Durante una década entera el sonido del despertador fue para Marina Pereda el inicio de su gran batalla diaria. El conocido como “minuto heroico” es la primera de las prácticas consagradas a Dios que los miembros célibes del Opus Dei deben hacer al iniciar el día: levantarse nada más suena la alarma, rápido, sin rodeos, sin remolonear ni esperar un minuto más. Una exigencia espiritual que para las personas poco madrugadoras como ella, eran foco de ansiedad y culpa constantes. Después, vendría la ducha fría y, quizá, renunciar al azúcar del café con leche del desayuno. Si no era domingo, puede que fuera momento de colocarse el cilicio alrededor del muslo durante dos horas. Un sacrificio más. Por Dios.

Son algunas de las llamadas “mortificaciones” cotidianas que es habitual que los integrantes célibes del Opus Dei (Obra de Dios, en latín) se apliquen a sí mismos como forma de cumplir su misión divina, de hacerse “más santos y disciplinados” bajo la premisa de que un mayor sufrimiento físico o psicológico “santifica” al mundo. No es una teoría vacía, son algunas de las prácticas asentadas que Marina Pereda vio y vivió en primera persona durante los diez años que estuvo en la organización fundada en 1928 por José María Escrivá de Balaguer y que ahora cuenta en La Obra (Aguilar), publicado este jueves.

A través de su propia experiencia y con grandes dosis de ironía, Marina describe cómo funciona la orden desde dentro, convertida en 1982 por el papa Juan Pablo II –el mismo que canonizó a su fundador– en la única Prelatura Personal de la Iglesia Católica. “Me gustaría que sirviera para que alguien que no conoce lo pueda entender la estructura que hay detrás. No somos casos aislados”, apunta la autora, que equipara metafóricamente la orden con un inmenso decorado teatral con miembros obligados a interpretar un papel “aparentemente sencillo”, el de la “santidad en la vida cotidiana”, que puede acabar convirtiéndose en “una máscara asfixiante”.

Nacida en Miranda de Ebro (Burgos) en una familia numerosa de siete hermanos cuyos padres son miembros de la orden, Marina nunca vivió ajena a sus dinámicas y desde pronto comenzó a acudir al club de Vitoria en el que el Opus Dei organiza actividades periódicamente. “Los clubes son oficialmente asociaciones culturales, siempre segregadas por sexo, en las que se hace baile, teatro, cocina... En principio, actividades no religiosas, pero entre una y otra ya empiezan a proponerte una charla con el sacerdote, una confesión, te insisten en si rezas, en por qué no lo haces un poco más, en si pides milagros a Escrivá... Así se va normalizando”, explica Marina, que en 2025 fue una de las protagonistas del documental de HBO El minuto heroico, que expone las dinámicas internas de la orden a través de 13 testimonios.

"Captación suena muy fuerte, pero es un clima constante. A veces tratan solo de intentar crear buena imagen"

Los clubes son junto a los colegios, las escuelas de formación o las fundaciones algunas de las puertas de entrada. Es común que a quienes son habituales les insistan con que logren que otras “amiguitas” acudan. “Captación suena muy fuerte, pero es un clima constante. A veces tratan solo de intentar crear buena imagen, intentar que vayan a algo de ocio o alguna actividad para padres como una charla con alguien de prestigio”, explica Marina. Estos clubes suelen ser la residencia de las numerarias, que son las que organizan las actividades, practican la abstinencia sexual y dedican su vida a la organización. Los supernumerarios pueden casarse y tener hijos.

El plan de Dios

A lo largo del libro, dividido en actos emulando una obra de teatro, Marina va explicando lo que define como el cuidadoso “engranaje de presiones” que influyó en que ella pidiera la admisión al Opus Dei con 14 años y medio. Ocurrió durante la Semana Santa de 2004, en un campamento con otras 40 niñas de entre 13 y 16 años “potenciales candidatas”. Marina ya había asistido antes a un retiro en el que debía pensar “qué me pedía Dios” y las numerarias y el sacerdote, con conversaciones y charlas a solas, ya habían ido guiando a la joven hacia la opción de ser numeraria, categoría considerada como “una entrega total y superior”.

La mujer, que hoy tiene 36 años, recuerda la carta que tuvo que escribir para solicitar la admisión como aspirante, pero en la práctica, desde aquel día, ya fue incorporando a su día a día las dinámicas y costumbres propias de una miembro. “Nos llamaban adscritas en el lenguaje de la organización, pero todas nos considerábamos ya numerarias”, señala. El agobio y la incomodidad siempre convivieron con la promesa de “salvación” y la creencia inculcada de estar aceptando “el plan de Dios”, hasta que con 16 años, durante su primera convivencia de 15 días para quienes habían pedido la admisión, trasladó sus dudas a la directora. “La respuesta no fue 'tranquila, eres muy joven, piénsatelo' sino que me intenta convencer de que podía ser agregada”, apunta.

En la práctica, las agregadas son como las numerarias, pero sin la obligación de tener que vivir en un centro con otras integrantes. Y es el estatus que Marina mantuvo hasta que dejó la orden en 2013, con 24 años. Todo el proceso estuvo marcado por una atmósfera en la que no podía echarse para atrás, según describe en el libro, que se cebó con ella, una niña muy religiosa y obediente. Si decía que no, sentía estar haciendo algo mal, siendo rebelde y soberbia, como ya le habían infundido. “La directora no tenía dudas de mi vocación al celibato y si me rendía ahora, estaría diciendo que 'no' a Dios, que es lo que había hecho el ángel caído”, cuenta.

No te dicen 'mira, estas son las opciones' o 'ya irás viendo' sino que insisten en que has sido llamada a esto y supuestamente tienes que ir entendiendo las normas a medida que las vas cumpliendo porque eso te va a ir acercando más a Dios

El modus operandi que ella experimentó y que ha contrastado con decenas de exmiembros, lo describe como un proceso de “manipulación constante”. “No te ponen una pistola en la cabeza, no hace falta, pero son presiones psicológicas”, apunta. Con el tiempo, se ha dado cuenta de que, desde el inicio, vivió un “condicionamiento de la libertad” y un “filtrado de la información” que le fue conduciendo a cada paso: “No te dicen 'mira, estas son las opciones' o 'ya irás viendo' sino que insisten en que has sido llamada a esto y supuestamente tienes que ir entendiendo las normas a medida que las vas cumpliendo porque eso te va a ir acercando más a Dios”.

Preguntado el Opus Dei sobre estas prácticas, la Oficina de Comunicación ha respondido que “respeta profundamente la experiencia de cada persona” y remite a los “canales de diálogo” abiertos en los últimos años para “escuchar” a exmiembros. “Sabemos que esta salida, en algunos casos, pudo ir acompañada de un proceso doloroso. Nos importa y lo sentimos profundamente”, traslada. Sobre la admisión como numeraria que Marina hizo con tan solo 14 años y medio, rechaza comentar públicamente “relatos individuales”, pero añade que “la vocación en el Opus Dei se vive siempre en libertad y, de igual manera, cualquier persona puede abandonarla cuando desee, sin presiones ni consecuencias”.

Además, la respuesta añade el enlace a una entrevista con Lidia Via, que trabaja como responsable de las actividades con jóvenes en la Asesoría Regional del Opus Dei en España. En el texto, Via asegura que el proceso de “discernimiento vocacional” es gradual y “largo” con varios hitos “para que solo las personas que lo quieran libremente puedan incorporarse” pasados “varios años”. La entrevista recalca que es a partir de los 16 años y medio cuando se puede pedir la admisión para después “continuar con el proceso de discernimiento” y reconoce que a los 14 años y medio, hay chicas y chicos “aspirantes” que “intuyen una llamada de Dios a pertenecer al Opus Dei como personas célibes”, pero que “no pueden hacerlo aún”. “En estos casos, la Obra recoge ese deseo y acompaña ese proceso conforme a su edad”.

Prohibido mirar a los chicos

A lo largo del libro, la exmiembro del Opus Dei detalla la influencia que cree que tuvieron los sacerdotes y directoras espirituales que tuvo durante el proceso, a los que define a estas figuras como “herramientas clave” dentro de una estructura que “permite” que tejan una “confianza” forzada con niñas y jóvenes y acaban convirtiéndose en sus “confidentes” vitales y espirituales. En un momento dado, Marina cuenta cómo les contaba “toda su intimidad” tras sus preguntas sobre sus amigas, su relación con su familia, sus rezos y mortificaciones o si le gustaba algún chico.

La de no relacionarse con hombres de su edad fue una de las primeras directrices. “Tenía prohibido mirar a los hicos o tenerles como amigos. Yo salía puntualmente de fiesta con mis amigas, pero me sentía muy extraña y poco a poco empiezas a incorporar elementos de distanciamiento social”, explica. También cuenta cómo debía consultar las películas y libros que quería ver o leer para evitar las tentaciones o ideas que pudieran poner en peligro su fe y su compromiso, aunque el cine siempre fue para ella una vía de escape, un lugar en el que imaginarse y reencontrarse con el mundo más allá de la organización.

A pesar de que su estatus de agregada no implicaba vivir en una residencia del Opus Dei, finalmente Marina se trasladó con casi 16 años a un Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Bilbao. No le convencía la idea, no quería alejarse de su Miranda natal ni de su casa, pero bajo el pretexto de que su vocación peligraba en su ciudad debido a las “malas influencias” del instituto público en el que estudiaba y a la inexistencia de centros de la organización allí, acabó accediendo. A cambio de vivir en el centro, trabajaba junto a las numerarias auxiliares –mujeres del Opus Dei dedicadas a las tareas domésticas– limpiando habitaciones y cocinando para una residencia de hombres adyacente. Después pasaría a dar clases de teatro y vigilar las salas de estudio de las niñas que acudían periódicamente al centro.

Ya casi diez años después de dejar el Opus Dei y tras la denuncia de 44 mujeres que ha motivado en Argentina una investigación por trata y servidumbre contra las máximas autoridades de la orden en el país, Marina aprovechó la Oficina de Escucha abierta por la organización –y a la que hace referencia en su respuesta a este medio– para pedir “una revisión” de su vida laboral y señalar que, durante el tiempo que trabajó, nunca firmó nada. Lo intentó en dos ocasiones, pero según su relato, las respuestas concluyeron que no hubo ninguna relación laboral y que “lo único” que la joven hizo en el centro fue “colaborar en tareas del hogar como cualquier grupo de amigas que viven juntas y se reparten los quehaceres”, describe.

Hubo muchas presiones para que no me fuera. Me mandaron hablar con unas y con otras, me decían que me diera un tiempo, me insistían en si estaba segura.

El “paso definitivo” en la organización lo dio el 5 de octubre de 2012 con un hito que denomina “fidelidad” y que, en la práctica, es un “compromiso de por vida” en el que se formaliza una especie de “matrimonio celestial”, como lo califica Marina con ironía y dosis de humor en el libro. Tenía casi 23 años y ya había terminado la carrera en la Universidad de Navarra. Durante este tiempo, trabajó en distintas labores para la organización, como en la limpieza de colegios mayores, por las que recibía un dinero que todas las numerarias y agregadas debían entregar a la directora de su centro. Después, esta les daba lo suficiente para sobrevivir ese mes y pagar el alquiler.

Quedaba poco más de un año para que Marina saliera de la organización. Lo hizo definitivamente en la Navidad de 2013 tras un duro proceso que afectó gravemente a su salud mental y tras encontrarse con un sacerdote que le recomendó acudir a una psicóloga. “Hubo muchas presiones para que no me fuera. Me mandaron hablar con unas y con otras, me decían que me diera un tiempo, me insistían en si estaba segura y me hicieron escalar puestos hasta la directora de la delegación. Cuando me volvió a preguntar si estaba segura, le dije que sí, que igual que cuando con 14 años pedí la admisión y entonces no me habían hecho tantas preguntas”.

Marina lo cuenta sin aparente enfado ni rencor, aún sigue lidiando con algunas de las “secuelas” que le ha dejado su paso por el Opus Dei y desde hace algunos años es voluntaria en AFISE, una asociación de apoyo a víctimas de sectas y grupos coercitivos. No ha incluido nombres de ninguna de las personas con las que se cruzó en este camino y que acabaron llevándola hacia dentro y huye de señalar a responsables individuales, pero si mira a una “estructura” que acabó convirtiéndola en algo que no era ella y a una sociedad que, cree, aún no han abierto los ojos del todo.

El Gobierno avanza en su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto. Después de haber aprobado el pasado octubre el anteproyecto para reformar la Constitución, el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la ley en segunda vuelta con una redacción diferente tras los cambios sugeridos por el Consejo de Estado. El Ejecutivo envía así el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Carta Magna con este objetivo.

En términos generales el Consejo de Estado avaló el proyecto, pero planteó una redacción distinta a la que propuso el Gobierno, que ha sido incorporada en el nuevo texto. Así, el redactado inicial era: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Finalmente, el proyecto aprobado por los ministros elimina la primera parte del texto, es decir, el reconocimiento expreso del derecho al aborto y deja la segunda parte casi igual: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de esta forma se incluye en la Constitución “la vertiente prestacional del derecho” al aborto, que “queda reforzado” con la “obligación indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas”. “La dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera basica de servicios, es lo que está en riesgo”, ha apuntado la titular de Igualdad haciendo referencia a los datos que señalan que casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%.

La situación “genera una diferencia sustancial entre mujeres de primera y de segunda en torno a sus derechos dependiendo donde residan”, ha lamentado Redondo, que ha señalado que “no hay una diferencia sustancial de contenido” entre la primera versión y la actual: “Lo que se pretende es el blindaje del aborto en su dimensión prestacional porque no está garantizado en la sanidad pública”.

La ministra ha explicado que el Consejo de Estado “ha validado” la reforma y ha estipulado que el blindaje “cabe” en la dimensión prestacional del derecho al aborto, es decir, en su dimensión “objetiva” porque “la subjetiva”, la que tiene que ver con el derecho individual de las mujeres, “ya está conectada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” que reconoce la Constitución, según estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de 2023 que avaló la ley de plazos de 2010 ante el recurso del PP.

Entre las razones para aprobar el proyecto se encuentra el auge reaccionario que “ha puesto en la diana” los derechos sexuales y reproductivos “a nivel global y también en nuestro país”. De hecho, la idea de incluir el aborto en la Constitución surgió el pasado octubre y fue anunciada por Pedro Sánchez en medio de la ofensiva antiabortista enarbolada por PP y Vox, especialmente en Madrid, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida votó a favor de obligar a las mujeres a ser informadas del falso síndrome posaborto y la presidenta Isabel Díaz Ayuso se negaba a poner en marcha el registro de objetores de conciencia que finalmente la Justicia le ha obligado a crear.

El Gobierno marca así perfil político con un tema que goza de respaldo social y que tensiona y divide a las derechas. Y así lo ha reconocido Redondo, que ha esgrimido como motivo el hecho de que “la inmensa mayoría de la sociedad, en torno al 70 u 80%, es favorable a este derecho”.

Un añadido en el artículo 43

La fórmula escogida para incorporar el aborto a la Constitución es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Carta Magna, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica” de la Constitución. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de Cortes y convocatoria de referéndum incluida.

Esta vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil pero aún así requiere mayorías amplias que serán difíciles de lograr sin el apoyo del PP, que anunció hace meses su oposición a la medida, al tiempo que también entre los socios habituales del Gobierno hubo voces que mostraron sus dudas. La reforma requerirá un mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, en caso de desacuerdo, debería crearse una comisión mixta entre el Congreso y el Senado que propondría un nuevo texto para ser sometido a nueva votación. Si no se logran los apoyos, se podría aprobar por mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado, que está actualmente controlada por los populares.

Consciente de que será una tramitación parlamentaria “compleja”, Redondo ha llamado “al diálogo” para lograr los apoyos necesarios. “Hablaremos con el PP y con las distintas comunidades para buscar el mayor consenso posible porque la ciudadanía así lo requiere”, ha dicho apelando al acuerdo –con la única excepción de Vox– que sirvió para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “El PP no es ajeno a la mayoría de este país, tienen en sus filas mujeres que habrán pasado por la interrupción voluntaria del embarazo. El PP tiene que valorar si se debe a una idea o a sus propias mujeres y votantes”.

Tras el polémico caso de veto a las mujeres en la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en Sagunto, Valencia, el Ministerio de Igualdad ha identificado otras tres cofradías en las que, según el departamento dirigido por Ana Redondo, se han impuesto condiciones discriminatorias hacia las mujeres esta Semana Santa. Según informan fuentes del ministerio, el Instituto de las Mujeres ha enviado un oficio a cada una de las cofradías y a los ayuntamientos de las localidades a las que pertenecen para reclamar que “adopten las medidas pertinentes” para evitar esta situación.

Las cofradías, dos en Córdoba y una en Albacete, tienen normas en vigor que suponen que las mujeres o bien no pueden participar en las procesiones en las mismas condiciones que los hombres o bien “se dificulta su acceso” a las mismas funciones y actividades. Las actuaciones del Instituto de las Mujeres tienen su origen en tres quejas presentadas por afectadas.

Una de las cofradías es la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba, a la que se acusa de una “posible conducta discriminatoria” por impedir la participación de mujeres como costaleras y no permitir que haya grupos mixtos en los pasos de Semana Santa. Según los hechos que relató la denunciante, la hermandad, en concreto su “capataz”, habría tomado la decisión el pasado 30 de noviembre “basándose exclusivamente en el sexo y no en causa objetiva, técnica, doctrinal ni pastoral”, figura en el oficio al que ha tenido acceso elDiario.es. La denunciante solicitó la revocación de la decisión, pero fue denegada.

