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La modificación de la Ley de Aguas, nunca por la puerta de atrás

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En La Palma no falta agua. Según la planificación hidrológica, cada año se infiltran en el subsuelo unos 260 hectómetros cúbicos y la isla consume unos 60. Lo que falla es todo lo demás: no sabemos con precisión cuánta agua se saca ni de dónde, buena parte se pierde por el camino y el reparto lo decide un mercado en el que, cuando escasea, el precio lo marca el agua más cara.

Los síntomas están a la vista. De unos 80 pozos perforados en la isla se han abandonado casi 70, la mayoría por salinización. En el Valle de Aridane, muchos pozos ya superan la salinidad que tolera la platanera. De unos 70 nacientes que alimentaban la parte alta del acuífero quedan 30. Y hay canales que, según el que los mida, pierden la mitad del agua que transportan.

Por eso decimos que hay que gestionar el agua de otra manera. Y también por eso estamos de acuerdo en algo que quizá sorprenda: la Ley de Aguas de Canarias hay que modificarla. Lo que discutimos es cómo y para qué.

El cómo: por la puerta principal

En mayo pasado se intentó cambiar el régimen del agua en las islas con una enmienda de última hora a la Ley de Cabildos. No salió. Pero ahora se intenta con una disposición final escondida en la Ley de Presupuestos para 2027, lo que permitiría prorrogar la explotación privada de galerías y pozos 75 años más, hasta 2115 y sin concurso público.

Ninguna de las dos es la vía. Una ley que decide quién controla el agua de Canarias durante el próximo siglo merece su propio proyecto de ley, con exposición de motivos, informes y un debate a la vista de todos. Y en ese debate tienen que estar los consejos insulares de aguas, los ayuntamientos, las comunidades de regantes, las organizaciones agrarias, los consumidores y, muy especialmente, los ingenieros, los geólogos y los técnicos que conocen el acuífero. Esto es lo democrático y lo transparente. Lo demás es legislar por el atajo.

Y hay una premisa que no debe estar en discusión: 2040 es la fecha final del régimen transitorio. La Ley de 1990 dio cincuenta años para amortizar las inversiones y preparar el cambio. Prorrogarlo no es modernizar la ley; es renunciar a reformarla.

El para qué: agua suficiente, de calidad y sin especulación

El objetivo de la reforma debería caber en una frase: que haya agua disponible, en cantidad y en calidad, para quienes la usan, sin especulación, y que los pequeños accionistas de pozos y galerías sigan teniendo agua para sus cultivos con un sistema sostenible a medio y largo plazo.

Para llegar ahí, proponemos que la nueva ley se ocupe de seis asuntos:

-Primero, conocer. Ninguna decisión sin datos. Medición en tiempo real obligatoria en todas las captaciones, incluidas las de heredamientos y comunidades, un registro insular completo y un portal de datos abiertos. Quien no mida no debería poder seguir explotando el recurso.

-Segundo, el agua como bien público. A partir de 2040, solo concesiones administrativas, otorgadas con concurrencia, con un plazo ajustado al estado de cada acuífero y revisables si este se deteriora. Bien público no significa que la Administración lo gestione todo: significa control público, transparencia y suministro garantizado, sea cual sea la forma de gestión.

-Tercero, el acuífero como embalse. La mayoría de las galerías sueltan agua sin parar, se use o no. Los cierres hidráulicos permiten guardarla dentro de la montaña y soltarla cuando hace falta. La ley debería hacerlos obligatorios en las galerías que alumbren agua y priorizarlos frente a nuevas balsas.

-Cuarto, gestionar juntos lo que se comparte. Hoy las comunidades que drenan una misma zona del acuífero compiten entre sí y acaban en los tribunales. Proponemos mancomunidades por zonas, en las que cada comunidad participe según el caudal y la calidad que aporta. Donde haga falta más agua, la obra pública la aporta y la mancomunidad la reparte entre sus accionistas y mantiene la red.

-Quinto, proteger al pequeño partícipe y frenar la especulación. Miles de familias tienen acciones de pozos y galerías y riegan con ellas. La transición no puede dejarlas sin agua ni sin el valor de sus acciones. Al mismo tiempo, el agua que sale de obras públicas debe tener un precio público de referencia, y heredamientos y comunidades, que son corporaciones de derecho público, deben funcionar con estatutos democráticos y publicar sus cuentas y sus partícipes.

-Sexto, planificar con rigor. Una zona del acuífero debe considerarse sobreexplotada no solo por el volumen extraído, sino también cuando unas captaciones afectan a otras o la calidad empeora. Y la desalación para riego debe ser la última opción, después del agua de galería, porque es más cara y consume mucha energía.

Una invitación, no un portazo

Nada de esto es una ocurrencia. Buena parte de estas propuestas ya estaban en el avance del Plan Hidrológico que el Cabildo de La Palma aprobó por unanimidad en 1993 y que nunca se aplicó. Muchas no necesitan siquiera cambiar la ley: bastan la voluntad del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, el nuevo reglamento del dominio público hidráulico y el Plan Hidrológico que ahora se tramitan. Lo que sí requiere la ley es fijar las reglas de fondo: qué pasa en 2040, cómo se otorgan las concesiones, qué obligaciones de medición y transparencia tiene quien explota un bien de todos e incluso, si es necesaria, una revisión de la composición de los consejos insulares para hacerlos más democráticos y garantes del interés general.

Por eso no nos limitamos a decir que no a la prórroga. Proponemos al Gobierno de Canarias y a todos los grupos parlamentarios sentarse a reformar la Ley de Aguas con estos objetivos sobre la mesa. Que se retire la disposición de la Ley de Presupuestos y que se abra un proceso de verdad, con plazos, con datos y con quienes saben.

El agua de Canarias es de todos. Tenemos catorce años hasta 2040 para que, cuando llegue esa fecha, nadie tenga miedo a quedarse sin agua. Hagámoslo bien y hagámoslo a la vista de todos.