La Guardia Civil descubre varias empresas “ilegales” de excursiones en moto por zonas protegidas de Fuerteventura
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha identificado a los conductores y responsables de varias empresas “ilegales” dedicadas a la organización y promoción de rutas en motocrós por zonas no autorizadas de Fuerteventura.
En una nota, el instituto armado señala que estas actividades se desarrollaban en áreas que actualmente se encuentran sometidas a restricciones y cierres preventivos temporales establecidos por el Cabildo insular, debido a su elevado valor ecológico y con el fin de garantizar la protección de las aves durante su periodo de reproducción.
La actuación se inició después de que los agentes del Seprona tuvieras conocimiento de la existencia de varias empresas dedicadas al denominado “turismo de motor”, las cuales presuntamente realizaban rutas “ilegales” por zonas no autorizadas y por espacios naturales protegidos.
Entre los lugares afectados, la Guardia Civil indica que se encontraban áreas catalogadas como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), espacios que cuentan con un elevado nivel de protección ambiental.
Posteriormente, los agentes iniciaron las correspondientes investigaciones para verificar los hechos y determinar la posible responsabilidad de las empresas implicadas.
Al intensificar las labores de vigilancia y control, se logró identificar a los responsables de las actividades investigadas.
Asimismo, se constató que las empresas ofertaban paquetes turísticos que incluían alojamiento y rutas con vehículos a motor por espacios naturales protegidos, careciendo además de la documentación y de las autorizaciones preceptivas para el desarrollo de actividades de ocio y turismo activo en Canarias.
Por estos hechos, se procedió a la formulación de las correspondientes denuncias administrativas por presuntas infracciones a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que podrían conllevar sanciones económicas comprendidas entre los 600 y los 6.000 euros.
Del mismo modo, también se formularon denuncias por posibles infracciones a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, cuyas sanciones podrían alcanzar importes de entre 1.500 y 300.000 euros.