Salud mental y la nueva política europea de deportación

La relación entre salud mental y políticas migratorias represivas ya no es un debate lejano para Europa. El 17 de junio de 2026, el Parlamento Europeo aprobó en Estrasburgo, por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, una reforma del Reglamento de Retorno que endurece de forma sustancial el control y la expulsión de personas extranjeras en situación irregular: habilita la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea, amplía la detención hasta veinticuatro meses —con una posible prórroga de seis más— y otorga a las autoridades nacionales nuevas facultades de registro domiciliario [1].

El debate público se ha centrado, sobre todo, en la eficacia de estas medidas y en su compatibilidad con el derecho internacional. Pero la evidencia psicológica apunta a otro coste, menos visible y mucho más extendido: el deterioro de la salud mental de personas migrantes que llevan años, a veces décadas, viviendo, trabajando y criando a sus hijos e hijas en suelo europeo.

No hablamos solo de quienes podrían ser expulsados. Hablamos de comunidades enteras que empiezan a vivir bajo un clima de incertidumbre, hipervigilancia y miedo crónico [3][4].

Un modelo que ya conocemos: la sombra de ICE sobre Europa

La nueva normativa europea no instaura, como tal, devoluciones sumarias en frontera: de hecho, exige expresamente que los acuerdos con terceros países respeten el principio de no devolución. Lo que sí introduce es una arquitectura de control mucho más amplia, con centros de internamiento en países extracomunitarios, detenciones más prolongadas, registros domiciliarios y una obligación estricta de cooperación para las personas sujetas a expulsión [1].

Varios eurodiputados y organizaciones humanitarias han señalado el parecido de este modelo con el que Estados Unidos ha desplegado a través de ICE en los últimos años, advirtiendo del riesgo de normalizar la detención de personas sin antecedentes penales y de extender controles cada vez más invasivos [1]. Desde Cáritas Europa se ha alertado de que este tipo de medidas puede “estigmatizar y criminalizar” a la población migrante en un momento en que las sociedades europeas necesitan más cohesión, no menos [1].

Desde la psicología social, esta arquitectura institucional convierte el miedo en una condición estructural, no en una respuesta puntual a una amenaza concreta. Es exactamente el mecanismo que la literatura ha documentado en Estados Unidos durante el último año y medio: cuando el control migratorio se intensifica, el miedo deja de depender del riesgo real de cada persona y empieza a regular la vida cotidiana de comunidades enteras [6][8].

Estrés crónico, ansiedad y trauma psicológico

A diferencia del estrés agudo, ligado a un evento puntual, la amenaza migratoria sostenida genera estrés crónico, uno de los factores más dañinos para la salud mental. La evidencia clínica disponible en Europa ya apunta en esta dirección: un estudio realizado en España sobre personas internadas en Centros de Internamiento de Extranjeros encontró que siete de cada diez desarrollan sintomatología ansiosa y depresiva clínicamente significativa, y que dos de cada diez llegan a intentar autolesionarse durante su estancia [2].

La literatura internacional sobre detención migratoria, desarrollada inicialmente en contextos australianos y británicos, coincide en que la incertidumbre sobre el propio futuro legal es, en sí misma, un factor traumático, con independencia de la duración de la detención [10][11][12].

Familias migrantes asentadas en Europa: cuando los años vividos aquí no protegen

Una parte importante de las personas que pueden verse afectadas por esta reforma no son personas recién llegadas, sino padres y madres que llevan años trabajando, pagando impuestos y criando a hijos e hijas escolarizados en España, Francia, Alemania o Italia. La ampliación de los plazos de detención y la creación de centros de deportación introducen una tensión constante en estos núcleos familiares, alterando vínculos afectivos y rutinas básicas [13][14].

La experiencia estadounidense, tras más de un año de intensificación de las actuaciones de ICE, resulta especialmente reveladora. Una encuesta de KFF y The New York Times realizada en 2025 encontró que más del 20% de las personas migrantes adultas conocía a alguien arrestado, detenido o deportado desde enero de ese año, y que cuatro de cada diez temía que esto pudiera ocurrirle a un familiar cercano. Tres de cada diez habían limitado su participación en actividades fuera del hogar por miedo a llamar la atención sobre su situación migratoria [6].

