La ley de la patada en las webs

Pero resulta que el protagonismo lo tiene la ministra de Cultura. La ley incluye unas medidas del ministerio que dirige Ángeles González-Sinde contra las descargas en Internet. Una comisión formada por técnicos del ministerio de Cultura y representantes de la industria audiovisual podrá cerrar de forma cautelar una página web que incluya imágenes que no respetan los derechos de propiedad intelectual. Se equiparan los derechos de autor a los derechos fundamentales. Para defender su postura el gobierno recuerda que todos los días se cierran páginas webs donde se venden medicamentos ilegales. Los internautas responden que no se puede comparar un delito contra la salud pública con el cierre de una web por la publicación de una foto o un vídeo por los que no se han pagado derechos de autor.

Los documentos de wikileaks demuestran que el gobierno de Estados Unidos ha presionado a los principales partidos políticos españoles para que se aprobase una normativa que defienda de forma extremista los derechos de la industria Hollywood. Porque eso es lo que se está defendiendo. El mileurista que escribe un guión que al final resulta un éxito de audiencia no se hará rico con los derechos de autor, porque la productora se encargó en el contrato de apropiarse de la autoría.

En los documentos de wikileaks aparecen hasta 124 cables de la embajada de Estados Unidos en Madrid donde se resumen las reuniones con la ministra de Cultura, con el ministro de Industria, con altos cargos del gobierno español, con Mariano Rajoy con dirigentes de los principales partidos políticos. El imperio dirigiendo las votaciones del congreso de los diputados. El discurso de Rajoy ante el embajador fue respetuoso, les dejó caer que ellos apoyan a Hollywood pero que tenían que aprovechar la marea política de los internautas. Aunque en el Parlamento Europeo los diputados del PP votaron a favor de una ley popularmente denominada “ley Sinde”.

Esta ley de la patada en las webs tiene el mismo peligro que la ley Corcuera que fue tumbada por el Tribunal Constitucional. Con la excusa de la propiedad intelectual se podría ejercer la censura inmediata sobre webs incómodas al poder político o al económico. Las presiones de Estados Unidos y la decisión del gobierno de tramitarla por la vía de urgencia en la comisión de economía del Congreso, sin debate parlamentario, son dos datos que convierten en sospechosa la ley.

Tengo muchos amigos que son trabajadores de la cultura. Conozco a decenas de cámaras de televisión, fotógrafos, músicos o realizadores que no reciben ni un duro por sus creaciones. Ni la SGAE ni los dueños de Disney se han acordado de ellos jamás, aunque hayan recaudado dinero gracias a ellos. Por eso resulta de un tremendo cinismo que hablen de propiedad intelectual algunos vampiros que se enriquecen con la sangre de otros.

Detrás de un video que se sube a you tube o de la fotografía que publica un periódico está el esfuerzo intelectual y físico de un trabajador que no tendrá acceso a esa comisión del ministerio de cultura que cerrará páginas webs cuando la ley Sinde se publique en el Boletín Oficial del Estado. No soy un entusiasta de los movimientos de internautas que se movilizan a golpe de ratón para defender su derecho a ver gratis una serie yanqui pero no tienen tiempo para realizar el mismo esfuerzo por un preso de conciencia que defiende Amnistía Internacional o para protestar contra las medidas económicas que están machacando a las víctimas de la crisis.

No suelo apuntarme a los grupos humanos que se quedan en la Rebelión 2.0 que ayer describía certeramente Thalía Rodríguez. Pero dejar en manos del gobierno y los lobbys empresariales el cierre de las páginas webs es un paso atrás en la libertad de expresión. Estamos ante una patada en las webs que nos quieren dar a todos. Los mismos productores audiovisuales que explotan a guionistas, músicos o escritores a los que les pagan una miseria levantan la bandera de los derechos intelectuales. Que no hablen de derechos los que se atreven a legislar sin debate parlamentario y al dictado del embajador del imperio. Si paramos la ley de la patada en la puerta de Corcuera, frenemos esta ley de la patada en los?las webs.

Juan García Luján