La CCE pide no desaprovechar el debate de la propuesta de Gran Canaria
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, ha pedido este martes que el Parlamento regional “no desaproveche la oportunidad histórica” de debatir la iniciativa que promueve el Cabildo de Gran Canaria para modificar la Ley de Renovación Turística.
El titular de la patronal de Las Palmas se ha manifestado en estos términos al ser preguntado por Efe sobre la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso de inconstitucionalidad que el Consejo de Ministros presentó contra esta ley, cuyo artículo que autoriza sólo la construcción de hoteles de cinco estrellas o categoría superior ha sido suspendido provisionalmente.
Manrique de Lara ha dicho que a la CCE no le sorprende esta suspensión cautelar, que era esperada tras la presentación del recurso de inconstitucionalidad.
El presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas ha confiado en que ahora, tanto el Parlamento como el Gobierno canario “tengan previsto una solución” para solventar los problemas que suscita esta ley, al no cumplir con una directiva europea y atentar contra los intereses de islas como Gran Canaria.
A juicio de Manrique de Lara, “es urgente que sea el propio Parlamento el que resuelva la situación”, admitiendo a trámite y debatiendo la iniciativa legislativa promovida por el grupo de gobierno del Cabildo Gran Canaria, PP, con el apoyo de NC.
El presidente de la CCE ha considerado que no admitir a trámite esta iniciativa y entrar a debatirla para aprobarla en todos sus términos o modificarla, incluso hasta su total rediseño, mediante enmiendas, “sería desperdiciar una oportunidad histórica”.
Canarias tiene competencias en materia turística y debe asumirlas y ejercerlas, ha aseverado Manrique de Lara, quien ha estimado que, de decaer en el Parlamento esta iniciativa, le tocaría actuar al Ejecutivo regional, a quien ha solicitado que tenga “sensibilidad” y que asuma “responsabilidades” para diseñar “un marco legal que respete la normativa europea y los intereses de cada una de las islas”
