Clavijo traslada a RTVC la estrategia de prorrogar contratos sin respaldo legal

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín. (EFE/CRISTÓBAL GARCÍA)

Carlos Sosa

El mismo método para los mismos resultados: prorrogar contratos de servicios sin cobertura legal para mantener al mismo proveedor por mucho más tiempo del fijado en las bases del concurso. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha logrado extender al Ejecutivo y a sus órganos satélites las prácticas que aplicó durante años mientras fue alcalde de La Laguna y que aún hoy mantiene su sucesor, José Alberto Díaz, lo que ha supuesto la apertura de diligencias penales en un juzgado de La Laguna. El primer heredero conocido de esos modales es el presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, que ha mantenido la señal para los dos medios públicos autonómicos mediante un concurso negociado sin publicidad cuya tramitación contraviene las advertencias que formuló en diciembre pasado la secretaria del consejo rector, experta en contratación pública.

Santiago Negrín mantuvo durante casi dos meses el servicio de la señal de la radio y la televisión públicas de Canarias sin ningún tipo de cobertura legal, solo mediante una “orden de continuidad del servicio” que él mismo emitió el 22 de diciembre de 2017, a una semana escasa de que expirara la prórroga del contrato que se había ampliado en julio del mismo año. En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso este periódico, Negrín explica que “en la actualidad [16 de febrero de 2018] no existe un contrato vigente, sino que el servicio para la distribución, transporte y difusión de señales de la Televisión Canaria y de Canarias Radio se lleva a cabo mediante una orden de continuidad del servicio dictada el 22 de diciembre de 2017 en atención a razones de emergencia, excepcionalidad e interés público, y especialmente ante el carácter esencial del servicio”.

Negrín respondía así a la parlamentaria del PP Luz Reverón, que le formulaba a través de la Mesa del Parlamento una serie de cuestiones acerca de la prórroga del servicio de transporte de señal, adjudicado en 2013 a Retevisión por cuatro años. El presidente de RTVC ha reconocido que la prórroga del contrato expiró el 31 de diciembre y que la señal se ha podido mantener desde entonces a partir de esa orden que él mismo emitió.

Aun sabiendo que el contrato para el transporte de señal había vencido en agosto de 2017 y que la prórroga adoptada en julio solo alcanzaba hasta el 31 de diciembre, el presidente de RTVC sigue sin convocar un concurso público. Porque lo que hizo el 2 de enero de 2018, después de ordenar al proveedor que mantuviera la señal y a la vista de que el consejo rector no le autorizó en diciembre una nueva prórroga del contrato vencido, fue poner en marcha un procedimiento administrativo consistente en un concurso negociado sin publicidad con unas características muy singulares.

Según la documentación disponible en el perfil del contratante de RTVC, Negrín no invitó a tres empresas para que concurrieran a esa modalidad de licitación, que se emplea para situaciones sobrevenidas o de emergencia. Sólo invitó a un solo proveedor, Retevisión, cuya filial Cellnex era la que venía prestando el servicio. Y, por supuesto, con fecha 1 de febrero procedió a adjudicarle el contrato.

Para sortear las exigencias legales que le obligarían a sacar de su ámbito tales decisiones, el presidente de RTVC llevó al límite mismo sus competencias. Si la ley le impide adjudicar un contrato por más de dos millones de euros, lo situó exactamente en 1.918.441,26 euros, eso sí, asumiendo el ente público el IGIC (57.553,24). Si la ley le impide adjudicar un contrato de una duración de doce meses o más, Negrín lo dejó fijado en once meses. Todo para evitar la fiscalización por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y el embarazoso compromiso que supondría tener que elevar tal concurso a la aprobación del Consejo de Gobierno de Canarias, es decir, comprometer directamente a Fernando Clavijo y a su ejecutivo en pleno de manera colegiada.

Las advertencias de la letrada

Pero todas esas prevenciones no resuelven el principal problema al que se enfrenta Santiago Negrín: las advertencias formuladas en el último pleno del consejo rector de RTVC por la secretaria de ese órgano, Cristina Duce: “Dado que se está ante un servicio público de interés general, de continuar prestándose el servicio por parte de la adjudicataria sin amparo legal o contractual, se estaría ante una nulidad de contrato, situación no deseada en Derecho”. Según las propias alegaciones por escrito del presidente de RTVC ante el Parlamento, “en la actualidad no existe un contrato vigente”. Era el 16 de febrero, mes y medio después de quedar “sin cobertura legal o contractual” la prestación de la señal de la radio y la televisión autonómicas.

Ninguna de las actuaciones realizadas estos últimos meses por Santiago Negrín dentro de RTVC han contado con el respaldo de informes jurídicos internos. Como hiciera Fernando Clavijo en el caso Grúas, el presidente de RTVC también ha recurrido a informes externos, en este caso de los letrados Carlos Cabrera y Eduardo Risueño. Pero al que todas las fuentes atribuyen la paternidad intelectual de estas fórmulas de ampliación de contratos “no deseadas en Derecho”, por emplear la terminología de la secretaria del consejo rector, es el secretario general de Presidencia del Gobierno, Ceferino Marrero. Él ha negado a este periódico cualquier tipo de intervención en el entorno de RTVC, pero la recomendación de los letrados asesores de Negrín, particularmente la de Risueño, y el modus operandi empleado, que es el mismo que él empleó cuando fue director de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de La Laguna, le delatan.

El pie de recurso que aparece al final de la adjudicación del contrato a Retevisión coloca la pelota de la gestión de Negrín en la puerta misma del Consejo de Gobierno de Canarias: “Contra el presente acto (…) podrá interponerse recurso especial en materia de contratación (…) ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Es decir, el órgano dependiente de la Consejería de Hacienda que estos últimos meses está enredado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo tratando de explicar la tesis de su presidente, Pedro Gómez, de que no es competente para resolver los litigios planteados en el concurso de los servicios informativos de Televisión Canaria.

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