Cohecho confeso sin cohechante

José Francisco Reyes, el ex alcalde de Yaiza, es un auténtico pringado. Va a pagar él solito, probablemente con pena de presidio, aquel festín de licencias ilegales que dieron lugar a la veintena de hoteles de igual catalogación cuya existencia sigue siendo un insulto para la legalidad urbanística de Canarias. Y una vergüenza si al fenómeno le aplicamos todos sus ingredientes: una isla llamada a ser el referente de sostenibilidad, ejemplo de respeto al paisaje y al buen gusto implantado por César Manrique, se convirtió por culpa de la codicia de unos cuantos en paradigma de la corrupción y la devastación urbanística.

Reyes ya va camino de alcanzar en condenas penales a otro referente de la corrupción local, Dimas Martín, que no termina de salir de una para meterse en otra. Solo que, a diferencia del que fuera líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), el exalcalde era, además de un pringado, un chatarrilla, un amante de la puta calderilla. Porque mientras con sus decisiones corruptas hacía millonarios a unos pocos o los ayudaba a engrosar salvajemente sus fortunas, él se conformaba con unas “dádivas” (así las llama él), bastante ridículas.

Lo último que hemos sabido de lo barato que se vendía es que por 60.000 cochinos euros otorgó la licencia para un muelle deportivo, el de Marina Rubicón, donde casualmente nos hemos vuelto a tropezar con un empresario con bastante querencia al agasajo politiquero, Enrique Martinón, del Grupo Martinón.

Martinón, por si alguno o alguna no lo sabe a estas alturas, es propietario del famoso hotel Volcán, también levantado a partir de una licencia concedida por el exalcalde Reyes, y declarado ilegal por el TSJ de Canarias en sentencia firme. Es el hotel, mira tú qué cosas, donde veraneó José Manuel Soria al menos los cuatro agostos durante los que permaneció en el cargo de ministro de Industria, Energía y Turismo.

Y este es el mismo Martinón que invitó al mismo ministro a cuatro días de solaz y relajo a cuerpo de rey en otro hotel de su propiedad, el Breathless Punta Cana Resort & Spa. Una sentencia de un juzgado de Madrid confirmó nuestras noticias de que así fue, lo que automáticamente nos obliga a pensar que si Martinón lo agasajaba en la República Dominicana, lo mismo seguramente habrá hecho siempre en la República Independiente de Lanzarote. No tiene el más mínimo sentido asumir que el mismo empresario aplicaba distintas varas en sus presentes a José Manuel Soria. Pero esa es otra historia que algún día, seguramente no muy lejano, quedará satisfactoriamente aclarada.

Volvamos al pobre José Francisco Reyes. Ha confesado haber sido sobornado para evitarse un juicio del que hubiera podido salir con una condena superior a una pactada con la Fiscalía, lo que en el argot peliculero nos debería conducir a afirmar que tal acuerdo evitaría gastos innecesarios a los contribuyentes. Hay que alegrarse por los contribuyentes, y sobre todo habrá que alegrarse por Reyes, que al fin y al cabo va a purgar con una pequeña condena la barbaridad de haber jodido el territorio y la credibilidad de la clase política y empresarial de Lanzarote con sus chafalmejadas corales.

De lo que no se puede alegrar uno -una vez más- es de lo mal parada que vuelve a salir la justicia en este asunto: ¿cómo es posible que ante la manifiesta confesión de un político de que se dejó sobornar por empresarios para licencias muy concretas que tienen titulares perfectamente conocidos, nadie lo acompañe en el banquillo? O dicho de diferente manera: ¿cómo es posible que habiendo un cohechado múltiple y confeso, no haya ni un puñetero cohechante acompañándolo en este delicado trance?

La respuesta sólo la puede ofrecer la Fiscalía, que una vez más asegura que de las investigaciones realizadas no se ha podido verificar de ninguna manera la identidad de los paganinis del señor alcalde. Es decir, que el cohecho se produjo y sólo va a pagar por él el que lo confiesa, el cohechado, y con una promesa del Ministerio Público de aplicarle en tal caso una condena ventajosa. ¡Chupito!

Reyes parece haber caído en una trampa perversa: si no hay cohechante no debería haber cohecho, dicho sea con todos los respetos a los juristas que en estos momentos estarán pensando que acabo de proferir una burrada jurídica. Me limito a trasladar al caso Yate la doctrina que la misma Fiscalía aplicó para el caso Las Teresitas: los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González movieron desde sus cuentas hasta 16 millones de euros del pelotazo con destino desconocido; se probó incluso durante la investigación que algunos de los políticos y funcionarios acusados habían pasado a mostrar un tren de vida que no se correspondía con sus ingresos y su pasado más reciente. Pero el cohecho desapareció de los cargos que a todos ellos se imputaban sencillamente porque no se pudo probar que hubieran recibido dinero de los empresarios que dieron aquel famoso “pelotazo de libro”.

A la Fiscalía le pareció suficiente, por ejemplo, que Miguel Zerolo presentara fotocopias de decenas de décimos de lotería que teóricamente soportarían su repentino enriquecimiento. Incluso que esos décimos no fueran correlativos, de la misma hoja en cada sorteo, sino una deslavazada colección de números premiados que le eran acopiados por una diligente lotera que ni siquiera fue detenida e investigada a pesar de la insistente petición policial. La Fiscalía no quiso. Mutis por el foro. No hay cohecho.

José Manuel Soria clamaba entonces contra aquella instrucción judicial del caso de Las Teresitas. Era uña y carne con Miguel Zerolo, y había que sacar al amigo de aquel impresionante atolladero. Y con el delito de cohecho encima, unido a los otros por los que se le han pedido hasta ocho años de cárcel, no escapaba ni loco. Veremos hasta dónde es capaz de llegar la sentencia, actualmente en fase de discusión tras el juicio, que acabó en diciembre pasado.

Tampoco está saliendo muy bien parada la justicia ante la escandalosa presencia del magistrado Salvador Alba actuando en flagrantes casos de corrupción. Que actualmente sea él quien deba dilucidar las cuestiones previas del juicio del caso Unión, cuestiones que pueden resultar vitales para los acusados, es inasumible por una sociedad que ha oído a este juez corrupto conspirando contra una diputada de Podemos y magistrada en excedencia, y debatiendo con sus compañeros de la Audiencia Provincial precisamente acerca del empresario Luis Lleó, principal acusado en esa causa y emblema de la corrupción empresarial de Lanzarote. Y parte del extranjero.