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La Comisión Europea confirma que no hay fondos para construir Granadilla

SEGÚN UN ESCRITO DIRIGIDO DESDE BRUSELAS A GREENPEACE

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Greenpeace aseguró este miércoles que la Comisión Europea ha confirmado que no existen fondos para la construcción del Puerto de Granadilla, en Tenerife. El escrito recibido por Greenpeace viene firmado por el jefe de la Unidad de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Rudolf Niessler, quien señala que ''no existe disponibilidad de presupuesto ni en los fondos de cohesión ni en los Feder'' para acometer la obra portuaria.

A través de un comunicado, la asociación ecologista considera que esta "confirmación pone de manifiesto los extraños intereses que se esconden detrás de esta infraestructura", a la vez que sostiene que de llevarse a cabo, el Puerto de Granadilla se trataría del "único proyecto de estas dimensiones que no obtiene financiación europea".

En este sentido, Greenpeace recuerda que otras obras de características similares como el puerto exterior de Coruña -la última de las grandes infraestructuras portuarias aprobadas por el Ministerio de Fomento- ha recibido 280 millones de euros procedentes de Fondos Europeos de Cohesión así como un crédito de 130 millones de euros de Banco Europeo de Inversiones (BEI) para su construcción.

Sin embargo, los ecologistas sostienen que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, a pesar de no haber obtenido financiación comunitaria, "está dipuesta a acometer una obra de más que dudosa rentabilidad económica gracias a los créditos millonarios obtenidos de diferentes entidades financieras a pesar de que su financiación no está contemplada dentro de los Presupuestos Generales del Estado".

Esperando por Fomento y Medio Ambiente

Por otra parte, Greenpeace continúa a la espera de obtener una respuesta por parte de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente a los que se dirigió hace ya dos meses pidiendo la retirada del proyecto de construcción de este puerto industrial en la costa de Granadilla. Una reclamación hecha en base a un Dictamen del Consejo de Estado que establece de forma urgente la decidida protección de la biodiversidad marina y costera.

"Ambos ministerios han incumplimido el plazo de dos meses dispuesto por la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental, que pretende conseguir una mayor concienciación en materia de medio ambiente, una más efectiva participación del público en la toma de decisiones medioambientales y, en definitiva, una mejora del medio ambiente", manifiesta Greenpeace en su comunicado.

En el mismo documento, la organización ecologista reclamaba explicaciones por las actuaciones de ambos ministerios respecto al caso de corrupción en el que se ha visto envuelto el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, tras ser acusado por el juez Baltasar Garzón del cobro de cuantiosas comisiones supuestamente pagadas por la entidad Parque Marítimo Anaga, SA, filial urbanística de Fórum Filatélico Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, SA en el caso de la Marina de San Andrés.

"Este caso tiene una relación muy importante con el puerto de Granadilla, ya que la ubicación elegida para esta marina deportiva imposibilita cualquier ampliación por el norte del Puerto de Santa Cruz. Esta imposibilidad de ampliación ha sido la excusa utilizada por la Autoridad Portuaria para justificar la construcción del Puerto de Granadilla", concluye la asociación ecologista.

Por su parte, María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, insiste en que "la Comisión Europea ha reconocido que el Puerto de Granadilla ocasionará graves daños ambientales y que no lo financia. Mientras el presidente de la Autoridad Portuaria está siendo investigado por aceptar sobornos para construir una marina que impide ampliar el puerto de Santa Cruz, sirviedo esto, a la vez, de coartada para justificar el puerto de Granadilla, los ministerios de Fomento y Medio Ambiente todo les parece bien y ni siquiera se molestan en responder a las peticiones de información formuladas por los ciudadanos. Es el peor ejemplo imaginable".

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