“La Ley de Aguas de Canarias 12/1990 es claramente anticonstitucional”. Un estudio jurídico elaborado por un grupo de expertos nacionales en derecho constitucional y medioambiental ha llegado a esa conclusión después de un exhaustivo trabajo de varios meses buceando en los vericuetos del articulado de la polémica ley canaria (hay multitud de colectivos que piden su derogación desde hace décadas). Según este comité de juristas, la ley autonómica que regula la gestión del agua colisiona de manera directa con la legislación estatal y europea. Un hecho que lleva a decir, sin ambigüedades, que el texto autonómico es inconstitucional. Así lo afirma un informe jurídico presentado por la federación ambientalista Ben Magec Ecologistas en Acción en Las Palmas de Gran Canaria. Según señalan los autores del texto, esta ley ha sido una de las responsables de la sobreexplotación de los recursos hídricos de Canarias durante los últimos treinta años: un hecho, denuncian, que viene del control irresponsable de un recurso público para satisfacer intereses privados.
La clave de esta afirmación categórica de inconstitucionalidad se encuentra en la disposición tercera de la ley autonómica. Según señala Santiago Martín Barajas, ingeniero agrónomo y coordinador general de Ecologistas en Acción en el ámbito nacional, la posibilidad de prórrogas de tiempo para la gestión privada de aguas que deberían ser públicas (50 años en el caso canario) está prevista en el marco legal nacional, pero los aguatenientes canarios “tienen unas ventajas en la gestión temporal privada que colisionan de manera directa con la ley estatal”. En el caso isleño, explica, los particulares “tienen la facultad para hacer todas las obras necesarias para mantener los caudales de extracción”, una cuestión que, según Ecologistas en Acción, favorece la sobreexplotación de los recursos hídricos a través de innovaciones tecnológicas y obras de mejora de infraestructuras como pozos y galerías. “La ley del Estado dice que las aguas privadas en las que se cambian de manera sustancial los procedimientos de extracción pasan a ser públicas”. Este detalle, sostiene el coordinador nacional de Ecologistas en Acción, provoca que las aguas de las islas “estén secuestradas durante 50 años –faltan 21 años para que caduque esa privatización de facto aunque temporal- y que se puedan sobreexplotar los acuíferos”.
Otro punto que los expertos nacionales consideran que “sería conveniente modificar en la ley canaria” es el marco competencial de la gestión del agua, que en las islas recae en exclusiva sobre los cabildos insulares (Artículo 6 de la ley 12/1990). “En las islas existe una asimetría muy grande entre los territorios más poblados y los de menos población; y por eso creemos que el Ejecutivo regional debería tener competencias en algunas materias relacionadas con la gestión del agua”. Para el coordinador nacional de Ecologistas en Acción, dos ejemplos claros son la capacidad para la declaración de acuíferos sobreexplotados, una figura que faculta a la administración a endurecer el control de los recursos que se extraen, y el régimen sancionador. “No es lo mismo hacerlo en Gran Canaria, con una población de casi un millón de habitantes y una administración más crecidita que en una isla de doce mil o veinte mil… Uno puede verse en la situación de tener que sancionar a un vecino”, ejemplifica. Otros reclamos contenidos en el texto tienen que ver con la transparencia de los consejos insulares de aguas, el acceso público a los registros de propiedad o la gestión de los espacios naturales con recursos hídricos. En este sentido, el ingeniero agrónomo señaló la oportunidad de introducir a los ambientalistas en los consejos de administración de estos órganos insulares: “Están en todos lados menos en Canarias”.
“Estamos ante una situación de colapso hídrico eminente”, alerta Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec Ecologistas en Acción. Desde la federación ambientalista se reconoce que en las últimas décadas se han producido avances importantes en la gestión del agua en el Archipiélago, pero eso no ha supuesto la recuperación de unos acuíferos que siguen disminuyendo a un ritmo elevado. “Cada año se extrae el doble del agua del que se infiltra en los suelos de Gran Canaria”, advierte. “Necesitamos no sólo una transición energética, sino también hídrica. Y por eso la Ley de Biodiversidad de Canarias debería recoger una estrategia que vaya más allá de cambiar bombillas y poner paneles solares: también garantizar la supervivencia de los ecosistemas canarios a través de una gestión sostenible del agua”. Para muestra un botón. En 1900 los nacientes de Gran Canaria arrojaban a cielo abierto 59 hectómetros cúbicos de agua y hoy “sólo tenemos tres”.
Reyes es claro. Uno de los primeros pasos que hay que dar para lograr ese objetivo de la sostenibilidad hídrica pasa por cambiar la Ley de Aguas de Canarias. “Hoy el 90% del agua de abasto de la ciudadanía proviene de la desalación y no se puede usar como fuente de chantaje político”, comenta el veterano ambientalista canario. Para él, es el momento de crear un gran pacto ciudadano sobre el agua y su gestión. “Los propios aguatenientes deben ser conscientes de que su modo de vida está amenazado. Es el momento de abordar el tema desde la honestidad, la responsabilidad y el sentido de la perspectiva histórica”.
Reservas Integrales en los barrancos de las islas
Otro punto interesante del informe jurídico presentado por Ben Magec Ecologistas en Acción tiene que ver con la gestión de las aguas que corren por algunos barrancos de las islas. Los ambientalistas hablaron de casos concretos como el Barranco del Cedro, en La Gomera; el Barranco del Infierno, en Tenerife; el Barranco de Las Angustias, en La Palma o los barrancos de Azuaje, Los Cernícalos o La Mina en Gran Canaria. “En Canarias no hay declarada ninguna masa de agua superficial que no sea costera (…) pero en pleno mes de agosto hay agua aún corriendo por Azuaje con caudales de más de veinte litros por segundo”, explica Santiago Martín Barajas. El coordinador nacional de Ecologistas en Acción informó que la Comisión Europea “de manera reiterada” le ha pedido al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Transición Ecológica que explique por qué no hay ninguno de estos espacios en el Archipiélago.
Para la federación ecologista, algunos de estos “cursos de agua permanente” de las islas deberían ser incluidos en este tipo de espacios y tratados en consecuencia: esto es, protegidos como Reservas Naturales Fluviales. Esta figura de protección es similar a la Reserva Integral Especial, e implica la protección de los ecosistemas, la gestión de los espacios y la conservación de los propios cursos de agua como fuentes de biodiversidad –en ecosistemas insulares como los canarios, estos ríos atesoran verdaderas joyas biológicas como algas endémicas-. En la Península y en Baleares hasta 3.300 kilómetros de este tipo de ecosistemas están protegidos. En las islas no hay ninguno. Es la única comunidad autónoma que no cuenta con este tipo de espacios naturales reconocidos. “La cuestión es que si no se declaran, no existen. Y si no existen no hay que mantener caudales ambientales y se puede sacar toda el agua del cauce sin problema. Esta es una deficiencia muy grave de los planes hidrológicos de Canarias que incumple la directiva marco del Agua de la Unión Europea”, finaliza Martín Barajas.