El senador procesado de Coalición Canaria Pedro Sanginés está a un solo paso de dirigir el partido en Lanzarote. El político ha enviado un comunicado en el que anuncia que él y su único contrincante, el actual consejero del Cabildo insular Samuel Martín, han ''alcanzado un acuerdo de consenso''. Así, en el Congreso Insular del partido que tendrá lugar este sábado la única candidatura a la Secretaría General será la de Sanginés. ''No hay vencedores ni vencidos: sino una única meta compartida: el proyecto común que representa Coalición Canaria'', señala el texto.
El dirigente nacionalista presentó su candidatura la misma semana en la que el Tribunal Supremo lo procesó, acusado de denuncia falsa y falso testimonio en su etapa como presidente del Cabildo de Lanzarote. Los hechos investigados tuvieron lugar en 2009, cuando Sanginés acudió a la Guardia Civil para denunciar unas irregularidades en un proceso público de conctratación, señalando al empresario Antonio González y al entonces responsable de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), Carlos Espino.
CC aforó a Sanginés ante el Supremo al designarlo senador por la comunidad autónoma. En un primer momento, el Alto Tribunal ordenó el archivo de la causa. Sin embargo, la Sala de lo Penal pidió su reapertura al considerar que el archivo fue “precipitado” y que el análisis de los indicios avalarían “una actuación del aforado investigado, motivada en intereses partidistas, capaz de dar asiento a la inferencia de un conocimiento por su parte de la falsedad o un temerario desprecio de la verdad”. Ahora, el instructor ha dictado auto de procedimiento abreviado contra él y propone que sea juzgado.
A pesar de ello, todo apunta a que Sanginés dirigirá el partido en Lanzarote a partir de este sábado, gracias al apoyo del comité local de Arrecife. El senador se presentó junto a la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, que será la próxima secretaria de Organización. Por su parte, el antiguo rival de Sanginés, Samuel Martín, pasará a ser vicesecretario y gerente y Aroa Revelo será vicesecretaria de Acción Territorial, según ha adelantado La Voz de Lanzarote.
Cuando Martín anunció su candidatura, Sanginés defendió que él contaba con el apoyo del Comité Local de Arrecife y que desconocía si el consejero del Cabildo contaría ''con algún apoyo, aparte del suyo propio''. Ahora, en su comunicado, insiste en que el acuerdo alcanzado es ''un ejemplo de madurez política, que refuerza los valores del partido al que ambos pertenecen y responde al compromiso con la sociedad lanzaroteña y graciosera''.
Samuel Martín contaba con el apoyo de importantes cargos del partido en la isla, como el actual presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, o los consejeros de la corporación insular Marci Acuña, Aroa Revelo y Jesús Machín.
La causa abierta contra el senador
El 11 de noviembre de 2009, Pedro Sanginés, entonces presidente del Cabildo de Lanzarote, se presentó a las 22.30 horas en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise. El objetivo de su comparecencia esa noche fue denunciar a un empresario de la isla y al que fue en 2007 consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), el socialista Carlos Espino, por supuestas irregularidades en un proceso público de contratación. El dirigente de Coalición Canaria declaró ante la Justicia en dos ocasiones por este caso y reiteró sus acusaciones. La causa se archivó y la tercera vez que Sanginés compareció ante los tribunales fue como imputado por los delitos de denuncia falsa y falso testimonio.
El Tribunal Supremo ha ordenado continuar con la causa contra el actual senador, dejándolo a un paso del banquillo. El auto ha sido emitido por el magistrado del Alto Tribunal Vicente Magro después de que la Fiscalía y la acusación particular, representada por la hija del empresario afectado, recurrieran el archivo del caso. Aunque en un primer momento el Supremo ordenó el archivo, la Sala de lo Penal pidió su reapertura al considerar que el archivo fue “precipitado” y que el análisis de los indicios avalarían “una actuación del aforado investigado, motivada en intereses partidistas, capaz de dar asiento a la inferencia de un conocimiento por su parte de la falsedad o un temerario desprecio de la verdad”. Ahora, el instructor ha dictado auto de procedimiento abreviado contra él y propone que sea juzgado.
El recurso de reforma presentado por el Ministerio Público sostiene que Sanginés orquestó “una actuación falsaria” y de “carácter espurio”. Durante su comparecencia ante la Guardia Civil, el dirigente de CC aseguró que Carlos Espino y el administrador de la empresa Climafrical, Antonio González, se estaban saltando los procedimientos establecidos para la adjudicación de los contratos para “contratar con sujetos afines al mismo”, insistiendo en que el empresario era afiliado del PSOE.
“Fue una denuncia muy extensa respaldada por el partido político al que pertenecía, pero no por la institución a la que representaba”, apuntó la Fiscalía en su recurso. La noche de la denuncia, el expresidente del Cabildo aportó un escrito redactado por el abogado de los Servicios Jurídicos de Coalición Canaria. En esta línea, el Ministerio Fiscal ha cuestionado que el político no presentara ninguna documentación oficial, ni informes jurídicos de la administración, “máxime si el denunciante es el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote”.
Asimismo, el recurso de la Fiscalía recoge una posible relación entre la actuación de Sanginés y la denuncia presentada ese mismo año por Carlos Espino, que destapó la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por número de imputados y de piezas: el caso Unión. Según este documento, el actual senador habría dirigido “una actuación falsaria” con la finalidad de “perjudicar al señor Espino”.
El empresario Antonio González fue otro de los principales perjudicados por la denuncia de Sanginés. Cuando el caso contra el administrador de Climafrical se archivó, González ya había fallecido. En declaraciones concedidas en 2020 a un medio local, la familia González lamentó que el empresario soportara durante diez años la denominada “condena del banquillo” y la consecuente desaparición de su empresa, liquidada mediante concurso de acreedores.
Después de que la Sala de lo Penal pidiera la reapertura del caso, el senador de CC lanzó un comunicado en el que aseguraba que no podía ser juzgado por una denuncia “que no puso”. El político negó haber interpuesto la denuncia por la que el Supremo lo investiga y defiende que él se limitó a trasladar a las autoridades lo que ya había sido contado por la presidenta del PP en la isla, Astrid Pérez, como responsable del Consejo de Administración de los Centros Turísticos. En este sentido, Sanginés advirtió en su nota de prensa que la ahora presidenta del Parlamento de Canarias será “la primera testigo” a la que llamará en el juicio.