También del municipio cordobés de Aguilar de la Frontera es otra de las cofradías a las que se ha dirigido Igualdad, en concreto la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Santo Sepulcro. Los hechos señalados tienen que ver en este caso con “limitar el acceso a 12 mujeres y reducir su participación a un carácter meramente simbólico”, apuntan fuentes del ministerio, que detallan que se ha informado al Instituto de las Mujeres de que ellas “no pueden formar parte del núcleo principal de la hermandad ni acceder a los mismos derechos de participación que los hombres”.

Altura mínima de 1,70

La tercera es la Cofradía del Silencio y Santo Via Crucis de Albacete, sobre la que el pasado 25 de marzo se recibió una queja que advertía de que el grupo “establece unos requisitos de altura” para ser costaleros que, en la práctica, “impiden el acceso a las mujeres en condiciones de igualdad”. Según detalla el oficio, se impone una altura mínima de 1,70 metros para poder participar, lo que a juicio de la persona que emitió la queja, es una decisión “abritraria” y señala que la altura media de las mujeres en España “es inferior”.

Los oficios enviados por el Ministerio de Igualdad repasan la legislación estatal y autonómica sobre igualdad de género, en concreto la ley de igualdad de 2007 y la de igualdad de trato y no discriminación de 2022, así como las distintas normas de las comunidades autónomas que garantizan este principio. Además, señalan que, según la ley, las asociaciones religiosas deberán regirse por lo dipuesto en “los tratados internacionales y en las leyes específicas” mientras que sus estatutos y funcionamiento “deben respetar el ordenamiento jurídico” y particularmente, la igualdad y la no discriminación reconocidas en el artículo 14 de la Constitución.

En el caso concreto de Albacete, el Instituto de las Mujeres remarca que los criterios de acceso impuestos deben ser “objetivos y estar motivados” y, en caso de que estos “no respondan a una justificación objetiva” y legítima mediante medios “necesarios y adecuados”, la cofradía podría incurrir en un caso de discriminación indirecta a la luz del artículo 6.2 de la ley de igualdad. Por eso, el organismo reclama al grupo que haga “un análisis y revisión de dichos criterios y su motivación” y se adopten las medidas “pertinentes” para garantizar la participación en igualdad. Solicita, además, que comparta con el Instituto de las Mujeres el resultado de este proceso.

Las actuaciones se suman a las que ya ha emprendido el ministerio respecto a la cofradía de Sagunto cuyos cofrades votaron el pasado 23 de marzo para rechazar la presencia de las mujeres en la Semana Santa de la localidad. El Gobierno inició poco después los trámites para retirar a la celebración la declaración de 'Interés Turístico Nacional' mientras que Igualdad envió un requerimiento a la cofradía y ha trasladado a la Fiscalía la decisión. “Hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia”, argumentó la ministra Ana Redondo.

Lo primero que le dijeron a la familia es que había muerto de un accidente de tráfico. Pero cuando su padre acudió al hospital y le dieron la vuelta al cuerpo inerte de su hijo, descubrió el orificio de un disparo. La bala nunca apareció. El joven malagueño Manuel García Caparrós se convirtió el 4 de diciembre de 1977 en una de las víctimas de la violencia policial que durante aquellos años acabó con la vida de decenas de ciudadanos en huelgas y protestas, tanto en los últimos años de la dictadura como en el momento en que la muerte de Franco no había acabado con la represión a pesar del relato idílico de una Transición pacífica que todavía tiene ecos hoy.

“Son víctimas que tenían una familia, padres, hermanos... Eran muy jóvenes y les quitaron la vida de una manera cruel por pensar diferente. Llevamos luchando 50 años para que no haya víctimas de primera y de segunda”, sostiene Dolores, una de las dos hermanas de Manuel. Ambas recibirán pronto la indemnización de 250.000 euros que les corresponde por ser familiares de quienes fallecieron “en defensa de las libertades y derechos democráticos” entre 1968 y 1978, tal y como reconoce el decreto recién convalidado por el Congreso que reactiva y amplía las ayudas puestas en marcha en su momento por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La familia Caparrós, que se quedó entonces sin indemnización, es una de las que ahora sí encaja en el supuesto del nuevo decreto, que se tramitará como proyecto de ley para incluir una extensión temporal todavía mayor, hasta 1983, como ha exigido ERC. La norma nace con vocación de solventar las lagunas de la ley anterior, que dejó fuera a quienes hubieran sido asesinados o heridos más allá de 1977, y amplía las cantidades a percibir. “Es un orgullo haber podido lograr este reconocimiento”, apunta Dolores sobre su hermano, al que el Gobierno denegó el pasado febrero la condición de víctima del terrorismo.

Manuel murió de un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, pero nadie fue nunca juzgado por ello y el caso se cerró en 1986. Desde entonces, sus hermanas han peleado por mantener viva su memoria y acceder a la Justicia y por eso para ellas la indemnización es importante, pero no suficiente: “Nuestra familia se hundió, no hay dinero en el mundo que pueda pagar ese destrozo”. La mujer reconoce que, más allá de la ayuda, seguirá insistiendo en saber qué ocurrió realmente aquel día. “Mientras nosotras tengamos un soplo de vida, lucharemos por saber la verdad. Él acudió a la manifestación como uno más y fue el único que no volvió a casa”, apunta.

Aunque al decreto del Gobierno le queda aún por delante el trámite en el Congreso, ya son más de una decena las indemnizaciones que se han reconocido desde su entrada en vigor, según adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además de por fallecimiento, el nuevo texto estipula ayudas de 500.000 y 180.000 euros para quienes tienen gran incapacidad o incapacidad permanente absoluta derivadas de heridas sufridas en ese contexto. El decreto permite que quienes cobraron en su momento por la Ley de Memoria Histórica puedan solicitar ahora una compensación por la diferencia, aunque para calcularlo, la cantidad abonada anteriormente debe ser “actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero”, que es hoy superior que entonces.

Es lo que ha hecho Francisco Javier Almazán, hermano de Ángel, que murió en el hospital en diciembre de 1976 a causa de “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación” celebrada en Madrid contra la Ley para la Reforma Política, según destacó el ministro el otro día en el pleno. “Ha sido la primera vez que se ha dicho oficialmente que los autores fueron policías. Si lo hubieran reconocido en 1976 quizá no hubiera empezado esta pelea”, señala Francisco Javier, que en 1999 intentó que el Estado otorgara a Ángel el estatus de víctima del terrorismo sin éxito.

Sí fue reconocido como víctima del franquismo en una declaración de reparación que admitía que la protesta a la que acudió había sido “reprimida violentamente por la policía”, pero para Francisco Javier era importante que se afirmara oficialmente la responsabilidad en su muerte. Es algo que no se ha llegado a reconocer en sede judicial: en su momento, el caso lo juzgó la Jurisdicción Militar porque había integrantes de la Policía Armada implicados, lo que conllevó que la familia no pudiera tener un abogado en el proceso. Se interrogó a tres policías, pero a los días el caso se cerró apuntando a que no se podía demostrar la autoría de los hechos.

Mismos hilos, distintos casos

Las distintas caras de la historia comparten los mismos hilos que se entrelazan en otras, como si todas formaran parte de un mismo relato: las víctimas de esta violencia eran muy jóvenes, murieron en el transcurso de movilizaciones políticas en los últimos años de la dictadura o la Transición y sus familias tuvieron que enfrentarse a versiones oficiales alejadas de la realidad y a una Justicia que no les dio ni les da todavía respuesta. También a un olvido y a un silencio que aún hoy permanece. En todos los casos, las familias quedaron rotas y arrastraron un dolor y una falta de reconocimiento que ha empezado ahora a romperse, pero que llega tarde para muchos.

Cuando a Ángel el Estado le reconoció como víctima del franquismo, sus padres ya tenían Alzheimer y no llegaron a enterarse. “Bendito Alzheimer”, dice paradójicamente Francisco Javier. Porque “les borró la memoria y les hizo olvidar lo que había pasado. No he visto a mi madre tan feliz nunca”. Mientras Ángel estaba aún en el hospital después de la manifestación tras la que perdió la vida, a su familia le dijeron que estaba grave porque se había golpeado con una farola. “Mis padres fueron a verle a La Paz y cuando volvieron, mi madre dijo: nos lo han matao. Y qué razón tenía”, recuerda su hermano. Aguantó cinco días más.

Como tantos otros, Francisco Javier ha intentado en los últimos años reabrir la vía judicial y que se reconozca que fue un homicidio “enmarcado en los crímenes de lesa humanidad” del franquismo y años posteriores, pero se ha topado con el archivo de la querella. Por eso, más allá del decreto que otorga ayudas económicas a las víctimas, pelea por “el reconocimiento como verdad judicial” de lo sucedido, aunque no se condene a nadie. Un muro es también con lo que se ha encontrado judicialmente la familia de Víctor Pérez Elexpe, el joven comunista asesinado por un guardia civil en Portugalete en enero de 1975 mientras repartía folletos en solidaridad con una huelga.

“Exigimos dejar de ser víctimas de segunda, queremos los mismos derechos y consideración que las oficialmente llamadas víctimas del terrorismo. Nosotros también lo somos, de un terrorismo no reconocido pero no por ello menos grave y menos condenable: el terrorismo de Estado”, apuntan María Rosario, María José y Fermín Pérez Elexpe, hermanos de Víctor, en una respuesta conjunta por escrito en la que, a pesar de todo, agradecen el apoyo de los amigos, los compañeros de partido, los abogados y los sacerdotes que “acompañaron” a sus padres en “los momentos de dolor”.

En su caso, también han sido reconocidos ya por el Gobierno para recibir la diferencia de indemnización entre lo que cobraron en 2010 –actualizado a fecha de hoy– y lo aprobado ahora, pero coinciden con el resto en que “lo más importante” son “las indemnizaciones morales y judiciales” que aún están pendientes. “El dinero lo hemos usado, en parte, en tribunales, psicólogos y tratar de aprender a llevar una vida rota”, señalan al tiempo que recuerdan como, su otro hermano Ignacio falleció en 1996 tras “buscar refugió en la droga al no llegar a comprender nunca por qué no se podía hacer justicia”. “Destrozaron a la familia”, apuntan.

Los tres reclaman ahora una declaración institucional en las Cortes “que deslegitime el franquismo” y este tipo de crímenes: “Cada vez que nos niegan, vuelven a asesinar a nuestro hermano”, subrayan. Como en el resto de casos, hubo una primera versión que señaló “que había muerto en un enfrentamiento con el guardia civil Narciso San Juan del Rey, que era vecino y conocido del barrio –sostiene la familia–, pero hubo muchos testigos que acreditaron que Víctor no portaba ningún arma y no hubo ningún enfrentamiento, sino que le disparó por la espalda”. La vía judicial acabó con un sobreseimiento del caso.

La “responsabilidad” del Estado

La aprobación del decreto es celebrada por las familias y las asociaciones que las agrupan, sobre todo porque corrige la ausencia de indemnizaciones económicas en la Ley de Memoria Democrática, que nació en 2022 sin ellas. Sin embargo, la reflexión más compartida es la de que no es suficiente y apuntan a que estarán “vigilantes” ante su aplicación práctica. Además, reclaman que en el trámite como proyecto de ley se alargue el periodo de aplicación, tal y como ya ha acordado el PSOE con los partidos de izquierdas. Por su parte, PP y Vox votaron en contra de la reforma usando argumentos como que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede decir que no había libertad ni democracia”.

En la práctica, las cantidades que reconoce el decreto son algunas de las que se reconocen ya para las víctimas del terrorismo, pero estas reciben también una ayuda si tienen una incapacidad total o parcial, que son dos supuestos no reconocidos en esta norma. Algo que lleva a Andoni Txasko, una de las víctimas de las actuaciones de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco obreros, a señalar “las carencias” de las que a su juicio “peca” la normativa. “Hay otra mucha gente que fue herida y que tiene secuelas, pero no se las reconoce”, afirma Txasko, que fue indemnizado en 2010 porque, debido a la brutal paliza que le propino la policía horas después de la masacre, se ha quedado con un 2% de visión.

Txasko reconoce que las indemnizaciones “son un derecho”, pero recalca que “lo principal” para las víctimas es “el reconocimiento integral”. “No se puede vender que nos equiparan a las víctimas del terrorismo porque no es verdad”, dice el miembro de la Asociación 3 de marzo, que pone el foco en la “paradoja” que supone ser reconocidos como víctimas por la defensa de la democracia y por sufrir “una violencia que nunca debió producirse”, como figura en la declaración de reparación personal que él mismo ha recibido, pero “no reconocer la responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido”. “Pedimos que se haga una declaración al más alto nivel admitiendo esto”, clama.

Esta y la reclamación del acceso a la justicia son también los ámbitos en los que está poniendo todos sus esfuerzos la familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que sigue buscando respuestas medio siglo después de su muerte. Sus hermanas han pedido la reparación económica a la que tienen derecho a la luz del nuevo decreto, pero sobre todo exigen saber la verdad. El joven murió el 5 de marzo de 1976 en Tarragona en una manifestación convocada en protesta precisamente por lo ocurrido en Vitoria dos días antes y, según la versión policial, falleció al caer al vacío desde una azotea cuando le perseguía la Policía Armada.

Su cuñado, José Antonio Giménez Giménez, estaba con él aquel día y vio como Juan Gabriel entraba en un portal seguido por dos agentes. Lo que pasó dentro no se sabe, pero recela del atestado policial, que es “un auténtico disparate” que incluye el supuesto recorrido que hizo el joven antes de caer, como “si hubiera saltado de ventana en ventana, incluso a otros edificios distantes a unos tres o cuatro metros”. El sumario judicial concluyó que había sido una muerte por accidente, pero ahora la familia ha pedido la exhumación del cadáver y un nuevo análisis forense, además de que confían en que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática revise el caso y pueda arrojar algo de luz. “Las indemnizaciones son importantes, pero después de 50 años resulta un poco secundario”, concluye José Antonio.

Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.

Ángel Víctor Torres atiende a elDiario.es telefónicamente mientras espera un avión para volver a Madrid. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se muestra satisfecho con la sentencia del Supremo que confirma la devolución del Pazo de Meirás a la ciudadanía, tras décadas de expolio franquista. Por delante, queda la guerra para evitar que la familia del dictador pueda obtener una compensación económica como contraprestación a los años en los que mantuvieron la propiedad en sus manos.

Ángel Víctor Torres está dispuesto a dar la batalla y a plantear ante los tribunales que a los herederos del dictador habrá que descontarles todos los años de alquileres impagados por el uso de un palacio que nunca fue de su propiedad.

El Supremo ha confirmado la devolución de Meirás para los ciudadanos pero esa sentencia incluye dos cuestiones polémicas: que la familia Franco ocupó el pazo de buena fe y que tienen derecho a ser indemnizados ¿Es una victoria a medias?

No compartimos la obligación de la indemnización a los Franco por abandonar el Pazo de Meirás y no compartimos esa afirmación de que se ocupó de esa manera. El pazo se ocupó durante una dictadura y quienes hicieron uso y disfrute de esa propiedad lo hicieron cuando tenía que ser una propiedad pública.

Estos días se está diciendo que hay posibilidades de impedir esa indemnización a los Franco, pero jurídicamente ese derecho está consolidado. ¿Cómo va a ser el proceso a partir de ahora?

Lo primero que se establece es una tesis de cantidad, se habló de una cifra de 800.000 euros que ellos tampoco aceptan y con la que nosotros no estamos de acuerdo. Ante posible indemnización de mejora del espacio y realización de obras habrá que acreditar si eso fue así. Tendrán que presentar facturas, trabajos realizados. Nosotros vamos a defender que no hay derecho a la indemnización porque también ha habido un uso y un disfrute no abonado durante décadas. El Supremo no cuantifica el derecho a la indemnización, por lo tanto vamos a pleitear para que sea la menor cantidad posible.

¿Pedirá el Gobierno que de esa cantidad se calcule los posibles alquileres impagados por todos los años en los que la propiedad fue ocupada sin contraprestación económica?

Por supuesto. Pondremos en conocimiento todos los años que se ha utilizado ese inmueble sin una contraprestación ante un bien público. El fallo del Supremo nos alegra porque la base fundamental es que esto pasa a ser un bien público y ahora estamos ante un coletazo de esa cuestión, que no compartimos pero que podemos pelear todavía en los órganos judiciales.

La Xunta ya les está pidiendo la transferencia del Pazo para asumir su gestión, pero en el informe elaborado por el Gobierno gallego para refrendar esa petición se han olvidado de mencionar que Meirás está declarado como lugar de memoria y el PP siempre ha insistido en que pretenden recordar el paso de los Franco pero también centrar el lugar en el recuerdo de la escritora Emilia Pardo Bazán. ¿Con planteamientos ambiguos tiene el Gobierno gallego alguna posibilidad de convencerles para impulsar esa transferencia?

En este momento ese inmueble está en manos de Patrimonio Nacional. La voluntad que nosotros tenemos para ese inmueble es que sea un lugar que recuerde todo lo que ocurrió durante todos los años de la dictadura. Por tanto, lugar de memoria, museo, apertura a la sociedad gallega, pero tenemos que hablar con el resto de instituciones y espero que esto no sea un motivo de polémica.

