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El Plan Feile tiene truco

CASI UNA DE CADA TRES OBRAS CONTRATA A MENOS TRABAJADORES DE LOS OFERTADOS EN CONCURSO

Las Palmas de Gran Canaria mantiene abiertos expedientes a 27 de las 98 obras de 2009.

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En tiempos de crisis, las arcas públicas pueden ser un buen botín para lo privado. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene abiertos desde mayo pasado expedientes a 27 de las 98 obras ejecutadas en 2009 a través de la inversión pública del Fondo Estatal para la Inversión Local y el Empleo o Plan Feile.

Casi una de cada tres obras adjudicadas en 2009 en la capital grancanaria por medio del también conocido como Plan Zapatero tiene todos los visos de haber jugado con la picaresca para ahorrar costes a las empresas constructoras: en el concurso público al que se presentaron el año pasado ofertaban un determinado número de trabajadores, tanto de mantenimiento como de nueva creación, que en la práctica no han cumplido.

En mayo pasado, la Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria daba cuenta del grado de ejecución del plan 2009. Con una inversión del Gobierno de España de 66,7 millones de euros sólo en obras, 67 de las 98 actuaciones previstas habían culminado y el resto contaba con una prórroga que vence este mes.

Y el objetivo fundamental del Plan, la creación de puestos de trabajo -y no la inyección arbitraria de liquidez a las empresas constructoras- es lo que el propio Ayuntamiento ha puesto en tela de juicio con una investigación interna que, según fuentes oficiales, llevará su tiempo concretar en riguroso cumplimiento de la legalidad.

La estimación de puestos de trabajo creados en Las Palmas de Gran Canaria durante 2009 varía en un 50% entre las ofertas por parte de las empresas adjudicatarias, que sobre el papel elevaron a 4.000 plazas de nueva creación o de mantenimiento de las mismas, y las 2.000 que estima la Corporación que se crearon durante el año pasado.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hizo público el dato y su decisión de fiscalizar la situación de puestos de trabajo, mediante la inspección in situ en su momento durante el desarrollo de las obras y la reclamación de certificados de la Seguridad Social y del Servicio Canario de Empleo a las empresas bajo sospecha.

Las adjudicatarias de esas 27 obras irregulares se encuentran ahora en un periodo de audiencia ante el Consistorio capitalino para justificar el presunto desvío de la contratación de trabajadores ofertados, que en el concurso público ganado en 2009 suponían una de las claves fundamentales de baremación para conseguir la adjudicación de las obras.

Otras fuentes aseguran que la picaresca no sólo afecta a la contratación, sino también a modificaciones sui generis de proyectos de obra, direcciones facultativas de las mismas, así como plazos de ejecución postergados y ligados a la menor mano de obra contratada, incumpliendo así las ofertas formales realizadas a la Administración.

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