Un grupo de economistas ha impugnado las elecciones del Colegio de Economistas de Las Palmas por no haberse comunicado, dicen, el día, lugar ni los componentes de la Junta Electoral de los comicios. El escrito de impugnación, firmado por seis economistas colegiados “de peso social”, señalan fuentes consultadas, pide la nulidad del procedimiento y que se convoquen nuevamente elecciones.
El documento fue firmado el pasado 28 de octubre y recibido por el Colegio este mismo viernes, reconoce su decano, Alcibiades Trancho. Los economistas firmantes creen que no se ha cumplido con los estatutos del órgano en lo relativo a la publicidad, transparencia y comunicación de la elección de la Junta Electoral, encargada de dirigir y supervisar los comicios.
Señalan que esa “falta de información” les ha impedido ejercer sus derechos “en condiciones de igualdad” por la “opacidad en el proceso de elección” de dicha Junta. Han solicitado que se suspenda cautelarmente el proceso “hasta la subsanación de las irregularidades” y que se convoquen de nuevo elecciones “con garantías de publicidad y transparencia para todos los colegiados”.
Preguntado por Canarias Ahora, el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho, cree que el procedamiento se ha desarrollado “conforme a la normativa”. Explica que solo se ha presentado una candidatura para los comicios, la que lidera él mismo, y que al no haber otra alternativa “automáticamente” es la suya la que renovará la Junta de Gobierno del Colegio.
Trancho recuerda que el Colegio emitió el pasado 3 de octubre un comunicado, publicado en su web oficial, que acuerda la celebración de elecciones para el próximo 4 de noviembre. Ese comunicado indica que los colegiados podrán ejercer su derecho a voto por correo postal, de forma anticipada en los servicios administrativos del Colegio, o bien en la sede situada en la calle Pedro Díaz, en la capital grancanaria. Nada dice esa misiva sobre la Junta Electoral ni sus componentes.
El decano del Colegio defiende que los estatutos del órgano no exigen aclarar quiénes la conforman. Los mismos, de hecho, solo establecen que los miembros de la Junta Electoral (un presidente y cuatro vocales) deben ser elegidos por sorteo entre todos los colegiados y que esa designación se realizará dentro de los tres días siguientes al acuerdo de convocatoria. No se especifica que sus nombres deban hacerse públicos.
Sobre la falta de publicidad del “lugar y el cómo” de los comicios que también menciona el escrito de impugnación, Trancho afirma que es la Junta Electoral la que tiene que decidir eso, y que con una sola candidatura “no tiene sentido montar nada”. “En principio no va a haber votación”, agrega el decano del Colegio, que ocupa el cargo desde noviembre de 2021. También añade que la Junta Electoral tiene cinco días a partir del lunes para valorar el escrito de los seis economistas que han reclamado la suspensión de los comicios.
El Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, que cuenta con alrededor de 1.000 colegiados, nace tras la unificación de los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles y Empresariales de Las Palmas, ratificada en septiembre de 2021.
Este año, el órgano elaboró un informe, a petición de la empresa pública Visocan, que concluyó que Las Palmas de Gran Canaria no cumple con ninguno de los requisitos para declarar a la ciudad zona tensionada del mercado residencial, contradiciendo a los propios técnicos del Ayuntamiento que sí lo creen.
La coordinadora del estudio fue Rosa Rodríguez, quien lidera desde el Colegio de Economistas todos los informes y análisis “sobre cuestiones económicas, financieras y sociales de interés para el colectivo”. También fue viceconsejera de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias, consejera del Cabildo de Gran Canaria y concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el Partido Popular.
La plataforma Derecho al Techo criticó días después el informe de los economistas de Las Palmas, quienes antepusieron en su análisis, a su juicio, “los intereses de la patronal inmobiliaria, los fondos de inversión y la especulación urbanística”.