El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto sobre Turismo Activo que modifica el reglamento de 2017 para el desarrollo de estas actividades, que agrupan a 1.200 empresas en las islas y más de 4.000 puestos de trabajo vinculados, según ha informado tras la reunión del ejecutivo la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.
La nueva norma establece como prioridad “la calidad, la sostenibilidad y la seguridad” de los servicios turísticos, así como la “armonización de la actividad profesional” del turismo activo.
Jéssica de León destacó que, “con esta nueva regulación, se pretende no solo profesionalizar el sector, incorporando nuevas oportunidades de empleo, sino además evitar el intrusismo”.
La consejera hizo hincapié en que “el turismo activo es una actividad que genera empleo, ayuda a divulgar los valores de nuestro territorio sin generar impactos sobre el medio ambiente y repercute positivamente en la población local”.
La modificación del decreto tiene como objetivo regular la autorización de las empresas y profesionales, reconociendo las distintas cualificaciones del personal, como títulos, certificados o acreditaciones, que demuestren su capacidad para realizar cada servicio. También, se procura que no se creen barreras, requisitos excesivos ni limitaciones que impidan ejercer la profesión.
Además, se ha tenido en cuenta la evolución del sector en nuestro territorio con un volumen de negocio y personas usuarias creciente.
Este crecimiento ha sido fomentado e impulsado por la Consejería de Turismo y Empleo dentro de la Agenda Canaria para el Desarrollo Sostenible (ACDS 2030) que proyecta “un nuevo modelo económico competitivo e inteligente, más diversificado, resiliente, inclusivo y verde”.
De León explicó que “la demanda de nuestros turistas y ciudadanos, requiere una revisión de las actividades que se encuentran en el ámbito de la experiencia activa y el conocimiento participativo del entorno natural y social”.
Para la consejera, “la variedad de actividades del turismo activo requiere una clasificación dinámica que permita el acceso a perfiles profesionales polivalentes”.
La modificación actual del decreto pretende la habilitación administrativa de las empresas y las personas profesionales integrando las diferentes cualificaciones de los recursos humanos obtenidas mediante títulos, certificados o acreditaciones, que demuestren la competencia profesional en cada servicio que se realiza, sin crear barreras, requisitos desproporcionados o reservas profesionales.
Se regula de esta manera la habilitación profesional desde premisas de calidad, y se facilita el acceso al empleo y el desarrollo profesionales tomando como referencia el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y el Catálogo de Especialidades Formativas desarrollado en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
Para evitar el intrusismo, la norma establece unos requisitos que garanticen que se pueda realizar la actividad en condiciones de seguridad, cumpliendo con la legalidad y prestando un servicio de calidad.