Canarias aprueba cambios tributarios y de índole social para actualizar la normativa vigente
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, distintos cambios tributarios, presupuestarios y en materia social con el objetivo de subsanar situaciones concretas y actualizar o unificar la redacción de la normativa en relación a distintos aspectos.
Estos cambios se efectúan en relación a la tributación de los biocarburantes, las sociedades de garantía recíproca, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), los fondos Next Generation y la operatividad de los centros de servicios sociales, según ha detallado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
En materia tributaria, se introducen modificaciones para incluir los biocarburantes en la normativa y dar coherencia a la regulación de la tributación de la entrega o importación de combustibles derivados del refino del petróleo mezclado con biocarburante.
Además, se garantiza así un tratamiento homogéneo en la normativa del Impuesto General Indirecto Canario, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, el Impuesto sobre Combustibles y la Exacción Fiscal sobre la gasolina y el gasóleo de automoción.
Por otro lado, y con el objeto de adaptar a la doctrina del Tribunal Constitucional la regulación del tipo reducido de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aplicable a determinadas operaciones efectuadas por las sociedades de garantía recíproca, se suprime el criterio de la territorialidad como elemento determinante para su aplicación.
También se establece, por motivos operativos, un régimen de tributación excepcional y temporal del tipo cero en el AIEM para la importación de dióxido de carbono hasta el día 31 de marzo de 2027.
Por otra parte, el nuevo decreto ley contempla medidas específicas dirigidas a garantizar una gestión más eficiente de los fondos europeos de recuperación Next Generation, incidiendo sobre la agilización administrativa y la planificación de los fondos provenientes de este instrumento.
En este sentido, se da así mayor flexibilidad a la tramitación de los gastos plurianuales y anticipados financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para evitar su pérdida.
Servicios sociales
Por último, el decreto recoge la reforma de la Ley de Servicios Sociales. La modificación normativa adecúa la legislación autonómica para que se adapte al que pretende ser el nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los recursos sociales, diferenciando entre la puesta en marcha de los centros y su vinculación al sistema público.
De esta manera, la ley recogería que la autorización para que la apertura e inicio de actividad de los centros y servicios pueda realizarse mediante declaración responsable, manteniéndose las potestades de comprobación, inspección y control de la Administración.
La acreditación administrativa quedará vinculada a la prestación de servicios concertados o financiados con fondos públicos, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de incorporación de nuevos recursos.
La reforma también actualiza el régimen de registro, inspección y control previsto en la Ley de Servicios Sociales para hacerlo plenamente coherente con el nuevo reglamento de acreditación, que se aprobará próximamente, y garantizar así la seguridad jurídica tanto de la Administración como de las entidades prestadoras.