CC considera ''intolerable'' la expulsión de José Morales
Coalición Canaria en Lanzarote ha mostrado su rechazo a la expulsión del activista uruguayo José Morales, por orden de la Delegación del Gobierno en Canarias. La formación nacionalista califica esta expulsión como “desmesurada, sectaria, antidemocrática e intolerable.”
La organización nacionalista traslada su apoyo y solidaridad a Morales y su familia y destaca que al expulsión se ha ejecutado sin que haya finalizado el procedimiento judicial emprendido contra él por “la alteración del orden público” que supuestamente le atribuye la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, durante la concentración de protesta contra las prospecciones petrolíferas que se sucedió con la visita a la isla del presidente del Partido Popular en Canarias.
Coalición Canaria considera también que “con esta medida se vulneran los derechos fundamentales de la legislación española y los convenios internacionales de protección de los derechos humanos, tal y como argumenta la defensa jurídica de José Morales, por cuanto se produce un agravio discriminatorio, con respecto al resto de personas denunciadas durante dicha concentración, por su nacionalidad uruguaya y no española.”
Subrayan que “la expulsión de España se ha realizado sin que se haya cometido ningún delito y la sanción ha sido tipificada como falta administrativa, al igual que la que le fue interpuesta a los otros siete manifestantes españoles a los que se les sancionó con una simple multa económica, en trámite además de ser recurrida.”
En el caso de José Morales, no sólo fueron rechazados los recursos, sino que sin orden judicial y con carácter extraordinario y urgente se procedió a su expulsión de inmediato del país, con empleo, permiso de residencia y fuerte arraigo familiar en la isla.
Los nacionalistas manifiestan que seguirán trabajando por la plena integración, la tolerancia y la convivencia pacífica de las personas y residentes en Lanzarote, sean de la nacionalidad que sean. Por último, CC condena “cualquier acto de violencia, en todas sus expresiones, así como la manipulación y coacción política y social que se pretenda ejercer contra los derechos y libertad de expresión de cualquier ciudadana y ciudadano canario”.
