La Fiscalía continúa con la investigación de presuntas irregularidades en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) para tres fiestas y que suman casi tres millones de euros. El fiscal Fernando Rodríguez ha emitido un oficio en el que solicita información de diversos expedientes tanto a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) como a los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), dependientes del Cabildo insular.
En diciembre de 2025, la Fiscalía pidió al Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular y Coalición Canaria, los expedientes de diferentes contratos correspondientes a la feria navideña 'Navilan' de 2023, a los Carnavales de 2024 y a la Feria de Abril celebrada en la ciudad ese mismo año. Los contratos, según las cifras recogidas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las publicadas por la prensa local, suman cerca de tres millones de euros.
Según ha informado Efe, la denuncia por la que se inició esta investigación describe un sistema de contratación caracterizado, presuntamente, por el uso reiterado del contrato menor, la ejecución de prestaciones sin cobertura contractual previa, la fragmentación artificial de servicios homogéneos y la existencia de reparos por parte de Intervención levantados de forma sistemática, así como la reiteración de empresas adjudicatarias.
La feria de 'Navilan'
La feria de 'Navilan' ha sido organizada por la empresa Wedding Plans en sus tres ediciones mediante contratos de patrocinio publicitario en procedimientos negociados sin publicidad. En la edición de 2024 recibió 588.000 euros de Arrecife, 400.000 de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y otros 550.000 de los Centros de Arte, Cultura y Turismo.
La Fiscalía solicita esclarecer, además de las contrataciones, la ocupación de un solar municipal de 6.000 metros cuadrados para dicha feria: el título habilitante, licencias, pago de tasas o control interno municipal, entre otros aspectos.
El fiscal pide una gran cantidad de información tanto al Ayuntamiento como a los CACT y la Sociedad de Promoción. También demanda informes a la Intervención General de la Administración del Estado y a la Audiencia de Cuentas de Canarias, mientras que solicita a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UEDF) de la Policía Nacional un atestado policial sobre esos hechos.