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Los Verdes creen que los represaliados del Sáhara podrían acogerse a la Ley de Memoria Histórica

POR LA RESPONSABILIDAD DEL ÚLTIMO GOBIERNO DE LA DICTADURA EN EL ACUERDO TRIPARTITO DE 1975

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A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han saludado la iniciativa emprendida por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, Baltasar Garzón, de incoar diligencias previas por una querella de genocidio y torturas y librar una Comisión Rogatoria a las autoridades judiciales del Reino de Marruecos, sobre la actuación presuntamente criminal de varios responsables de la jerarquía militar y policial y sus subordinados contra la población del Sahara Occidental en los años 70 y 80.

El portavoz insular de Los Verdes, Octavio Hernández, señala que "esta causa abierta es un nuevo aldabonazo de Garzón para crear jurisprudencia en aplicación del principio de justicia penal universal, pero puede tener también otras consecuencias en derecho, ya que la instrucción del caso prueba una radical negación de derechos humanos a raíz de la ocupación militar por Marruecos, que según las resoluciones de la ONU sobre descolonización justifican, una vez más, el reconocimiento del Sahara como territorio no autónomo así como su derecho a la autodeterminación y secesión de la potencia ocupante, en un momento en que arrecian las presiones para socavarlo".

Hernández señala que "otra consecuencia de esta querella internacional es abrir el debate sobre las responsabilidades del último gobierno franquista en la cesión y retirada del territorio con el Acuerdo Tripartito de Madrid de noviembre de 1975, firmado por Carlos Arias Navarro en calidad de presidente del Ejecutivo español, así como el abandono el 26 de febrero de 1976, que legitimaron la ocupación y, por lo tanto, son antecedentes directos del genocidio y torturas que Garzón ha decidido enjuiciar".

Ciudadanos saharauis con DNI y la Ley de Memoria Histórica

Así mismo, señalan Los Verdes, "si de las diligencias abiertas se deriva una relación causal entre dichos acuerdos y actuación del gobierno español y los hechos denunciados, los ciudadanos saharauis residentes en la antigua provincia española con documentación de nacionalidad española tendrían que ser reconocidos como víctimas del franquismo según la nueva Ley de Memoria Histórica, porque su nacionalidad marroquí no está legitimada al no haberse reconocido la titularidad de Marruecos sobre el territorio".

El comunicado de Los Verdes cita a Carlos Ruíz Miguel, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha estudiado el Real Decreto de 10 de agosto de 1976 que dispuso que los ciudadanos saharauis que hasta entonces tenían nacionalidad española disponían del plazo de un año para optar por dicha nacionalidad compareciendo ante el juez encargado del Registro Civil del lugar de su residencia española.

"Sobre esta base se les han negado sus derechos civiles con posterioridad ?indica Hernández-, ya que aquella obligación legal, en las condiciones de la ocupación, era de imposible cumplimiento, pero además, como ha demostrado Ruíz Miguel, porque el propio Real Decreto reconoce en el momento que se dicta -agosto de 1976- que los saharauis seguían siendo españoles, aunque el territorio había dejado de serlo el 26 de febrero de 1976".

Octavio Hernández recuerda que "hasta ahora, España se ha negado a reconocer el estatuto de refugiado a los saharauis exiliados que prueban su antigua identificación como nacionales españoles, pero la nueva Ley de la Memoria Histórica podría crear un nuevo marco de reconocimiento para estas víctimas del franquismo".

En opinión del portavoz insular de Los Verdes, "España no se reconoce a sí misma como potencia administradora del territorio y no ha asumido ninguna responsabilidad por las consecuencias terribles que para la población tuvo la ocupación por el Reino de Marruecos; al contrario, al no reconocer como refugiados a los saharauis de la exprovincia no sólo exime de responsabilidad al último gobierno franquista, sino que legitima la vulneración sistemática de derechos humanos por la nueva potencia ocupante".

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