El Cabildo de Gran Canaria sobre el caso Fitonovo: “La corporación rechaza las trampas en los contratos públicos”
El Cabildo de Gran Canaria, uno de cuyos funcionarios en excedencia está imputado en el caso Fitonovo, se ha manifestado este miércoles en contra de “la corrupción y las trampas” que determinadas empresas han utilizado para disfrutar de ventajas “extra legales” en la consecución del contrato público.
Así lo ha dicho el consejero de Hacienda y Presidencia del Cabildo insular, Pedro Justo Brito, quien ha subrayado que el grupo de gobierno del Cabildo es un “ardoroso defensor” de que no haya corrupción dentro de la administración pública.
El consejero ha reconocido que, en ocasiones, existe “un tira y afloja” con los servicios que controlan al equipo de gobierno de la Institución insular, en su caso la Intervención General, por que “vela que se cumpla la ley”.
“En el sector público el mercado, que funciona en algunas áreas y en otras no, viene recogido por el cumplimiento de la legislación pública, que no está hecha para que funcione rápido, sino para que no se pueda meter la mano, para intentar que no se produzca la corrupción”, ha incidido.
En la jornada de este martes, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata consideró que hay indicios suficientes para juzgar a 45 personas en el marco del caso Madeja o Fitonovo, una empresa cuya dirección creó una infraestructura destinada a “obtener contratos públicos irregulares” a través de sobornos a funcionarios públicos.
En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado con el que De la Mata finaliza la instrucción de la pieza principal del caso Fitonovo, el juez señala a 32 entidades como responsables civiles subsidiarios.
El magistrado señala que la dirección de Fitonovo “creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación”.
De esta forma crearon “una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.
Los investigados, a quienes el juez define como organización criminal, desarrollaron su actividad “a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde 1995” y por un amplio ámbito geográfico que se extendía a Sevilla, Córdoba, Valencia, Barcelona, Canarias -cinco imputados- y Extremadura, entre otros lugares.
Operaron desde 1995 hasta 2013 por lo que la entrega de comisiones ilegales se prolongó “durante al menos 15 años” y en la trama estuvieron involucrados un “elevado número de funcionarios y autoridades” y afectó a numerosas administraciones de ámbito estatal, autonómico y local.
Para ello, crearon una trama societaria en paralelo a la actividad comercial legal de la empresa Fitonovo con el objetivo de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos y causando un grave daño al interés público.
