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Mogán lleva a pleno convenios urbanísticos recurridos por comerciantes de Puerto Rico

La comunidad de propietarios del Centro Comercial de Puerto Rico tiene abierto un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Modernización de Costa de Mogán, del que cuelgan los convenios que se ratificarán este jueves

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Centro Comercial de Puerto Rico en Mogán

Centro Comercial de Puerto Rico en Mogán Canarias Ahora

El pleno ordinario de Mogán, que se celebrará este jueves, trae en su orden del día la ratificación de tres convenios urbanísticos para la construcción en Puerto Rico de dos centros comerciales y en Motor Grande de un supermercado. Estos convenios urbanísticos se acogen dentro del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán (PMM Costa de Mogán), el cual tiene abierto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia que fue presentado por la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial de Puerto Rico Fase I.

Según comenta el administrador de este centro comercial, Ubaldo Marrero, los comerciantes acudirán este jueves al pleno a presenciarlo como forma de protesta porque no entienden que el Ayuntamiento vaya a ratificar unos convenios que cuelgan de un plan que podría ser suspendido.

"No entendemos que se aprueben los planes urbanísticos a raíz  de un plan de modernización turística que está judicializado", explica Marrero, quien añade que "los planes de urbanización turística que tenemos más próximos como el de Playa de Mogán y Playa de El Inglés fueron tumbados por la justicia por los mismos argumentos que estamos esgrimiendo en el Contencioso Administrativo en el TSJC. No significa que vaya a pasar, pero visos tiene", subraya Marrero.

El administrador cree que el Consistorio moganero debería de ser prudente y paralizar la ratificación de estos convenios hasta que salga la sentencia, que estima que será en los próximos meses.  "No tienen la prudencia necesaria antes de hipotecar al Ayuntamiento con estos planes urbanísticos", sentencia.

Con los dos convenios de Puerto Rico se permitirá la construcción de un centro comercial en los terrenos del potrero municipal y que será propiedad de la empresa Tourin Europeo, de la que uno de los consejeros es el presidente de  la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Marañicúa; y otro centro comercial en el espacio donde está el parque acuático abandonado, impulsado por la sociedad limitada Mogán Mall, en la que están empresas como Fund Grube, Inditex, Hiperdino y Número 1. Se trata por tanto de dos terrenos que pasan de uso residencial catalogado y de uso deportivo, respectivamente, a uso comercial. 

Marrero explica que la construcción de estos dos edificios no entran dentro de la mejora y el incremento de la competitividad del sector turístico ya que si se decide optar por tanto suelo comercial se deja menos para el sector recreativo y deportivo, además de ir en contra de lo pretendido por el propio PPM, que no es otra cosa que la renovación de la planta obsoleta, al fomentarse la construcción.

"No es un tema de competencia", aclara, y añade que desde su punto de vista no existe tanto gente para tanta oferta comercial. "Esto es un proceso de tierra quemada", ejemplifica el administrador, quien recalca que el centro comercial del que forma parte en estos momentos tiene redactado un plan de renovación cuyas obras espera que se inicien en 2018.

Por otro lado Marrero recuerda que Ciuca durante la campaña electoral no era partidaria de construir más centros comerciales en Puerto Rico porque era crear mayor oferta comercial que demanda y que cuando estaban en la oposición se  oponía al PMM Costa de Mogán. 

El Ayuntamiento defiende una plusvalía de dos millones de euros

Contactado por este periódico, el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, señala que estos tres convenios suponen una plusvalía para las arcas municipales que superan los dos millones de euros, lo que lo cataloga como "gran ingreso".

Navarro opina que aunque el PMM esté en el contencioso eso no implica que deje de estar vigente (lo aprobó el Gobierno de Canarias en mayo de 2015), por lo que ello permite crear proyectos comerciales a aquellos empresarios que quieran realizar inversiones millonarias en el municipio. En su opinión, no cree que el TSJC declare nulo el plan.

El concejal indica que por parte del Consistorio no se puede esperar a que los tribunales resuelvan el conflicto judicial. " El plan de modernización está plenamente vigente y los empresarios tienen derecho a realizar este tipo de inversiones, si yo se lo paralizo por una resolución judicial pendiente porque ha sido demandado el documento, estos empresarios pueden solicitar a la administración responsabilidades patrimoniales", agrega.

Así mismo, el encargado del área de Urbanismo apunta que no entiende las quejas de los empresarios ahora ya que los tres convenios urbanísticos fueron publicados en el BOP con un periodo de alegación de 20 días hábiles y no se registró ninguna argumentación. "Los que ahora están denunciando debieron hacerlo en su día", afirma.

Cuestionado sobre el cambio de postura de su partido, Navarro sostiene que en un primer momento estaban en contra del PPM "porque no teníamos la información total del expediente, no nos daban traslado de los estudios económicos del expediente, pero una vez hemos tenido acceso a los estudios económicos y las valoraciones que se hacen, no nos queda otra que tirar para adelante y aceptarlo. Además, cuando nosotros entramos al Ayuntamiento estaba esto aprobado, ya es algo que no puedo dejar de articular y usar". 

Un supermercado en construcción sin aprobarse el convenio

En el pleno también se ratificará y aprobará el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y Mercadona para la construcción de un supermercado en Motor Grande. Sin embargo, esta obra se inició después de que la Junta de Gobierno Local concediera el pasado 22 de noviembre la licencia municipal, ello a pesar de que en el acuerdo se recoge que este permiso se dará "tras la tramitación completa del convenio", lo cual debería ser tras la votación del pleno.

Mencey Navarro argumenta que "es viable" que el Ayuntamiento otorgue la licencia desde la firma del convenio porque este "no tiene efectos suspensivos".  "Una cosa es la licencia y otra el convenio, el hecho de que yo otorgue [la licencia] no quiere decir que tenga que estar o no el convenio ratificado en el pleno", manifiesta el concejal.

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