Una vez creyeron que tenían reducido y asustado al periodista gracias a los gritos y los modales, le comunicaron que iban a proceder a confiscarle el ordenador, en el que estaba escribiendo un artículo, para analizarlo ese fin de semana y comprobar si de él habían salido los mensajes anónimos a Teresa Cruz. Fue en ese momento cuando Peñate les recordó que para ello debían contar con una autorización judicial, lo que sin duda sirvió para refrescar la memoria de los policías acerca del reglamento. El que parecía el jefe dijo entonces que tenía que hacer una llamada telefónica, y con su móvil en ristre, salió al descansillo. Poco después regresó a la redacción de Anarda diciendo que el ordenador no era necesario, pero que el periodista y el redactor jefe de la revista, Pedro Sánchez Limiñana, que para entonces ya se había incorporado a la Redacción tras escuchar el alboroto policial, debían acudir el lunes siguiente a comisaría para responder a algunas preguntas. Sánchez Limiñana volvió a preguntar por la autorización judicial, pero ninguno de los agentes dio señales de querer contestar. Nunca tuvieron permiso de un juez para actuar como lo hicieron, tan sólo una indicación de la plaza de la Feria, donde mandaba el PP.