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El fiscal jefe de Canarias quiere expulsar a Podemos de la causa contra el juez Alba

Después de que la formación política pagara una fianza de 3.000 euros, Vicente Garrido pide a la jueza instructora que la eleve a 12.000, coincidiendo con las pretensiones del magistrado imputado

El Ministerio Público lanza la insinuación de que Podemos decidió personarse inducido por la jueza Victoria Rosell, a la que también intentó expulsar del procedimiento

Si consigue quedarse solo, el fiscal podría repetir lo ocurrido en 2010, cuando se equivocó en la acusación y el Tribunal Supremo absolvió al presidente de la Audiencia Provincial, al que también defendía el mismo abogado de Alba y de Soria, González-Cuéllar 

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Martín (derecha), con su abogado, en marzo de 2009, cuando se celebró su juicio en el TSJC.

El expresidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas (derecha), con su abogado, Nicolás González-Cuéllar, durante el proceso contra el primero en 2009. Acabó absuelto por el Supremo. Cuéllar es el abogado de José Manuel Soria y Salvador Alba. Fernando Ojeda. Canarias 7

El fiscal jefe de Canarias, Vicente Máximo Garrido, ha unido sus fuerzas al abogado del magistrado Salvador Alba, Nicolás González-Cuéllar Serrano, para expulsar a Podemos de la causa penal que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la conspiración urdida contra la también magistrada Victoria Rosell. En un escrito presentado ante la instructora, Garrido reclama que se imponga a Podemos una fianza de 12.000 euros, lo que cuadruplicaría la que la formación política ya depositó en las cuentas del tribunal al ser autorizado para ejercer la acusación popular por la magistrada Margarita Varona.

El jefe de los fiscales de Canarias elogia en varios momentos de su escrito el recurso interpuesto contra esa personación por el abogado de Salvador Alba, y llega a insinuar -aun reconociendo que “no existe principio de prueba de esta aseveración”- que “subyace” una suerte de “suplantación de la acción popular por el partido político Podemos, toda vez que solo manifiesta su intención de personarse una vez resuelta la imposibilidad de tener por acusador particular a la señora Rosell”, víctima de la conspiración que el magistrado Salvador Alba dirigía para apartarla de la carrera política y profesional. E insiste más adelante: “Solo cuando decae el derecho de la señora Rosell se acciona el derecho de Podemos”, lo que a su juicio supone un “riesgo” de lo que llama “suplantación”, por lo que aconseja a la magistrada instructora que imponga a Podemos una fianza de 12.000 euros.

“Lo primero que llama la atención al Ministerio Fiscal es el despertar tardío de los loables intereses de justicia que inspira la personación de Podemos y pretende proyectar al presente proceso penal”, escribe Garrido. Y añade: “Desentona este pausado ejercicio en el derecho reconocido en el artículo 125 de la Constitución con los apresuramientos en la personación de la formación política”. Y se pregunta más adelante, “¿cómo es posible que un procedimiento penal que ha gozado de enorme difusión mediática solo incentive a esta formación política a ejercitar la acción popular cuando se ha vetado la posibilidad de personación particular de la señora Rosell?”.

Pero no solo coinciden el fiscal jefe de Canarias y la defensa del imputado en la descalificación de las intenciones de Podemos. También hay pleno acuerdo en las exigencias de fianza que formula el abogado Nicolás González-Cuéllar, defensor de Alba, cuya querella contra la jueza Rosell fue archivada por la misma magistrada que instruye ahora la causa contra el juez que conspiró contra aquella. Y si Margarita Varona impuso a Soria una fianza de 12.000 euros para que ejerciera la acción popular contra Victoria Rosell, el fiscal considera equiparables ambas situaciones, por lo que reclama la misma cantidad. Solo que no constan en su escrito de seis folios las conocidas diferencias: la investigación penal contra Salvador Alba es fruto de una exposición razonada enviada al TSJC por una jueza de instrucción a la que se le entregó una grabación que comprometía al imputado y en la que se le escuchaba conspirando con un empresario para perjudicar a la entonces diputada de Podemos Victoria Rosell, mientras que la querella contra esta fue planteada a contrapelo por José Manuel Soria con todos los informes desfavorables de la Fiscalía del Tribunal Supremo y precisamente alimentada por los informes del juez Salvador Alba que ahora están en entredicho.

En los juzgados de Canarias no deja de recordarse el caso de José Antonio Martín, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas que fue absuelto por el Tribunal Supremo después de que el mismo fiscal jefe, Vicente Máximo Garrido, cometiera un error garrafal a la hora de acusar por negociaciones prohibidas en lugar de por tráfico de influencias, como resaltó la sentencia del alto tribunal. Garrido era la única acusación presente en aquella causa.

También defendió a José Antonio Martín el abogado de Salvador Alba, Nicolás González-Cuéllar, tradicional letrado de José Manuel Soria. Cuéllar es amigo del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, con el que ha escrito varios libros bajo la enseña de la editorial del abogado y participado con él en numerosos actos públicos.

Salvador Alba Mesa, por su parte, está siendo investigado por seis delitos: prevaricación judicial, cohecho, o en su caso, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de su función, delito contra la Administración de Justicia, falsedad y revelación de secretos.

No es la primera vez que el fiscal Vicente Máximo Garrido trata de quedarse solo como acusación en el procedimiento: cuando la magistrada Victoria Rosell intentó personarse como acusación particular, el fiscal se adhirió a las pretensiones de la defensa de Alba para que al final solo pudiera figurar como “perjudicada”.

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