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Indígenas de la Amazonía: entre amenazas, agresiones y secuestros por parte de militares

Las fuerzas enviadas por el presidente de Bolivia trataron de amedrentar a las personas que celebraron un encuentro para rechazar la abrogación de la norma que protegía el territorio indígena contra megaproyectos

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Agresión de militares a indígenas.

Agresión de militares a indígenas. Azarug justel.

Amenazas de muerte, agresiones a líderes indígenas y secuestros a comunarios cometieron los militares enviados por Evo Morales durante un importante encuentro indígena que rechazó la abrogación de la Ley que protegía al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) contra megaproyectos. El evento fue una respuesta a la reactivación del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que partirá este territorio en dos, permitiendo la ampliación de la frontera agrícola de hoja de coca y la explotación petrolera.

Un viaje caracterizado por obstáculos y paralelismos

Tras más de veintisiete horas por carretera, la dirigencia indígena del TIPNIS, acompañada de observadores nacionales e internacionales, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el exdefensor del pueblo, Rolando Villena, investigadores, prensa y activistas de las ciudades, llegamos a puerto Tarumá sobre el río Isiboro. Nuestro destino era el Centro de Gestión del TIPNIS, donde celebraríamos el encuentro indígena los días 25, 26, 27 y 28 de agosto.

Durante el transcurso del viaje por carretera, una treintena de movilidades del gobierno rebasaron a la delegación, que tenía como finalidad ingresar en el territorio para celebrar su encuentro. A escasos metros de puerto Tarumá se produjo un bloqueo de coches oficiales y casi un centenar de funcionarios públicos que se negaban a dejar pasar el camión donde viajaba la comisión citada antes; entre los coches oficiales, encontrábamos los sellos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; de Bolivia TV (cadena pública) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, entre otros. Las autoridades indígenas y los observadores que acompañábamos, nos vimos obligados a desplazarnos a pie durante el ultimo tramo, cargando con los equipajes, víveres y otros insumos del viaje.

Salimos de puerto Tarumá bajo provocaciones de masistas (militantes del MAS, Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales), policías armados vestidos de civiles y funcionarios públicos de la gobernación del Beni. Una vez llegamos al Centro de Gestión, lugar de convocatoria del encuentro indígena, los comunarios y dirigentes instalaron en el río Isiboro un alambre de espino para impedir el ingreso de cualquier persona ajena al territorio.

Los indígenas afines a Evo Morales habían convocado de forma paralela su propio encuentro en la comunidad indígena de San Pablo del Isiboro, a tres horas del Centro de Gestión vía río, con el objetivo de legitimar la recién aprobada Ley 969 de Desarrollo Integral, que abrogó la Ley 180 de Intangibilidad del TIPNIS y da vía libre a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, permitiendo el ingreso de colonos productores de hoja de coca, llamados cocaleros, y transnacionales petroleras al territorio indígena.

El encuentro de San Pablo estuvo financiado por la gobernación del Beni, presidida por el masista Alex Ferrier, a quién los indígenas oficialistas solicitaron la cantidad de Bs 122.115, equivalente a casi 18.000 dólares americanos para la realización del encuentro. El gobierno de Bolivia militarizó el Territorio Indígena y movilizó a un centenar de funcionarios públicos y militantes del MAS para participar en el falso encuentro organizado por sus indígenas. Sorpresa al encontrarse con el alambre de espino que bloqueaba el río Isiboro a la altura del Centro de Gestión.

Desaforados enfrentamientos y agresiones

Los militares enviados por el gobierno para escoltar los víveres, la gasolina y a los masistas del encuentro de San Pablo, intentaron cruzar el alambre de espino que bloqueaba el camino por río, pero la presión por parte de los indígenas que se encontraban en el Centro de Gestión les obligó a detener sus intenciones y desembarcar para dialogar y llegar a un acuerdo con los mismos. La Armada boliviana y la Policía Nacional garantizaron a los indígenas, frente a las cámaras, proteger su seguridad y respetar las decisiones de los mismos de no cruzar el río, así como trasladar sus mensajes y peticiones al gobierno.

Al siguiente día, los militares rompieron su palabra e intentaron escoltar unas barcazas en las que viajaban oficialistas dirigiéndose al encuentro de San Pablo, por consecuencia entraron en discordia con los indígenas que se oponían a la entrada de personas externas al territorio, sin consulta de las autoridades y habitantes originarios dueños del mismo. Los enfrentamientos se produjeron con la presencia de observadores de derechos humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el exdefensor del pueblo, periodistas con media docena de cámaras, que filmaron a los militares haciendo caso omiso a las llamadas pacíficas de retroceso por parte de los indígenas.

La hostil situación culminó cuando un militar golpeó con un remo a dos indígenas que lideraban la resistencia, al verse rodeado por los mismos. Entre estos dos indígenas se encontraba la presidenta de la Subcentral de Mujeres del TIPNIS, Marquesa Teco, quién manifestaba: «ellos (los militares) dijeron 'estamos a disposición de ustedes, somos hermanos', y otra vez nuevamente llegan ellos, cuando le hemos dicho que ya no entren; y le dan palos al abuelo Hilario y a mí también me asientan dos palazos en la cabeza».

