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Negrín recurre a un contrato negociado sin publicidad para mantener la señal de la radio y la televisión

El Gobierno coloca a un experto en la Ley del Suelo en el equipo jurídico externo que asesora al presidente de RTVC

El ente prorroga el servicio con Cellnex de acuerdo con los criterios de un órgano dependiente de la Consejería de Hacienda, que sistemáticamente se desentiende de los conflictos de Negrín

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El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín EFE/Ramón De La Rocha

El presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, ha recurrido a la convocatoria de un concurso negociado sin publicidad, el más opaco del repertorio administrativo, para mantener al proveedor de la señal para los dos medios de titularidad pública dependientes de la Comunidad Autónoma. Así se recoge en una respuesta ofrecida a través del Portal de la Transparencia, al que este periódico tuvo que recurrir ante la ausencia total de información por parte del ente público.

RTVC estuvo a punto de quedarse sin el servicio de transporte de señal para la radio y la televisión el pasado 31 de diciembre, al vencerse la prórroga del contrato que se había acordado por su consejo rector el mes de julio de 2017. El ente público no había convocado el preceptivo contrato y su presidente, Santiago Negrín, no obtuvo el 13 de diciembre los votos suficientes para proceder a una nueva prórroga de mutuo acuerdo con el proveedor, Cellnex, antiguamente Retevisión.

Ante ese panorama, Negrín optó por dictar una resolución propia el 22 de diciembre por la que se acordó “la continuidad del servicio” (…) “de conformidad con los criterios y doctrina de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias en atención a razones de urgencia, excepcionalidad e interés público y especialmente ante el carácter esencial del servicio para que se mantenga la emisión de televisión y radio”.

La Junta Consultiva de Contratación de Canarias es un órgano dependiente de la Consejería de Hacienda del Gobierno regional, que sistemáticamente viene desentendiéndose de los conflictos que se generan en RTVC. Hasta tal punto que ha provocado un procedimiento legal al producirse la paradoja de que el Tribunal Administrativos de Contratos públicos, dependiente de la misma consejería, se haya declarado incompetente para analizar los que promueve el ente público de la radio y la televisión, que orgánicamente depende de Hacienda. El asunto se dirime ahora mismo en la Sala de lo Contencioso del TSJC.

En la información proporcionada por el Portal de la Transparencia se indica que la orden de Negrín de prorrogar el contrato de suministro de la señal tiene “carácter transitorio” y que su duración se extenderá “hasta que se produzca la adjudicación y puesta en funcionamiento del servicio a través del procedimiento negociado sin publicidad por trámite y por razones de urgencia en el que ya se ha dictado resolución de adjudicación y se encuentra pendiente de formalización”.

Esto quiere decir que el ente público ha convocado -y parece que resuelto- un concurso negociado sin publicidad, el más opaco de cuantos permite la ley, por el que se invita a tres empresas especializadas en el servicio que se pretende contratar o prorrogar y se adjudica a la oferta que se considere más ventajosa para la Administración. El resultado de esa licitación, que según la respuesta de RTVC ya ha sido adjudicado “y se encuentra pendiente de formalización” es todavía desconocido.  Eso significa que hasta que esa formalización se produzca, RTVC estará pagando al proveedor de la señal y su transporte, Cellnex, mediante la convalidación de sus facturas, de unos 325.000 euros mensuales, importe que según el presidente del ente público, entra en el ámbito de sus competencias.

Un nuevo abogado del núcleo presidencial

Ni del concurso ni del pago de esas facturas al proveedor de la señal, como viene siendo habitual, se ha dado cuenta al consejo rector de RTVC, y su tramitación se ha realizado extramuros del ente público a través de dos abogados expertos en contencioso-administrativo, Carlos Cabrera y Eduardo Risueño Díaz. Del asesoramiento del primero ya se tuvo conocimiento desde que el anterior responsable jurídico de la casa, Martín Orozco, abandonó esas funciones por profundos desacuerdos con la deriva del presidente del ente en concursos tan polémicos como el de los servicios informativos (144 millones de euros en ocho años). Cabrera es un experto en litigios audiovisuales desde que asesoró hace años al anterior concesionario de la Televisión Canaria, Socater.

Del que no se tenía noticia hasta que su nombre ha aparecido en la respuesta dada a este periódico en el Portal de la Transparencia es del nuevo asesor jurídico, Eduardo Risueño, un habitual en el asesoramiento institucional a Coalición Canaria. Su primera aparición data de los tiempos del alcalde Miguel Zerolo en Santa Cruz de Tenerife, cuando la concejala Luz Reverón militaba en las filas nacionalistas y ejercía de responsable de la Gerencia de Urbanismo. Hoy, Reverón es, paradójicamente, la portavoz del PP en la Comisión de Radiotelevisión en el Parlamento y se ha convertido en un azote del cliente al que ahora defiende quien fuera su colaborador en el Ayuntamiento.

Eduardo Risueño sigue vinculado a instituciones y órganos controlados por Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias, y ha participado en el núcleo duro de promoción de la Ley del Suelo, el proyecto legislativo estrella del Ejecutivo de Fernando Clavijo. Su nombre aparece en el listado de profesores que han impartido cursos sobre esa ley por toda la geografía archipielágica junto a otras personalidades del mundo del Derecho históricamente afines al presidente Clavijo, como el catedrático Francisco Villar, redactor de la ley y de suculentos informes a la medida encargados para levantar reparos en el caso de las grúas de La Laguna en tiempos en que su alcalde era el actual presidente regional.

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