¿Usted comprende a la gente que al conocer esta sentencia piensa en las familias desahuciadas a las que nadie les paga nada cuando les echan de una propiedad, a aquellos que creen que los Franco son unos ocupas, pero con privilegios?

Lo entiendo absolutamente porque además estamos hablando de los herederos de un general militar que se enriqueció y enriqueció a su familia a través de un golpe militar, en un proceso y en un periodo de una absoluta corrupción, tanto del caudillo como de su entorno.

Sería bueno que se compartiera la necesidad de defender la democracia e ir contra la dictadura y contra cualquier atisbo de la misma.

¿Cuál es su plan para el Pazo?

Queremos que sea un inmueble público, abierto y que muestre la historia, en la que lógicamente también cabe la referencia a las letras y la literatura, pero sin ninguna duda de que sea un símbolo de lo que nunca se debe repetir.

El pasado noviembre se presentó el proyecto ganador para resignificar Cuelgamuros. Teniendo en cuenta que el PP y Vox se oponen, ¿cómo pretenden garantizar la viabilidad de ese proyecto?

Nosotros aspiramos a empezar las obras en la presente legislatura. Asombra pensar que teniendo en cuenta lo que eso es hoy, no sea resignificado como un lugar de memoria. Si es por Vox y por un PP influenciado por Vox dejarían el valle de Cuelgamuros en su actual estado y seguiría siendo un lugar de encuentro de los nostálgicos de la dictadura.

Conseguir sacar de ahí los restos de Primo de Rivera primero y de Franco después fue una victoria de la democracia y de la justicia. No cabe que ningún dictador esté ocupando un espacio público levantado con manos inocentes de muchos republicanos que perdieron la vida construyendo un mausoleo de una persona que no quería pasar a la eternidad sola. Eso debe conocerlo la gente, visitarlo y debe ser como se ha hecho con los memoriales de Buenos Aires, Santiago de Chile o los campos de concentración alemanes. Debe ser un lugar para aprender y que nunca más vuelva a pasar.

Estamos cumpliendo cincuenta años del golpe militar en Argentina. ¿Lo han hecho mejor los argentinos que nosotros a la hora de juzgar su propia historia?

Cierto que es una dictadura más fresca, en el sentido de que está más cerca. Los que la sufrieron y la sobrevivieron te la pueden contar.

Nosotros hicimos un proceso de transición democrática con un miedo, que era regresar a lo tenebroso de la dictadura, y tuvimos un golpe de Estado, que se frustró por suerte. Hubo sacrificios que tuvieron que hacerse por todos los lados, especialmente más por la parte que sufrió la represión y creo que el gran éxito de España fue que después de la muerte de Franco no hemos tenido más contiendas, ni guerras. Y espero poder decir lo siguiente durante mucho tiempo: aquí nunca ha gobernado la extrema derecha después de aquello. En Argentina es lamentable que el actual presidente diga que lo que ocurrió en 1976 fue un conflicto entre la guerrilla y el Ejército. No, fue un alzamiento militar de la Junta contra la República Argentina.

A usted le encargan un ministerio con las atribuciones de Memoria Histórica y mientras desarrolla su labor ve que una formación como Vox no para de crecer. ¿Eso cómo se vive desde su piel?

Diciéndole que estamos haciendo el máximo de los esfuerzos. Creo que nunca como ahora hemos tenido tantas muestras didácticas, entradas en los centros educativos, más exhumaciones que nunca, reuniones con las comunidades autónomas... La ultraderecha no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Hay una ola reaccionaria, pero también tengo que decir que ante eso tenemos un gobierno progresista que resiste, que se enfrenta, que da la cara y no se achica.

Esta misma semana hemos aprobado un Real Decreto por solo dos votos que lo que hace no es más que corregir un error histórico para que más personas que defendieron la democracia, como García Caparrós y otros, tengan derechos a las indemnizaciones que no pudieron obtener hasta ahora. Y han votado en contra, el PP, que gobierna la comunidad andaluza, ha votado en contra y yo no lo entiendo. Me parece una paradoja y una insensatez; que representantes elegidos por la democracia y con sufragio universal no honren a las personas que dieron su vida para que ellos estén en los parlamentos.

¿Qué le diría usted a Feijóo sobre sus tentaciones de bailar con la extrema derecha?

Se equivoca y la sociedad española se lo hará ver por abrazar tesis cercanas al fascismo por un rédito electoral. Él sabrá.

El Gobierno prometió expulsar a los monjes benedictinos de Cuelgamuros, pero finalmente parece que se van a quedar a pesar de la resignificación del valle. ¿Qué papel tendrán estos religiosos en el nuevo espacio memorial?

La voluntad del Gobierno es que no debían estar ahí, llegamos a un acuerdo con el Vaticano y el prior dejó de estar, que era el que se oponía a las exhumaciones de Franco y Primo de Rivera. Hemos llegado a un acuerdo con la Santa Sede para poder caminar y tener esa resignificación.

Su ministerio está inmerso en una auditoria de bienes expoliados por el franquismo. ¿En qué punto está esa auditoría?

Estamos avanzando bastante. No es un trabajo fácil porque hay peticiones importantes de partidos políticos, particulares, organizaciones sindicales y es un corpus muy elevado que exige comprobaciones históricas y seguridad jurídica.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado noviembre un decreto para regular la creación del catálogo de símbolos franquistas que deberían ser retirados. ¿Se ha avanzado en ese catálogo?

Se ha avanzado, hemos aprobado nuevas inclusiones muy recientemente dentro de ese catálogo y espero poder presentar muy pronto un primer avance de ese listado.

El pasado viernes el Gobierno pidió perdón y reconoció a medio centenar de mujeres que pasaron por el Patronato de Protección de la Mujer, ¿se contemplan vías de reparación económica para estas víctimas también?

Hablaremos de todas las vías de reparación posibles y de hecho uno de los compromisos que adquirí con ellas es la creación de una subcomisión que aborde lo que sucedió en ese patronato.

El Constitucional está estudiando el recurso contra la negativa de Isabel Díaz Ayuso para colocar una placa en la sede de la Dirección General de Seguridad franquista, en la puerta del Sol. Mi pregunta es, ¿la intención del Gobierno es colocar esa placa aunque Ayuso se niegue?

De facto eso ya está conseguido, el expediente está terminado. Esto no está al albur de lo que diga un presidente, esto es historia y esto lleva rigor técnico y jurídico. Estamos convencidos de que ganaremos en la justicia y estoy convencido de que esa placa será instalada.

Era domingo. Sobre las 2.00 de la madrugada del 23 de octubre de 2022, Guillermo aprovechó que Dori, su novia, estaba sola en casa para agarrar un cuchillo de la cocina y empezar a apuñalar a la mujer de forma reiterada hasta matarla. La relación había empezado hacía unos meses, en mayo, marcada desde el inicio por los celos y el “sentimiento de superioridad” de Guillermo frente a ella. Tras asesinarla, él se tiró por la ventana y cayó sobre un tejado de uralita en el patio de luces de la vivienda, situada en Alcoy. Dori, de 27 años, se convirtió en la víctima mortal número 35 de la violencia machista aquel año en España.

Este pasado febrero, la Audiencia Provincial de Alicante condenó a Guillermo a 22 años y medio de cárcel por el asesinato de su pareja. La sentencia detalla la brutalidad del ataque contra Dori, a la que llegó a acuchillar 18 veces “en un lapso de un minuto” para aumentar “de forma intencionada su terror y sufrimiento”. Para asegurarse de la “eficacia” de la agresión, “se aprovechó” de que ella estaba sola en la vivienda y perpetró el ataque “de forma repentina” para que no pudiera defenderse. El fallo reproduce el último mensaje de voz que envió a su amiga segundos antes, ante la inminencia de la embestida: “Tata, está con un cuchillo, llama a la policía por favor”, clamó.

El caso ha sido juzgado por un jurado popular, que, sin embargo, no ha considerado probado que Dori fuera víctima de maltrato habitual y absuelve de este delito a Guillermo, que se acogió a su derecho a no declarar y manifestó padecer “amnesia” por el golpe contra la uralita. El fallo sí descarta que hubiera una tercera persona en la casa aquella noche, como apuntaba la defensa. No es ninguna excepción que la violencia mantenida en el tiempo, la que va más allá de una agresión puntual, quede oculta e invisible: a pesar de que detrás de la violencia machista suele haber un contexto de control, dominación y maltrato sostenido, a veces físico y siempre psicológico, es algo que no pocas veces pasa por encima del radar judicial y social.

“Todavía sigue costando mucho entender el ciclo de la violencia de género y no circunscribirla a hechos aislados. Más aún en este tipo de juicios en los que se cuenta con las limitaciones y dificultades añadidas que implica el jurado popular. En estos casos debemos explicar a ciudadanos corrientes pruebas muy complejas e intentar que comprendan cómo opera y funciona la violencia, algo que no es sencillo teniendo en cuenta lo arraigadas que están las ideas preconcebidas sobre qué es la violencia machista y cómo actúan las víctimas”, sostiene Laia Serra, la abogada de la familia de Dori en el proceso.

Tanto expertas como el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevan tiempo advirtiendo de que la fotografía de la violencia machista suele estar incompleta debido a lo desapercibido que pasa el maltrato habitual. Aunque el CGPJ no ofrece datos de condenas desglosadas por tipo de delito, sí especifica cuáles se instruyen en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Es una calificación inicial que puede variar, pero da una idea de la orientación que suelen llevar las investigaciones: en 2024, último año completo con datos, el 50% fueron lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal, el del maltrato ocasional. Solo el 15% fueron del 173, el que castiga a quien ejerce violencia física o psicológica de forma sostenida.

Un hecho de tres

En el caso del asesinato de Alcoy, el jurado popular decidió absolver a Guillermo del delito de maltrato habitual porque no consideraron probados dos de los tres hechos sobre los que tuvieron que deliberar. “La dinámica del jurado popular es así: tras practicar la prueba, se pide a los miembros que se posicionen sobre si consideran probados una serie de hechos, en base a los cuales el Juez luego, determina si los elementos que configuran ese delito se dan o no”, explica Serra.

El primero relataba cómo el 15 de octubre, días antes del asesinato, la pareja discutió y el hombre “cogió un cuchillo y esgrimiéndolo” ante ella “le dijo que un día la mataría y después se quitaría la vida”, lo que le causó “un hondo temor” a la víctima. El jurado consideró que no estaba probado porque aunque dos amigos de Dori explicaron que se lo había contado ella, ninguno “presenció las amenazas personalmente” y no hay “grabaciones” que lo acrediten.

Tampoco creyeron probado que en la madrugada del 29 de mayo, el acusado “empujó” a Dori “contra el portal de una finca” y le estuvo “gritando e intimidando”. A la escena acudieron dos policías tras la llamada de un vecino, pero el jurado argumenta que ninguno de los tres vio el empujón y el “ruido o estruendo” en la puerta que sí escuchó el vecino “pudo deberse a causa que se desconocen”. Lo que sí consideraron probado es que un sábado en una discoteca de Alicante, Guillermo mantuvo una discusión con la víctima por perder un móvil tras lo que el hombre “empezó a increpar, perseguir y hostigarla” teniendo que intervenir dos vigilantes de seguridad que llegaron a acompañar a Dori en coche.

Serra cree que en el resultado de las deliberaciones sobre el maltrato habitual ha influido una “falta de comprensión generalizada” en la sociedad sobre cómo funciona la violencia machista: “Para la ciudadanía, si una mujer reanuda una relación, como fue el caso de este juicio, es que no hay violencia de género. Igualmente, distinguir entre riñas de pareja y situaciones de maltrato, también es difícil, porque es una cuestión de intensidad y de contexto, en la que los usos sociales están muy arraigados. Pero para que un vecino llame a la Policía, el nivel de violencia de lo que está escuchando tiene que ser importante”, esgrime.

La relación de Dori y Guillermo, a pesar de durar solo unos meses, fue “un cuadro de violencia psicológica” que se extendió a lo largo del tiempo y que acabó con el asesinato de la mujer, describe Serra. “Había audios de ella y testimonios de la hermana y amigos que apuntaban a lo desesperada que estaba y a la manipulación, la coerción y el control a los que la sometía”, señala la abogada, que apunta a que “paradójicamente, el jurado descartó la violencia de género habitual, pero sí consideró que el crimen fue cometido por un móvil discriminatorio”.

De hecho, el fallo sostiene que Guillermo “actuaba movido por los celos y el sentimiento de superioridad” sobre Dori y describe las “llamadas insistentes” que solía hacerle o la ocasión en que la llamó “muchas veces” para recriminarle que hubiera hecho topless en la playa. Esta y otras pruebas, como los gritos de “hija de puta, la que has liado” que escucharon dos vecinas antes de que el hombre se precipitara por la ventana, llevan al jurado a considerar el “carácter posesivo” del condenado.

A juicio de Serra, si el hombre hubiera sido juzgado por un juez “sí se habría determinado el maltrato habitual”. Más aún teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 2022, que destaca que “lo relevante” para el delito “no es tanto el número de actos, en ocasiones difíciles de acreditar, sino la creación de un estado permanente de violencia que afecta a la convivencia desde el respeto y la dignidad”. En un reciente análisis de sentencias por asesinatos machistas del Consejo General del Poder Judicial, el organismo advierte en este sentido de que “es el propio modelo de relación establecido y asimétrico en las relaciones de poder” el que acaba provocando los crímenes mortales “más que los conflictos puntuales”.

Quedarse en la superficie

La doctora en Derecho Penal y criminóloga Miren Ortubay destaca la “dificultad añadida” de probar el maltrato habitual y la “tendencia del sistema” a quedarse en la superficie. “En los casos de homicidio sí suele haber más condenas por violencia habitual, pero los asesinatos son la punta del iceberg. La violencia más grave, las humillaciones y las amenazas continuadas, el control y la dominación constante es lo que provoca más angustia y destrucción de la autoestima, pero suele quedar invisibilizada cuando las víctimas ponen la denuncia”, sostiene la experta.

Lo habitual es que las denunciantes se ciñan a un último hecho puntual, la gota que colma el vaso, pero para llegar al fondo hacen falta investigaciones largas y complejas que no siempre se llevan a cabo. “Se requieren pruebas elaboradas, periciales psicológicas, testigos... Es mucho más esfuerzo para el sistema y para la mujer que acusa”, apunta Ortubay, que llama la atención sobre la generalización de los juicios rápidos en violencia de género, que deben solventarse en 72 horas y están pensados para delitos sencillos o en los que hay conformidad entre las partes.

En estos casos, se busca que las mujeres obtengan cuanto antes una orden de protección e incluso que haya menos margen para que puedan retirarse del proceso, pero al mismo tiempo es un mecanismo sobre el que las expertas llevan tiempo debatiendo. “El sistema tiende a convencer a las mujeres de que ya con una condena rápida está todo resuelto, muchas veces no se les explica ni se les pide opinión y al final no se investiga lo que realmente está pasando detrás de un hecho puntual”, recalca Ortubay. El propio CGPJ ya alertó en 2010 de que los juicios rápidos “tienen como contrapartida que se primen los hechos más inmediatos y fácilmente constatables”.

Con todo, la experta apunta a otro elemento que tiene que ver con la propia naturaleza del Código Penal, con el que, en su opinión, “es muy difícil captar la esencia última” de la violencia machista, la que tiene que ver con la dominación. “El Derecho Penal castiga hechos concretos y no es un juicio moral sobre determinados comportamientos, por ejemplo, los celos. En muchos casos, en las relaciones estamos hablando de un control absoluto sobre la vida de otra persona que es casi una forma de relacionarse, un ambiente, una forma de vivir... Y para un problema tan complejo como el de la violencia machista, es un instrumento muchas veces burdo y limitado. Por eso creo que debemos pensar e investigar otras vías de reparación complementarias”.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha aprobado este jueves su nueva política de acceso a las categorías femeninas y que aplicará ya en los Juegos Olímpicos de 2028. “Tanto para los deportes individuales como para los de equipo, la elegibilidad para cualquier categoría femenina se limita a las mujeres biológicas”, ha anunciado el organismo en un comunicado. La decisión supone que las atletas trans quedarán excluidas de las competiciones, en línea con lo que algunas federaciones internacionales han dictaminado en los últimos años.

Al igual que ya hiciera la Federación de Atletismo, el COI ha decidido que “la elegibilidad” para las categorías femeninas de las competencias se hará mediante una prueba que determina la presencia o no del gen SRY (responsable del desarrollo de las características sexuales masculinas). “Basándose en evidencia científica, el COI considera que la presencia del gen SRY es permanente y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado el desarrollo sexual masculino”, señala el organismo, que apunta a que las atletas que den negativo “podrán competir” y que la prueba se realizará “solo una vez en la vida”.

El COI ha justificado el cambio en su normativa apelando a la “protección del deporte femenino” y apunta a que aquellas atletas que den positivo en la prueba SRY “pueden participar en cualquier categoría masculina, incluso en un cupo masculino designado dentro de cualquier categoría mixta, en cualquier categoría abierta o en deportes y eventos que no clasifiquen a los atletas por sexo”.

