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Montaña Carboneras acaba en Anticorrupción

EXIGEN UN PLENO EXTRAORDINARIO

Los vecinos que han ganado la sentencia que anula el PGO creen que se deben depurar responsabilidades políticas

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Los vecinos de Montaña Carboneras en El Rosario que han ganado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que decreta la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) han anunciado que ahora piensan llevar ante la Fiscalía Anticorrupción todo lo ocurrido entorno a este asunto. El Ayuntamiento, con los informes favorables del Cabildo y Gobierno de Canarias, pretendía construir una urbanización pese a que los terrenos estaban protegidos con la calificación de Área de Regulación Homogénea (ARH) por sus valores paisajísticos.

Además, una parte de los solares pertenecen al alcalde, Macario Benítez, pese a lo cual votó junto con su hija, Candelaria Benítez entonces concejal, a favor del planeamiento. Los hermanos que han ganado el pleito, José Antonio y Carlos González Gil indicaron que con el fallo del TSJC se pone fin a una lucha de ocho años en los que aseguran haber sufrido todo tipo de presiones para permitir que esta zona pasara de ser rústica a urbanizable. En el transcurso de una rueda de prensa celebrada el miércoles aseguraron que durante este tiempo, "hemos tenido que luchar en contra de las irregularidades e injusticias a las que nos hemos visto sometidos por parte de los dirigentes de la Corporación local".

Los vecinos junto con su abogado, Pedro Arcila, han indicado que su intención ahora es la de reunirse con los portavoces de la oposición con el fin de que pidan la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se informe del contenido de las tres sentencias que anulan el PGO y se depuren responsabilidades políticas. "Lo que queremos es que se reconozca públicamente los perjuicios a los que nos hemos visto sometidos durante estos años y que no se señale a los vecinos que nos hemos visto obligados a denunciar este PGO como los culpables de que haya sido anulado".

Los propietarios mantienen que si el documento ha sido desarmado es por las irregularidades que contiene, "con lo cual quienes tienen que asumir las responsabilidades pertinentes son los políticos que llevaron a cabo la aprobación de este proyecto urbanístico".

Por su parte, Arcila, señala que un posible recurso ante el Tribunal Supremo (TS) no tendría efecto sobre la anulación del PGO, al haberse tramitado a través de una legislación autonómica.

Sólo sería por lo tanto recurrible la obligación que existía de que el PGO fuese sometido a un Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Arcila apuntó que es la totalidad del planeamiento el que ha quedado anulado y no únicamente el que afectaba a esta urbanización. Señaló que no sólo no era posible construir en este ámbito, sino que incluso es el que resulta más protegido de toda la isla dentro de la categoría de ARH que impide los usos residenciales en pendientes y barrancos.

Pese a que esta calificación está incluida en el Plan Insular del Territorio (PIOT) el Cabildo optó por dar su visto bueno favorable e incluso adoptó una posición "beligerante" en la defensa de los postulados del Ayuntamiento. "Una postura que nunca llegamos a comprender del todo porque era absolutamente incompatible con su propio Plan insular", dijo Arcila.

En cuanto a las posibles vinculaciones penales que podría tener este asunto, el abogado se mostró más cauto y dijo que para ello sería necesario que en el momento de la votación a favor del PGO, algún concejal hubiese advertido de la posible ilegalidad que se estaba cometiendo o que hubiese un informe técnico que fuera en este sentido.

El abogado advirtió de las consecuencias que podría acarrearle al Ayuntamiento que no ejecutara la sentencia en este momento y dijo que se enfrenta a una cascada de peticiones de indemnizaciones por las licencias concedidas desde que se presentó el recurso. "Cualquier equipo de gobierno mínimamente responsable optaría por ser prudente y cumplir la sentencia, en vez de recurrirla", dijo el abogado.

Por su parte los hermanos relataron ante los medios de comunicación que su particular calvario comenzó en el año 2004 cuando se inició la tramitación del Plan General. Desde un primer momento fueron claros al defender tanto en sus alegaciones iniciales como en las posteriores que se mantuviera el uso agrícola de sus tierras. "Tal demanda nos situó en el ojo del huracán y más aún cuando nuestros terrenos lindan con los del alcalde y sobre los que sí que presuponemos que había interés de urbanizar".

La primera propuesta del PGO los incluyó en una unidad de actuación y luego en un parque periurbano que sólo respetaba sus viviendas y una pequeña parcela pegada a la casa. A partir de aquí se apostó por un parque que pasaba de los iniciales 135.560 metros cuadrados a 146.225 y que suponía la expropiación íntegra de la propiedad, incluida la vivienda.

A continuación se apostó por una unidad de actuación aún mayor, más una carretera de medio kilómetro de largo y doce metros de ancho que dividía sus propiedades por la mitad. Igualmente se planteó una zona verde en el acceso a sus vivienda y por último se introdujo la figura de un polígono, manteniendo la carretera y la zona verde. "Todo este tiempo hemos vivido como si fuéramos objeto de una persecución constante, sin razón de ser y en la que una y otra vez observábamos y denunciábamos los proyectos de urbanización para nuestras tierras".

A todo ello se une que incluso llegaron a ser expulsados del padrón municipal por lo que tuvieron que recurrir a la justicia para volver a ser reconocidos como ciudadanos del municipio.

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