Presos políticos y políticos presos

Últimamente se ha hablado mucho de los presos políticos de Venezuela. Me puse a investigar y obtuve datos de organismos oficiales, otros los obtuve de informes que circulan por las redes y también he preguntado a la IA. Resulta que los datos cambian bastante según las fuentes consultadas. Me pasó con todas las cifras y porcentajes que comparto en este artículo. Por eso calculé unos valores intermedios ponderados, que son los que publico, con un margen de variación que normalmente oscila entre un diez y un 20%, según los casos.

Dicho esto, voy al tema. Los presos políticos son, en primer lugar, presos. Hay casi 12 millones de personas recluidas en las cárceles del mundo, el 30% en prisión preventiva, a la espera de un juicio. De cada cinco reos que hay en el mundo, uno está en Estados Unidos, otro en China, otro en Rusia o la India y los otros dos son de alguno de los 191 países restantes. La tasa de personas reclusas indica cuántos presos hay por cada cien mil habitantes. La media mundial es de 142. Se especula mucho con la represión en ciertos países, pero el ranking de naciones con mayor porcentaje de presos por 100.000 habitantes lo encabeza EEUU con cerca de 600, seguido por Cuba, Turkmenistán, Samoa Americana y Rusia con poco más de 400. En el otro extremo está Finlandia con 52, seguida de Países Bajos, Eslovenia, Alemania o Japón con 100. La media europea es de 108 por 100.000 habitantes. En España hay 118, la misma tasa que tienen en China. En Venezuela oscila entre 105, según su gobierno, y 135, según otras fuentes consultadas.

Se distingue entre presos comunes y presos políticos. Los primeros son los que han cometido delitos tradicionales, tales como estafar, robar, agredir, violar o matar. Los segundos, según la IA, son personas encarceladas por sus ideas, actividades o creencias políticas, sin haber cometido un delito que justifique su detención, o cuyo proceso penal es una excusa para silenciar su disidencia, representando una violación de los derechos humanos. Ejemplos modernos de personas que son o han sido consideradas presos políticos pueden ser Julian Assange, quien pasó años privado de libertad y reclamado por los Estados Unidos, el rapero español Pablo Hasél o el presidente venezolano Nicolás Maduro. Para muchos independentistas vascos, los condenados de la antigua banda terrorista ETA son presos políticos. Del mismo modo, hay guarimberos venezolanos condenados por actos terroristas, como incendiar gasolineras o colegios electorales con personas dentro, o personajes que han organizado y participado en violentos intentos fallidos de golpe de estado, con víctimas mortales, a las que la oposición antichavista o la antisanchista consideran presos políticos y exigen su liberación inmediata. Por otra parte, hay países en los que entrar en la cárcel por cualquier motivo tiene consecuencias políticas. Uno de ellos es EEUU, donde en más de la mitad de sus estados, la mayoría sureños, los presidiarios, la mayoría negros, pierden el derecho al voto, aunque algunos lo recuperan al salir de prisión.

En España hemos ostentado un triste récord de presos políticos. Llegamos a tener más de 400.000. Algunos llaman “Glorioso Alzamiento Nacional” al golpe de estado del 18 de julio 1936. Yo cambiaría glorioso por “abominable”, pues supuso la ruina de nuestro país. El desarrollo y el nivel de vida que teníamos en 1936 no se recuperarían hasta la década de los 60. Se estima que murieron cerca de un millón de españoles y otro millón acabó en la cárcel o el exilio. Más de 200.000 fallecieron en el campo de batalla, otros 250.000 por la brutal represión, 50.000 del bando golpista durante la contienda y 200.000 del bando republicano, la mayoría asesinados tras finalizar la guerra. Además, otro medio millón de personas murieron por hambre o enfermedad en los años inmediatamente posteriores. Tras la mal llamada “Guerra Civil Española” más de medio millón de personas salieron del país huyendo de la represión franquista y se calcula que en las cárceles se hacinaron en condiciones infrahumanas a más de 400.000 presos políticos, que fueron usados como mano de obra semiesclava en los primeros años de la dictadura. 400.000. También tuvieron que emigrar, huyendo del hambre y en busca de trabajo, unos tres millones de españoles, un millón a América y dos millones a Europa. 

Dije “mal llamada” porque ni fue exclusivamente civil ni fue totalmente española. Bajo la dirección del general Mola, sólo se sublevaron 21 de los 80 generales que teníamos en esos momentos, o sea uno de cada cuatro. En cuanto a la tropa, no hay estudios concluyentes, pero según muchos historiadores se estima que se revelaron aproximadamente una tercera parte de los 240.000 miembros que por aquel entonces tenían las Fuerzas Armadas, es decir unos 80.000. Lo que no se comenta es que contaron con el decisivo apoyo del fascista Benito Mussolini, que invadió nuestro país enviando a unos 80.000 italianos, los camisas negras del CTV. Además, se estima que en total fueron otros 80.000 los soldados marroquíes regulares que trajo Franco desde el norte de África. También hay que destacar la participación directa de muchos mandos militares y de numerosos buques y aviones de guerra italianos y de la Alemania nazi. La famosa Legión Cóndor fue una de tantas. El bando de los leales a la constitución fue auxiliado con material bélico proporcionado por la extinta URSS y por unos 35.000 voluntarios de las Brigadas Internacionales, procedentes de unos 50 países, donde encontramos a personajes como George Orwell o Willy Brandt. En resumen, participaron unos 200.000 combatientes extranjeros, la inmensa mayoría marroquíes, fascistas italianos y nazis alemanes, casi tantos como miembros de las fuerzas armadas tenía el país.