“Como exatleta, creo firmemente en el derecho de todos los atletas olímpicos a participar en una competición justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos. En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por lo tanto, es absolutamente evidente que no sería justo que hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes, simplemente no sería seguro”, apunta la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

El organismo incluye en su nueva regla a las atletas que presentan las llamadas diferencias en el desarrollo sexual que porten cromosomas XY y sean sensibles a los andrógenos. Se trata de mujeres que han nacido con un nivel cromosómico, hormonal o de anatomía sexual que no se ajusta a los cánones médicos y sociales para los cuerpos femeninos y masculinos. La única excepción que contempla el comité son las atletas que tienen insensibilidad completa a los andrógenos y otras con este tipo de diferencias“que no se benefician de los efectos anabólicos o de mejora del rendimiento de la testosterona”.

En el grupo de mujeres con diferencias en el desarrollo sexual se encuentra la atleta sudafricana Caster Semenya, que ha batallado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se niega a tratarse para bajar la cantidad de testosterona que produce su cuerpo naturalmente. Además, durante los Juegos Olímpicos de París levantó polvareda el caso de la boxeadora argelina Imane Khelif, sobre la que se desató una campaña de bulos azuzada por la extrema derecha a nivel mundial y a la que se le acusaba de “ser un varón biológico” o “un hombre XY diga lo que diga su pasaporte”.

Conventry fue elegida como primera presidenta en la historia del COI el pasado marzo de 2025 y entre los retos más inminentes tenía sobre la mesa precisamente la participación de las personas trans en las competiciones. Hasta ahora, el COI permitía que cada federación decidiera sus propias reglas y varias de ellas han avanzado en los últimos años hacia el endurecimiento de las normas, una posición ante la que Coventry se mostró partidaria de “asumir el papel de liderazgo” cuando tomó posesión. El comunicado con el que el organismo ha hecho pública su decisión especifica que la nueva norma deberá ser adoptada por las federaciones internacionales y otros organismos rectores del deporte en relación con los eventos del COI.

Según explica el organismo, la decisión es producto de una revisión realizada entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, en la que se “examinaron específicamente” los avances científicos médicos y legales desde 2021. Es algo que ya había iniciado un grupo de trabajo puesto en marcha para examinar posibles vías “para proteger la categoría femenina” y que concluyó que “el sexo masculino proporciona una ventaja de rendimiento en todos los deportes y eventos que dependen de la fuerza, la potencia y la resistencia”, por lo que “para garantizar la equidad y proteger la seguridad, especialmente en los deportes de contacto, la elegibilidad debe basarse en el sexo biológico”.

El COI justifica que la nueva política en los “objetivos políticos” del organismo en relación con las competiciones deportivas de mujeres: “Estos son garantizar la equidad, la seguridad y la integridad en la competición de élite, promover la igualdad, realzar el valor olímpico y aumentar la visibilidad de la categoría femenina. Por estas razones, el Movimiento Olímpico tiene un interés primordial en contar con una categoría femenina basada en el sexo”, señala.

El Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición. El texto, que ha contado con el apoyo en contra del Partido Popular y Vox y la abstención de Junts, reforma la Ley de Memoria Democrática para ampliar el margen temporal que ya estaba previsto en la anterior ley, la de 2007, que reconoció estas reparaciones hasta el 31 de diciembre de 1977. La idea inicial del Real Decreto era alargar la fecha un año más, hasta diciembre de 1978, pero un acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y ERC hará que el periodo se amplíe todavía más, hasta 1983, según confirman ambas partes.

El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, será ahora tramitado en el Congreso en forma de proyecto de ley para seguir debatiendo las exigencias de las formaciones de izquierdas como ERC, Bildu o Podemos, que han coincidido en reclamar la extensión temporal de la medida. Y eso porque 1983 es el límite que deja establecida la propia Ley de Memoria Democrática al reconocer las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron contra personas que peleaban “por la consolidación de la democracia”.

La reforma legal reconoce “el derecho a una indemnización” de 250.000 euros a los familiares de quienes fallecieron desde el 1 de enero de 1968 “en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos”, no pudiendo recibirlas aquellos que hubieran pertenecido a bandas o grupos armados terroristas. Para aquellas personas que fueron heridas y que hoy tienen reconocida una incapacidad por ese motivo, se recogen dos tipos de ayudas: una de 180.000 euros para quienes tienen incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros para los que tienen gran incapacidad.

En la práctica, estas cantidades son las que ya se reconocen para víctimas del terrorismo, según la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que incluye otros dos supuestos de incapacidad –total y parcial– no reconocidos en esta. Las víctimas del tardofranquismo no podrán recibir el pago si ya han recibido alguna otra compensación económica por los mismos hechos, aunque si es menor, podrá actualizarse y compensarse.

De esta forma se amplía el límite temporal y se actualizan las cantidades que ya puso en marcha la Ley de Memoria Histórica de 2007 en su momento y que iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. El nuevo texto reconoce que aquellas víctimas que hubieran recibido estas indemnizaciones entonces, pueden solicitar ahora una compensación por la diferencia. “El tiempo ha demostrado que el régimen de compensaciones de 2007 era insuficiente. No estamos hablando de números, sino de personas afectadas o sus familiares si es que han fallecido, de vidas truncadas y de sufimiento sin fin”, ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

“Tenemos una deuda con estas personas que dejaron su vida, su integridad física o los mejores años de sus vidas. Debemos reconocer el esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas que pelearon para que hoy disfrutemos de un sistema democrático habiendo dejado atrás la ignominia franquista”, ha apuntado Torres, que aunque ha reconocido que “desde el punto de vista económico” esa deuda “es impagable”, la intención es saldarla en la medida de lo posible mediante las indemnizaciones que regula el decreto.

El Gobierno dio luz verde a este Real Decreto al calor de las reclamaciones de las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. Varios portavoces andaluces de los partidos que han apoyado el texto han recordado el asesinato del joven y han rememorado las historias de otras tantas víctimas, en su mayoría asesinadas por actuaciones policiales durante la Transición, en huelgas, movilizaciones o protestas de díversa índole.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha avanzado que el Gobierno ha recibido ya medio centenera de solicitudes desde la entrada en vigor del Real Decreto y ha aceptado 15, entre ellas la de García Caparrós. También la de Víctor Manuel Pérez, que con 23 años fue asesinado de dos disparos por la espalda en Portugalete “por el mero hecho de repartir octavillas de una huelga”, o la de Amador Rey, que en marzo de 1972 “dejó viuda y tres hijos” tras ser asesinado por la policía franquista durante una huelga en Ferrol. Además, se ha aceptado la solicitud de la familia de Ángel Almazán, que murió en el hospital en 1976 por “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, ha apuntado Ángel Víctor Torres.

Una “aberración histórica”

Las formaciones políticas que han apoyado el Real Decreto han aplaudido la nueva medida, pero han coincidido en calificarla de “insuficiente”, sobre todo en lo que respecta al margen temporal que contempla el texto tal cual salió del Consejo de Ministros. “Sigue sin reconocer a todas las víctimas”, ha señalado la diputada de Bildu Isabel Pozueta, una petición que también han reclamado desde Podemos, el BNG o ERC. La formación catalana ha llegado a un acuerdo con el PSOE para “corregir” algunos puntos de la norma, según ha dicho durante el debate en el pleno el diputado Francesc Marc Álvaro Vidal y han confirmado ambas partes.

“Señor ministro, hay que hacer una revisión de los requisitos de acceso e hilar mucho más fino para evitar exclusiones injustificadas de víctimas. Los criterios tienen que estar clarísimos”, ha afirmado el parlamentario. Según han trasladado fuentes de ERC, el acuerdo con el Gobierno también pasa por la ampliación del plazo para presentar las solicitudes hasta los tres años desde la entrada en vigor del decreto frente al año contemplado ahora y la garantía de que casos como el de Salvador Puig Antich, ejecutado por el régimen franquista en 1974, también sean amparados.

Como es habitual en las medidas que tienen que ver con la memoria democrática, PP y Vox han cargado contra el Gobierno y el texto calificándolo de “despropósito jurídico y aberración histórica”, en palabras del diputado popular Pedro Muñoz Abrines. Tras denunciar “fraude procedimental” del Ejecutivo por reformar la Ley de Memoria Democrática vía Real Decreto, lo que a su juicio no se justifica por razones de urgencia, el parlamentario ha cuestionado el espíritu de la norma al defender que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede defender que no había democracia ni libertad” porque entonces “no existía Franco ni la dictadura”.

Más lejos ha ido Ignacio Hoces, de Vox, que ha asegurado que la oposición antifranquista “no luchaba por la democracia liberal” sino que partidos como el PSOE o el Partido Comunista “eran revolucionarios marxistas” y fueron “instrumentos de la ideología más totalitaria que ha visto Europa en el siglo XX”. Hoces ha nombrado el Real Decreto como un “nuevo episodio de la mentira histórica” de “la ziquierda y los separatistas” y ha vuelto a poner sobre la mesa a la banda terrorista ETA para justificar su oposición, algo que también ha hecho el representante del PP. “Olvidan lo de ayer pero recuerdan lo de hace 90 años. Son crueles con las víctimas de hoy”, ha sostenido.

La Asociación de la Prensa de la Universidad Carlos III de Madrid, formada por estudiantes, ha cancelado una charla que iba a celebrarse este martes en el campus de Getafe a cargo del exvicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, Jaime Alonso, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes del centro a este medio. Bajo el título “¿Con Franco se vivía mejor?”, el encuentro proponía un “análisis riguroso del franquismo desde una perspectiva histórica y con datos objetivos, poniendo el foco en cuestiones que siguen generando debate hoy en día”.

Alonso, al que la organización estudiantil presentaba como historiador en la invitación a la charla, ha llegado a calificar a Franco como “el autor de todo lo que es absolutamente viable en España” y defiende un relato directamente heredero del franquismo sobre este periodo histórico, “una de las etapas más relevantes de la historia reciente de España”, la define la Asociación de la Prensa, formada por alumnado de periodismo de la universidad.

Según ha publicado la asociación juvenil Abrir Brecha, que fue la que alertó de la celebración del evento, el Decanato envió un correo electrónico al estudiantado para anunciar la charla e invitar a los alumnos “esperando que sea de vuestro interés”, tal y como se puede leer en el e-mail hecho público en redes sociales. A preguntas de este medio, la universidad no ha respondido sobre si se evaluó el perfil del ponente y el trasfondo del encuentro antes, pero sí reconocen que el Decanato es el que autoriza los espacios para este tipo de charlas.

Desde la asociación denuncian que la universidad “haya permitido y haya dado voz” al evento. “No vamos a aceptar que nuestra universidad se convierta en un espacio donde se blanquea el fascismo mientras se intenta silenciar a quienes lo combaten. La universidad pública no es neutral: o se está del lado de los derechos políticos o se convierte en cómplice de quienes nos quieren ver en blanco y negro”, apunta el colectivo en un comunicado, en el que califican de “grave” no solo “el planteamiento del debate”, sino que en él participe un representante de una fundación “que se encuentra en proceso de ilegalización por hacer apología de la dictadura”.

Los organizadores del encuentro no han respondido aún a las preguntas de este medio, pero, según la Cadena Ser, han decidido cancelar porque puede ser “sesgada”.

“Franco no fusilaba gente”

El que iba a ser el único ponente del encuentro, que hace unos años era común en medios de comunicación como portavoz, niega la represión franquista asegurando que Franco “no fusilaba gente” y hace apología de la dictadura en línea con los mitos que el propio franquismo edificó de sí mismo: “Creó la Seguridad Social y todo el entramado político, económico y social que hemos disfrutado”, decía hace unos años. También calificó al dictador como “un referente” y “la solución” a los problemas del país.

Siguiendo las tesis del revisionismo histórico, Alonso promueve la idea falsa de que el golpe de Estado franquista de 1936 se produjo contra un Gobierno, el de la República, que era “ilegítimo”. En 2012 escribió un artículo en la web de la Fundación Francisco Franco titulado “el derecho al Alzamiento”. El Gobierno está inmerso en el proceso de disolver la organización, a la que hace un par de semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó su petición para frenar el procedimiento.

La fundación, constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo, ha centrado su actividad en loar “la obra y el legado” de Franco, al que tilda de “gobernante al servicio del noble pueblo español”. Y así lo especifica en sus estatutos y lo demuestra en sus posicionamientos y apariciones públicas. Su web y redes sociales son un compendio de ideas que glorifican la Guerra Civil y el régimen, a las que se suman los actos y convocatorias en las que celebran el 18 de julio, aniversario de la sublevación franquista.

Por eso, y en base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para extinguirla concluyendo que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática. El proceso sigue actualmente su curso y, en última instancia, será un juez el que decida sobre ello.

Pasó de ser compañera de la abogada Victoria Kent en la Residencia de Señoritas de Madrid a estar encerrada en la cárcel de mujeres que la propia Kent proyectaría, ya como primera directora general de Prisiones de la República, para dignificar a las reclusas. Margarita Beese Rodríguez, miembro de la Sección Femenina de Falange, había respirado la efervescencia intelectual y artística del Madrid de entreguerras tras dejar atrás su Tenerife natal. Sin embargo, a punto de finalizar la Guerra Civil volvería a su ciudad para hacer algo que le costaría una condena de dos años, cuatro meses y un día de prisión.

Ese algo fue tratar de inscribirse en el Registro Civil con otro nombre y otro sexo: Juan Carlos, hombre. Margarita, falangista convencida y amante de la España que prometía Franco con su Cruzada, acudió el 5 de enero de 1939 al Juzgado Municipal de Santa Cruz para registrarse. Argumentó que su familia no la había inscrito al nacer, algo no poco común en la época, se presentó ante los funcionarios con un testigo, la documentación exigida con la firma falsa de su padre y la apariencia y vestimenta de un varón. A los cuatro meses fue detenida.

En su misteriosa historia ha buceado la periodista Andrea Momoitio durante tres años para reconstruir los pasos de una falangista que intentó cambiar de sexo en la España de Franco. Lo cuenta en su segundo libro, Farsante. Una historia queer en la Falange (Libros del K.O.), en el que, a partir de huellas dispersas, trata de recomponer un puzzle al que aún le faltan piezas. ¿Por qué intentó Margarita registrarse como Juan Carlos?

“No lo sabemos. No puedo afirmar que estemos ante un hombre trans, entre otras cosas porque no existía esa categoría en ese momento tal cual la conocemos hoy. En todas sus cartas y textos se refiere a sí misma como Margarita y después, durante el juicio, va cambiando de versión y puede que mintiera. Nada sobre su identidad de género ha llegado a las personas que la recuerdan de oídas”, señala la autora, que apunta a que lo que sí ha trascendido hasta la actualidad es que era lesbiana. ¿Quería Margarita vivir como hombre para ser libre con otra mujer? ¿Era verdaderamente un hombre trans? ¿Podemos analizar el pasado con las etiquetas de hoy?

Todas esas preguntas se las hace Momoitio en el libro, un trabajo atravesado de dudas de las que hace partícipe al lector con honestidad. Lo que sí está confirmado son los dos hechos fundamentales: que Margarita era falangista, tanto que llegó a relacionarse con la Jefa Nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, y que a sus 42 años fue condenada por cambiar de sexo. A ello ha llegado la periodista tras buscar su rastro por todas partes: en decenas de archivos, cartas, fotografías, periódicos y las voces de quienes sabían que la falangista había sido una familiar lejana, aunque sabían muy poco de ella.

Dedicada “en cuerpo y alma” a Falange

Nacida en una familia pudiente y conocida de Santa Cruz de Tenerife, Margarita era hija de un hombre alemán, admirador de Adolf Hitler que poseía un negocio de flores y plantas en la isla. A su pesar pero gracias a su dinero, acabó cediendo en las peticiones de la joven, que ansiaba los aires de libertad que se respiraban en Madrid y, a sus 24 años, se trasladó a la capital para estudiar Bachillerato. Fue ahí cuando coincidió con Victoria Kent y otras muchas intelectuales en la Residencia de Señoritas, dirigida por María de Maeztu y vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, el proyecto de renovación pedagógica impulsado a principios de siglo y erradicado tras la victoria franquista.

Entonces, la pluma de Margarita Beese ya era habitual en La Gaceta de Tenerife, un medio de marcada línea conservadora en el que empezó su carrera como escritora. Después sería nombrada directora de la revista Héroes, que buscaba visibilizar a los españoles “dispuestos a morir por el honor de España”. En sus escritos, que ha repasado y analizado Momoitio, cristalizan sus ideas fascistas y su “amor” por España.

La autora de Farsante retrata a un personaje contradictorio y “mentiroso” –por ejemplo, decía falsamente que había estudiado Medicina–, pero muy convencido de su ideología. En sus columnas, apoyaba un “feminismo conservador, un feminismo como Dios manda”, apunta Momoitio. Respaldaba el acceso a la educación y defendía que el conjunto de “ciencia, voluntad y capacidad cultural” provocaría un perfeccionamiento de las mujeres, que, eso sí, no debían perder en ningún caso su feminidad ni obviar su “sagrado deber” de transmitir a sus hijos “el amor a la patria”, un discurso en línea con el que promovía la Sección Femenina.

“En sus textos se declara feminista, pero también antisufragista. Apostaba por los derechos de las mujeres de una forma muy limitada y venía a abogar por que las mujeres no podían hacer lo que ella hacía, que era vivir en cierta libertad, opinar y participar políticamente”, señala la periodista, que advierte de que “pensarlo en términos de hoy” puede resultar “contradictorio”. Por encima de todo, Margarita era falangista y, según sus propias declaraciones, se afilió a la Falange poco después de que José Antonio Primo de Rivera encabezara en 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid el acto fundacional del partido.

