El derecho a la identidad: más allá de la sustitución en la protección a la infancia
Hubo un tiempo en que la adopción y el acogimiento se entendían, casi de manera uniforme, bajo la lógica del borrón y cuenta nueva. Se operaba bajo una suerte de ficción jurídica y social donde, para construir un nuevo hogar, parecía necesario atenuar, cuando no enterrar, los orígenes de los niños y niñas. Una lógica de la sustitución identitaria que, aunque enfocada inicialmente en la protección, ha demostrado con los años sus costuras y sus límites de cara al desarrollo integral de las personas adoptadas y acogidas.
Hoy asistimos a la necesidad de un cambio de paradigma maduro e inapelable. Ya no podemos hablar de sustituir, sino de preservar. Las corrientes psicopedagógicas críticas y, sobre todo, las voces de las propias personas adoptadas nos recuerdan que la identidad no es un espacio estanco donde un vínculo expulsa a otro. La identidad es un mapa complejo y dinámico. No se trata de forzar una elección entre el pasado y el presente, sino de garantizar el derecho fundamental del menor a conocer, integrar y respetar su propia historia.
Este debate ha adquirido una dimensión mucho más profunda y exigente en los últimos años. Dentro del propio movimiento asociativo de personas adoptadas, han ganado fuerza posturas que van más allá de la reforma del sistema y plantean directamente la abolición de la adopción tradicional. Desde esta perspectiva crítica, se denuncia que la adopción, tal y como está concebida jurídicamente en muchos lugares, perpetúa una violencia estructural al basarse en la ruptura total del marco originario y en la alteración irreversible de los apellidos y la filiación. Quienes defienden estas posturas sostienen que el sistema actual prioriza el deseo de los adultos de ser padres sobre el derecho de las personas menores de edad a mantener su identidad, utilizando la vulnerabilidad económica o social de las familias de origen como un factor de separación definitiva en lugar de apoyo.
Escuchar estas voces abolicionistas es un ejercicio de honestidad democrática necesario. Aunque se mantenga la existencia de figuras de protección para casos de desamparo, sus argumentos obligan a repensar radicalmente los mecanismos actuales. Nos fuerzan a entender que la solución no puede pasar por la anulación biográfica. El acogimiento familiar y las medidas de protección deben pivotar, de manera definitiva, sobre la idea de la adición de vínculos. Cuando un niño, niña o adolescente entra a formar parte de un sistema de protección, no debería verse obligado a renunciar a sus raíces para legitimar su nuevo entorno. La verdadera reparación del trauma no nace del silencio administrativo o del tabú familiar, sino de la transparencia y de la capacidad de los adultos para sostener la complejidad de las biografías.
Este enfoque exige un compromiso institucional y profesional riguroso. Implica dotar a las intervenciones de herramientas que dejen atrás los miedos a la familia originaria y los sustituyan por una gestión asertiva de la realidad. Las metodologías de acompañamiento, como el trabajo con la historia de vida, no pueden ser meros trámites de archivo o dinámicas superficiales, sino procesos técnicos rigurosos que validen cada etapa del camino del menor.
La protección de la infancia no se gestiona desde el sentimentalismo, sino desde la responsabilidad política y profesional. El reto actual del sistema no es encontrar finales felices, sino estructurar intervenciones que respeten la biografía entera del menor. Asumir la adición de vínculos en lugar de la sustitución no es una opción idílica; es una exigencia técnica y de justicia democrática para con aquellos a quienes las administraciones tiene la obligación de proteger, sin exigirles a cambio que renuncien a quiénes son.