Los afectados por las ''graves irregularidades'' en las oposiciones a la Policía Canaria piden amparo al Parlamento

El colectivo de afectados por las oposiciones de 2023 para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria ha pedido formalmente amparo y auxilio institucional del Parlamento de Canarias “ante las graves irregularidades que vienen siendo denunciadas en relación con dicho procedimiento selectivo”. La iniciativa, promovida mediante un escrito a la Mesa de la Cámara, tiene como objetivo poner en su conocimiento una situación que, a juicio de los afectados, trasciende el interés particular de los opositores perjudicados y “afecta directamente a los principios constitucionales que deben regir el acceso a la función pública: mérito, capacidad, igualdad, objetividad, transparencia e imparcialidad”.

La solicitud se produce después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas apreciara indicios que podrían ser constitutivos de delitos relacionados con la gestión del proceso selectivo y acordara la remisión de las actuaciones al órgano judicial competente para su investigación.

Los afectados consideran que la continuidad del procedimiento a la vez que se siguen investigaciones judiciales “genera una profunda preocupación y puede comprometer la seguridad jurídica de todos los participantes, así como la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”.

Asimismo, el colectivo exige públicamente a la consejera de Presidencia, Administraciones

Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria, que comparezca ante el Parlamento y ofrezca explicaciones claras a la ciudadanía sobre las actuaciones que piensa adoptar tras la judicialización de los hechos investigados.

Los afectados recuerdan que la propia consejera manifestó en sede parlamentaria, en respuesta a diversas preguntas formuladas por algunos diputados, que si la Fiscalía apreciaba indicios suficientes para trasladar los hechos a la autoridad judicial, su departamento actuaría dentro de sus competencias para garantizar la legalidad, esclarecer los hechos y corregir cualquier posible incidencia que hubiera podido producirse en el proceso selectivo.

Dado que esa circunstancia ya se ha materializado mediante el decreto de la Fiscalía que aprecia indicios de posibles ilícitos penales y remite las actuaciones al órgano judicial competente, “el colectivo considera imprescindible que el Gobierno de Canarias informe públicamente sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la defensa de los principios constitucionales que rigen el acceso al empleo público”.

“No estamos ante una cuestión particular de unos opositores. Estamos ante la necesidad de garantizar que el acceso a la función pública se produzca con todas las garantías legales, con plena transparencia y con absoluto respeto a los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad”, resaltan en un comunicado hecho público este fin de semana.

Cuestación para costear los gastos judiciales

El mismo colectivo de afectados por estas oposiciones al Cuerpo General de la Policía Canaria ha abierto una cuestación pública para hacer frente a los gastos judiciales ocasionados con motivo de las irregularidades detectadas.

Según han informado públicamente, esos gastos ascienden ya a más de 20.000 euros y creen que es “un caso de justicia social” reclamar la ayuda de la ciudadanía para que se reponga la legalidad.

Además de la vía penal, en la que la Fiscalía ha apreciado indicios de delitos de falsedad documental y prevaricación, mantienen un recurso contencioso-administrativo activo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con solicitud de medidas cautelares urgentes.

Las personas interesadas en ayudar a este colectivo pueden hacerlo a través de este enlace en GoFundMe.