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Sordidez en la justicia

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Todo lo que engloba el caso del juez Alba pone de relieve que hay que tomarse muy en serio los problemas de la justicia antes de que su progresiva pérdida de credibilidad alcance niveles irreversibles. Cuando jueces, fiscales o agentes judiciales se ven envueltos en casos de corrupción, vicios, extralimitaciones o componendas que traspasan claramente los límites de la legalidad, una espina se clava dolorosamente en el cuerpo social que es consciente del valor del poder judicial en una democracia que se precie, o más sencillamente, en el marco de una convivencia social, bastante asaeteada ya con crisis, extremismos, violencias, carencias y derivados como para tener que comprobar -en este caso, con tristeza- que también cuecen habas en el ámbito de la justicia.

El citado caso trasciende el propio ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Los hechos que se van conociendo, el modus operandi, las reacciones de las asociaciones de jueces y la dimensión periodística -muy diferente, por cierto, en los medios de las dos provincias- que ha ido adquiriendo son como un disparo a la línea de flotación del propio sistema y su funcionamiento. Tienen que estar impactados en la esfera judicial, siempre tan respetada pero con casos como el de Alba, seriamente dañada. De ahí que se eche en falta una manifestación institucional, tranquilizadora, respetuosa con todos los elementos que concurren pero convincente y explicativa siquiera de mínimos que trasladen a la opinión pública la sensación de que el asunto no se ha ido de las manos procedentes. La estructura del poder judicial, sus órganos de gobierno, no pueden ni deben estar cruzados de brazos cuando se desatan problemas como el que nos ocupa: la ciudadanía quiere confiar en la justicia, es consciente de que se trata de un eslabón primordial no solo para dirimir pleitos y diferencias sino para garantizar por igual el cumplimiento de las normas y la defensa de los derechos.

Tenemos que empezar a ser conscientes de lo que supone ver a jueces y funcionarios públicos en general envueltos en madejas de irregularidades, transgresiones, vicios y corruptelas. Si la crisis del sistema judicial ha sobrevenido como consecuencia de deficiencias estructurales, organizativas y procesales -sin olvidar las presupuestarias-, no es nada positivo que se agrave con la cuestionada participación -por sus propias y controvertidas decisiones- de quienes tienen que administrar justicia. Porque se pierde credibilidad, se evaporan los principios de ecuanimidad o imparcialidad y, automáticamente, se incrementa la desconfianza de la ciudadanía.

Esto es lo más grave: contrastar que ni la justicia se libra de tanta sordidez.

 

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