El Cabildo de Gran Canaria entra en el accionariado de INECO para agilizar el tren en la isla
El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes la adquisición de una acción de la sociedad estatal INECO por un valor nominal de 125,01 euros y un coste de adquisición de 1.246,13 euros, con el objetivo de agilizar proyectos como el tren de Gran Canaria.
Según ha informado la corporación insular, esta operación supondrá la entrada del Cabildo en el accionariado de la empresa pública, en el marco de una ampliación de capital que permitirá encargar directamente a INECO, como medio propio, la redacción y gestión de proyectos estratégicos.
La compañía aportará su experiencia técnica en infraestructuras ferroviarias al desarrollo del proyecto del tren de Gran Canaria.
Entre las actuaciones previstas figuran la gestión de expropiaciones, la redacción de pliegos y documentación para la licitación de las distintas fases, así como la dirección y supervisión de proyectos (PMO) y el apoyo técnico durante la ejecución de las obras.
El Cabildo considera que esta fórmula contribuirá “garantizar la continuidad técnica de los trabajos, apoyándose en el conocimiento especializado de INECO, y a acelerar el desarrollo de infraestructuras clave para la isla”.
Además, se ha designado al consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, como representante insular en la Junta General de Accionistas de INECO, y al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, como representante del Cabildo en el Consejo de Administración de la empresa.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado que esta decisión “refuerza nuestra capacidad para impulsar proyectos estratégicos con mayor eficacia, apoyándonos en recursos públicos especializados y en una colaboración más estrecha entre administraciones”.
INECO, empresa pública participada hasta ahora exclusivamente por entidades de la Administración General del Estado, como ENAIRE, ADIF y Renfe, abre así su accionariado a los cabildos insulares, en una medida que, según la corporación, busca “fortalecer la cooperación institucional y ampliar su ámbito de actuación a nuevas administraciones públicas”.