Tras el estallido de la Guerra Civil y una vez Málaga fue tomada por los sublevados, Margarita, que había accedido a trabajar en Correos, fue trasladada a la ciudad andaluza. Allí vivió su plenitud como miembro de Falange, a la que “se dedicó en cuerpo y alma” y en la que parece haber tenido una posición preponderante: era la delegada provincial de la rama de mujeres del sindicato falangista Central Nacional Sindicalista y ella misma aseguró en varias ocasiones haber sido parte de la Hermandad de la Ciudad y del Campo, una de las regidurías de la Sección Femenina para instruir a las mujeres de las zonas rurales.

Esto fue lo que motivó uno de los hallazgos de Momoitio que demuestra su peso en el partido. Y es que la mismísima líder de la SF, Pilar Primo de Rivera, pidió personalmente al jefe de la oficina de Correos de Málaga que Margarita pudiera ausentarse un mes de su trabajo para acudir a Salamanca, donde vivía Primo de Rivera, a “enseñar los estudios” que la mujer había hecho para la Hermandad, según la documentación a la que ha accedido la periodista. Su jefe aceptó la petición por “ser altamente beneficiosa para los sagrados intereses” del país, sobre todo, teniendo en cuenta las “actividades y entusiasmos” de Margarita “en favor del Movimiento Salvador de España”.

Durante el tiempo que estuvo en Castilla, la Sección Femenina celebró en Segovia su II Congreso, rodeado de la habitual parafernalia, actos, homenajes y misas que acostumbraban a promover las falangistas. Tras un homenaje “a los caídos”, las militantes abrieron las jornadas haciendo “a la inversa el camino de Isabel el día de su coronación” para acudir después al Alcázar, donde fueron coronados los Reyes Católicos. Fue este uno de los innumerables gestos que las falangistas tuvieron en relación con Isabel la Católica, que fue su referente femenino por excelencia, explotado hasta la saciedad durante la dictadura. Según cuenta Momoitio, a todas las asistentes al Congreso se les obsequió con un ejemplar de Mi Lucha, de Adolf Hitler.

El juicio

Después Margarita ya no volvería a Málaga. Debía hacer algo en Santa Cruz de Tenerife y allí regresó para acudir al Registro Civil, de donde salió inscrita como Juan Carlos. En mayo de 1939 fue detenida y trasladada a la prisión. Después pasaría por Las Ventas de Madrid, la cárcel erigida por Victoria Kent, para volver a la santacruceña. Al juicio, celebrado en abril de 1940, se presentó vestida de hombre, con camisa, chaleco y chaqueta, además de pantalones de pinzas y zapatos de piel.

Su primera versión para defenderse fue que había tratado de registrarse como un hombre para ir al frente de la guerra a Alemania para después alegar que Margarita prácticamente no respondía de sus actos porque sentía “una obsesión” por ser vista como un hombre. “Me atrae ser hombre”, llegó a decir. La falangista fue sometida a diversos exámenes médicos para acreditar “a qué sexo pertenecía” que concluyeron que era alguien “pseudohermafrodita o intersexual” simplemente porque vieron en su voz o su pelo algunos “rasgos varoniles”, sumado a que “su libido está orientada al sexo femenino”, decían los informes en una clara confusión conceptual.

Finalmente, fue condenada por falsedad documental con el objetivo de “hacerse pasar por un varón y vivir de esta forma” a más de dos años de cárcel que cumplió antes de irse a vivir en plena Segunda Guerra Mundial al país de Hitler. Momoitio ha encontrado evidencias de que la Falange llegó a negar que hubiera sido una de las suyas, desconoce por qué. “Puede que no hubiera una voluntad firme de esconderla, pero sí era un personaje que no les convenía una vez fue juzgada”, apunta la autora del libro, que no ha hallado rastro de Margarita en la prensa local a partir del juicio a pesar de lo habitual que era la falangista en sus páginas años atrás.

Resulta paradójico pensar que mientras el país 'estrenaba' la Nueva España prometida por Franco, una de sus principales valedoras era olvidada y encerrada en las mismas cárceles que usó la dictadura para reprimir a miles de personas por su forma de ser o pensar. A Momoitio, que llegó a la primera pista de la existencia de Margarita gracias a la historiadora Yanira Hernández, le gusta pensar que durante su encarcelamiento pudo arrepentirse de sus ideales, pero luego lo duda. Aun así, sabe que hay mucho por contar de Margarita, la protagonista de una historia sin cerrar que “trató de encontrar espacios de libertad en un mundo que no estaba pensado para ella”.

Han pasado más de cuatro décadas desde que cerrara el último centro y medio siglo desde el fin de la dictadura que creó y mantuvo el Patronato de Protección de la Mujer, la institución represora más longeva del franquismo. Son los años que han tenido que esperar las mujeres que pasaron por estos reformatorios para chicas 'inmorales' para recibir una reparación pública oficial. Este viernes el Gobierno ha celebrado por primera vez un acto en el que ha pedido perdón y ha reconocido la represión específica que sufrieron estas mujeres, encerradas en estos centros sin un juicio ni garantías, sometidas a duras condiciones de vida y aislamiento para intentar “reeducarlas” en línea con los mandatos del régimen.

Durante el acto, celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, 53 víctimas han recibido declaraciones de reparación y reconocimiento personal en las que se acredita la “represión y violencia” que fue ejercida contra ellas por el Patronato, que empezó a funcionar en 1941 y sobrevivió al dictador, cerrando ya entrada la democracia, en 1985. El acto ha sido impulsado a tres bandas por los ministerios de Igualdad, Política Territorial y Memoria Democrática y Justicia, coordinados por el Comisionado de los 50 años de España en libertad, que fue creado el año pasado en torno al medio siglo de la muerte de Franco pero que continúa su actividad. 

Las víctimas, largamente ovacionadas por el público, han subido al escenario a recoger los documentos de manos de los secretarios de Estado de Igualdad, Justicia y Memoria Democrática debido a la ausencia de Ana Redondo y Ángel Víctor Torres, los ministros de Igualdad y Memoria Democrática. Estaba previsto que los dos acudieran al acto, pero se han ausentado por el retraso en la celebración del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes por la guerra de Irán.

Las palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sí han estado presentes en el acto a través de un vídeo grabado previamente por tener previsto este viernes estar en el Vaticano junto a los Reyes. “El Estado os falló. Perdón y gracias”, ha reconocido el ministro antes de aceptar la “vergüenza” que le provoca que el Patronato de Protección a la Mujer dependiera del ministerio que lidera y que su actividad se extendiera más allá de la muerte de Franco. Ante ello, Bolaños ha avanzado que colocará una placa en la sede del ministerio que “recuerde el horror que os hicieron pasar” en los centros.

En lugar de la ministra Ana Redondo, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha reconocido en su intervención que el sufrimiento de las víctimas “no fue un hecho menor, sino una vulneración de derechos humanos” y ha dado las gracias a las mujeres. “Hoy el Estado os mira de frente, os reconoce, os devuelve la palabra que nunca debió ser arrebatada”. También el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha leído el discurso que estaba previsto que diera Ángel Víctor Torres, en el que ha asumido que el Gobierno “llega tarde”, pero ha apuntado a que “mientras el Gobierno progresista siga en pie, seguiremos defendiendo los derechos de las víctimas y sacando a relucir la verdad”.

“Os tenemos que reconocer como víctimas”

El Patronato, presidido por Carmen Polo, la mujer de Franco, fue el encargado de vigilar y controlar la conducta social de las adolescentes, para lo que dispuso de una red de centros regentados por congregaciones religiosas en los que confinaba a las jóvenes “caídas o en riesgo de caer”, según la terminología del régimen. “Os tenemos que reconocer como víctimas de la dictadura públicamente y nos ponemos a vuestra disposición”, ha afirmado Félix Bolaños en el vídeo, proyectado justo antes de que las mujeres subieran el escenario a recibir los documentos que lo acreditan.

La emoción ha sido la tónica dominante durante la entrega de las declaraciones a las mujeres, varias de las cuales han dado las gracias a Consuelo García del Cid, una de las reconocidas y cuya investigación ha sido clave para denunciar lo que ocurrió en los centros. “Aunque pone víctimas, ahora ya somos supervivientes”, ha dicho otra de las mujeres al recibir el documento. Ocho de las 53 homenajeadas han preferido no subir al escenario a recogerlo y tres de ellas han intervenido al final del acto para reclamar medidas al Gobierno y a las órdenes religiosas que gestionaron los centros y siguen activas.

“La democracia nos debe diez años de vida”, ha dicho García del Cid en referencia a los diez años que en democracia estuvo funcionando el organismo. La escritora ha reclamado a las congregaciones que abran sus archivos para que las mujeres puedan acceder a sus expedientes y hagan públicos los libros de contabilidad “donde constan los ingresos de cada taller de trabajo sostenido con mano de obra esclava”. “Estuvimos presas sin haber cometido ningún delito y fuimos marcadas para los restos”, ha señalado García del Cid, que ha denunciado que las órdenes religiosas “son hoy ONG que viven del dinero público”. “Verdad, justicia y reparación” ha sido el lema que han coreado todas las homenajeadas al final de las intervenciones.

El acto, conducido por la historiadora Carmen Guillén, ha reconocido el “paso importante” que supone el reconocimiento para que “el silencio que durante décadas trató de ocultar” lo que supuso el Patronato de Protección de la Mujer “se rompa”. “Pero no es el final del camino, es un punto de partida, un impulso para seguir investigando, para abrir archivos y avanzar en la puesta en marcha de una comisión de investigación” que tiene entre sus planes iniciar la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Además, este viernes el Boletín Oficial del Estado ha publicado el expediente de incoación para declarar Lugar de Memoria Democrática el Patronato de Protección de la Mujer.

La historiadora, autora del recién publicado Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica), ha explicado que el Patronato de Protección a la Mujer fue “un dispositivo oficial” que durante más de cuatro décadas “privó a miles de mujeres de libertad” y dio lugar a prácticas “marcadas por abusos, trabajos forzados, separación de las familias y graves vulneraciones de derechos humanos”. Las consecuencias y efectos de ello “siguen presentes en muchas mujeres” que hoy, más de 40 años después, están tomando la palabra para contar lo que sufrieron y sacar del olvido un tipo de represión “que durante demasiado tiempo quedó fuera de la mirada pública”.

Difícilmente la institución podría haber llevado a cabo sus fines sin las órdenes religiosas que regentaban los reformatorios, que tenían un papel crucial. Eran las monjas las que los dirigían y marcaban las duras condiciones de vida del día a día, según han narrado las víctimas, que eran encerradas sin haber cometido ningún delito. Aunque los había más y menos duros, en general en los centros lo habitual era el silencio y la disciplina, la oración y el trabajo. El objetivo era “reeducar” a las jóvenes. El pico máximo de internas se alcanzó en 1961, con 3.360 adolescentes. Entre las congregaciones más activas estaban las Adoratrices o las Oblatas del Santísimo Redentor.

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar en calidad de investigado a un exmiembro de la Brigada Político Social franquista tras la querella interpuesta por el activista antifranquista Carlos Serrano Suárez por torturas durante los meses de mayo y octubre de 1975, poco antes de la muerte del dictador. En una providencia fechada el 11 de febrero, el magistrado acuerda que el expolicía Agustín Costo Martínez y el propio Serrano acudan a declarar el próximo 22 de junio a los Juzgados de Plaza Castilla de la capital.

La querella estaba dirigida contra cinco exintegrantes de la policía franquista, por lo que, entre las diligencias ordenadas por el juez también está la petición a la Brigada Provincial de Información de la Policía para que “realice las gestiones oportunas para averiguar la completa identidad” de otros tres, además de aclarar si uno de ellos “tuvo alguna intervención” en los hechos ante las dudas de que estuviera destinado en Madrid en aquel momento. Respecto al quinto querellado, reclama la confirmación de su fallecimiento en agosto de 2021.

El juzgado admitió la querella de Serrano Suárez en enero de este año, en la que denuncia “crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista”, según apunta la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua). En concreto, el antifranquista denuncia dos detenciones y torturas en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, por donde pasaron miles de represaliados que llevan años reclamando que la instalación de una placa en el edificio que recuerde lo que allí vivieron. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha negado reiteradamente a la petición.

Ceaqua celebra la decisión por suponer “un impulso relevante” en la tramitación de la causa y porque es algo que no suele ocurrir: hasta la fecha, casi todas las querellas por crímenes del franquismo que ha interpuesto el colectivo han sido archivadas. “A día de hoy la citación de querellante y querellado siguen siendo situaciones excepcionales”, lamenta la organización, que apunta a que España “no ha revertido las políticas de impunidad” y, en general, “está impidiendo la investigación judicial de los crímenes” cometidos durante la dictadura.

Aún así, en los últimos años algunas decisiones aisladas han comenzado a romper el muro que rodeaba a estos casos, al menos en lo que respecta a los primeros pasos de los procesos: en septiembre de 2023 Julio Pacheco se convirtió en la primera víctima del franquismo en declarar ante un juez en España, aunque un año después la Justicia decidió archivar el caso por prescripción. Además, en junio de 2025 una jueza de Elda imputó al exministro RodolfoMartín Villa y a Daniel Aroca del Rey, agente de la Policía Armada, por el asesinato de Teófilo del Valle durante las movilizaciones del sector del calzado Alicantino de febrero de 1976, ya en la Transición. La declaración del exministro ha sido pospuesta en un par de ocasiones.

Casi no habían pasado ni dos meses desde el final de la Guerra Civil cuando las falangistas convirtieron la explanada del histórico Castillo de la Mota, en Medina del Campo (Valladolid), en un masivo homenaje a Franco. Miles de militantes de la Sección Femenina de Falange rendían tributo al dictador y a su Ejército con la solemnidad y el fervor de quienes se sentían protagonistas de una Nueva España naciente. En aquella jornada, plagada de discursos y arengas, Franco, vestido de militar y con camisa azul, impuso a la delegada nacional del partido, Pilar Primo de Rivera, la Y de oro de Ysabel la Católica –según el castellano de la época–, una distinción que ya no dejaría de ser habitual en su vestimenta.

Ni la condecoración ni el escenario elegido, una de las fortalezas clave de los Reyes Católicos, fue una casualidad ni excepción: Isabel I de Castilla fue durante aquellos años uno de los mitos más extendidos, una figura usada y reivindicada hasta la saciedad por el régimen y especialmente por las falangistas, a las que el dictador llegó a ceder el Castillo de la Mota para que establecieran su escuela de formación de mandos. Pero esta instrumentalización política del personaje no se quedó en el siglo pasado: es referencia habitual de la extrema derecha y a ella recurrió el líder de Vox, Santiago Abascal, el pasado 8M, Día Internacional de las Mujeres.

En un acto que el partido celebró precisamente en Medina del Campo, el ultraderechista reconoció a Isabel I como “la mujer más grande de la historia de España y del mundo” y un ejemplo a seguir. “Es la mujer que reivindicamos, de la que nos sentimos orgullosos, no lo que vemos hoy en las tertulias”, afirmó. Casi 90 años antes y desde el mismo lugar, Franco arengó a las falangistas allí reunidas para reclamarles “ese patriotismo que forjáis vosotras en los hogares” en base al “conjuro y al recuerdo de aquella reina ejemplar, Isabel la Católica”.

Fue una de las innumerables veces en que líderes políticos, militares y religiosos de la España franquista alabaron y mencionaron a la mandataria, convertida en todo un referente junto a otras figuras históricas como el apostol Santiago o Teresa de Jesús. Su recuerdo, rostro y símbolos inundaron la iconografía de la época: en sellos, monedas, esculturas, calles, grabados, banderas, escudos... El yugo y las flechas, logotipo de los Reyes Católicos, fue adoptado por Falange y sus letras capitulares, la Y y la F –de Ysabel y Fernando– ocupaban espacios importantes, lo que se unía a su veneración continua en todos los ámbitos, y especialmente en las aulas.

Fue una “atención obsesiva” del régimen, según la historiadora Elena Maza Zorrilla, que ha analizado lo que considera una “manipulación” y “distorsión interpretativa” de la figura en el artículo El mito de Isabel de Castilla como elemento de legitimidad política del franquismo. La experta desliza dos motivaciones principales: por un lado, un “afán ejemplarizante” como modelo de género para las españolas, sobre las que se proyectó “la sombra modélica” de la reina como figura “mitificada y omnipresente”. Y por otro lado, el régimen la utilizó para legitimarse políticamente obviando la sublevación violenta de 1936, al presentarla como “un nexo de unión y engarce histórico” entre la España “gloriosa” del siglo XV y el Nuevo Estado franquista.

Poder político sin perder feminidad

En manos de la Sección Femenina, convertida en una auténtica organización de masas que llegó a tener más de medio millón de afiliadas, Isabel la Católica fue “de gran utilidad”, apunta la historiadora de la Universidad de Sevilla, Begoña Barrera. “Es una figura que, manipulada y llevada a su simplificación, se prestó muy bien a ser vendida como ejemplo de virtuosidad femenina. Se incidía mucho en su doble condición, en su poder político excepcional y sus cualidades sin perder al mismo tiempo su feminidad ni su papel de buena esposa y madre”, explica la experta.

