El Ayuntamiento de San Bartolomé (Gran Canaria) impugna el presupuesto del Consorcio de Rehabilitación
Los representantes municipales no asistirán a las juntas “hasta la subsanación de todas las irregularidades detectadas” en el ente
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 (EUROPA PRESS)
El grupo de gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, aprobó hoy en un pleno extraordinario y urgente la impugnación del presupuesto del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de las Zonas Turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas.
Según explicó la alcaldesa del municipio, María del Pino Torres, “en el BOP de 25 de mayo aparece como Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria, es decir, una entidad administrativa que no existe, siendo por tanto nulos tanto este acto administrativo (el anuncio de la aprobación inicial del presupuesto) como todos los que se deriven del mismo (la ejecución de dicho presupuesto)”.
La primera edil desglosó los motivos por los que el grupo de Gobierno ha decidido impugnar el presupuesto del Consorcio, que además del uso incorrecto del nombre del ente en todos sus actos administrativos, incluye el incumplimiento de la aprobación de la plantilla del Consorcio “porque es preceptivo hacerlo junto con la aprobación del Presupuesto”, informa la institución local en un comunicado.
Además de criticó el incumplimiento del requisito de que el expediente del presupuesto debe constar con el preceptivo informe del interventor o persona que le sustituya; y en cuarto lugar, el incumplimiento de la previa y preceptiva aprobación de la liquidación del ejercicio anterior 2009, que es otro requisito legal.
“DEFENDER LA LEGALIDAD”
Torres señaló que “con este acuerdo que se trae a la aprobación del pleno, el Ayuntamiento sólo intenta defender el cumplimiento de la legalidad”. “Si no lo hiciéramos así, sabiéndolo, participaríamos con conocimiento de causa en una irregularidad que podría tener importantes consecuencias en el futuro”, añadió.
Entre ellas se encuentran la participación con conciencia de su irregularidad en un acto nulo; la aceptación de la nulidad de todos los actos posteriores (ejecución del presupuesto); y la aceptación del retraso de todas las obras que interesan al municipio y que se verían retrasadas por no tener el Consorcio Urbanístico un presupuesto aprobado legalmente.
Por su parte, el concejal Marco Aurelio Pérez afirmó durante la sesión plenaria que el gobierno está “defendiendo los intereses de los vecinos, del municipio y del Ayuntamiento”. “No podemos mirar hacia otro lado y permitir que por intereses particulares nos involucremos en algo que no es claro ni transparente”, aseveró.
Además, el edil afirmó que con la medida tomada por el grupo de gobierno no se arriesga la inversión ni se retrasarán las obras de rehabilitación, ya que “no hay ninguna obra en licitación, y sólo existe un proyecto que únicamente es una propuesta técnica”.
El edil recordó que lo único que se le exigió al Consorcio es la ejecución de un plan de obras antes de fin de 2011, pero “de este plan no hay ningún proyecto aún”.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
Durante este pleno extraordinario y urgente se expusieron otras presuntas irregularidades cometidas por el Consorcio, tales como “no consensuar con el Ayuntamiento los asuntos del orden del día de las Juntas Rectoras; no respetar el acuerdo que fijaba que los asuntos relacionados con Costas se gestionarían directamente por el Ayuntamiento; y aprobar y adjudicar proyectos sin haber liquidado el presupuesto de 2009 y sin haber aprobado el de 2010”.
Además de la gestión directa por parte del gerente del Consorcio de actuaciones que entran en colisión con el ordenamiento urbanístico vigente en San Bartolomé de Tirajana; o la pretensión del Consorcio de actuar fuera de las zonas turísticas que conforman la delimitación geográfica de la entidad consorcial sin autorización de ningún tipo.
Por estas y otras razones se aprobó en el pleno la suspensión de la asistencia de los representantes municipales a las reuniones del Consorcio, hasta que no garanticen el resto de las administraciones que forman el ente el cumplimiento de la legalidad, “comenzando por la correcta denominación del consorcio, y siempre pensando en la importancia y la necesidad que tiene para el municipio el funcionamiento correcto de dicho Consorcio Urbanístico”, subraya el Consistorio.
