Jesuman: lucha entre hermanos y maraña de empresas
En el año 2012, cuando se iniciaron las diligencias judiciales por una presunta estafa de más de nueve millones de euros a proveedores del Grupo Jesuman, los tres hermanos Hernández Pérez, Jose Manuel, Juan Jesús y José Ignacio, administradores de uno de los grupos de alimentación más grandes de Canarias, mantenían una versión parecida. La respuesta ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria pasaba por desvincularse por completo de la gestión de Alimencanarias, la sociedad con la que operaban los supermercados Cerca, que abrieron medio centenar de tiendas en 2003 en Gran Canaria y cerraron en el año 2008 dejando en la calle a más de 240 trabajadores. Seis años después, a las puertas de sentarse en el banquillo (sólo falta que se fije la fecha para el juicio), ya no hay una sola versión y la posible absolución de unos depende de la condena de los otros.
La Fiscalía pide penas de cárcel de entre 12 y 17 años para los dueños de Jesuman por estafa, estafa agravada y alzamiento de bienes y la devolución a sus proveedores de más de trece millones de euros, que a su vez piden penas de hasta 24 años de prisión por estafa, insolvencia punible, estafa procesal, falsedad documental, apropiación indebida y delito societario. En la acusación se describen trece casos que van desde empresas de mantenimiento a empresas de repostería, construcción, fertilizantes, productos cárnicos, instalaciones eléctricas, publicidad y diseño, granjas avícolas o inmobiliarias. En algunos casos aparecen pagarés asociados a cuentas sin fondos o que habían sido cerradas previamente.
El punto de inflexión fue la orden de detención internacional contra Iván Hernández, hijo de José Manuel y sobrino de los otros dos hermanos. Iván vivía en China y el relato de la responsabilidad de la gestión había caído sobre él. Su padre, incluso, llegó a declarar en sede judicial que no sabía muy bien dónde vivía, aunque creía que estaba en el país asiático. Pero cuando el juez Alberto Puebla dictó una orden de detención, después de citarlo en varias ocasiones, e Iván tuvo que responder ante la Justicia, la responsabilidad tenía que asumirla alguien.
El pasado mes de noviembre, José Manuel Hernández Pérez presentaba un recurso de apelación contra su situación procesal. En ese escrito afirma que la sociedad Alimencanarias la creó él en el año 2000 junto a su hijo Iván para comenzar los negocios en Gran Canaria y que en 2005 se llevó a cabo una ampliación de capital en la que entró Jesuman, con lo que, a partir de entonces, la sociedad la pasó a controlar su hermano José Ignacio. Añade que hasta esa fecha se había cumplido con todas las obligaciones con los proveedores y los trabajadores. También expone que si Jesuman hubiera querido llevar a cabo la expansión a Gran Canaria lo podía haber hecho por su cuenta desde el principio. Hay que recordar que tanto la Guardia Civil como la Fiscalía y la Agencia Tributaria consideran que la venta de Alimencanarias fue ficticia y que el dinero de la ampliación de capital, más de 2,7 millones, regresó a las cuentas de Jesuman al día siguiente. Además, Iván asegura que no estampó su firma en el documento de venta de acciones de la compañía. Un documento, por otra parte, cuyo original no aparece y nadie ha sabido aclarar dónde está.
Imposiciones
En todo caso, José Manuel niega cualquier responsabilidad suya y de su hijo en la gestión de esa sociedad a partir de 2005 y dice que, a partir de entonces, todas las actuaciones que se llevaron a cabo fueron por imposición de José Ignacio. Recuerda en su recurso que su propio hermano había asegurado que en el consejo de administración de Jesuman, él tenía la última palabra. Desde diciembre de 2010, José Ignacio es el administrador único de Comercial Jesuman.
José Manuel menciona otro punto de inflexión. Al menos para él: una operación quirúrgica por una grave enfermedad que hace que se desvincule de los negocios y que le apartó por tanto de la gestión de Alimencanarias, aunque en la práctica, añade, nunca la había gestionado. También revela en ese recurso que ha interpuesto una querella por la vía penal contra sus hermanos José Ignacio y Juan Jesús por falsificación de documentos mercantiles. Les acusa de falsear las actas de dos consejos de administración de la sociedad, en los que se aprobaron las cuentas de 2012 y 2013 y en los que asegura que no participó, así como que a los documentos se les añadió texto y, por tanto, no coinciden con la realidad administrativa y económica de la empresa.