Niños, niñas y adolescentes: crecer bajo la amenaza

La evidencia sobre los efectos en la infancia es especialmente contundente. Un informe del Urban Institute, también de 2025, encontró que casi la mitad de los progenitores en familias migrantes con hijos temía ser abordado por las autoridades de inmigración, y un 42% temía que esto le ocurriera a un familiar cercano. Un 15% había observado un aumento del estrés, la ansiedad o la tristeza en sus hijos a causa de esta preocupación, cifra que se eleva al 27% en familias de estatus migratorio mixto [7].

Desde la psicología del desarrollo sabemos que crecer en un entorno donde la separación familiar es una posibilidad real y constante puede generar estrés tóxico, una forma de estrés prolongado que compromete el desarrollo emocional, cognitivo y social a largo plazo [15]. No hace falta que la separación llegue a producirse: basta con que se perciba como posible.

Lo que ya sabemos: la lección de Estados Unidos tras más de un año de ICE

Europa tiene la oportunidad, poco habitual, de observar lo que ya ha ocurrido antes de decidir hacia dónde camina. Tras más de un año de intensificación de las políticas migratorias en Estados Unidos, los datos disponibles son contundentes.

Una encuesta a profesionales sanitarios realizada por Physicians for Human Rights en 2025 encontró que el 84% de quienes trabajan con población migrante había observado un descenso significativo o moderado en las visitas de sus pacientes desde enero de ese año, y que en un 28% de los casos la atención en salud mental se había visto directamente afectada. El miedo a la deportación fue el motivo más citado, señalado por cerca de la mitad de las personas encuestadas [8].

En el extremo más grave, Human Rights Watch ha documentado que la tasa de mortalidad en los centros de detención de ICE en 2026 va camino de ser la más alta en veinte años: dieciocho personas habían fallecido en lo que iba de año en el momento del informe, cinco de ellas por aparente suicidio [9].

Estos datos no son anecdóticos: son la fotografía de lo que ocurre cuando una sociedad institucionaliza el miedo migratorio durante un periodo prolongado. Es, precisamente, el escenario hacia el que avanza el nuevo marco europeo, salvo que decidamos, como sociedad y como profesionales de la salud, anticiparnos a él.

Impacto comunitario y retraimiento social

Las políticas represivas no afectan solo a quienes están en riesgo directo de expulsión. Modifican el comportamiento de comunidades enteras. La literatura sobre el llamado “efecto disuasorio” muestra cómo el miedo a la exposición institucional reduce el uso de servicios sanitarios, educativos y sociales, incluso entre personas con residencia regularizada [6][8].

Este retraimiento tiene un coste colectivo: dificulta la prevención en salud mental, debilita la cohesión social y refuerza dinámicas de exclusión que perpetúan el sufrimiento psicológico a largo plazo.

La experiencia clínica: lo que ya describen los profesionales en España

Profesionales de la salud mental que trabajan con población migrante en España describen un patrón muy similar al documentado en Estados Unidos: hipervigilancia, dificultad para proyectar el futuro y un miedo persistente que no desaparece con el tiempo. El llamado síndrome de deportabilidad —la sensación sostenida de que la propia vida puede desmoronarse por una decisión administrativa— actúa como factor de riesgo psicológico incluso en personas que nunca han sido detenidas [2].

Estos testimonios clínicos coinciden con la literatura científica internacional, que insiste en la necesidad de enfoques terapéuticos informados por el trauma y sensibles al contexto sociopolítico [10].

Implicaciones sociales y de salud pública

Diversos organismos internacionales han advertido que las políticas migratorias basadas en la persecución y el castigo generan daños psicológicos evitables, especialmente en la infancia [3][5]. Reducir la incertidumbre legal, proteger la unidad familiar y garantizar el acceso a servicios de salud mental no son solo medidas humanitarias: son intervenciones preventivas con un alto retorno social.

Organizaciones como el Comité Internacional de Rescate han advertido de que la nueva normativa europea corre el riesgo de dejar lagunas legales que desprotejan a las personas migrantes [1]. La experiencia estadounidense sugiere que ese riesgo no es solo retórico: es medible, y ya tiene cifras.

Conclusión

Europa se encuentra ante una decisión que va mucho más allá del control de fronteras. La reforma aprobada en junio de 2026 puede convertirse en un determinante estructural de la salud mental de millones de personas que llevan años formando parte de nuestras sociedades. Estados Unidos nos ha mostrado, en poco más de un año, lo que ocurre cuando el miedo se institucionaliza: más ansiedad, más depresión, menos acceso a la salud y un coste humano que tardará generaciones en revertirse. Ignorar esta evidencia no nos hace más seguros. Nos hace, simplemente, menos responsables con quienes ya conviven con nosotros.

Bibliografía y fuentes