La reina Isabel encajaba en el modelo de mujer que promovió la Sección Femenina, sobre el que la historiografía lleva años debatiendo y apuntando a sus contradicciones. Las falangistas adoctrinaron a las españolas en el hogar, pero al mismo tiempo sus líderes fueron políticas, independientes y sin hijos ni marido en lo que algunas voces han calificado de un intento por reformular las nociones tradicionales de género de la época. La mujer falangista debía criar y ser buena esposa, pero también arremangarse con abnegación, arrojo, alegría y sacrificio en pos de un fin supremo: el de la Patria y el Imperio.

En este marco, figuras como la de Isabel de Castilla servían al relato difundido en las dos principales publicaciones de la SF, Y y Medina, cuyos nombres, de nuevo, eran claras referencias a la reina. “Ofrecía un referente femenino válido y aceptable en un contexto en el que las mujeres estaban constreñidas social y legalmente en el espacio público. La Sección Femenina buscó mujeres destacadas, que entraban en el paradigma de la excepcionalidad, que le sirvieran como acomodo simbólico para su tarea dentro y fuera del hogar, mujeres con mando, autoridad y capacidad de acción”, señala Ángela Cenarro, catedrática de Historia de la Universidad de Zaragoza.

La historiadora Inbal Ofer, de las primeras voces en estudiar el uso de Isabel I por parte de las falangistas, recupera un folleto publicado por la organización en 1941 en el que cristaliza la concepción que tenían de ella: “Solo nos interesa Isabel, ya que solo ella representa la aspiración suprema de las mujeres falangistas [...] Solo Isabel de Castilla, que conquistó el último territorio español a los infieles, que ayudó con su intuición al visionario Colón, solo ella es la prueba eterna e inequívoca de lo que la voluntad femenina puede hacer cuando actúa en nombre del verdadero destino católico y patriótico”.

El pasado glorioso y nacional

Esta idea es inseparable de todo lo que supuso la reina Isabel para la ideología franquista en términos políticos y religiosos. “Fue construida como un referente de esa etapa de esplendor y máxima expansión del Imperio español que está siempre presente en el imaginario franquista y fascista. Es una mirada hacia atrás, a un pasado glorioso y nacional perdido que supuestamente hay que recuperar”, señala Cenarro.

Así, Isabel se convirtió en “sostén ideológico” de la dictadura desde varios puntos de vista, según explica Maza Zorrilla. Fue un símbolo de la unidad territorial y encarnó la fusión entre la identidad nacional y la fe católica, además de ser ensalzada por la conquista de América, un relato que el franquismo usó para lanzar la idea de Hispanidad como “una especie de imperio espiritual a recobrar por el orden derivado del 18 de julio”.

El régimen equiparaba la “Reconquista” de 1492 con la “Cruzada” franquista contra la “antiEspaña” y de esta forma justificaba el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la posterior instauración de la dictadura. Los paralelismos que explotaba la narrativa dominante apuntaban a un Franco que se autoproclamaba “salvador” frente a la supuesta “decadencia” republicana al igual que Isabel había heredado una Castilla “destrozada” y “abandonada” que había hecho resurgir en base al “progreso y la disciplina”, señala la historiadora en base a textos, discursos y publicaciones del momento.

El uso de la figura, apunta la experta, no fue nuevo en la dictadura porque ya había sido “rescatada” desde los primeros años del siglo XIX, pero sí lo fue “el abuso y manipulación” a la que fue sometida. La censura y la interpretación dominante extirpó casi cualquier arista crítica del reinado isabelino, omitiendo deliberadamente episodios como la instauración de la Inquisición o la expulsión de judíos y persecución de musulmanes, facetas que tampoco en 2026 son nombradas por la ultraderecha española. De hecho, Abascal habló en Miranda de Ebro hace unos días de “la reconquista ante el islamismo” y de “la evangelización de todo el orbe” como los éxitos de su reinado.

“Les interesa por las mismas razones que le interesaba a la Sección Femenina, para sacarla a relucir frente a una especie de 'falso feminismo' que atribuyen a la izquierda”, señala sobre la “línea de continuidad” entre ambos relatos. La experta denuncia el “manoseo interesado” que “se hace de determinadas figuras históricas” y lamenta su “manipulación y simplificación”. “No porque se transmita ninguna mentira, sino porque se subrayan las características y las vertientes que más convienen al discurso. Estamos, además, hablando de alguien que vivió en el siglo XV y extrapolar e intentar hacer válidos conceptos de entonces como referentes de un feminismo actual es un anacronismo enorme”.

No niega Barrera que Isabel la Católica tuviera un “poder y una habilidad política excepcionales” en un contexto dominado por los hombres, pero cree que la celebración de las figuras históricas debe hacerse en base “al rigor y a la investigación” con el objetivo de “entender el pasado y no para convertirlas en una caricatura que instrumentalizar por intereses políticos”.

La investigación sobre el incendio provocado por el que se acusa a José M.G en Miranda de Ebro (Burgos) continúa su marcha, pero el caso ya ha sido confirmado como un crimen machista: Dolores, su expareja, ha sido una de las víctimas de las llamas, que también han acabado con la vida de su madre, Antonia, y Laura Valentina, una vecina del edificio de 24 años. La principal hipótesis que barajan los investigadores es que el hombre, con un largo historial de delitos contra mujeres a sus espaldas, originó el fuego al prender varios colchones y otros enseres almacenados en el portal, lo que generó un humo denso y muy tóxico que inundó la vivienda.

El crimen ya ha sido registrado oficialmente como un caso de violencia machista por el Ministerio de Igualdad, que recoge estas cifras desde 2003. En lo que va de año, son 11 las mujeres como Dolores asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que dibuja el inicio de este 2026 como uno de los peores de los últimos seis años. A día de hoy, el registro iguala al de 2023 –cuando fueron también 11 las asesinadas– y solo es superado por 2020. Aquel año, el del estallido de la pandemia de coronavirus, 18 hombres mataron a mujeres con las que tenían o habían tenido en el pasado una relación.

Esta estadística recoge los casos que se dan en el seno de la pareja o expareja, pero los asesinatos de Antonia y Laura Valentina también pasarán a formar parte del registro oficial de feminicidios activo desde hace cinco años y que los clasifica en cuatro categorías: feminicidios sociales, familiares, sexuales o vicarios. Sin embargo, la estadística se actualiza cada semestre, por lo que aún no serán contempladas en el informe periódico.

Este mismo martes la Guardia Civil también detuvo a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en 2017 tras el hallazgo de restos óseos en el registro de una vivienda de su propiedad. El Instituto Armado ya ha confirmado que los huesos son de la mujer, cuya desaparición se produjo a solo 50 metros de su casa.

Agresores persistentes

José M.G, el presunto autor del incendio de Miranda de Ebro, era un conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por sus antecedentes en casos relacionados con la violencia hacia las mujeres. En 2017 fue condenado por retener y abusar sexualmente de una niña de nueve años y en 2024 por un delito de detención ilegal contra una mujer a la que encadenó el cuello. Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el ahora detenido había terminado de cumplir la pena hace menos de un mes, el pasado 20 de febrero.

El Ministerio del Interior también informó de que José M.G había estado en el sistema de protección a víctimas de violencia de género (VioGén) en el pasado, por maltratar a otra mujer. Es lo que se llama “agresores persistentes”, que son los que han ejercido violencia contra más de una pareja y de los que el Ministerio del Interior tenía identificados hace un año a más de 70.000. Son un 11% del total.

Las cifras llevaron en 2023 a que Interior aprobara una instrucción para que la Policía o la Guardia Civil avise a las mujeres que están en VioGén si su agresor ha sido denunciado por otras víctimas anteriores siempre que consideren que esto “constituye un factor de riesgo especial”. No se trata por lo tanto de una advertencia generalizada ni sistemática, sino que los agentes que se encargan de hacer la valoración del riesgo de cada víctima son los que deciden en función de varios criterios. A finales del año pasado, casi 20.000 mujeres habían recibido este aviso.

A las once mujeres víctimas mortales de este año, hay que sumar los dos casos en los que dos hijos menores de edad de las víctimas fueron asesinados. Con solo tres días de diferencia, un hombre mató a su mujer y a su hija de 12 años en Castellón y otro asesinó a su hijo de diez años en Santa Cruz de Tenerife en febrero. Además, diez menores de edad se han quedado huérfanos en lo que va de año por esta causa. En cinco de los once casos registrados este 2026 había denuncia previa, un 45%.

“Es la pregunta que nos hacemos todos los días. Estamos analizando caso a caso”, respondía hace unos días en una entrevista en este medio la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre qué sigue fallando a la hora de evitar la violencia de género. Tras el crimen de Miranda de Ebro, Redondo ha expresado su “más rotunda condena” y ha llamado a un esfuerzo conjunto por parte de las instituciones y el conjunto de la sociedad. “No nos vamos a callar nunca ante la violencia contra las mujeres”, añadió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de la localidad ha declarado tres días de luto.

Las mujeres que pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer, la institución represora más longeva del franquismo, van a recibir un 'perdón' público del Estado por primera vez. En un acto que se celebrará el próximo 20 de marzo en Madrid, 53 de estas mujeres recibirán documentos de reconocimiento como víctimas del franquismo de manos del Gobierno, una de las políticas de reparación simbólica previstas en la Ley de Memoria Democrática, según confirman fuentes del Ejecutivo. El objetivo es hacer una restitución pública de quienes, cuando eran adolescentes, fueron encerradas en reformatorios creados para chicas que transgredían las normas morales de la dictadura.

Tras décadas de silencio en torno a esta institución, que empezó a funcionar en 1941 y sobrevivió al dictador —cerró en 1985—, cada vez son más los testimonios de mujeres que recuperan su historia y cuentan lo que supuso para ellas pasar por los centros, a lo que se ha sumado un interés creciente de la historiografía. El Patronato de Protección a la Mujer, presidido por Carmen Polo, la mujer de Franco, fue el organismo encargado de vigilar y controlar la conducta social de las adolescentes, para lo que dispuso de una red de centros regentados por congregaciones religiosas en los que confinaba a las jóvenes “caídas o en riesgo de caer”, según la terminología del régimen.

El Gobierno está organizando el acto a tres bandas entre el Ministerio de Memoria Democrática, el de Justicia e Igualdad, coordinados por el Comisionado de los 50 años de España en libertad, que fue creado el año pasado en torno al medio siglo de la muerte de Franco pero que continúa su actividad. Si nada cambia, el evento se celebrará en el Auditorio Nacional de Música. “Es de justicia”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Ana Redondo.

Con motivo del acto, el Gobierno entregará a medio centenar de mujeres declaraciones de reparación y reconocimiento de carácter personal “por la represión y la violencia ejercida por el Patronato de Protección a la Mujer por razones políticas, ideológicas y de género”, señalan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Los documentos declaran “ilegales e ilegítimos” los tribunales u otro tipo de órganos, ya sean penales o administrativos, que tomaran decisiones al respecto y declaran “nulas” posibles sanciones que se les impusieran.

Hasta el momento, el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres ha otorgado más de 1.600 declaraciones de este tipo, entre ellas a la familia de la exalcaldesa socialista de O Porriño (Pontevedra), Eva García de la Torre, fallecida en 2022, que fue reconocida el pasado octubre como la primera víctima del Patronato de Protección a la Mujer franquista.

En su caso, fue encerrada en un centro religioso bajo “la sospecha de homosexualidad” después de escribir una carta sobre su orientación sexual. La misiva le valió una denuncia y el Tribunal Tutelar de Menores ordenó su puesta a disposición de la institución, bajo la que estuvo hasta 1985, ya entrada la democracia. Pero casi cualquier motivo servía para denunciar y encerrar a una chica en el Patronato de Protección a la Mujer: algunas fichas que figuran en los archivos esgrimen motivos como “no obedece a su madre”, “le gusta mucho la calle”, no acudir a misa o trabajar como camareras.

“Es muy importante que se reconozca como víctimas del franquismo. Debería haber sido muchísimo antes, pero esto nos permite dar un paso adelante”, reconoce Consuelo García del Cid, que pasó por varios centros y fue una de las pioneras en visibilizar la experiencia de las víctimas. Hace unos años, su voz era prácticamente la única y, desde entonces, se ha dedicado a escribir y reunir testimonios de mujeres afectadas. Aun así, las mujeres reclaman que el Gobierno dé un paso más y reforme la Ley de Memoria Democrática para incluirlas específicamente como víctimas de la dictadura más allá del epígrafe genérico en el que están incluidas.

Lo que ya va a hacer la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es crear un “grupo de trabajo interno” sobre el organismo e impulsar una subcomisión específica dedicada la represión que ejerció el Patronato dentro de la Comisión dedicada a esclarecer las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, según apuntan fuentes del Gobierno. La ley obliga a crear dicha comisión en el seno del Consejo de la Memoria Democrática y será constituida el próximo 25 de marzo. Entre sus funciones, estará recopilar información, testimonios y documentos para elaborar “con objetividad e imparcialidad” conclusiones y recomendaciones “para la reparación de las víctimas y para evitar que los hechos vuelvan a repetirse”.

“Reeducar” a las jóvenes

Para entrar al Patronato bastaba la denuncia de la policía o las autoridades, pero la mayoría acababan allí entregadas por su propio entorno. “La gente se convirtió en su mejor aliada, en una especie de cómplice. Se había asimilado tanto el discurso de lo que era ser una buena y mala mujer y lo considerado desviado de lo femenino, que la sociedad era la que denunciaba a las chicas. Era una especie descontrol panóptico ejercido por sus familias y vecinos”, explicaba a este medio la historiadora Carmen García Guillén, autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica).

Difícilmente la institución podría haber llevado a cabo sus fines sin las órdenes religiosas que regentaban los reformatorios, que tenían un papel crucial. Eran las monjas las que los dirigían y marcaban las duras condiciones de vida del día a día, según han narrado las víctimas, que eran encerradas sin haber cometido ningún delito. Aunque los había más y menos duros, en general en los centros lo habitual era el silencio y la disciplina, la oración y el trabajo. El objetivo era “reeducar” a las jóvenes. El pico máximo de internas se alcanzó en 1961, con 3.360 adolescentes. Entre las congregaciones más activas estaban las Adoratrices o las Oblatas del Santísimo Redentor.

Hace menos de un año, las órdenes religiosas —agrupadas en la Conferencia Española de Religiosos (Confer)— pidieron perdón a las mujeres en un acto celebrado en Madrid, un gesto que no fue suficiente para las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, que acabaron coreando “no” y “verdad, justicia y reparación” al unísono. Al enfado contribuyeron las palabras del presidente de la Confer días antes, cuando aseguró que la “experiencia” de las víctimas había que situarla “en el contexto de la época” y afirmó que a muchas “les sirvió como promoción personal y profesional”. Además, según apuntaron las propias mujeres, se les impidió hablar en sus discursos de bebés robados.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este domingo a diez personas por haber protagonizado altercados durante la manifestación feminista del 8M en Madrid convocada por la Comisión 8M, la más multitudinaria de las dos organizadas en la capital. La organización ultraderechista Núcleo Nacional afirma que todos los detenidos son “militantes” del grupo aunque la Policía solo confirma los diez arrestos.

Fuentes de la Jefatura Superior de Madrid precisan que los detenidos están acusados de desórdenes públicos y uno de ellos además debe responder de atentado a la autoridad.

Núcleo Nacional afirma que sus militantes acudieron a la marcha con un lema propio, “No fue el patriarcado, fue la inmigración”. Participantes en la marcha presenciaron altercados durante varias partes del trayecto. Según ha difundido el grupo en X (antes Twitter), entre las militantes que abordaron la manifestación se encontraba Isabel Peralta, condenada por su discurso de odio contra la inmigración. La neonazi aparece en una fotografía publicada por la organización, que califica de “decenas de charos histéricas” a las manifestantes.

La organización ultra Núcleo Nacional adquirió notoriedad en las protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz a raíz de las negociaciones de PSOE y Junts y la Ley de Aministía que tuvieron lugar en los meses de noviembre y diciembre de 2023.

Un juzgado de Valladolid investiga en secreto a Núcleo Nacional desde la primavera de 2025, a partir de un atestado de la Guardia Civil sobre un mensaje difundido por el grupo ultraderechista en contra de los inmigrantes.

Miles de personas secundaron la marcha convocada en Madrid por el movimiento feminista. Con convocatorias en decenas de ciudades y pueblos, las manifestaciones por el Día Internacional de las Mujeres volvieron a poner el foco en el machismo estructural, con especial atención este año al auge de la ultraderecha y el contexto internacional, marcado por la guerra iniciada por EEUU e Israel en Irán o el conflicto palestino.

Núcleo Nacional nunca ha ocultado su ideología extremista basada en el nacionalismo, el supremacismo blanco, la defensa de las tradiciones o el odio al inmigrante, ideas que toman forma con constantes referencias a la “defensa de la raza” como la “columna vertebral” del pueblo. “Proteger y fomentar nuestra Raza y Cultura” es el segundo de los fundamentos que el grupo enumera en su web después del “fomento de la natalidad” y de los “núcleos familiares tradicionales”. “Sangre, suelo y tradición” es el lema del colectivo, que tampoco disimula su admiración por líderes de extrema derecha como Adolf Hitler.

El pasado verano, la organización abrió sede en Madrid y en su inauguración participó, entre otros miembros, Isabel Peralta. En su estrategia de expansión, el grupo asegura que ya tiene local en seis ciudades después de haber abierto sede el pasado 28 de febrero en Burgos. “Será un bastión del movimiento nacional, como ya lo fue en el pasado”, afirmaron los ultras en referencia al papel clave que tuvo la ciudad para los franquistas durante la Guerra Civil.