Juntas extraordinarias
Juntas extraordinariasHace dos años, José Manuel solicitó una Junta General extraordinaria de Jesuman para pedir la valoración de la empresa, las deudas y las mercantiles vinculadas al Grupo. Su intención era la de vender sus acciones y, de hecho, recibe un anticipo por la venta hasta que se concrete el valor de la empresa. José Ignacio declara ante el juez que su hermano cambia de criterio porque quiere forzar la venta de las acciones. En diciembre de 2016, en otra Junta General extraordinaria, solicitó que se incluyeran en el orden del día varios puntos a tratar: en primer lugar, que se le abonaran los honorarios que se le adeudaban y que ascendían a 432.000 euros, y en segundo lugar que se le concediera una renta anual vitalicia que le correspondería, según los estatutos de Jesuman, por haber permanecido durante más de quince años en el consejo de administración. La renta anual asciende a 600.000 euros. Además, solicitaba otros dos puntos más: que se hiciera un informe sobre la pignoración de las acciones de Comercial Jesuman y de los derechos de acciones vinculadas por valor de cien millones de euros para comprar una cadena de hoteles en Canarias y que se hiciera un informe sobre el objeto social de la sociedad Moincadanam, que pertenece al cien por cien a Jesuman y con la cual se iba a ir a una ampliación de capital por importe de 100.000 euros. La última medida que solicitaba era la del cese como administrador de su hermano José Ignacio por incumplir los deberes inherentes al ejercicio de su cargo.
Otra causa en Arona
Otra causa en AronaEn el procedimiento sobre Jesuman, José Ignacio Hernández ha tenido que depositar en el Juzgado 17.400 euros como fianza, mientras que Jesuman, que tiene que poner una fianza de 13 millones, ha solicitado que esa fianza se resuelva con el aval de una oficina, que presenta cargas, de más de 10.000 metros cuadrados, ubicada en el centro comercial Zentral Center, en Playa de Las Américas.
Además de este procedimiento, en un Juzgado de Arona se sigue otro más parecido. Si en Gran Canaria se investiga el auge y caída de los supermercados Cerca y la responsabilidad del Grupo Jesuman, en Arona se hace lo mismo con la cadena de supermercados Puchita. Jesuman aparece como investigada en el proceso, junto a Iván Hernández, que ya fue condenado en otro caso a nueve meses de prisión por falsedad en documento mercantil, y su socio Óscar Saavedra. En 2009 se abrieron en Tenerife cuatro supermercados, que cerraron al año siguiente con una deuda de más de 1,3 millones. Se abrieron, supuestamente, con el mismo mobiliario y los equipos informáticos y técnicos de los supermercados Cerca, que acababan de cerrar en Gran Canaria.
En las Teresitas
En las TeresitasPor otra parte, los tres hermanos Hernández Pérez y su padre eran socios mayoritarios de Marterra, junto a Mauricio Hayek, que ya ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por una pieza separada de Las Teresitas. En ese juicio declaró como testigo José Ignacio Hernández, que aseguró que tenía una relación de confianza con Hayek y que compraron once parcelas en la playa, que después vendieron.
En la historia de la empresa también es destacable una sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que condenó a Comercial Jesuman por vulnerar en ocho ocasiones la Ley de prevención del blanqueo de capitales. El Grupo no declaró diversos movimientos de dinero, que ascienden a casi tres millones de euros, tanto en el año 2009 como en el año 2010. La Agencia Tributaria, además, en un informe incluido dentro del procedimiento penal concluye que Rucaden, una de las sociedades que pertenecía por completo a Alimencanarias, cometió un fraude de 279.000 euros a dicha Agencia.
Maraña de empresas
Maraña de empresasEl informe de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de Jesuman con respecto a las tiendas Cerca relataba un modus operandi “sumamente automatizado” por el que cuando unas empresas dejaban de ser rentables se las dejaba morir sin hacer frente a sus deudas e impagos, ya que no tenían ni capital ni patrimonio. Alrededor de Alimencanarias se había tejido una maraña de empresas que hacía que no hubiera responsables que se hicieran cargo de esas deudas. Por ejemplo, en el caso de Cerca, fue el Fondo de Garantía Salarial quien se acabó haciendo cargo del despido de más de 200 trabajadores. La Guardia Civil considera que se trata de “una estrategia urdida con premeditación para enriquecerse” porque todos los beneficios habrían ido a parar a Jesuman. “Se trata simple y llanamente de una actitud voluntaria e intencionada de no pagar más que una actitud involuntaria de no poder hacer frente a los pagos”, decía el informe.
