Los controladores aéreos prefieron el viernes no dar la cara -antes de quedar militarizados y, por tanto, bajo censura castrense- ante el auténtico sabotaje, más que huelga salvaje, que ha supuesto levantarse de sus puestos de trabajo a la voz de “¡todos estamos mareados!”. Todo el efecto dominó que supuso su irresponsabilidad rayando el delito provocó el cierre del espacio aéreo español por más de 24 horas. Un ataque directo a la economía nacional en el Puente de la Constitución, cuantificada en Canarias en unos 16 millones de euros y en toda España en más de 350. Muchos, pegados el viernes a Internet y la ondas, se preguntaban en el minuto uno si no hubiese sido mejor la entrada en vigor del nuevo reglamento de trabajo después del Puente para evitar el desastre y la Alarma. Pero esas disquisiciones pasaron a un segundo plano cuando Mariano Rajoy, desde el aeropuerto de Lanzarote, se situó meridianamente equidistante entre el Gobierno y los controladores en sus primeras valoraciones públicas. No condenaba ni responsabilizaba de nada ni a unos ni a otros. Se limitaba a exigir al Gobierno que arreglara el caos. Cosa que empezó a hacer esa misma noche con la militarización de los controladores. Pero ni media de la irresponsable, suicida y brutal reacción del abandono de los puestos de trabajo. Hasta que el PSOE puso a circular sus sospechas: el PP se había reunido con los amotinados y vaya usted a saber qué trajinaba.