Núcleo Nacional se presentó oficialmente el 14 de abril de 2024, el día de la proclamación de la II República, en el espacio Ardemans, clásico epicentro ultraderechista de Madrid. “Aquí habrá gente que procede de ideas franquistas, falangistas, nacionalsocialistas, conservadores... Pero hay una cosa que tenemos clara: ninguno queremos ver cómo la nación que han levantado nuestros padres es totalmente derruida”, pronunció uno de los portavoces haciendo referencia al objetivo de aglutinar corrientes extremistas bajo “una simbiosis” que llama “nacionalismo radical”.

En la galería de presidentes del Real Madrid no existió la Guerra Civil. El listado que el equipo mantiene publicado en su página web –que empieza en 1900 y acaba con el empresario Florentino Pérez, actual directivo del club– hace un salto en los años que duró la contienda. Sin embargo, entre 1936 y 1939, el equipo tuvo al frente a dos presidentes republicanos que ejercieron el cargo después de que fuera incautado por el Frente Popular. Uno de ellos, Antonio Ortega, fue fusilado solo tres meses después de que los golpistas ganaran la guerra y su cuerpo fue arrojado a una fosa común de Alicante que va camino de abrirse.

Sus restos reposan junto a los de otros 51 represaliados procedentes de unos 15 municipios en la Fosa IX del cementerio, usado por los franquistas para enterrar a quienes mataron entre mayo de 1939 y 1945. “Usaban las llamadas fosas de beneficencia, para personas sin familia o recursos. Las iban llenando una a una y cuando acababan, pasaban a la siguiente. Por eso hay casi una treintena”, explica Jorge García, arqueólogo de Drakkar Consultores, que se ha encargado de exhumar ya una de las fosas y de redactar el proyecto para intervenir la que contiene los restos de Antonio.

“Sería cerrar un ciclo que lleva muchos años abierto”, sostiene su nieto, José Ignacio Echeverría Ortega, desde México, a dónde se exilió la familia tras su muerte. “En alguna ocasión me han comentado que no era importante recuperar unos huesos, que mejor mirar hacia delante, pero sí lo es, la historia trágica del dolor vivido es una parte intrínseca de esos huesos”, añade. La Asociación de Familiares de Represaliados del Cementerio de Alicante (AFRFCA) y el Ayuntamiento de Aspe, de donde eran varias víctimas, están impulsando los trabajos en la fosa y llevan tiempo moviéndose para lograr financiación.

La entidad desconfía de que la Generalitat Valenciana –en manos del PP gracias al apoyo de Vox– vaya a sacar una nueva línea de presupuesto este año para exhumar los enterramientos, por lo que ha reclamado la intervención del Gobierno central. De momento, la apertura de la Fosa IX será financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que destinará a ello 50.000 euros, según confirman fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La asociación espera que antes de verano comiencen los trabajos.

Los huesos de Antonio Ortega están en la ciudad de la Comunitat Valenciana porque fue allí donde fue capturado y fusilado. Era una de las miles de personas que intentaron escapar del país por el puerto de la ciudad, a la espera de unos barcos que solo llegaron para unos pocos. La guerra estaba terminando y la gente se agolpaba para intentar subir a una de las embarcaciones prometidas mientras las tropas franquistas avanzaban. Cuando tomaron la ciudad, la mayoría fueron encerrados en campos de concentración, entre ellos Antonio, que pasó por el de Los Almendros antes de ser condenado a pena de muerte.

Nacido en 1888 en Rabé de las Calzadas, un pequeño pueblo de Burgos, Ortega se convirtió en militar con 18 años entrando en el Cuerpo de Carabineros, que se encargaba entonces de la vigilancia de fronteras y costas. Según ha documentado EFE en un exhaustivo perfil, desde el inicio tuvo una “intensa actividad pro republicana” que incluso le hizo pasar por prisión. Con el tiempo ascendió y el golpe de Estado de 1936 le pilló como teniente. Por eso, durante la Guerra Civil desempeñó un papel clave en el bando republicano, pero su perfil más conocido y el que ha trascendido históricamente es haber presidido el Real Madrid en mitad de la contienda, entre 1937 y 1938.

Entonces el equipo se denominaba Madrid Football Club y estaba bajo el control de una Junta de incautación republicana de la Federación Cultural Deportiva Obrera, una entidad “adscrita al Frente Popular”, sostiene Eduardo González Calleja, catedrático de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid y codirector de Historia del Real Madrid, 1902-2002: la entidad, los socios, el madridismo (Everest), publicado en el centenario del club. El experto explica que, durante esta época, el asesor técnico del equipo, Pablo Hernández Coronado, era el “presidente en la sombra”, pero Ortega lo representaba formalmente.

Su familia no ha llegado a saber exactamente cómo acabó en el puesto, pero sí sabe que era cercano al presidente anterior al estallido de la guerra, el republicano Rafael Sánchez Guerra, y a muchos jugadores destacados de la época que eran de Irún, donde Antonio fue destinado. En esta época, el estadio de Chamartín –como era entonces conocido el Santiago Bernabeú– se transformó en centro deportivo y de instrucción del Batallón Deporivo republicano, apunta González Calleja. Pero también organizó partidos amistosos y Ortega intentó sin éxito que el Madrid FC jugara en la Liga Mediterránea. La familia recuerda que Fina, una de sus hijas, llegó a hacer el saque de honor en alguno de los encuentros.

El historiador asegura que Ortega aparece en el libro editado por el Real Madrid en 2002, pero no está reconocido entre los presidentes oficiales del club. El Real Madrid no ha respondido de momento a las preguntas de este medio al respecto.

De Irún a Madrid

Más allá del fútbol, el republicano, que se afilió al Partido Comunista ya avanzada la guerra, “tuvo un papel importante” durante la contienda en el terreno militar, apunta el historiador de la Universidad Complutense de Madrid Pedro Barruso. Se encargó de la defensa republicana de Irún y después fue nombrado gobernador civil de Gipuzkoa, momento en el que 13 militares sublevados fueron fusilados por los republicanos en dos consejos de guerra. Este sería uno de los episodios que marcaría a Ortega, puesto que los franquistas lo utilizarían como uno de los motivos para asesinarle.

Barruso explica que los consejos fueron la respuesta republicana a los bombardeos que dos barcos franquistas estaban lanzando contra la población civil. “El comisario de guerra era el comunista Jesús Larrañaga, que había advertido de que, si continuaban las bombas, habría represalias. Finalmente condenaron a muerte a 13 prisioneros. ¿Fue cosa de Ortega? Él no dio la orden y no estaba de acuerdo, pero era el gobernador civil”. El historiador ha analizado a fondo la correspondencia que el embajador de Francia, Jean Herbette, mantenía con París, en la que da cuenta en varias ocasiones de la situación en San Sebastian. En varios de sus telegramas habla de la “inquietud” que le provocaba a Antonio Ortega la represión en la retaguardia republicana.

En uno de ellos, Herbette asegura que el propio gobernador civil le ha dicho: “Se hablaba de ir a matar a la gente de derechas para vengarse [de los bombardeos]. He pasado una de mis peores noches”. “Esto es demasiado para mí, preferiría luchar en el frente”, le dijo tras el segundo consejo de guerra. Según Barruso, las cartas revelan que Ortega “intercedió para evitar muchos asesinatos y que la guerra no se fuera de las manos”. En una carta del 19 de agosto, Herbette explica a París que Ortega ha ayudado a que Álvaro de Figueroa y Torres, el Conde de Romanones, huya de España.

En varios telegramas posteriores, el embajador cuenta cómo ha visto al gobernador civil “telefonear delante de mí” a las autoridades republicanas de Fuenterrabía, a 20 kilómetros de San Sebastián, “para disuadirles encarecidamente de proceder a la ejecución de rehenes” franquistas. En otro de los textos, cuando ya San Sebastián estaba a punto de ser tomado por los sublevados, Herbette explica que Ortega ha decidido embarcar a los detenidos políticos “con la finalidad de sustraerlos a tentativas de liquidación”.

Tras la entrada de los sublevados en la ciudad, Herbette reconoce que Ortega “ha salvado muchas vidas” –llega a asegurar que “hay 600” combatientes franquistas susceptibles de ser “salvados” facilitando su huida en barcos– y que, como gobernador civil, tomó decisiones en los últimos momentos que “lograron que San Sebastián no fuera destruida por los incendios ni ensagrentada por las masacres”. “Es un mes, el señor Ortega se ha labrado, en plena adversidad, una figura heroica que jamás olvidarán los que han sido testigos de su sencillez, valentía y humanidad”.

“Muero tranquilo”

El militar estuvo después al frente de las Milicias Vascas Antifascistas y combatió en Madrid contra el avance franquista. En 1937 fue nombrado Director General de Seguridad (DGS), un puesto en el que estuvo dos meses y bajo cuyo mandato se produjo la desaparición de Andreu Nin, líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Algunas voces situaron a Ortega como uno de los responsables de lo ocurrido, que con el tiempo se supo que había sido una operación soviética debido a la posición crítica del POUM con Moscú, según apuntan los historiadores.

Agentes del NKVD, que en España estaba representado por el espía ruso Alexander Orlov, fabricaron antes de la entrada de Ortega en la DGS pruebas falsas que supuestamente relacionaban al partido con el espionaje franquista. Esto, unido a la insurrección de la formación en Catalunya contra el gobierno republicano, los enfrentamientos internos y la presión comunista, provocó que la cúpula del POUM fuera detenida. Nin fue apartado del resto de los detenidos para ser interrogado y trasladado por agentes españoles a Alcalá de Henares, donde agentes soviéticos lo secuestraron. Nin fue asesinado y su cuerpo hecho desaparecer sin que aún se sepa dónde están sus restos.

Pedro Barruso explica que las acusaciones contra el POUM de conspirar con Franco “se demostraron que no eran verdad” y al mismo tiempo, sobre la implicación de Ortega, sostiene: “Lo más plausible es que ni tuviera conocimiento. La DGS de Ortega sí tenía algo que decir en la decisión de las detenciones y también de separar a Nin del resto, pero no hay ningún indicio ni documento que le implique en el posterior asesinato. De hecho, estaba en Valencia y Largo Caballero llegó a decir de él que 'no se enteraba de nada”. Fue director solo dos meses“, apunta.

Tras el fin de la guerra, Ortega fue detenido y sometido a un Consejo de Guerra que el 12 de junio de 1939 le condenó a la pena de muerte por un delito de adhesión a la rebelión, según consta en el sumario. En su carta de capilla, a la que tuvo acceso EFE, escribió a su mujer y a sus hijos: “Muero tranquilo, completamente tranquilo, porque soy inocente”.

La familia se exilió a México, donde sigue viviendo su nieto José Ignacio. Su madre, Amalia, la hija más pequeña de Antonio, envió a España una muestra de ADN antes de morir en 2022, poco antes de cumplir 97 años. “Murió sin cumplir con la ilusión de recuperar los restos de su padre. Le había pedido a mi hija Gabriela que, cuando ocurriera, los trasladáramos a la cripta donde están los muertos de la familia. Ojalá lo logremos”, anhela José Ignacio.

El feminismo ha vuelto a salir a la calle un 8M. Con convocatorias en decenas de ciudades y pueblos, las manifestaciones por el Día Internacional de las Mujeres vuelven a poner el foco en el machismo estructural, con especial atención este año al auge de la ultraderecha y el contexto internacional, marcado por la guerra iniciada por EEUU e Israel en Irán o el conflicto palestino. Con una marcada oposición al “clima belicista internacional” y en un momento en el que calan los discursos antifeministas, el 8M quiere sacar músculo y demostar que sigue presente y siendo necesario.

Miles de mujeres, hombres y niños y niñas han abarrotado las calles del centro de Madrid. Lo han inundado del color morado de sus pañuelos, jerseys, abrigos y gorras, que se entremezclan con banderas y pancartas caseras. “Calladita no estoy más guapa”, se lee en una de ellas. “Aquí estamos las feministas” y “Madrid será la tumba del machismo”, claman las manifestantes a ritmo de batucada mientras avanzan en una marcha a la que, de momento, respeta la lluvia con la que amenazaba el cielo esta mañana.

Como ya es habitual desde hace algunos años, en la capital son dos las manifestaciones que recorren el centro de la capital y que han salido prácticamente a la misma hora de puntos diferentes pero muy cercanos. La Comisión del 8M, convocante de las movilizaciones masivas de 2018 y 2019, ha partido de Atocha bajo el lema “Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes”, una proclama con la que quiren denunciar “toda violencia”, desde “lo internacional a lo local” y con la que llaman a una “resistencia global feminista” frente a gobiernos “reaccionarios”.

Esta protesta pone el foco en la violencia machista o la defensa del aborto, pero también en la crisis de vivienda o en la defensa de la sanidad y educación públicas. Así, llama a salir a las calles “frente a los genocidios en marcha, la persecución de las personas migrantes, el colonialismo extractivista, las violencias machistas o el rearme patriarcal” que cristaliza en narrativas que apuntalan los estereotipos de género y que se rebelan contra la ruptura histórica del silencio en torno a la violencia sexual de la última década. Hay que “pararle los pies al fascismo y a estos señores que se creen los dueños del mundo”, ha apuntado la portavoz Daniela Lagos poco antes de comenzar. “Este 8M llega en un contexto belicista y de auge de la ultraderecha”, ha denunciado antes de añadir “frente al fascismo, feminismo organizado”.

A la misma hora, pero a algo más de un kilómetro de distancia ha arrancado la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, que es contrario a la Ley Trans y abolicionista de la prostitución. Lo ha hecho enarbolando el lema “Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas” y llamando a las mujeres a manifestarse “frente a la barbarie patriarcal de las guerras, los genocidios y las masacres contra la población” en un momento que, asegura, “es uno de los más violentos de las últimas décadas”. En las pancartas y carteles de las manifestantes se pueden leer mensajes como “Los cuerpos de las mujeres no son mercancía”, “Contra el borrado de las mujeres” o “Basta de puteros”.

“Es necesario salir a la calle a gritar, nos están matando”, asegura Pilar, una manifestante que lleva una pancarta con el lema “Este cuerpo no es mercancía”. “Tenemos que acabar con el sistema patriarcal que nos rodea y trata como objetos sexuales a las mujeres”, explica. Carmeli, de 81 años, espera a que pase la cabecera de la manifestación convocada por la Comisión 8M para unirse a una marcha, a la que ha venido “toda la vida”. Sin embargo, este año le parece especialmente importante: “Es clave para gritar contra las guerras que se están produciendo”, afirma mientras señala la tarjeta de “No a la guerra” que lleva en el jersey y que ha recuperado de las movilizaciones contra la guerra de Irak.

Minerva y Blanca, amigas de 25 años, son dos de las asistentes a la manifestación de la Comisión 8M de Madrid, que ha arrancado pasadas las 12.30. Con el símbolo feminista pintado en la cara, ambas reivindican la necesidad de la perspectiva feminista en el ámbito científico, en el que trabajan ambas. “Es muy importante porque es un campo en el que las mujeres hemos estado invisibilizadas históricamente”, señala Minerva.

Blanca también pone el foco en la lucha a favor del aborto y en la importancia de contrarrestar los relatos enarbolados por la ultraderecha, que están calando entre la juventud: “Yo doy clase a chicos y chicas de 18 años y se percibe cómo están asumiendo discursos más que antes”, sostiene.

Este domingo ha sido la primera vez que Sara ha traído a su hija de 11 años a la manifestación del 8M. “Me parece que es muy importante hacerle partícipe de esta realidad que sufrimos y seguramente, en algún punto de su vida, sufrirá”, explica. Ella misma ha salido a manifestarse porque “es importante reivindicar derechos que todavía no tenemos totalmente adquiridos, sobre todo por las mujeres que están más desfavorecidas”, mencionando a las mujeres de Afganistán o Irán. “Es muy importante reivindicar todas las violencias que estamos sufriendo”.

“Ni una menos, ni aquí, ni en Irán ni en Gaza”

“Ni una menos, ni aquí, ni en Irán ni en Gaza”. Este es uno de los cánticos que se ha podido escuchar en la manifestación feminista de este 8M en Barcelona, que ha tenido la vista muy puesta en la guerra en Oriente Medio y en el genocidio en Palestina. “Gaza, Líbano, no estáis solas”, han coreado las convocadas. “El feminismo tiene que ser interseccional, hay que estar atentas porque el patriarcado tiene muchas caras. Es capitalista, colonialista, racista y transexcluyente”, explica a elDiario.es Magda, una de las asistentes a la manifestación, que ha venido con tres líneas moradas en el rostro y una kufiya al cuello. “Nos matan aquí, allí y en todo el mundo”, ha remachado.

En Zaragoza, grupos de amigas, familias enteras, jóvenes y mujeres de varias generaciones han marchado juntas este domingo por el centro de la ciudad en una movilización que, una vez más, ha convertido el 8M en una de las grandes citas reivindicativas del calendario. Antes de comenzar la marcha, desde la Coordinadora han recordado a las dieciséis mujeres que han sido asesinadas en 2026 en España y a los dos menores víctimas de violencia vicaria, así como a las mujeres de países como Irán, Palestina, Afganistán o Cuba e influidas por “las políticas imperialistas de Trump”.

