El Parlamento aprueba la ley de transporte por carretera
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este jueves la ley de Ordenación del Transporte por carretera de Canarias, en la que se regulan todas las modalidades del transporte, tanto privada como públicas, así como las actividades complementarias.
El dictamen fue apoyado por los grupos de CC, PP y Mixto, mientras que el grupo Socialista, que defendió más de cien enmiendas presentadas al texto, se abstuvo. El diputado del grupo Socialista, Julio Cruz, dijo que el proyecto era mejorable y no ha habido oportunidad de hacerlo, ya que la mayoría de enmiendas han sido rechazadas, señaló que la ley creará problemas en su aplicación inmediata porque no tiene desarrollo reglamentaria y se mostró convencido de que creará más problemas que soluciones.
José Miguel Barragán, de Coalición Canaria, dijo que esta ha sido la legislatura de los transportes y precisó que esta ley se ha tenido en cuenta a los usuarios, empresarios, trabajadores y administración y agregó que con todo ello se ha hecho una buena ley. En representación del PP, el diputado Fernando Toribio dijo que la Ley ha sido mejorada en el trámite parlamentario, calificó de histórica su aprobación para los empresarios del transporte y acusó al PSOE de intentar “torpedear” los intereses del sector con su falta de apoyo al texto.
El diputado del grupo Mixto Celso Betancor defendió la necesidad de la Ley, la participación en la misma de cabildos y ayuntamientos y la consideración a la realidad geográfica de Canarias.
“Todo un programa de movilidad”
También intervino el consejero de Infraestructuras, Antonio Castro Cordobez, quien inscribió la ley en “todo un programa de movilidad” basado en la modernización del sector del transporte, cuyas bases se han sentado en esta legislatura.
La ley regula los transportes por carretera y el establecimiento de los principios y criterios que deben tener los poderes públicos en la planificación, dirección y desarrollo de esta actividad económica. Asimismo se regulan las competencias de las administraciones públicas de Canarias sobre esta modalidad del transporte, la actividad profesional y empresarial y los derechos y deberes de los usuarios.
También se regula la actividad y servicios de transporte por carretera, así como las actividades relacionadas con él y la inspección de los transportes por carretera y se establece un régimen sancionador. Además del transporte público regular, también se regula el discrecional, el transporte privado y el transporte en taxi.
En la exposición de motivos de la ley se precisa que la mayor parte de la movilidad realizada en Canarias se realiza por carretera y la mayor parte corresponde a lo que denomina movilidad insular. Agrega que tanto la condición insular como la distancia a los principales centros de demanda y producción de bienes y servicios, junto con la doble insularidad, impone a las empresas que ejercen el transporte por carretera en las islas unas condiciones de operación especiales con un coste superior al que tienen en el resto del territorio español.
Añade que el transporte por carretera es competencia de la comunidad autónoma, aunque hasta ahora la normativa autonómica se ha limitado a desarrollar la legislación estatal, que no se adapta a las necesidades canarias. La ley establece un conjunto de instrumentos para garantizar el engarce con otras modalidades de transporte, aunque éstas cuentan con su propia regulación como el transporte marítimo.
Respecto a las competencias y funciones de las administraciones públicas, la exposición de motivos de la ley dice que se acomoda a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. También se diseña el sistema de planificación de la movilidad con un sistema piramidal de planes territoriales, autonómico, insulares y municipales y se introduce el Plan Estratégico de Transporte y el Eje Transinsular de Infraestructura de Transporte.
Al respecto, una de las enmiendas que mantuvo el grupo socialista en el pleno, y que fue rechazada, pedía que se retirase esta mención ya que se trata de un plan del Gobierno actual y la ley tiene vocación de perdurar en el tiempo. El diputado del grupo Socialista Julio Cruz acusó a Coalición Canaria de copiar artículos enteros de la ley estatal y de obviar otros aspectos que no interesan, como las tarifas, cuyo marco debe perfilar la ley y no aplazarlo a un desarrollo reglamentario.
El diputado de CC José Miguel Barragán indicó que las tarifas son competencia de la comunidad autónoma y consideró que este aspecto se debe regular de acuerdo con las características de cada isla. Las concesiones administrativas para prestar este servicio fue otro de los motivos de las enmiendas presentadas por el grupo Socialista cuyo portavoz consideró que con el sistema establecido en la ley es difícil que se lleve a cabo la liberalización del sector.
