Ley de Dependencia: ¿singularidad o incompetencia?

El primero de los argumentos cae por su propio peso. Es completamente falso que el exceso de solicitudes de los ciudadanos sea la causa de que Canarias esté a la cola en el número de beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Según los datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), del IMSERSO, a 1 de febrero de 2010, en Canarias había en ese momento 25.500 solicitudes mientras que en el total del Estado eran 1.164.960, luego nos corresponderían en torno a 50.000. Es decir, suponen el 2,1% cuando nuestra población es el 4,5% de la población española. En Andalucía eran 341.566 solicitudes que suponen el 29,3% del total, cuando su población sólo es el 17,7% de la población española. Pues bien, Andalucía, teniendo muchas más solicitudes, cuenta ya con 150.199 beneficiarios, el 29,7% del total del Estado. Canarias, por contra, con muchas menos solicitudes que Andalucía, sólo tiene 6.809 personas beneficiarias, el 1,34 % del total. Algo se ha hecho mal.

Estos datos reflejan la incompetencia y la desidia del Gobierno canario en la aplicación de esta ley. Mientras que otras comunidades, como Andalucía, sí han considerado prioritario aplicarla rápida y de forma diligente para que las prestaciones lleguen a las personas dependientes que las necesitan.

Hecho diferencial

En segundo lugar, el Gobierno canario trata de desautorizar a la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que en un informe del pasado mes de diciembre, el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, coloca a Canarias a la cola en la aplicación de la Ley ?con un 0,5 de nota frente al 8 de Euskadi- , calificándolo de un “informe no oficial” y señalando “que no conocen la realidad canaria y no comprenden el hecho diferencial canario. Se olvida, interesadamente, que ese informe no hace otra cosa sino confirmar lo que aportan los datos oficiales. En efecto, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que regula el artículo 37 de la Ley de la Dependencia y que ha sido consensuado en el Consejo de Política Territorial por todas las comunidades autónomas, incluyendo Canarias, ofrece unos datos contundentes: estamos a la cola en solicitudes, en dictámenes (reconocimiento del derecho a una prestación) y en el número de personas que perciben la prestación.

Es inexplicable que la consejera del ramo diga que los dependientes atendidos en Canarias no contabilizan en las estadísticas del SAAD porque eso, en sí mismo, es un reconocimiento del fracaso de la aplicación de esta Ley por el Gobierno canario. Porque es obligación del Ejecutivo lograr que las personas dependientes atendidas existentes sean reconocidas como titulares de este nuevo derecho y para ello hace falta que sean evaluados según el procedimiento establecido.

El manido recurso al desconocimiento de la realidad canaria cada vez que algún organismo evalúa negativamente un servicio o el desarrollo de una ley ya no se lo cree nadie; especialmente las personas que han sufrido la penosa gestión de la Ley de la Dependencia por parte del Gobierno canario. Sin embargo, y paradójicamente, quien parece no reconocer “el hecho diferencial canario” es el Ejecutivo y, especialmente, su presidente, por su actitud anticabildista. No se concibe que hayan montado un nuevo Servicio de Dependencia en el Gobierno, contratando a 120 personas sin experiencia alguna en el área, en lugar de transferir la gestión en la aplicación de la Ley de la Dependencia a los cabildos, instituciones que ya ejercen las competencias en políticas para mayores y para discapacitados, y que cuentan con unidades de evaluación y estructuras profesionalizadas en este cometido. Al final, su errónea actuación ha supuesto un gasto ineficiente y una nueva duplicación administrativa, contribuyendo al fracaso en la gestión.

Haciendo caja

Por último, para desmentir la denuncia de que el Gobierno canario “hace caja” con la aplicación de esta Ley, la consejera ofrece un conjunto de cifras que concluyen que mientras que el Estado en 2009 destinó para la aplicación de la Ley de la Dependencia 31,6 millones de euros, Canarias puso en el mismo año 132,4 millones. Resulta que no es como hasta ahora afirmaba Paulino Rivero, quien ha señalado que el Gobierno canario ha incrementado la partida de la dependencia ¡un 97,6 %!, sino que lo ha hecho -¡asómbrense!- nada menos que en un 419%. Nula credibilidad tiene esta nueva invención que en absoluto casa con estar a la cola en todas las estadísticas existentes. Para alcanzar esa cifra, Rojas ha sumado todo lo presupuestado para ayudas sociales básicas, que gestionan los ayuntamientos, así como la atención social especializada (mayores, discapacidad, menores, mujer?), que está bajo la responsabilidad de los cabildos, y otros capítulos, como si el conjunto de la “política social” fuera aportación susceptible de ser englobada en la atención a la dependencia y, además, como si todo fuera contribución del Gobierno canario.

En definitiva, hasta ahora ha existido una auténtica incompetencia en la aplicación de esta trascendental ley. Lo que debe hacer el Gobierno es cumplir con su deber y no eludir sus responsabilidades. A eso debe dedicar sus esfuerzos y no a responsabilizar a la ciudadanía por solicitar las prestaciones ni a engañar con cifras maquilladas que contrastan con el fracaso que ha supuesto la aplicación de la Ley de la Dependencia en el Archipiélago. Un fracaso que constatan las cifras y los informes oficiales y, sobre todo, el profundo malestar de quienes lo están padeciendo.

*Presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*