En León, donde se han reunido miles de personas en las dos manifestaciones convocadas, Yolanda Rodríguez, portavoz de la Comisión 8M de León, ha advertido de que “el negacionismo de la violencia machista provoca pérdida de derechos en aquellas comunidades, incluida Castilla y León, donde gobierna la derecha y la extrema derecha”.

“El movimiento feminista sale a la calle el 8 de marzo para denunciar que la violencia contra las mujeres es estructural y que vamos a seguir reivindicando la agenda feminista en el centro de la vida política, porque está en juego la vida de las mujeres y la felicidad. Aspiramos a un mundo donde las mujeres puedan ser libres y felices y aquí vamos a continuar”, ha señalado.

Al grito de “Ni un paso atrás en nuestros derechos”, miles de personas han salido a las calles de Valladolid animadas por la Coordinadora de Mujeres este domingo 8 de marzo, una semana antes de que Castilla y León celebre sus elecciones autonómicas. La Coordinadora, a través de varias portavoces, ha hecho un llamamiento a “no permitir retrocesos en los derechos civiles y sociales”.

“Las feministas hemos luchado siempre por una sociedad en la que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. No podemos permitir que nuestro gobierno e instituciones sean ocupadas por personas que niegan realidades como la violencia machista, que tantas vidas de mujeres destroza a diario; que considera las políticas de igualdad como algo prescindible y habla sin tapujos de suprimir el derecho al aborto en la Sanidad Pública”, han protestado, arropadas por los aplausos de miles de personas.

Las lluvias del fin de semana han dado una tregua este 8 de marzo en Toledo, donde más de un millar de personas se han concentrado en el Paseo de la Vega para celebrar el Día Internacional de las Mujeres. Las manifestantes, antes de emprender la marcha hasta la Plaza de Zocodover, coreaban enérgicamente “no a la guerra, no a la guerra”, un grito en oposición al conflicto perpetrado por Estados Unidos e Israel contra el pueblo palestino y ahora también contra los y las iraníes. 

Natalia, de 32 años, ha acudido a la manifestación porque “a pesar de que gracias a días y luchas como esta hemos avanzado bastante, todavía queda mucho por hacer para las mujeres”. Además, expone que “hay que educar a los más pequeños en plena igualdad y no solo a las mujeres en la autoprotección, sino también a los hombres y a los niños para ser responsables de sus actos y cuidar también de las mujeres”.

La manifestación feminista convocada en Santander este domingo con motivo del 8M ha recorrido el centro de la ciudad con una asistencia masiva, en defensa de los derechos de las mujeres y en favor de la paz.  Durante la marcha se ha celebrado un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del accidente de El Bocal, donde fallecieron seis jóvenes el pasado martes por el colapso de una pasarela en mal estado, y ha exigido responsabilidades por “una tragedia que nunca debió ocurrir”. También ha habido un homenaje a las más de 100 niñas asesinadas en una escuela de Irán durante un ataque de Estados Unidos.

Miles de personas han llenado este domingo las calles de Pamplona en la manifestación del 8M convocada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria. Desafiando a la lluvia, una marcha multitudinaria ha recorrido el centro de la capital navarra para reclamar la construcción “de un mundo mejor desde el feminismo” en alianza con otros colectivos como los movimientos antirracistas, a favor de Palestina o en favor de las personas vulnerables.

La movilización, convocada con el lema 'Beste mundu bat feminismotik' (Otro mundo desde el feminismo), ha partido pasadas las 12.10 horas desde el Parque de Antoniutti precedida de una gran bandera morada con el símbolo del movimiento feminista y la inscripción 'Gora borroka feminista' (Viva la lucha feminista). Le seguía una pancarta con el lema 'Beste mundu bat feminismotik' (Otro mundo desde el feminismo). Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización'. A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'La lucha feminista es antirracista', '¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo', 'Viva la lucha de las mujeres palestinas', 'Ni una agresión sin respuesta' o 'Las calles, las noches, también son nuestras'.

En Cáceres ha vivido este 8 de marzo una jornada marcada por la coexistencia de dos convocatorias diferenciadas que reflejan la actual fractura del movimiento feminista. Mientras la manifestación principal, organizada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, recorría el trayecto entre la Plaza de América y la Plaza Mayor bajo el lema ‘Igualdad. Derechos. Justicia. Acción’, el colectivo abolicionista María Telo se concentraba de forma paralela en el quiosco de la música del Paseo de Cánovas. La marcha mayoritaria centró sus proclamas en la defensa de los avances logrados, el acceso al aborto seguro y la exigencia de recursos públicos para la conciliación, todo ello acompañado por la música de la batucada Santuka de Fuego, un elemento festivo que, no obstante, sigue generando debate interno sobre si desvirtúa el carácter político de la fecha y no festivo.

“Ni guerras que nos destruyan ni una paz que nos oprima”

En Logroño, la marcha ha sido convocada por la Plataforma 8 de marzo, formada por sindicatos y partidos políticos, pero a ella se han unido las asociaciones feministas y multitud de entidades sociales. Con muchas pancartas y proclamas, han llegado hasta la Glorieta del Doctor Zubía donde se ha leído el manifiesto. Un 8M en Logroño que se han centrado en el avance de los discursos negacionistas y ha reivindicado la memoria: “Con Franco no se vivía mejor”, han clamado las convocantes. Además, el grito unánime y rotundo de “No a la guerra” ha marcado el final de la movilización, una de las más multitudinarias de los últimos años.

Cientos de personas han participado desde el mediodía en las dos capitales canarias en las manifestaciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, unas marchas reivindicativas por la igualdad, contra el fascismo y marcada por el contexto bélico. “Ni guerras que nos destruyan ni una paz que nos oprima. Mujeres contra las guerras”, proclamaba la pancarta de la Plataforma Feminista 8M en la manifestación de Tenerife, que abría la marcha con el lema “Feministas imparables. ¡Tumbemos el fascismo!”.

En Esukadi, miles de personas han teñido de morado este 8M contra el avance de la extrema derecha y del “imperialismo” que “amenazan con devorarlo todo”. Eso sí, por primera vez el feminismo ha salido dividido en Euskadi en el Día Internacional de la Mujer. Por un lado el Movimiento Feminista de Euskal Herria y, por otro, la Coordinadora 8M–Euskal Herriko Mugimendu Feminista, una nueva organización impulsada por el sector abolicionista del movimiento feminista y que defiende la abolición de la prostitución, la pornografía y el género. En este sentido, bajo el lema “En defensa de las mujeres”.

El sonido contundente de decenas de mujeres tocando los tambores junto a la estatua de Alfonso X el Sabio en esta avenida ha sido el pistoletazo de salida para la marcha del 8M en Murcia. Más de cinco mil personas han acudido a la convocatoria, según las organizadoras, en una manifestación más concurrida que en años previos. La movilización, convocada por la Asamblea Feminista de la Región bajo el lema 'Juntas contra la desigualdad y la precariedad', ha partido a las 12 del mediodía y se ha encaminado a la Gran Vía de la capital murciana. Se han escuchado proclamas como “¡No son arrebatos, son asesinatos!”, “¡Roja es la bandera de la mujer obrera!” y “¡Mi abuela luchó, mi madre luchó y ahora lucho yo!”.

Con información de las ediciones locales de elDiario.es

Fue el juicio con más impacto de los últimos años. Johnny Depp y Amber Heard se sentaban frente a frente en un tribunal de Virginia (EEUU) después de que el actor la demandara por haber publicado un artículo en The Washington Post en el que se reconocía como víctima de violencia machista sin mencionar ningún nombre. Tras el juicio, Heard fue condenada a pagarle al que fuera su pareja durante siete años 15 millones de euros por difamación. El caso se convirtió en un auténtico fenómeno atravesado por una intensa campaña de desprestigio hacia ella en redes sociales, que viralizaron la idea de que había mentido y que, en realidad, ella era la agresora. Ocurrió en 2022. Cuatro años después, Depp es presentado en los medios como actor “camaleónico” que prepara su regreso a Hollywood. Heard, alejada de la industria, reapareció hace un mes en el festival de cine Sundance, en Utah: “He perdido la capacidad de hablar”, dijo.

La actriz acudió al estreno de Silenced, un documental que aborda varios casos de “acoso judicial” a través de demandas millonarias por difamación interpuestas por hombres acusados de violencia sexual en los últimos años. Es una de las patas de lo que pensadoras y activistas feministas están planteando como una contraofensiva tras los avances vividos en la última década, marcada por una ruptura histórica del silencio en torno a la violencia sexual que aún permanece, pero que se enfrenta a una reacción. La periodista colombiana Catalina Ruiz-Navarro, creadora de la revista Volcánicas, cree que la demanda de Depp contra Heard fue el punto de inflexión: “Le envió un mensaje a las denunciantes de todo el mundo”.

“Está ocurriendo ya. Es una ofensiva patriarcal grande porque, sin duda, la liberación de la palabra de las mujeres fue enorme. Y no solo de ellas, también de las diversidades y niños y jóvenes abusados en su infancia”, apunta la argentina Luciana Peker, que acaba de publicar La odiocracia (Libros del KO). La periodista, exiliada en España por las amenazas sufridas tras seguir la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés, que fue condenado, recuerda que hace unos años “hubo un momento de conciencia colectiva” y de “consenso” que hoy “está roto” debido al factor decisivo del ascenso de una extrema derecha que desprecia el feminismo.

En España, aquel momento tuvo su eclosión en 2016 con la violación de 'la manada' en los Sanfermines –de la que este verano se cumplen diez años– y las movilizaciones feministas alrededor del caso. Casi al mismo tiempo, el MeToo estallaba en Estados Unidos logrando consolidar una conversación global sin precedentes. Antes, en 2015, las argentinas ya habían enarbolado su Ni Una Menos y la ola alcanzaba a varios países latinoamericanos. El punto culmen llegó con las huelgas del 8M de 2018 y 2019, de las que este domingo se cumplen siete y ocho años, en un momento de enorme efervescencia feminista. Todo ello confluyó y actuó como un catalizador: por primera vez, había una toma de conciencia colectiva sobre la magnitud de la violencia sexual que viven las mujeres, que empezaban a contarlo.

Apenas han pasado unos pocos años, pero esa etapa parece lejana en el tiempo por lo mucho que ha cambiado el escenario: “En aquel momento se empezó a hablar de violencia sexual, que había sido ignorada e históricamente naturalizada e invisibilizada. Comenzó así un recorrido social, político y mediático que abrió unas ventanas de oportunidad que situaron en la agenda la violencia sexual como algo incuestionable. Al principio fue una demanda más general, pero luego hubo un señalamiento de quienes la ejercen de manera concreta. El sistema se ha revuelto de forma proporcional a cómo se ha avanzado”, explica Bárbara Tardón, una de las voces que más tiempo lleva estudiando la violencia sexual.

Objetivo: disciplinar

Como parte de esta reacción, las expertas identifican varias estrategias que buscan “acallar a las mujeres que hablaron o a quienes las defendieron”, apunta Peker. Entre ellas, una “intensificación” del acoso en redes sociales, precisamente uno de los espacios usados por las víctimas para hablar. “Las mujeres tomaron las redes, pero hoy sabemos que ya no son canales de libertad de expresión y no nos van a proteger”, señala la periodista sobre la alineación de los propietarios de las compañías tecnológicas con el auge de discursos contra el feminismo, con mucha presencia especialmente en el ámbito online.

“Ahora mismo las circunstancias sociales y políticas son diferentes y eso hace más difícil hablar en un contexto en el que crece una corriente que es de extrema derecha, pero también antifeminista”, recalca Tardón. Esto provoca un “repliegue” del consenso en torno a la importancia de visibilizar y combatir la violencia sexual y un aumento de relatos que señalan a los hombres como víctimas de supuestas denuncias falsas, como ha ocurrido con la denuncia interpuesta por una exedil del PP en Móstoles (Madrid) que el partido intentó enterrar poniendo el foco en ella para acusarla de una “vendetta personal y política”.

El intento de desacreditar a las víctimas no es nuevo, pero emerge con fuerza. Así ha ocurrido también tras la investigación publicada por elDiario.es y Univisión sobre las denuncias de violencia sexual contra Julio Iglesias, que llegó a difundir en redes sociales los nombres, apellidos y supuestas conversaciones de dos mujeres a las que, según su versión, identifica como responsables. Esta semana el cantante ha interpuesto una demanda de conciliación –paso previo a una querella– contra elDiario.es citando acusaciones falsas sobre la investigación periodística realizada por este medio.

Se dejó de hablar de muchos temas y, aunque los procesos judiciales suelen llevar mucho tiempo, ya solo poner la denuncia, independientemente del resultado, genera un chilling effect [efecto disuasorio].

Catalina Ruiz-Navarro — Directora de Volcánicas

Esta, la de recurrir a la Justicia es otra de las estrategias en alza, resumen las expertas. “A veces son demandas de millones de euros, de forma que la libertad de expresión queda cercenada. Prácticamente hoy no se puede escribir de violencia sexual sin esa amenaza. Hay que tener en cuenta que muchas periodistas feministas trabajan en medios pequeños o de forma independiente y no tienen cómo responder. El resultado es un silenciamiento, un abandonar las redes y un volver a callarse”, afirma Peker. Tardón añade: “El objetivo es asustar y disciplinar. Dejar muy claro qué es lo que te puede pasar si hablas, publicas, investigas o difundes una denuncia”.

Este último es el caso de Cristina Fallarás, la periodista que puso en marcha en 2018 el hashtag 'Cuéntalo' y que ahora publica testimonios de mujeres en su Instagram por los que el rapero Ayax la ha denunciado por injurias y calumnias –en concreto, por uno en el que no aparecía el nombre de él–. A la comunicadora feminista Yolanda Domínguez fue el youtuber 'Un Tío Blanco Hetero' el que la llevó a juicio por acusarle de “ser machista y violento con las mujeres”. En su caso, el Tribunal Constitucional ya puso punto y final al proceso rechazando el recurso del youtuber. “La narrativa feminista de la violencia sexual no ha desaparecido, pero ahora nos enfrentamos a argumentos falaces reforzados para generar un clima de impunidad”, subraya la activista feminista y antirracista Tatiana Romero.

Catalina Ruiz-Navarro, que dirige desde Colombia la revista Volcánicas, remarca que la tendencia es global, se extiende en diferentes países y ya está teniendo su impacto buscado: “Se dejó de hablar de muchos temas y, aunque los procesos judiciales suelen llevar mucho tiempo, ya solo poner la denuncia, independientemente del resultado, genera un chilling effect [efecto disuasorio]. Suelen ser denuncias que no aportan pruebas de calado pero que asumen que las mujeres mienten”, explica la periodista, que recuerda que el fenómeno “ha llegado a un punto” que, cuando su equipo hace investigaciones periodísticas a raíz de denuncias, “les compartimos a las víctimas estas posibles consecuencias”.

Sabe de lo que habla Ruiz-Navarro, pues junto a otra compañera ha sido denunciada por el director de cine colombiano Ciro Guerra después de investigar y publicar en 2020 nueve denuncias por acoso contra él. El director interpuso tres demandas, una de ellas dio lugar ya a una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que respaldó el trabajo de Volcánicas y del periodismo feminista, señaló la violencia sexual como un discurso “especialmente protegido por la libertad de expresión” y reconoció “el acoso judicial como una forma de censura”. Otros dos procesos más siguen abiertos, entre ellos la demanda civil por la que Guerra les reclama un millón y medio de dólares: “Por supuesto, no lo tenemos”, dice Ruiz-Navarro.

Hay un nivel de relato sobre violencia sexual que no había antes y hay cosas que pasaban hace años que no pasarían hoy, que nos decían que era natural y no se tolerarían. Los avances están conviviendo con la reacción

Luciana Peker — Periodista

Lo que ya “no podemos dejar de ver”

Que el clima social y político haya cambiado tan rápido en la última década, no conlleva que los muchos avances logrados hasta ahora hayan desaparecido. Las expertas ven, de hecho, que varios fenómenos conviven al mismo tiempo y que las posibilidades de hablar de violencia sexual son mucho mayores que hace 15 años aunque haya un “intento organizado” por silenciar estas voces. “Ya no podemos dejar de ver el acoso sexual como un problema estructural y eso no tiene vuelta atrás. Antes no teníamos ni el lenguaje, ni las palabras para nombrarla ni éramos conscientes del impacto de la violencia sexual en la sociedad.”, cree Ruiz-Navarro.

De hecho, la percepción y autoperceción del acoso sexual “es diferente ahora”, apunta Tardón, que subraya los “avances evidentes” alcanzados en los últimos años en “materialización” de derechos, entre ellos la 'ley del sólo sí es sí'. Las mujeres denuncian más violencia sexual, lo demuestran los datos y también los casos que trascienden a la opinión pública y que en los últimos meses han afectado al PSOE, en el que a finales de año se acumularon varias denuncias, al PP con el caso de Móstoles y al exDAO de la Policía, acusado de violación por una subordinada.

“Hay un nivel de relato sobre violencia sexual que no había antes y hay cosas que pasaban hace años que no pasarían hoy, que nos decían que era natural y no se tolerarían. Los avances están conviviendo con la reacción. Las mejoras son una realidad al mismo tiempo que el retroceso y eso hace a veces difícil ser conscientes de su verdadera magnitud”, zanja Peker. Bárbara Tardón coincide y termina con un “mensaje optimista” frente a este 8M: “Las feministas seguimos estando”.