Preeminencia honorífica y protocolaria
Por otro lado, el pleno del Parlamento aprobó el proyecto de ley del estatuto de capitalidad compartida de las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, cuyo objetivo es regular el estatuto especial de ambas ciudades y donde se establece que ambas comparten la capitalidad de Canarias. La nueva Ley establece que las corporaciones municipales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife gozarán de la preeminencia honorífica y protocolaria que les corresponda de acuerdo con las leyes.
La Ley crea el Consejo de la Capitalidad como órgano colegiado, de carácter permanente y consultivo en materia de capitalidad, y le corresponde el estudio y propuesta de criterios de financiación y, en su caso, de medidas financieras. En este sentido, Francisco Hernández Spínola, diputado Socialista, planteó una enmienda que fue aprobada por el pleno, en el sentido de ampliar a 8 miembros los componentes del Consejo de la Capitalidad; 4 por ambos ayuntamientos y otros 4 por el Gobierno canario.
En un principio los componentes eran 7; 4 de los dos ayuntamientos y 3 y del Gobierno y con la enmienda del PSOE se eleva a 4 los miembros del Gobierno, con la particularidad de que el nuevo miembro del Gobierno debe ser el consejero responsable de Cultura.Hernández Spínola indicó que su partido ha presentado enmiendas para dotar a la Ley de mayores competencias.
Otra enmienda socialista pretendía dotar de una financiación adicional, que debería recogerse en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a las capitales de las islas no capitalinas, pero fue rechazada por el pleno. “La financiación adicional a San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de la Palma, Arrecife, Valverde y Puerto del Rosario sería de justicia distributiva”, agregó.
Jorge Rodríguez, portavoz del grupo Popular, recordó que la iniciativa de esta ley nació de la colaboración entre los dos ayuntamientos y el Gobierno de Canarias. La Ley establece que ambas capitales tendrán un apartado específico en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, que tenga en cuenta los efectos económicos y sociales por la consideración de capitalidad y de acuerdo con criterios equitativos de financiación.
Ley canaria de juventud
Por otro lado, el pleno del Parlamento aprobó por unanimidad la Ley Canaria de la Juventud, un texto elogiado por todos los grupos y consensuado en una comisión de estudio creada al efecto en 2004.
Los representantes de los grupos parlamentarios destacaron de esta nueva Ley la creación de órganos de participación de los jóvenes en los niveles municipales, insulares y regionales (los consejos de la juventud) como una de las partes más importantes de la ley. Se crea el Observatorio Canario Joven, que servirá como cauce de participación y fuente de información sobre la situación de los jóvenes, explicó el diputado del grupo Mixto Isaac Castellano.
La diputada de CC Flora Marrero señaló que la Ley no es patrimonio de ninguno, indicó que lo importante es el consenso alcanzado y subrayó la generosidad de los grupos para aceptar las aportaciones ajenas. Destacó que la Ley dedica apartados a los jóvenes inmigrantes, a los emigrantes, a los discapacitados y a los de las zonas rurales.
La diputada socialista Rosa Guadalupe Jerez dijo que la ley da respuesta integral a los problemas de los jóvenes, a los que da “voz y voto” en la vida pública. La Ley cuenta “con los mínimos necesarios pactados entre todos” y será el próximo Gobierno el que la desarrolle mediante la aprobación de los correspondientes reglamentos, añadió.
Víctor Moreno, diputado del PP, señaló que la Ley recoge de forma integral las políticas de los jóvenes y las funciones de cada Administración. Sólo cinco comunidades en España tienen una ley específica de juventud, además de Canarias, que cuenta ahora con una ley moderna y ambiciosa, que entra en materias como el empleo y la formación, la vivienda, la cultura y el deporte, el voluntariado, el medio ambiente y el asociacionismo juvenil, indicó Moreno.
Lo más importante, apuntó, es la participación de los jóvenes a través de los nuevos órganos que se crean, como el Consejo de la Juventud. La Ley “tendrá un claro reflejo en la calidad de vida de los jóvenes de Canarias”, sostuvo el diputado del PP.
El diputado del grupo Mixto Isaac Castellano elogió que en la Ley se establece una declaración de intenciones sobre la orientación de las políticas de juventud y que se creen órganos de participación y asesores para las políticas de juventud. No obstante, consideró negativo que buena parte de la aplicación de esta Ley estará condicionada a un desarrollo reglamentario posterior.
También intervino la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, quien dijo que es una ley pionera y “fantástica” en la que se han recogido las aportaciones de los jóvenes.
