La criminalización del inmigrante

¿Es usted inmigrante? ¿No tiene su permiso de residencia en regla? ¿No cotiza usted en España? Pues sepa que a partir de este martes el Gobierno español le va a retirar un derecho básico, el de la atención sanitaria. Y lo hace para ahorrarse, dice, 500 millones de euros al año, y porque no quiere que ningún extranjero venga a España a aprovecharse de los sufridos españoles (sic). Es un mantra que ahora repiten las autoridades del PP pero que venimos escuchando en determinados ambientes políticos y mediáticos desde hace tiempo, haciendo buena una falsedad mil veces repetida: vienen a esquilmarnos, no pagan impuestos y se benefician de lo mismo que nosotros. Los acuerdos internacionales prohíben a este gobierno desentenderse por completo de la salud de todo ese colectivo de inmigrantes, la mayoría de edad joven, generalmente sano, al que todos los estudios sitúan como usuarios más bien baratitos del sistema español de salud. Esos acuerdos internacionales obligarán al Estado a seguir prestando la asistencia sanitaria de urgencias, así como la maternidad y la atención a los niños, lo que puede producir varios efectos. De entrada, España queda equiparada a los países más retrógrados y xenófobos del mundo, con planteamientos idénticos a los que ha defendido en su campaña electoral la ultraderechista Marie Le Pen. Pero habrá más consecuencias.