No hay que confundir a los presos políticos con los políticos presos. Estos últimos son servidores públicos a los que han condenado por robar nuestro dinero y entran en las cárceles como presos comunes. Lo que llaman “malversación de fondos públicos” o “blanqueo de capitales”, dando la sensación de que los que blanquean o malversan son como la lejía o tipos que no hilan bien los versos, son eufemismos para no llamarlos vulgares ladrones. Algunos son conocidos, como Luis Bárcenas, Pablo Crespo, Jaume Matas, Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Eduardo Zaplana, Ignacio González, Álvaro Lapuerta o Francisco Correa, pero hay muchísimos más. En las redes sociales se dice que de los 90 políticos que han ingresado en la cárcel de Soto del Real, 87 son del PP y 3 del PSOE. Un caso particular es el de Francisco Granados, quien inauguró en 2008 la Prisión de Estremera, siendo consejero de Presidencia, Interior y Justicia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para acabar ingresando en ella como recluso unos años más tarde. También tenemos empresarios y personajes públicos relacionados con la política que han pasado por la cárcel, como Álvaro Pérez el Bigotes, Víctor de Aldama, el exmarido de la Infanta Elena, Iñaki Urdangarín, o el exjuez canario Salvador Alba.   

Este personaje me recuerda que, además de presos políticos, lo mismo que hay jueces corruptos, hay juicios políticos. La mayoría acaban archivados o bien los acusados terminan siendo declarados inocentes, pero se hacen porque conllevan un desgaste, un daño y un desprestigio irreparables para quienes los padecen. Es la llamada “pena de telediario”. También se juega con los tiempos judiciales. Hay juicios que se entrecruzan descaradamente con eventos electorales, hay otros que se alargan indefinidamente en el tiempo y otros se resuelven a una velocidad de vértigo. A veces se retrasan tantos años que cuando por fin sentencian a los culpables, sus acólitos se excusan diciendo que “son cosas del pasado”. Otras veces se aceleran y condenan rápidamente a un procesado, sabiendo que años más tarde ganará los recursos y será declarado inocente por tribunales superiores, pero no importa porque ya nadie se acordará del tema. Personas como el juez Baltasar Garzón, Pablo Iglesias, García Ortiz o Begoña Gómez saben bastante de este tipo de asuntos.

Puede que un futuro más o menos próximo sepamos qué ocurrirá con los muy famosos Santos Cerdán, Koldo García y el exministro Jose Luis Ábalos, acusado de robar unos dineros que no acaban de aparecer; o con el autoproclamado “delincuente confeso” Alberto González Amador; o con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda de Aznar, acusado de amañar leyes a cambio de comisiones multimillonarias hace más de diez años; o con Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior con Rajoy, acusado de crear la denominada policía patriótica, que utilizaba recursos del Estado para fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos (Informe Pisa, 2016) o para destruir pruebas en un juicio (Gürtel, 2013) en el que el Partido Popular, que “colaboró con la justicia” rompiendo discos duros a martillazos, fue condenado por corrupción.

Hace unos días, el político griego Yanis Varoufakis ha sido citado para ir a declarar en una comisaría acusado de complicidad con la “narcomafia”. Como Nicolás Maduro. Y todo por unas declaraciones suyas en una reciente entrevista en las que confesaba que, además de la marihuana, había probado en 1989, cuando vivía en Sidney, el éxtasis. Inmediatamente apuntó que tras bailar 16 horas seguidas, pasó una semana con una migraña terrible por lo que decidió no volver a probarla y que por muy agradable que pueda parecer el consumo de algunas drogas, hay que pagar un precio que es la adicción y la dependencia, lo que supone el fin de la libertad. Da igual que haya dicho esto. La acusación por narcotráfico sigue su curso. Quién sabe si acabará preso. Parece un asunto trivial, pero él considera que esto es algo importante porque, según sus propias palabras: “Aquí, en Europa, mucha gente sigue viviendo con la ilusión de que tenemos libertad, racionalidad y autonomía. No es así. Hay fuerzas oscuras en marcha que nos empujan hacia una versión posmoderna de la Edad Media. ¡Así que cuidado, gente! Quieren arrebatarnos los últimos restos de autonomía y libertad que nos quedan. La resistencia es, literalmente, la existencia”.