Canal Gestión también pide resolver el contrato para la gestión del agua en Lanzarote
La empresa responsable del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa, Canal Gestión, ha iniciado los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión ''por causas imputables al Consorcio del Agua'', integrado por el Cabildo insular y los siete ayuntamientos. La compañía ha hecho este anuncio un mes después de que el Consorcio anunciada que había iniciado los trámites para romper el contrato 17 años antes de que venza.
''Tras más de doce años prestando el servicio en un escenario de hostilidad jurídica y técnica, Canal Gestión ha decidido adoptar esta decisión basándose en un análisis técnico-jurídico que identifica incumplimientos críticos y sistemáticos por parte de la Administración insular del agua'', defiende Canal Gestión en un comunicado.
La filial de Canal Isabel II dice que el Consorcio se comprometió a ejecutar y financiar inversiones valoradas en 78,7 millones de euros que no ha llevado a cabo. ''Este incumplimiento es todavía más notorio si se tiene en cuenta que Canal Lanzarote adelantó un canon de 50 millones de euros que el Consorcio destinó a fines ajenos al servicio, en lugar de aplicarlo a la renovación y ampliación de sus infraestructuras hidráulicas, como habría sido lógico habida cuenta de su deficiente estado de conservación inicial'', añaden.
''El inexplicable abandono de la inversión comprometida por parte del Cabildo de Lanzarote en su propia red ha supuesto una degradación de las infraestructuras del agua en perjuicio tanto de los habitantes de la isla, como de la operación de Canal Gestión Lanzarote'', justifica la empresa.
''A este desequilibrio inversor se suma el bloqueo deliberado a la actualización tarifaria. Desde 2017, el Consorcio ha eludido sistemáticamente la revisión de tarifas prevista en el contrato. Y ha sido así pese a estar reconocida y amparada por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta situación supone una vulneración flagrante de los derechos del concesionario, y le ha generado a la compañía un déficit superior a los 40 millones de euros, que es una cantidad que el Cabildo en todo caso va a tener que abonar a Canal, a la vista de los pronunciamientos judiciales'', insiste el comunicado.
Canal Gestión critica que el Consorcio del Agua ha impuesto modificaciones contractuales, incluidas órdenes de obras de carácter unilateral, ''que han alterado de forma arbitraria las condiciones esenciales de la adjudicación realizada a Canal Gestión Lanzarote en 2013''. ''Estas novaciones han superado el umbral permitido por la Ley de Contratos del Sector Público y se han efectuado obviando los procedimientos legalmente establecidos'', mantienen.
Respecto a la decisión del Consorcio de intervenir el servicio, la compañía subraya que supone ''un agravio enorme e injustificado''. Por todo ello, Canal Gestión Lanzarote ha solicitado la resolución del contrato de concesión del servicio, así como la compensación de todos los perjuicios económicos que estas actuaciones generen a la empresa. ''Esta situación se entiende sin perjuicio de cualesquiera otras actuaciones que resulten necesarias para preservar los recursos económicos y el buen nombre de la compañía'', concluyen.
La intervención del servicio
El Consorcio del Agua de Lanzarote, integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos, ya ha iniciado los trámites para intervenir de forma temporal el servicio del agua. El objetivo, según la providencia firmada por el presidente insular, Oswaldo Betancort (CC), y a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, es hacer frente a los ''incumplimientos'' del contrato por parte de la concesionaria, que ocasionan una ''perturbación grave del servicio'' y ''causan lesiones'' a los intereses de los usuarios.
La providencia recoge las conclusiones de un informe técnico-administrativo presentado por el director gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote acerca de la perturbación grave del servicio y la propuesta de una intervención del servicio público en Lanzarote y La Graciosa. El documento advierte de que la falta de conservación de las instalaciones pone en peligro la prestación del servicio y subraya que ''la insuficiencia de las medidas ordinarias y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio'' dibujan un escenario en el que la actuación de la administración ''no solo es posible, sino obligada''.