En ese contexto de forcejeos se hundió una balsa militar. Cayeron al agua varios soldados y se paralizó la entrada de personas externas dentro del territorio. Las fuerzas del Estado se retiraron y los indígenas lograron reforzar la resistencia, deteniendo los víveres y la gasolina que tenían como destino abastecer el falso encuentro de San Pablo, donde los indígenas afines a Evo Morales y los militantes masistas pretendían culminar su soberbio espectáculo mediático.

A continuación del retroceso de los militares, José Luis Antezana, comunario de Nueva Vida en el TIPNIS, declaraba con rabia: «no vamos a tolerar la mentira de estos uniformados, porque ya está de buen tamaño; el territorio es de nosotros y lo vamos a defender nosotros, estos sinvergüenzas fueron los que nos patearon en Chaparina (represión durante la VIII Marcha de 2011); hoy vienen a hacer otro chaparinazo acá dentro de nuestra casa».

En los días posteriores al enfrentamiento, eran constantes las visitas de los militares por el río, se acercaban hasta la ribera filmando desde la distancia con teléfonos móviles a todos los presentes en el evento. La vicepresidenta de la Subcentral TIPNIS, Cecilia Moyobiri, nos transmitía días después lo siguiente: «nos hemos concentrado en el Centro de Gestión con todos los comunarios y corregidores en este encuentro y en eso aparecen los militares a intervenirnos a nosotros en nuestro territorio. ¿Cómo es posible que hoy en día los militares estén interviniéndonos en nuestra propia casa? Eso es por falta de respeto, abuso de nuestros derechos, nuestra libre expresión y nuestra libre determinación. Esto nunca nosotros vamos a permitir y siempre vamos a resistir».

Provocaciones, secuestros y amenazas

Un día después de la finalización del Encuentro en el Centro de Gestión, muchas de las autoridades indígenas, comunarios y observadores invitados seguíamos en el territorio pensando en una forma de regreso pacífica sin intervención militar. Algunos asistentes se vieron obligados a salir unos días antes por motivos de agenda, como fue el caso de un grupo de observadores e investigadores, que el 28 de agosto tomaron un casco (como llaman los originarios a una barcaza de madera con forma de canoa) con destino a puerto Geralda en el río Mamoré, uno de los puertos más cercanos a la ciudad de Trinidad.

Mientras viajaban río abajo, un grupo de militares los detuvo en la comunidad de Gundonovia en el TIPNIS, les registraron sus pertenencias, les pidieron identificaciones y los retuvieron durante más de una hora. Al motorista indígena que manejaba el casco lo amenazaron de muerte delante de ellos: «Vamos a llevarte a la pampa y te vamos a meter un tiro en la cabeza», esas fueron las palabras que usaron los militares para amedrentar al joven indígena que transportaba al grupo de observadores.

Al día siguiente, los mismos militares detuvieron y secuestraron a Modesto Yujo y Antonio Huayacuma, padre e hijo de la Corregidora indígena de Gundonovia, Delsi Yujo, en el TIPNIS; llevándoles hasta Trinidad y poniéndoles a disposición de la Fiscalía. Fueron puestos en libertad de inmediato porque no existía orden en su contra y la situación de esta detención hasta ahora no se esclarece, pues los militares están impedidos por ley de hacer detenciones.

Después de la tormenta llega la supuesta calma

Luego de unas intensas jornadas de hostigamiento ilícito a los asistentes durante el pasado encuentro indígena orgánico en el Centro de Gestión, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, que también asistió al encuentro, mantuvo una reunión con el Comandante Aldo Bravo de la Fuerza Naval. Esta autoridad se comprometió verbalmente a no volver a realizar ninguna acción de amedrentamiento a comunarios, autoridades y observadores.

Posteriormente a conocer este acuerdo, las autoridades indígenas junto a comunarios y los demás invitados al encuentro partimos del Centro de Gestión hacia la ciudad de Trinidad, en una monumental caravana de 12 canoas por el río Isiboro. Al pasar junto a la comunidad de Gundonovia, observamos el contingente que el gobierno tenía montado; más de medio centenar de militares se encontraban esperando en la playa.

No se produjeron enfrentamientos y la delegación indígena con los observadores llegamos a puerto Tarumá, donde nos esperaba un camión para partir a la ciudad de Trinidad. Nuestro objetivo era poder denunciar con mayor repercusión las violaciones de derechos humanos, que han ocurrido durante estos días en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.

Resistir, un derecho y un deber

Bolivia está sujeta a la normativa internacional de las Naciones Unidas para el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y originarios. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, confunde a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional con su prédica de proceso de cambio en el país cuando en los hechos vulnera estos preceptos.

El Presidente teme a la capacidad de resistencia del TIPNIS, porque sabe que es el único territorio indígena que ha podido una vez hacer tambalear a su gobierno y sus políticas extractivistas desde la VIII Marcha Indígena de 2011. El TIPNIS resiste a un gobierno de avasalladores, de colonos depredadores, de narcotráfico, manipulación, compra y corrupción de las instituciones. El TIPNIS resiste al más fuerte terrorismo de Estado, que usa la fuerza militar para defender sus intereses.

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