El Gobierno acusa al Cabildo de Gran Canaria de ''desviación de poder'' en el BIC del Oasis de Maspalomas
El Gobierno canario considera que el Cabildo de Gran Canaria incurrió en “desviación de poder” al promover la protección del Oasis de Maspalomas como bien de interés cultural con una finalidad distinta a la prescrita por la Ley de Patrimonio y sobre unas bases históricas que cuestiona.
El Gobierno canario (CC-PSOE) lanza este reproche al Cabildo que preside José Miguel Bravo de Laguna (PP) a través del Boletín Oficial de Canarias (BOC), que publica este miércoles el decreto por el que se desestima la solicitud de proteger ese espacio del sur de la isla por su posible vinculación con los viajes de Colón a América.
El decreto considera discutible que esa vinculación de Maspalomas con los viajes del Almirante exista -la tacha, entre otras cosas, de “supuesta”, “hipótesis” o “desiderata”-, pero, sobre todo, sostiene que ha sido promovida para servir a unos “fines distintos” a los que la Ley de Patrimonio Histórico atribuye a la figura del BIC.
La finalidad que persigue el Cabildo, añade, es la “de alterar las normas de ordenación urbanística de la llamada franja de terreno del oasis de Maspalomas y evitar la construcción de un gran hotel que merme los valores de zonas que ya están protegidas” por otros instrumentos legales, como el BIC del Faro, la Reserva Natural de la Charca o la protección genérica que tiene la palmera canaria.
El Gobierno reprocha además al Cabildo que se haya “olvidado de explicar y exteriorizar las razones” por las que pretende dar un giro de esa envergadura a la ordenación que se ha mantenido “pacíficamente” en esa zona de San Bartolomé de Tirajana “durante los últimos 50 años”, con lo que se quiebra la “confianza legítima” que tenían quienes han construido o poseen derechos en esos suelos.
“La decisión del Cabildo Insular de Gran Canaria resulta cuestionable en cuanto a su razonabilidad, coherencia y congruencia; constituye, como se verá, una actuación contraria a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima y debe ser tachada de desviación de poder”, añade el decreto que firman el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, y la consejera de Cultura, Inés Rojas.
La desviación de poder es una conducta prohibida por la Constitución a las autoridades públicas, que vicia de nulidad los acuerdos en los que se demuestre que se ha producido y que, en determinadas circunstancias, puede derivar en prevaricación.
A lo largo del decreto, el Gobierno achaca repetidamente al Cabildo de Gran Canaria el haber incurrido en esa conducta.
El Ejecutivo cita así una serie de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la UE en las que se examina esa conducta y cree aplicables al caso del BIC de Maspalomas.
“Podemos llegar a la conclusión de que la actuación del Cabildo Insular de Gran Canaria está investida de desviación de poder, pues se centra en justificar la existencia de unos supuestos valores históricos de los que no existe constancia fidedigna absoluta (...) y que no están asentados para nada en la conciencia colectiva, acomodando la referida actuación para alcanzar fines distintos de los perseguidos por las normas de patrimonio histórico”, añade.
El Gobierno canario resalta que el 35% del área que pretende proteger el Cabildo ahora con el sitio histórico de Maspalomas está ya protegido por otras figuras, mientras que el 65% restante son “suelos ordenados por el plan general de San Bartolomé, son terrenos urbanizados y antropizados con los sucesivos instrumentos de ordenación urbanística”, desde 1964 hasta hoy.
El Ejecutivo duda que se pueda afirmar que fuera en ese lugar donde Colón fondeó y se abasteció de agua y leña para su cuarto viaje a América en 1502, algo que “solo ha llamado la atención de historiadores muy especializados en la materia”, pero que no cuenta con “ninguna referencia para la memoria colectiva canaria”.
“Los escritos de Hernando Colón (el hijo del Almirante), Juan de la Cosa (el navegante y cartógrafo propietario de la Santa María) o cualquier otro autor de la época no establecen una relación fiable entre ambas realidades”, argumenta, antes de añadir que ese supuesto histórico no cuenta con ningún resto arqueológico o monumento antiguo que atestigüe que realmente ocurrió allí.
En esa línea, resalta que “ningún exponente arqueológico o arquitectónico llena este vacío, así como tampoco ninguna manifestación inscrita en el ámbito del patrimonio inmaterial”.
“Sería sumamente difícil establecer alguna relación entre la actual leña del palmeral y la actual agua de la charca con los recursos de los que se proveyeron los expedicionarios hace más de cinco siglos”, sentencia el Gobierno.
