gastrointestinales o de piel son comunes en España y sabemos cómo tratarlas y protegernos contra ellas. En este sentido, los servicios de vigilancia de salud pública son fundamentales para detectar si se producen varios casos próximos en el tiempo y en el espacio. Pero para que haya una transmisión a la población general tiene que producirse un contacto estrecho y prolongado, que no es el caso.

Algunas voces hablan de un “colapso sanitario” en Ceuta. ¿Coincide con esta afirmación? ¿En qué parámetros deberíamos fijarnos para saber si el sistema sanitario está saturado?

De repente hay un montón más de población y muchos sanitarios están de vacaciones. Siempre son momentos complicados, que requieren un sobreesfuerzo para todo el mundo. En cuanto a los indicadores, hay varios: número de camas disponibles en los hospitales, si se están cumpliendo las citas programadas y las listas de espera. El Ministerio de Sanidad emitió un informe hace unos días donde indicaba que no se han retrasado las citas y que la mayoría de camas del hospital de Ceuta están ocupadas por locales, mientras los migrantes están siendo desplazados a un circuito diferenciado. Es verdad que ha aumentado la demanda de servicios médicos, que sobrecarga el sistema y al personal sanitario, por lo que requiere la ayuda de todas las administraciones.

¿Qué medidas deberían haberse aplicado desde el primer momento y cuáles siguen siendo necesarias?

Es muy importante tener un sistema resiliente, bien dotado, con buenos servicios de salud pública que puedan afrontar esta o cualquier crisis. Ahí queda mucho trabajo por hacer. En cuanto a las prioridades, en esta crisis humanitaria específica, habría que garantizar el acceso a saneamiento, alojamiento, agua y alimentos seguros. Hay que proteger a todos los niños y, especialmente a las niñas, que son muy vulnerables ante la violencia sexual e, incluso, pueden ser víctimas de trata. Hay que fomentar y facilitar el acceso a la atención médica y psicológica, porque todos vienen con una carga muy grande debido al estrés que han pasado estas últimas semanas y durante su trayectoria migratoria. También hay que dar prioridad a las mujeres, especialmente a las embarazadas. Son medidas que se van aplicando, pero que todavía son insuficientes.

¿Ha echado en falta rigor al abordar este tema?

Todo lo que es diferente causa ansiedad y miedo. Es normal que la población se sienta inquieta, pero es importante tener en cuenta los datos y basar nuestras respuestas y reacciones en la evidencia científica. Los españoles también migran fuera de España y se mueven entre comunidades. Es un proceso natural, con el que llevamos conviviendo mucho tiempo.