Pablo Crespo, número dos del cerebro de la trama gürtel Francisco Correa, advirtió el pasado mes de febrero a su abogado en la prisión de Soto del Real (Madrid) de la existencia de una documentación que podría revelar irregularidades en la financiación del PP gallego entre 1996 y mediados de 1999. “El lío que se puede montar es morrocotudo”, dijo.
“Esto va a traer cola cuando se levante el secreto de sumario”, señaló Crespo, para después interesarse por los plazos de prescripción de este tipo de delitos. El ex secretario de organización del PP gallego mostraba su preocupación por si el dato se iba a filtrar a la prensa apenas unos días antes de la celebración de los comicios autonómicos gallegos.
Así lo revela el sumario del “caso gürtel” que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde aparecen transcritas las conversaciones telefónicas intervenidas que los integrantes de la trama mantuvieron en prisión, tras ser detenidos por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El pasado 24 de febrero, Crespo y su letrado, José Antonio López Rubal, comentaban la aparición en la prensa de diversas grabaciones relativas a la investigación del caso.
Caja de seguridad privada
En dicha conversación Crespo le dice a su letrado que hay un “dato” que debe darle, relativo a una caja de seguridad que él tenía en Pontevedra donde se guardaba la documentación de su gestión como secretario de organización del PP de Galicia durante cuatro ejercicios completos.
“Ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando yo me marché quería dejar las cosas claras”, dice Crespo, que añade que en dicha caja había documentación que correspondía “al año 2996 y hasta mediados de 1999, y era documentación económica pura, gastos del partido, y una relación de ingresos y gastos, sin especificar quien ingresaba. Eso va a traer cola cuando se levante el secreto del sumario”.
''Como mucho diez años''
A continuación Crespo dice que no cree que dichos papeles creen un “problema jurídico grave” y pregunta cuál sería el plazo de prescripción “de este tipo de cosas”. “Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral (...) como mucho diez años, pero creo que menos”.
A continuación, Crespo se pregunta si el diario El País, que por aquellos días informaba sobre esta trama, podría sacar esta información en los días siguientes, puesto que el 1 de marzo se celebraban los comicios gallegos. “Si lo sacasen esta semana, el lío que se puede montar es morrocotudo”, añade el número dos de Correa.