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El Servicio Canario de Salud cuestiona la forma de contratar en las gerencias de los hospitales

Los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad y el Consejo Consultivo lamentan "el total desprecio" a los principios reguladores en estos procedimientos

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Hospital Universitario Doctor Negrín. (EFE).

Hospital Universitario Doctor Negrín. (EFE).

Los servicios jurídicos del Servicio Canario de Salud (SCS) y el Consejo Consultivo de Canarias coinciden en cuestionar de forma contundente la forma en la que las distintas gerencias de los hospitales llevan a cabo las contrataciones.

Durante el último año han sido, al menos, 23 los dictámenes que ha supervisado el Consejo por errores a la hora de contratar los servicios. Pese a ello, los juristas indican que "se sigue haciendo caso omiso a las indicaciones que se les realiza por su Servicio Jurídico y por este organismo. Lo cierto es que continúan adquiriendo suministros sin seguir las pautas procedimentales legalmente establecidas y tantas veces recordadas".

Tras analizar otro expediente de nulidad de contrato, el Consejo se ve en la obligación de reiterar a la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo, "la improcedencia" en la manera de llevar a cabo las contrataciones. Los juristas apuntan que esta situación se resolvería, "si se hiciese una correcta planificación de su actividad y de la gestión contractual, con total respeto a los principios inspiradores de la contratación pública, como son publicidad y transparencia en los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores". De esta forma también se contribuiría a garantizar el uso eficiente y racional de los fondos públicos.

Tras mencionar una serie de preceptos que se deben seguir en las contrataciones, el Consejo Consultivo añade que "todos ellos han sido incumplidos por la Administración sanitaria, tal y como ha quedado patente en la totalidad de los supuestos dictaminados por este Consejo Consultivo el pasado año".

En este tiempo, se procedió a contratar, "sin una correcta planificación previa que permita lograr eficiencia y racionalidad en la utilización de los recursos públicos y con total desprecio a los principios reguladores de la contratación pública, como son transparencia, legalidad, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima".

Pese a las continuas advertencias realizadas por los servicios jurídicos y el Consejo, éste último indica que el "incorrecto proceder no ha sido corregido y por ello se continúa remitiendo solicitudes de revisión de oficio de expedientes de contratación que, en síntesis, presentan los mismos defectos que los ya dictaminados con anterioridad".

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