Desahuciados de su propia casa

Hay una contradicción difícil de explicar en la política de vivienda del actual Gobierno de Canarias.

Mientras denuncia, con razón, que decenas de familias sean desahuciadas de sus casas por no poder pagar el alquiler o porque el propietario no quiere renovarles el contrato, hay miles de familias que pueden verse obligadas a abandonar la vivienda que compraron y en la que llevan años viviendo.

La diferencia es que, en este segundo caso, no hay un propietario reclamando la vivienda, ni una deuda de alquiler, ni una orden judicial. Es el propio Gobierno de Canarias el que cambia las condiciones de uso de esas viviendas y coloca a sus propietarios ante una disyuntiva inaceptable: abandonar la casa en la que viven o exponerse a ser sancionados por seguir utilizándola.

Hablamos de personas que compraron esas propiedades hace décadas. Algunas lo hicieron con los ahorros de toda una vida; otras las heredaron de sus padres. Muchas las utilizaron durante años como vivienda habitual o segunda residencia, cuando nada les impedía hacerlo.

Las compraron, las escrituraron y las inscribieron en el Registro de la Propiedad, libres de cargas y sin limitación de usos.

Ahora, décadas después, el Gobierno de Canarias pretende aplicarles una interpretación diferente de esas normas y les dice que ya no pueden utilizar su vivienda como lo habían hecho hasta ahora.

No se trata, por tanto, de establecer nuevas reglas para quienes compren una vivienda a partir de ahora. Se trata de aplicar esas nuevas condiciones a quienes adquirieron su propiedad hace treinta, cuarenta o cincuenta años, cuando las circunstancias y las leyes eran otras.

Y no se trata tampoco de negar que las leyes puedan cambiar. Pero también existe algo llamado seguridad jurídica, que es lo que permite que las personas puedan confiar en el ordenamiento cuando toman decisiones que afectan a su patrimonio y a su vida.

Quien hace treinta o cuarenta años compró una vivienda, la escrituró como tal, la inscribió en el Registro de la Propiedad, la adquirió libre de cargas y sin limitaciones de uso, y durante décadas pudo utilizarla legítimamente como residencia, no podía prever que una norma posterior iba a impedirle vivir en ella.

No se puede exigir a esas personas que hubieran anticipado una decisión legislativa futura ni que asuman ahora, íntegramente, las consecuencias de un cambio de modelo que no provocaron. Y menos, aún, cuando la nueva regulación afecta de manera tan intensa al uso de un bien del que siguen siendo sus propietarios. Lo que obliga a preguntarnos si estamos ante una simple regulación de los usos o ante una afectación desproporcionada de derechos y de la confianza legítima de quienes actuaron durante décadas conforme a las reglas que estaban vigentes.

Pero el problema no termina aquí.

Porque si una familia no puede seguir viviendo en su casa, tendrá que buscar otra. Y tendrá que hacerlo en un mercado en el que comprar o alquilar se ha convertido en un problema insalvable para cientos de miles de personas.

Con lo que la paradoja es evidente: el Gobierno canario obliga a una familia que ya tiene una vivienda a abandonarla para salir al mercado en busca de otra.

Mientras tanto, la vivienda que compró continúa siendo de su propiedad. Tiene que seguir pagando la hipoteca, los impuestos y los gastos que correspondan, pero no puede utilizarla como vivienda.

Tampoco resulta fácil venderla. Porque si la vivienda ya no tiene libertad de uso, ¿qué valor tiene para una familia que busca una primera o una segunda residencia?

Aquí es donde el Gobierno de Canarias debería dar explicaciones.

Porque si considera que esas viviendas deben tener otro destino por razones de interés general, tendrá que explicar por qué el coste de esa decisión debe recaer sobre quienes las adquirieron legalmente hace décadas.

Cuando una administración necesita una propiedad privada para cumplir una finalidad pública, existen mecanismos para hacerlo. Uno de ellos es la expropiación, con la correspondiente indemnización.

Pero aquí no se expropia.

El propietario sigue siendo propietario, pero se le impide utilizar su vivienda.

Por eso este asunto no puede reducirse a una discusión sobre normas, planeamiento o usos. Detrás de esas propiedades hay personas y familias que pueden verse obligadas a abandonar la casa en la que han vivido durante años para buscar otra que quizá no puedan pagar.

Y eso es muy preocupante.

Porque una familia no está siendo expulsada de su casa porque haya dejado de pagarla, porque haya incumplido un contrato o porque haya cometido una ilegalidad. Está siendo obligada a marcharse porque una decisión del Gobierno de Canarias le impide continuar viviendo en su casa.

Eso solo tiene un nombre: desahucio.