Una inquilina de una vivienda del Gobierno canario debe más de 2.000 euros en agua por el mal estado de las tuberías
Se llama Águeda, tiene 60 años y vive en una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler en el barrio de Ladera Alta, en Las Palmas de Gran Canaria. Es el pilar de su familia, con ella viven sus dos hijas y uno de sus nietos de tan solo tres años. Se pasa los días haciendo malabares para llegar a fin de mes con una pensión de 637 euros. Sus hermanas y sus hijos le ayudan a hacer frente a muchos de sus gastos. A sus problemas, que no son pocos, en los últimos meses se le han sumado dos facturas de la compañía de agua Emalsa por una cantidad total de 2.276,26 euros. Una tubería subterránea se picó y había una pérdida de agua de la que nadie se había percatado.
Las facturas le llegaron entre los meses de noviembre y diciembre y dos técnicos del Instituto Canario de Vivienda se hicieron cargo de solucionar el problema de la pérdida de agua. Condenaron la tubería en mal estado que pasaba por el suelo y le pusieron una nueva en el interior de su vivienda, pero no le dijeron nada de quien se haría cargo de la deuda. Ahora, Águeda reclama el pago de las dos facturas, una de 1.593,44 euros y otra de 736,85 debido a las pérdidas de agua, pero desde el Gobierno se desentienden ya que “según el contrato de las viviendas sociales de Canarias no tienen que desembolsar el dinero”, explican.
Sin embargo el apartado de estipulaciones del contrato, concretamente en el sexto punto dice: “El arrendatario (en este caso Águeda) se compromete a mantener la vivienda en buen estado de conservación, policla e higiene, quedando obligado a mantenerla en perfecto estado de conservación y a reparar a su costa todas las roturas y deterioros que sufra la vivienda, que no sean producidos por el desgaste del uso normal de las mismas y de sus elementos funcionales o arquitectónicos”.
“El Instituto Canario de Vivienda se remite al contrato para decir que ellos no son los responsables de asumir ese coste”, afirman desde la consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias a este periódico. “Hicieron una primera actuación de forma preventiva porque si no la señora iba a estar sin agua, pero el consumo es muy diferente a la rotura”, argumentan. En conclusión, arreglan la tubería porque sí les corresponde pero no saldan la deuda a pesar de que es una consecuencia de la rotura producida por el uso habitual de la vivienda.
Sentada en su sillón con todos los documentos que ha movido desde que sucediera el problema expresa su dolor por la “estafa” que están cometiendo con ella. Entre algunos juguetes de su nieto y con una de sus hijas a su lado lamenta su situación y la que viven miles de familias en la capital grancanaria.
Águeda estaba en su casa tranquilamente una mañana cuando la llamaron del banco. “Cogí el teléfono y el señor me dijo que si no estaba sentada que me sentara”, alega la mujer entre lágrimas al contar la historia. Tenía una factura pendiente en su cuenta de 1.539,44 euros “se me quitaron las ganas a seguir viviendo”. Tan sólo unas semanas después le llegaba un nuevo pago de 736,85 euros. Otro palo para la familia.
Entre nervios y con temor a tener que hacer frente a esa cantidad llamó a su seguro. “Vino el perito, hizo una cata y me dijeron que ellos no se harían cargo de ese problema”, cuenta la señora de Ladera Alta. Inmediatamente fue al Instituto Canario de Vivienda y contó su problema, los técnicos arreglaron la avería pero no le dijeron nada de quien se haría cargo de los pagos.
“Me arreglaron la tubería pero me rompieron dos cables del timbre y nadie me ha avisado para venir a solucionarlo. Ellos no se preocupan de nada”, crítica.
A todo esto, mientras trataban de resolverle el problema de la pérdida de agua Emalsa le cortó el suministro por el impago de las facturas. La señora se acercó a la compañía y llegaron a un acuerdo: le fraccionaban la deuda en 80 euros durante algo más de dos años, aparte de su factura de consumo de agua normal.
Frente a la deuda que tiene Águeda con Emalsa, fuentes consultadas por este periódico aseguran que la entidad semipública está en su deber de reclamar a la afectada el pago de las facturas de agua, ya que no tiene que ser conocedora del problema. A pesar de que la familia tiene un consumo mensual de 14 euros en la compañía de aguas no saltaron las alarmas cuando se emitieron dos facturas de elevada cantidad. Una de más de 1.500 euros y otra que supera los 700.
Las mismas fuentes precisan “que debe ser el arrendador, en este caso el Gobierno de Canarias, quien se haga cargo de saldar la deuda con la entidad”.
Ahora, Águeda intenta sacar fuerzas de donde no las tiene para luchar por sus hijos y por sus nietos y espera una respuesta del Instituto Canario de la Vivienda mientras sigue apretándose el cinturón para llegar a fin de mes.