Esa tesis se refuerza con la declaración de la persona encargada del Grupo en Gran Canaria, Cristina Ramírez, que coordinaba cuarenta sociedades de menos de 25 trabajadores. Ramírez aseguró que el dinero recaudado en los supermercados se enviaba en efectivo a las oficinas de Tenerife, donde se llevaba toda la gestión, y que cada mes se vaciaban las cuentas corrientes de los supermercados, cuyas sociedades se quedaban sin fondos para afrontar los pagos a los proveedores. Además Jesuman produce una gran parte de los productos, con marcas blancas o con otras marcas, que vende después en sus propios supermercados. El Grupo aparece como una empresa canaria pero el ochenta por ciento de sus acciones corresponden a Ecotrade, que es una sociedad radicada en el extranjero. Ecotrade es propiedad de los tres hermanos, al igual que el resto de las acciones, 188 para cada uno.
No dejes huella
En el año 2004, la sociedad Pasión por los negocios, que pertenece a Novofinanciera, que a su vez es una de las sociedades de la red de Jesuman, encargó un informe a un abogado de La Laguna con dos objetivos: para intentar evitar una demanda por inducción a la infracción contractual y para incluir una cláusula de blindaje en un contrato de trabajo por un pacto de no concurrencia. Se deduce del informe que la empresa iba a empezar a producir y comercializar productos de repostería con los mismos trabajadores y la misma fórmula que otra empresa. El abogado señala que si se probara la relación entre el inductor y el inducido se podría llegar a sufrir una sanción considerable, ya que se infringirían los deberes contractuales básicos porque la contratación de esos trabajadores tendría por objeto la explotación de sus conocimientos y los secretos industriales que los trabajadores han adquirido en la anterior empresa, así como que también estaría la intención de eliminar al competidor del mercado al competir en el mismo ámbito. La conducta, según el informe, podría caer en tres casos: violación de secretos empresariales, captación de colaboradores y empleados ajenos y captación de clientela.
En el primer caso se señala que solo se sería desleal si se pretendiera aprovechar los derechos relativos a la explotación del otro empresario pero no lo sería si sólo se pretendiera beneficiar de la capacitación y pericia del trabajador. En el segundo caso, la deslealtad se daría por el hecho de provocar una grave disfunción en la otra empresa al captar a sus trabajadores, pero debería probarse la existencia de un proceder sistemático en la contratación de aquellos trabajadores más especializados y por tanto, difícilmente reemplazables. “Por ello, en las conclusiones te recomiendo que no dejes huellas de tu comportamiento”, señala el informe. En el tercer caso, el de la captación de clientes, el informe dice que no se daría si es un extrabajador de la empresa quien inicia la competencia, ya que no tendría un pacto de no competencia.
Delaware, mejor que el Caimán
Delaware, mejor que el CaimánEn las conclusiones del informe se dice que la otra empresa debería demostrar la inducción a la infracción contractual de trabajadores, y para ello debería contar con un especialista en Derecho de la competencia. “Para evitarlo, lo mejor será que los trabajadores constituyan una empresa y trabajen como trabajadores y luego tú simulas la compra de esa empresa con una de tus sociedades y pones a dichos trabajadores en plantilla. Y para evitar que sepan quién hay detrás podremos constituir una mercantil LLC Norteamérica con domicilio fiscal en Delaware, que es mucho mejor que montar una sociedad en Islas Caimán, en las Islas del Canal etc., porque ya de por sí despiertan reparo por encontrarse en los considerados paraísos fiscales. Y esta sociedad será a su vez la titular de la sociedad que ha comprado la sociedad que constituyeron tus trabajadores. Sociedad que, en el mismo acto de constitución, incluso previamente pero con fecha posterior, te venden a ti”, señala el informe.
Lo curioso del informe es que recomienda incluir varias cláusulas en el contrato de trabajo con esos trabajadores y una de ellas es precisamente una de no competencia y de secreto profesional, además de una carta voluntaria de despido y de fijar una indemnización en caso de incumplimiento. “Finalmente -añade el informe- es de gran importancia que no dejes rastros, que tu compromiso con ellos no lo pongas por escrito, que los trabajadores guarden secreto con amigos y familiares y no digan qué es lo que van a hacer”. También recomienda no imitar ni las formas de los dulces ni los envases y vender a un precio menor. Asegura que esto último no sería difícil porque no tiene el coste de imagen de marca, porque utiliza la infraestructura que ya tiene y porque los costes son menores ya que muchas de las materias primas están subvencionadas por el REA.
