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Abracadabra

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Debe referirse Varona al informe de la Policía Científica, la cual, tras tres meses de profundos análisis de la voz fantasmal grabada en mp3 por Francisco Almodóvar Roque, certificó que no sabía si Domingo era Domingo por cuanto le faltaba a la cinta calidad suficiente para garantizarla. Así es la técnica procesal. Uno pone la cinta por toda Fuerteventura, incluso por toda Canarias, y nadie duda de que se trata del marqués de las Dunas interpretando el papel que mejor conoce. El tribunal parece olvidarse que ni el propio interesado osó dudar de la existencia de la grabación y de su contenido cuando el escándalo saltó a la palestra. Se limitó a decir que lo que allí se contenía en ningún caso podía ser un delito por cuanto no compraba a nadie, ya que Almodóvar y él eran militantes del mismo partido. Es decir, jamás negó lo esencial: ni que el protagonista de la cinta fuera él, ni que sus palabras fuesen manipuladas por alguien. Dando por bueno que la Policía Científica sea una especie de división autista dentro de las fuerzas de seguridad, y que su metodología exija de tanta precisión matemática que para pillar a un político en el acto in fraganti de cometer un delito sea necesario grabarlo con vídeo y con sonido sensurrond, lo que no resulta de recibo es que un tribunal canario, que conoce de sobras a González Arroyo, su voz, sus maneras, la conducción temeraria de su actuación pública, lo que le arrastra a abundantes visitas a los juzgados, se muestre tan sorprendentemente comprensivo cuando por encima de la condena o no al ex alcalde de La Oliva está su propia credibilidad. ¿Qué pensarán las decenas de miles de ciudadanos que ya escucharon la grabación, que se la conocen al dedillo, que han oído incluso a González Arroyo haciendo bromas sobre ella? ¿En qué lugar se pone el escalón más elevado de la justicia si con un mero informe de la policía científica cierra un caso paradigmático de cohecho, cuando un buen montón de expertos y de miembros de la investigación entienden que con lo que había era suficiente para abrir juicio oral y luego allí, a tenor de lo que ocurriera, extraer conclusiones de acuerdo a lo sucedido? ¿Acaso desconocía la magistrada Varona las amenazas de muerte de las que ha sido víctima el denunciante, una corriente nada espontánea de intimidación y amenazas que probablemente acabará por convertirlo en un apestado en Fuerteventura, isla de la que tendrá que fugarse para sobrevivir? ¿Por qué no se instó, en vista de la burla al sentido común de lo recogido en el informe de la Policía Científica, a un peritaje de parte efectuado por una empresa reputada en este tipo de grabaciones? Por otro lado: ¿está enviando el TSJC un mensaje cifrado a la clase judicial? ¿Le está indicando que la prudencia aconseja abandonar las denuncias políticas al ámbito de los representantes públicos? ¿Es una desautorización a las investigaciones de los casos José Antonio Martín, Eolo, y Faycán? ¿Acaso Varona no fue la que en seis días urgentes liberó de cualquier “mancha” al presidente Adán Martín, coordinador del encuentro Santana Cazorla/Domingo Berriel en el caso Anfi Tauro, cuyos funestos resultados acabamos de presenciar en el Parlamento de Canarias? ¿Y no fue Varona la que cruelmente descargó su literatura sobre el juez instructor del caso Góndola, calificando su trabajo de “precipitado”? ¿Por qué tanta dureza con los jueces que intentan dignificar su profesión, jugándose el cuello si es preciso, y al mismo tiempo tanta tolerancia con los que día a día corrompen la convivencia con hechos escandalosos e irrefutables? Aún caben más preguntas ante esta resolución judicial que hermana a Canarias con Macondo. ¿Es éste el camino a seguir?... Pues si lo es ya pueden salir a celebrarlo con etiqueta azul Miguel Zerolo y todos los grandes encausados por Las Teresitas y Fórum Filatélico.

Francisco J. Chavanel

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